Stephen Kevin Bannon descubrió que en estos tiempos ser políticamente incorrecto reditúa y, siendo un “paleoconservador” de los más radicalizados, no se cuida para nada de mantener las formas. Saltó a la fama internacional cuando era asesor de Donald Trump en la campaña electoral de 2016, pero tras siete meses en la Casa Blanca, el presidente lo echó. Las peleas constantes con el yerno presidencial, Jared Kushner, lo pusieron en el trance de tener que elegir. Bannon se desquitó como fuente en un libro, Fuego y furia, de Michael Wolff. Con el tiempo, la relación se fue suavizando pero ahora el primer mandatario intenta despegarse de la última hazaña de este hombre que fue tejiendo una internacional de la derecha juntando a líderes reaccionarios de todo el mundo. Steve Bannon fue detenido bajo el cargo de fraude con fondos de recaudaciones privadas para construir el muro en la frontera con México. Quedó libre tras pagar una fianza de 5 millones de dólares.
Este caso ilustra un modo de entender la política aplicando armas de la peor calaña con tal de obtener resultados. Bannon, de 66 años, es un hombre determinante en el rumbo incierto de las democracias occidentales. Consejero de Trump, su participación fue clave también para el sorpresivo resultado del referéndum que terminó en el Brexit, en 2016.
Promovió alianzas con el húngaro Viktor Orban, la francesa Marine Le Pen, el italiano Matto Salvini, armó la estrategia para el triunfo de Jair Bolsonaro y para la formación de Vox en España. En Argentina, desde una plataforma que ayudó a crear, Cambridge Analytica, logró incidir en el resultado de las elecciones de 2015 con operaciones en contra del gobierno de Cristina Fernández. El año pasado se lo vio más cerca de la diputada Cynthia Hotton y el ex carapintada Juan José Gómez Centurión.
Si Trump se atrevió a basar su campaña de hace cuatro años en un discurso xenófobo, fue por el impulso de Bannon. No es que el actual ocupante de la Casa Blanca promoviera la hospitalidad humanista, pero Bannon lo convenció de que eran tiempos de una derecha “sin vergüenza”. Mal no le fue.
La campaña se centró en la promesa de construir un muro para impedir que los mexicanos siguieran “invadiendo” Estados Unidos con sus malas costumbres. Y para peor, dijo que se los iba a hacer pagar a los mexicanos. Pero la cosa no era tan sencilla y ahí Bannon vio la oportunidad para meter baza.
Junto al veterano de Irak Brian Kolfage, al inversor Andy Badolato y al ciudadano de Castle Rock, Timothy Shea, armaron la ONG We Build the Wall (Construimos el muro), para erigir un paredón con aportes de ciudadanos decididos a impedir el ingreso de inmigrantes.
Convencieron a cientos de miles que en poco tiempo aportaron unos 25 millones de dólares. Incluso Donald Trump Junior, el mayor de los hijos presidenciales, apoyó la iniciativa alegando que se trataba de “una empresa privada en su máxima expresión”. Para que no quedaran dudas, agregó que así, será “mejor, más rápido y más barato que cualquier otra cosa”. Es decir, mejor que una construcción estatal.
Pero la tentación fue grande y también los gastos del líder ideológico de la internacional ultraderechista y sus secuaces, muchos para mantener el ritmo de vida que llevaban. Así fue que una fiscalía de Manhattan abrió investigaciones sobre el colosal desvío de fondos de WBTW. Aquí entra en juego también una pelea en el establishment estadounidense.
El presidente Trump viene presionando al correo en un intento, según la oposición, de perjudicar el voto postal en noviembre. En medio de una pandemia, el sufragio por correo puede facilitar la asistencia de simpatizantes de los demócratas.
La investigación contra Bannon fue iniciada por al Servicio de Inspección Postal, una institución anterior al FBI que investiga delitos cometidos a través del correo postal. Hace dos meses, además, el procurador de Justicia de EE UU, William Barr, destituyó a Geoffrey Berman como fiscal en Nueva Jersey. Pero la investigación prosiguió y la sucesora en el cargo, Audrey Strauss, logró una orden de arresto dictada por la jueza Analisa Torres contra Bannon y sus socios de la próspera ONG.
“Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de WBTW, no recibiría ni un centavo, los acusados planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida”, dijo Strauss. El dinero sirvió para comprar un yate, un Range Rover y pagar un generoso salario que salió del aporte destinado al muro.
El jueves, agentes del USPS allanaron frente a la costa de Westbrook, en Connecticut, un yate de 150 metros de largo, el Lady May, perteneciente al empresario chino Guo Wengui, uno de los sponsors de los levantamientos que se produjeron en Hong Kong desde fines del año pasado. Bannon pasó la noche en una celda, sus compinches fueron apresados en otros procedimientos.
El CEO que viene a la Argentina a jugar el polo
El referéndum por el Brexit fue una sorpresa para todos, y principalmente para la dirigencia británica. La sospecha sobre el origen de una colosal manipulación devino en una investigación del Comité de Cultura, Medio de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, que en julio de 2018 emitió un informe lapidario: Cambridge Analytica -la firma consultora que había ayudado a crear Steve Bannon y el millonario Robert Mercer- había usado datos obtenidos ilegalmente de Facebook de millones de votantes para “convencerlos” mediante fake-news de que era mejor irse de la UE.
El informe destaca que Alexander Nix, el CEO de la compañía, admitió que habían realizado acciones similares en unas 200 elecciones de todo el mundo, incluido Brasil y EEUU y México. Sobre Argentina, dijo que habían trabajado contra el gobierno de Cristina Fernández, aunque no reveló quién había pagado los gastos. Como informó este diario ese año, Nix suele visitar Argentina, donde juega polo con los hermanos Nicolás y Lucas Talamoni.
La Central Obrera Boliviana (COB) puso entre paréntesis el bloqueo de carreteras luego de que la Asamblea Nacional aprobara una ley para poner al 18 de octubre como fecha final y definitiva para las elecciones presidenciales. Poco a poco, los cortes de rutas se iban levantando luego de dos semanas de protestas contra la nueva postergación de los comicios, sin embargo, en El Alto, el Cabildo de las Organizaciones Interinstitucionales, y diversas federaciones de trabajadores y campesinos mantenían su reclamo, en el que exigen la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
En una conferencia de prensa, el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, aprovechó para denunciar a los grupos paramilitares que colocaron un artefacto explosivo en la sede de la organización. “No tenemos miedo, ese ataque no fue contra la COB ni contra Huarachi, fue contra el pueblo”, señaló. La entidad, junto con el colectivo de organizaciones nucleadas en el Pacto de Unidad, lanzó la medida de protesta a principios de mes.
El gobierno de facto había apelado a la pandemia, que está haciendo estragos en el país del Altiplano, para posponer nuevamente el llamado a presidenciales. Del 21 de marzo se pasó al 3 de mayo y luego al 6 de setiembre. Todas estas prórrogas fueron negociadas con la dirigencia política en el marco del congreso boliviano. Salvo la última, lo que despertó la desconfianza de los sectores de la oposición y fundamentalmente del MAS iPSP, que con la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca marcha a la cabeza en las encuestas.
Razones para sospechar no faltan: los grupos que dieron el golpe en noviembre pasado son ultraderechistas ligados a la oligarquía cruceña, con una voluntad democrática muy escasa, y dieron el zarpazo mediante acciones violentas y amenazas de bandas armadas. Todo indica que Arce-Choquehuanca ganarían en primera vuelta, de modo que incluso el segundo mejor ubicado, Carlos Mesa -que no pertenece a ese sector- no sería la opción para terminar con el proyecto político de Evo Morales.
El escenario regional, si bien fue favorable para forzar la salida de Morales, no garantiza la permanencia en el poder de los golpistas. Con un gobierno en vísperas de elecciones, como el de Donald Trump, que apoyó la aventura ultraconservadora sin disimulo, y en medio de la operación de las derechas regionales contra el gobierno bolivariano de Venezuela, no hay espacio para impedir el llamado a las urnas.
También es clave el rol que están cumpliendo las instituciones externas, como el Parlasur, la Unión Europea y hasta las Naciones Unidas. El titular del parlamento regional, el argentino Oscar Laborde, encabezó reuniones virtuales de esa entidad con las fuerzas políticas bolivianas, desde Evo Morales hasta Mesa y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.
También hubo encuentros con la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Santos, y el enviado especial de la ONU para Bolivia, Jean Arnault. Todos coincidieron en la necesidad de celebrar elecciones y aceptar la fecha del 18 de octubre como final y definitiva. El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que fue clave en justificar el golpe al poner en duda el resultado de las elecciones de 2019, guarda un silencio altamente significativo sobre estas cuestiones.
El TSE se comprometió a que el 18-O es la fecha “final, definitiva e inamovible”. Y la Asamblea, con mayoría de legisladores masistas, refrendó ese límite mediante la ley 1315 del jueves pasado. El paso final era que la COB y el Pacto de Unidad terminaran por aceptar la situación. Desde Buenos Aires, Evo llamó a considerar que un enfrentamiento podía ser perjudicial para una salida democrática, habida cuenta de la situación imperante.
Pero a pesar de que desde La Paz buscan judicializar los temas con denuncias contra el expresidente asilado en Buenos Aires -un fiscal lo denunció por terrorismo y genocidio, al considerar que el bloqueo impide la provisión de alimentos y medicamentos-, las decisiones de los manifestantes en las carreteras pasan por otro carril.
Es así que luego de varias asambleas la COB y el PU instaron a levantar las barricadas. Con la advertencia de que permanecerán en “vigilia permanente” para garantizar que no haya nuevas postergaciones, que no habrá fraude y que el gobierno aceptará el resultado. Sin embargo, tampoco ellos conducen un colectivo homogéneo y sumiso, y en El Alto, el líder aymara Felipe Quispe informó que mantendrán los cortes a la vía de ingreso a La Paz “hasta que renuncie la señora Áñez”.
Las autoridades, en tanto, informaron que seis personas habían sido detenidas por el ataque a la central sindical, que no dejó víctimas. Tenían en su poder cartuchos de dinamita y una granada de gas. Huarachi dijo que no temían por las amenazas, tras afirmar que son los que más hacen por pacificar al país. En una entrevista con CNN, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, fue reprendido al aire por no reprimir los cortes de ruta con las fuerzas armadas. “No queremos una guerra civil”, se justificó el funcionario más reaccionario, si cabe, del gabinete de Áñez.
Este lunes comienza en Milwaukee la convención del partido demócrata -a esta altura un acto ritual destinado a coronar la fórmula Joe Biden-Kamala Harris para las elecciones de noviembre- que culminará el jueves luego del desfile de decenas de figuras de ese espacio político. Es, como quien dice, el pistoletazo de largada para una campaña presidencial que sin dudas será áspera como pocas en la historia de Estados Unidos. Así lo demuestra Donald Trump, que se encargó de definir a Harris como una “izquierdista radical” y, por si no quedaba clara su tirria por la nominación registrada el martes que pasó, dijo que la senadora por California es “la más mala, la más horrible, la más irrespetuosa de todos” en la Cámara alta.
Normalmente, en una convención partidaria los delegados de cada precandidato se juntan para votar al elegido. Cierto es que se llega al acto sabiendo cuántos porotos tiene cada uno, pero el evento tiene un aire de formalidad que los estadounidenses saben apreciar. Tras la renuncia de Bernie Sanders a seguir en carrera -el último que quedaba en pista- el candidato es Biden, ex vicepresidente con Barack Obama y crédito del establishment demócrata. Solo faltaba definir quién acompañaría su intento por impedir la reelección de Trump.
Hubo un par de hechos que facilitaron la aspiración de Harris al trono. La reacción de Trump a la pandemia dejó a la luz un hueco por el que se filtraron las críticas más feroces de la oposición. Y mientras los contagios crecían a un ritmo espeluznante y los cadáveres se apilaban en las ciudades más pobladas -EE UU se acerca a los 6 millones de casos de Covid-19 y 180 mil muertos- la imagen de Trump se iba desdibujando en una capa de ciudadanos que había sido clave para su triunfo en 2016.
Casi en simultáneo, el asesinato de George Floyd desnudó el rostro más brutal de ese país, con fuerzas policiales teñidas de racismo y violencia. En otro lugar del mundo, esos dos hechos definirían a un gobierno autoritario, represivo y con síntomas de dictadura. No es el caso.
Harris, que fue fiscal general de California antes de meterse en la actividad partidaria, es una hábil polemista que tuvo a maltraer a Biden durante los debates que se realizaron durante las primarias. Si no siguió peleando una candidatura es porque los popes partidarios le aconsejaron que se bajara. No iba a conseguir financiamiento para su aventura y si hacía caso la anotaban en un lugar expectante para el futuro.
Cuenta en su haber que tiene 22 años menos que Biden -55 contra 77-, que es hija de inmigrantes, se hizo de abajo viajando en transportes públicos, y es afrodescendiente. Cuando las calles de todo el país se poblaron de manifestaciones contra el racismo, es un hándicap interesante de cara a los comicios.
La experiencia indica que los demócratas triunfan cuando logran sumar votantes de las comunidades vulneradas. En un país donde el voto no sólo es optativo sino que la elección está diseñada para dificultar la participación ciudadana, ese detalle puede hacer la diferencia.
La edad es otro dato a tener en cuenta. Biden es el más viejo entre los aspirantes a la presidencia -Trump tiene 74 años-, pero además viene mostrando síntomas de decrepitud. No por nada, el presidente lo llama Sleepy (Dormido) en sus tuits más agresivos.
En los debates obligatorios que se avecinan, sus consejeros temen que Trump le haga pasar algún papelón. Por el contrario, descuentan que en los cruces televisados de los vicepresidentes, Harris le sacaría varios cuerpos de ventaja a Mike Pence. Si es que ese tipo de exposición puede implicar algo a la hora de emitir un voto, ahí se verían parejos.
La nominación de la fórmula demócrata, sin embargo, les deja un sabor amargo a los que aspiraban a que el “partido del burro” se corriera algo más a la izquierda. El candidato de ellos era Sanders, y hubieran aceptado de mil amores a la senadora Elizabeth Warren. A pesar del brulote de Trump, Harris no es alguien a quien pueda vincularse a los grupos más progresistas dentro del espectro político estadounidense. Biden menos, por cierto: es alguien muy cercano al poder financiero y al aparato militar industrial, y apoyó cuanta intervención armada pasó por su despacho de senador cuando tuvo ocasión.
De todas maneras, la apuesta es que esos sectores que esperan sacarse de encima a Trump acepten esta alquimia que no será tanto como indica el presidente, pero promete bajar varios decibeles en la tensión constante que fluye de la Casa Blanca desde el 20 de enero de 2017.
En las primeras cuatro horas posteriores a la nominación de Harris, Biden consiguió 10 millones de aportes para su campaña. Toda una señal.
A diferencia de Juan VI de Portugal, que a fines de 1807 huyó con su corte de las tropas napoleónicas a Brasil para salvar la monarquía de los Braganza, los Borbones se quedaron en España. Carlos Vi abdicó, Fernando VII fue detenido y recuperó la corona recién en 1814, a la caída de Napoleón. El tumultuoso paso de la dinastía de origen francés por la península tuvo un nuevo capítulo esta semana con la huida de Juan Carlos I, designado a dedo en detrimento de su padre Juan de Borbón y Battenberg en 1977 por el dictador Francisco Franco. No fue una revuelta popular o la declaración de la República como su abuelo Alfonso XIII lo que lo alejó del palacio de la Zarzuela en 2014 sino sus escandaletes con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que se difundieron profusamente cuando en un safari para cazar elefantes en Botsuana se rompió la cadera.
La relación con la danesa le costó carísimo al rey. Según una causa abierta en Suiza, la mujer fue tapadera para una coima de mas de 60 millones de euros por negociados con la monarquía saudita. Tras abdicar en favor de su hijo Felipe VI, Juan Carlos se retiró de la vida pública en 2019.
Pero la fiscalía de Ginebra halló pruebas de lavado de dinero tan contundentes como para que el rey emérito anunciara que deja España para no perjudicar más aún a la Casa Borbón. Se ignora dónde está, pero una de las posibilidades es una finca de un millonario amigo en República Dominicana. La Isla Española, donde desembarcó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Para salvar en América una corona acosada de la amenaza de una Tercera República española.
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