por Alberto López Girondo | Abr 26, 2020 | Sin categoría
La descomposición política de Brasil es de tal nivel que el adalid del uso malicioso de escuchas telefónicas, que torció una causa judicial para sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva, se fue del gobierno que surgió de esa maniobra, mostrando mensajes de WhatsApp que comprometen a Jair Bolsonaro. Sergio Moro, el juez que aceptó gustoso ser ministro de Justicia del mandatario que había contribuido a instaurar tras la destitución de Dilma Rousseff, dejó el cargo luego de que el propio presidente echara al jefe de la Policía Federal. La medida era resistida por Moro desde hace un año y tiene como objetivo salvar a los hijos presidenciales.
Según explicó a la prensa, con ese rostro de prócer malhumorado que supo construirse el exjuez federal de Paraná, el presidente quería en ese cargo a alguien que le contara de qué iban las investigaciones. Algo que según el ahora exministro, es inadmisible para el funcionamiento de las instituciones. La defensa de Bolsonaro fue que Moro era un traidor y que él lo había defendido cuando el portal The Intercept comenzó a difundir los chats con los fiscales que perseguían a Lula en los que se revelaba la utilización de un procedimiento ajeno a las reglas institucionales para detener al líder metalúrgico y dos veces presidente.
Hay, que se sepa, dos fuertes razones para querer en la jefatura de la PF a alguien de confianza. Y ambas tienen el nombre de dos de sus hijos, Carlos y Flavio. Uno, porque la investigación por un coordinado ataque de fake news contra al Supremo Tribunal Federal lo hace responsable de una granja de trols conocida como Gabinete del odio. El otro, por sus vinculaciones con una banda de milicias parapoliciales que, entre otros delitos, no es ajena al asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer en una favela carioca.
La Policía Federal brasileña es un órgano auxiliar de la justicia. Es el equivalente del FBI en EEUU. Moro puso al frente a Mauricio Valeixo, un abogado que se incorporó a la PF en 1996 y al que conoce de Paraná. Fue un hombre clave en el caso Lava Jato, que terminó en condena para dirigentes políticos y fue determinante de la prisión de Lula. Al igual que Moro, Valeixo pasó por Washington, en su caso, como agregado policial, mientras que el exjuez hizo cursos de combate al lavado de dinero.
Carlos, concejal en Río de Janeiro, es el que posteó en Twitter una balacera al grito de Bolsonaro, el día que su padre hablaba en una marcha contra la Corte Suprema. El SFT frenó la intención de decretar el fin de aislamiento que la mayoría de los gobernadores ordenó para evitar la expansión de la pandemia, que ya se ha cobrado 3800 muertos y 55.000 contagios.
Flavio, senador carioca, está en la mira de la fiscalía de Río de Janeiro por un esquema de corrupción que le permitió incrementar su fortuna personal -ahora tiene hasta parte de una tradicional chocolatería – a través del desvío de fondos para una empresa constructora de miembros de la milicia. El testigo más comprometedor de esas intrigas, el ex agente policial devenido en mafioso Adriano da Nóbrega, apareció convenientemente ejecutado en febrero pasado. De su chofer, Fabricio Queiroz, el prestanombres que tenía cuentas bancarias difíciles de conseguir con su sueldo, no se sabe nada desde principios de año.
Bolsonaro padre quiere poner como jefe de la PF a Alexandre Ramagem Rodriguez, actual director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), muy cercano a él desde aquella cuchillada durante la campaña electoral. Para el Ministerio tiene a Jorge Oliveira, actual secretario general de la presidencia, hijo de un capitán del Ejército y amigo de la infancia de sus hijos.
Muchos sostienen que Moro vio la oportunidad de salirse de un gobierno que viene en picada con una alta imagen que le permitiría postularse en las futuras elecciones. La dimisión del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, también tenia esta lectura: el médico militar estaba en alza por su postura para el combate del coronavirus, totalmente contraria al dejar hacer del mandatario.
En todo este entuerto, es cada vez más claro que Bolsonaro ya es una molestia para los mismos que contribuyeron a su ascenso. Los militares que conforman áreas claves en su gabinete ya habían puesto al general Walter Braga Netto como jefe de la Casa Civil y virtual comandante de operaciones. Se dijo que era por el Covid-19, pero esta semana presentó el llamado Programa Pro-Brasil. Un Plan Marshall para salir de la crisis económica pero, básicamente, un proyecto más cercano al keynesianismo que a la Escuela de Chicago. Tal vez por eso en la presentación no estuvo presente Paulo Guedes, el ultra neoliberal ministro de Economía, ¿La próxima víctima de esta crisis?
Los uniformados no quieren quedar pegados a un fracaso sanitario del gobierno, que se sumaría al económico, desde antes de la pandemia. Para Bolsonaro, la tabla de salvación puede ser aceptar este cambio de rumbo en medio de la tormenta. Una vez, siendo capitán, fue expulsado del Ejército por no respetar jerarquías. Habrá que ver cómo sigue la historia.
7000 Millones de dólares de reserva vendió el Banco Central de Brasil para intentar frenar al dólar, que trepó en el mercado hasta 5,70 por real. Al asumir Bolsonaro, estaba a 3,80.
Tiempo Argentino, 26 de Abril de 2020
por Alberto López Girondo | Abr 19, 2020 | Sin categoría
Como si el desastre que está produciendo el coronavirus en Estados Unidos no fuera suficiente, a falta de apoyos en las instituciones, el presidente Donald Trump ahora busca aliados en los sectores más recalcitrantes de la sociedad para romper con el aislamiento que decretaron los gobernadores estaduales. Todo esto en un contexto de amenazas de clausura del Congreso -a la manera del peruano Alberto Fujimori en los ’90- y de que se imponga la ley marcial si es que la crisis sanitaria y social se vaya de las manos.
Luego de por lo menos seis semanas de demoras para poner en marcha las recomendaciones de los especialistas, y cuando la cifra de infectados llega casi a los 700 mil y la de muertes se acerca a 40 mil, Trump anunció esta semana que cortaría la cuota a la OMS que le corresponde a EE UU. Acusa al organismo internacional de haber
errado en las advertencias sobre el peligro del Covid-19, aunque solapadamente cuestiona que no culpen a China por la tragedia sanitaria que se esparce sobre el mundo. Y más solapadamente aún, busca a quién culpar de la catástrofe.
El enfrentamiento de Trump con los gobernadores se relaciona con su postura de abrir la economía, a la vista de que se sumaron 22 millones de personas al ejército de desocupados por las cuarentenas y las empresas siguen paradas. Los mandatarios de los distritos son los que quedan expuestos por el funcionamiento de cada sistema de salud, mientras que la caída economía nacional puede conspirar contra la reelección de Trump.
Pero hay algo más: en estos días se vio a los más activos grupos de extrema derecha, habitualmente antisistema, salir a la calle para reclamar el fin del aislamiento. Pretenden que esas medidas atentan contra las libertades individuales y las garantías constitucionales.
Se los vio frente al Capitolio de Lansing, la capital de Michigan, armados hasta los dientes, con fusiles pesados al hombro muchos ellos, exigiendo a la gobernadora Gretchen Whitmer terminar con las restricciones al comercio y la circulación. “No podemos llevar nuestros botes al agua”, se quejó una manifestante. “Ni siquiera podemos comprar pintura para pintar nuestra casa”, agregó. Marchas similares se llevaron a cabo en Virginia y Ohio.
Trump, atento siempre a este tipo de expresiones sociales, posteó en una serie de tuits: “Libera a Minnesota” y “Libera a Michigan”. En el caso de Virginia, al pedido de liberación agregó “salva la gran 2ª Enmienda, que está bajo asedio”. Se trata de la garantía constitucional para el libre uso de armas de fuego por los ciudadanos civiles.
El riesgo es que se extienda este malestar en sectores poco afectos a seguir las normas del gobierno central, en un país donde hay más de 400 millones de armas registradas, más de una por habitante. Y con un presidente que no hace sino avivar las llamas.
Hace un mes creció la preocupación de que ante una “situación de guerra” como la definió el gobierno, el país pudiera inclinarse hacia la ley marcial.
No sería la primera vez que se aplique. La última que se recuerda data de 1966 en California, a raíz de una rebelión popular en un barrio de San Francisco luego de que un policía blanco disparó contra un adolescente negro.
Como corresponde a una potencia organizada -más allá de los dislates de Trump- en el Pentágono se preparan para un caos social. El secretario de Defensa, Mark Esper, instruyó hace algunas semanas al general de cuatro estrellas Terrence J. O’Shaughnessy, jefe del Comando Norte, para que se haga cargo de un plan de “continuidad del gobierno”. Es un puesto creado en 2001 luego de los atentados a las Torres Gemelas y tiene como objetivo asumir el poder en caso de que los mandatarios estén impedidos.
Luego de patear el tablero contra la Organización Mundial de la Salud, Trump amenazó el miércoles con cerrar el Congreso si es que la asamblea legislativa seguía si funcionar debido a la cuarentena. En este caso no hay antecedentes en la historia estadounidense. Sucede que muchas nominaciones en cargos públicos clave de la administración central dependen de la aprobación del Senado. Como no funciona, alega el presidente, hay una obstrucción partidista que impide llevar adelante políticas para luchar contra el coronavirus.
La líder del bloque demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se comprometió a aprobar una iniciativa para que los legisladores puedan emitir sus votos en forma
digital. Hay temores por el uso de las tecnologías más adecuadas, pero los pude más el miedo a que Donald Trump encuentre la excusa para gobernar sin control parlamentario.
Subsidios
A pesar del acuerdo para reducir la producción de petróleo entre Rusia, el reino saudita y EE UU, el crudo sigue en picada por la falta de demanda. Trump podría subsidiar a empresas de fracking para que no perforen en EE UU y acompañar el recorte de la OPEP.
Tiempo Argentino, 19 de Abril de 2020
por Alberto López Girondo | Abr 12, 2020 | Sin categoría
El avance de la pandemia en Estados Unidos encuentra a la sociedad de ese país ante una situación crítica que seguramente no vivió quien sabe si desde sus orígenes. Por un lado, el gobierno de Donald Trump mostró un perfil ambiguo sobre la forma de tratar el Covid-19: primero dijo que había mucha histeria periodística en torno a las consecuencias y cuando los casos se fueron amontonando, intentó no quedar pegado a una tragedia que ya se acerca a los 20.000 muertos y supera el medio millón de contagiados. Pero hay una particularidad que en estas semanas sale a la luz con mayor fiereza. En un país de raíces puritanas, son millones los creyentes que no consideran que deban cuidarse del coronavirus porque tienen protección divina. Mientras tanto, otros millones salieron a la desesperada a comprar armas de fuego quizás, según argumenta Andrew Arulanandam -el vocero de la tradicional Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), el grupo lobista a favor de la segunda enmienda constitucional- a raíz de que “la gente está preocupada porque la policía ahora responde solo a llamadas seleccionadas y siente que ante una amenaza deberán defenderse por ellos mismos”.
El derecho irrestricto para la portación de armas, un sello de origen en esa nación, implica que actualmente solo se necesite un certificado de antecedentes penales adecuado para comprar cualquier tipo de artefacto letal. Por lo tanto, las organizaciones que se dedican a testear el incremento de compras constatan el pedido de ese trámite, lo que de manera indirecta indica el índice de inseguridad de esos sectores de la sociedad.
Se sabe que el dato no revela linealmente la intención de comprar un arma, ya que ese mismo tipo de documento es necesario para un conductor de mercadería sensible o para trabajos en áreas determinadas del gobierno. Pero como asegura un artículo de la revista Mother Jones, es un indicador bastante certero para determinar el clima de inseguridad ciudadana.
El Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales Instantáneo (NCIS por sus siglas en inglés), que depende del FBI, detectó 3,7 millones de chequeos a lo largo de todo el mes de marzo, 34% más que en febrero y 12% más que el récord de diciembre de 2015.
Es normal que luego de cada gran balacera pública como la que usualmente se registra en Estados Unidos -otro detalle característico de esa sociedad – se eleve notoriamente la compra de armamento. Un acto reflejo para intentar apagar el fuego con más fuego. El último gran salto en la compra de armas se registró luego del tiroteo masivo en el Inland Regional Center San Bernardino, California, el 2 de diciembre de 2015, que dejó un saldo de 16 muertos.
Esa vez el entonces presidente Barack Obama salió fuerte a pedir limitaciones a la venta de armas para evitar esa retahíla de masacres cada vez más frecuentes. La propuesta no avanzó por el poder de lobbie de la NRA y de la poderosa e influyente industria militar. Pero la venta de pistolas y fusiles livianos trepó a 3,3 millones. Porque pensaban que se iba a prohibir la venta y no querían quedar “desarmados”.
Ahora, una firma consultora, la Small Arms Analytics and Forecasting (Análisis y Predicción de Armas Pequeñas) calculó que se vendieron 2,6 millones de armas desde que el coronavirus comenzó a quitarles el sueño a muchos estadounidenses.
Un estudio del Centro de Investigación PEW encontró que 3 de cada 10 estadounidenses admiten ser propietarios de una pistola y que hay más de 400 millones de armas en propiedad de civiles en Estados Unidos. A razón de una por persona, teniendo en cuenta que en la estadística se anota a niños y a los millones que rechazan la tenencia de armas o están impedidos de poseerlas por diversas razones.
David Hemenway, del Centro de Investigación de Harvard, argumenta en esa misma publicación que la mentalidad del comprador de urgencia es que “el infierno se está desatando, ¿Cómo puedo protegerme?”. Esto es, se viene el Armageddon, recurramos a los derechos que otorga la segunda enmienda y compremos un arma de fuego. El problema es que ese infierno es un virus microscópico contra el que una bala poco puede hacer.
Tiempo Argentino, 12 de Abril de 2020
por Alberto López Girondo | Abr 5, 2020 | Sin categoría
Que los líderes mundiales no hayan escuchado las advertencias de la OMS sobre la posibilidad de una pandemia no debería llamar la atención. Es una característica de los tiempos que corren y hasta quizás forme parte de la condición humana.
Por decirlo sencillo: si se atendiera al riesgo de muerte, nadie fumaría. Y aún cuando cada paquete muestra las dramáticas consecuencias del cigarrillo, la autocomplacencia se justifica entre “a mi no me va a pasar” y “un día de estos dejo”.
El sistema capitalista se funda sobre la apropiación irracional de la naturaleza. Y las alertas por el medio ambiente no vienen de ahora. Se diría incluso que la encíclica Laudato SI, de Francisco, llegó bastante tarde.
Así como el fumador es negacionista, las dirigencias políticas, pero fundamentalmente los grupos económicos que marcan la cancha, niegan el resultado de la devastación de los recursos naturales. Se caería el sistema si lo aceptaran.
Peor aún, la ola ultraderechista que se extiende sobre el mundo en la última década tiene raíces creacionistas. Algo que es muy evidente en gran parte de la sociedad estadounidense y en el bolsonarismo en Brasil. Esto es, los científicos son unos charlatanes, el cambio climático es sólo fake news y en última instancia, Dios proveerá.
Hasta descubrir que el iceberg no era penas un pedazo de hielo. Mientras todos, confiados, bailaban en la cubierta del Titanic.
Tiempo Argentino, 5 de Abril de 2020
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