En la tarde del 13 de diciembre de 1828 fue fusilado en la estancia El Talar, de la localidad bonaerense de Navarro, el gobernador Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Tenía 41 años y hacía trece días había sido destituido por el general Juan Galo de Lavalle, un héroe de la guerra contra el Imperio del Brasil pero “una espada sin cabeza”, como lo recuerda la historia. Las razones para el asesinato, el primero de la serie de barbaries que a nombre de la civilización cometieron las fuerzas antipopulares, fue que Dorrego era una amenaza para consolidar el proyecto de los unitarios.
Era demasiado querido por las clases bajas del campo y el pobrerío de la ciudad, razón muy fuerte para el desprecio. Además había sido el líder de la oposición contra Bernardino Rivadavia y, como tal, había rechazado los términos de la paz que habían negociado con el emperador sus enviados a Río de Janeiro. Pero hay otro condimento para la eliminación de semejante personaje: tuvo una visión geopolítica peligrosa para los intereses de la oligarquía del puerto y para el imperio británico, del que soñaban formar parte un día.
Sabía de qué venían las revoluciones americanas y había participado en los ejércitos del Norte, con Manuel Belgrano y José de San Martín, pasó por Chile, pero habrá que decir que cometió el error histórico de haber luchado contra las fuerzas de José Gervasio Artigas por orden del Directorio. En cierto sentido se reivindicó al rechazar la política del Supremo Juan Martín de Pueyrredón de arreglar con el imperio portugués en 1815 para atracar al caudillo oriental, lo que le valió el destierro, en 1816. Exiliado, Dorrego recibió cobijo del líder haitiano Alejandro Pétion, adalid de la independencia de ese país. Luego se trasladó a Baltimore, Estados Unidos, donde llegó a editar un periódico en castellano.
Vuelto a Buenos Aires, se convierte en gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre el 29 de junio de 1820, y septiembre de ese año. Pero ya encabeza el movimiento federal y ejerce el periodismo en El Tribuno, donde promociona las ideas republicanas cuando todavía había quienes buscaban algún monarca desocupado para poner al frente de las Provincias Unidas. Puntualmente se opuso al centralismo rivadaviano plasmado en la Constitución de 1826, y defendió el derecho a voto de los «criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea».
Cuando estalla la guerra contra Brasil también estuvo contra los rivadavianos, que habían cedido a la voluntad imperial pesar de que las tropas rioplatenses lograron triunfos resonantes en la batalla naval de Juncal y la de Ituzaingó, ambas en febrero del ’27. En agosto, Dorrego es elegido gobernador y en noviembre firma un convenio con un jefe de mercenarios contratados por el emperador Pedro I, Federico Bauer. Sabía que los alemanes no cobraban desde hacía meses y ensayó una estrategia de alto vuelo para instaurar una república al norte de Rio Grande. Si había que hacer un estado tapón, prefería allá lejos para mantener el control de las dos orillas del Plata. No era mala idea. Mantuvo también contactos con movimientos republicanos en Pernambuco.
El tema de los mercenarios es interesante. Pedro se había casado con la archiduquesa de Austria, María Leopoldina de Habsburgo. La gran idea entonces fue atraer a migrantes alemanes para poblar el sur de Brasil y mantener el control de la Banda Oriental. Y ya que estaban, si tenían antecedentes como soldados, servirían para cubrir cualquier eventualidad. Entre ellos había un tal Auguste Bullrich, capturado en Ituzaingó y traído a estas tierras como prisionero. El hombre se quedó, hizo fortuna y dejó un legado muy interesante.
El contrato de Dorrego con Bauer está en el Archivo General de la Nación y dice, entre otras, cosas, que tampoco cobró de los porteños y que habían decidido unirse a las huestes nacionales por el “tratamiento y comportación de este soberano” (por el Emperador), “siendo que a los soldados alemanes -sus compatriotas- los habían por la fuerza obligado a hacerse soldados de un tirano en vez de honrados lavradores (sic)”.
Dice el documento que el proyecto elaborado con el malogrado gobernador era:
«1º) Terminar la guerra que existía con la República. 2º) Desembarazar a sus compatriotas de la tiranía de aquel Emperador. 3º) Proclamar al Brasil livre e independiente para siempre».
Se entiende mejor que Dorrego era algo más que un caudillo populista.
Javier Milei y su experimento anarcocapitalista llega a los dos años en el poder con la sensación de que ganó un campeonato en el que sus detractores no lo creían capaz de pasar siquiera la primera ronda. Cualquiera que haga un corte del espacio-tiempo del pasado miércoles podría decir que como por arte de magia el partido violeta es la primera minoría en la Cámara de Diputados, capeó el temporal económico que se le desató en la previa a las elecciones del 26 de octubre y parece tener el camino despejado para cumplir con su programa de liberalismo extremo de «ejemplo mundial».
Habrá que recordar, sin embargo, que estos «éxitos» se basan en préstamos de corto alcance y condicionalidades quizás irreparables. Verbigratia: la cantidad de legisladores que pegaron el salto repentino a La Libertad Avanza luego de haber ganado la banca con otros colores –predominantemente amarillo, el complementario en la escala cromático-política– tranquilamente pueden pegar otro salto en cuanto los vientos cambien. El salvataje de la administración Trump ante los desaguisados del ministro de Economía argentino plantean el riesgo de embarcar al país en los disparates más peligrosos de la Casa Blanca, sobre todo a nivel regional. Pero quién se pondría a pensar en esas nimiedades cuando todo parece un suave camino a la gloria y aparece el viejo anhelo de los presidentes en circunstancias como esta de la reelección.
Para entender la película desde el 10 de diciembre de 2023 sería bueno reparar en dos fotos. La de la asunción de Milei, con un escenario a espaldas al Congreso con invitados del talante de Jair Bolsonaro, Volodimir Zelenski y Viktor Orban, a la sazón, expresidente de Brasil, actual jefe de Estado ucraniano con mandato cumplido y primer ministro de Hungría. El primero terminó preso con una sentencia de 27 años por intento de golpe contra Lula da Silva, el segundo presionado para firmar un acuerdo lastimoso con Rusia. El único que sigue incólume es el húngaro, gran amigo del ruso Vladimir Putin.
Dos fotos El miércoles 3 de diciembre, un Milei sosegado y bastante diplomático asistió al Parlamento nacional para la jura de los nuevos diputados. Dejó atrás 24 meses de insultos de baja estofa contra enemigos «culturales» como podrían ser los sectores más cercanos al kirchnerismo y hasta de ese grupo de gobernadores y legisladores ávidos de transfundir gobernabilidad. Todo ese clima se fue tensando a lo largo de este año y se calmó luego de los comicios de medio término, con un resultado que dejó ganador al oficialismo con algo más del 40% de los sufragios contra alrededor del 35% de los peronismos. O sea, una diferencia que si no fuera por el discurso mediático –un gran logro, también prestado– sería considerada como ajustada.
En el medio de estas dos fotos, la película fue de ajustes perpetuos contra los menos favorecidos en la escala social, apenas dibujados por estadísticas «creativas» que disimulan el impacto real de una inflación que no cesa, pero sirvió para alimentar la esperanza de que ese flagelo que castigó a la población con fuerza en el último tramo de la gestión de Alberto Fernández acabe. Y la consecutiva represión contra los jubilados que cada miércoles se repite con mayor ferocidad.
Este panorama da cuenta de otro ámbito al que el mileísmo pretende llevar la disputa ideológica. El de su «batalla cultural», que no es sino el regreso a épocas arcaicas tanto en las relaciones laborales, la justicia social y hasta los roles y las identidades sexuales. Cierto que el cambio de época se da en el occidente mayoritario. La verborrea de Milei tiene su cuño en Donald Trump, como en Bolsonaro y la ultraderecha española de Vox. El patrón de desprecio por el otro y el ensalzamiento de la brutalidad no tienen correlato en la historia moderna desde la entreguerra europea. Tanto que una reivindicación del nazismo hasta generaría atención mediática. Basta ver la cobertura de los ataques tanto verbales como físicos a los discapacitados.
Palazos Un ejemplo de esta degradación se pudo ver este jueves en la represión a las protestas de trabajadores del INTI contra la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC). Un agente acusó a un manifestante de ñoqui. El hombre le recordó que ellos verificaban la seguridad de los chalecos antibalas. El policía se retiró con una sonrisa nerviosa.
Policía libertario le dice "ñoqui" a trabajador del INTI que le responde que ellos analizan los chalecos antibalas que usa la policía. El policía se ríe y se va. 💀pic.twitter.com/nFlJ4aFYOL
Los efectivos que dispararon contra el fotógrafo Pablo Grillo, o los que gasearon a una nena de 10 años o los que tiraron al piso a una señora de 87 años también actúan imbuidos de ese espíritu de tropas de ocupación que les viene de arriba. Un problema social a largo plazo, porque la pérdida de derechos que ellos defienden a los palazos los va a afectar cuando les toque la jubilación, o un despido, o la baja de salarios les resulte incompatible con la vida digna.
Más allá de estas elucubraciones, tranquilamente se podría afirmar, como ya alertaba desde el año pasado el sutil analista Marcelo Falak en el portal Letra P, el plan de Milei encaja en un proyecto encarnado con fuerzas de ocupación para cambiar irreversiblemente el rumbo del país en el futuro. Un proyecto para el que la destrucción del Estado nacional es indispensable, siempre que otro Estado exterior saque las papas del fuego.
En esa ocasión se refería a la política exterior, que le costó el cargo a su primera canciller, Diana Mondino, por haber aprobado una votación en la ONU que mantenía la tradición democrática argentina de oponerse el bloqueo a Cuba. Fue el inicio. Luego se profundizaría la sumisión a las políticas de Estados Unidos e Israel, al punto de que en no pocas ocasiones son los únicos tres países en sostener alguna votación específica, como ocurrió con una resolución contra la tortura. Otra tradición argentina se tiró por la borda cuando la ofensiva militar en el Caribe comenzó a poner en riesgo a Venezuela y a Colombia en una política de presunto combate al narcotráfico de Trump. Da la casualidad de que la Doctrina Drago, que enorgullece a la historia diplomática argentina, fue la respuesta de nuestra cancillería –a cargo entonces de Luis María Drago– ante amenazas de potencias coloniales para cobrar manu militari deudas del Gobierno venezolano de Cipriano Castro en 1902. La adhesión automática a los deseos estadounidenses puede llevar, temerariamente, a colaborar en una posible intervención armada contra el país caribeño, un territorio que se autoproclamó «zona de paz» en 2014.
Escena repetida. La acción violenta contra manifestantes y trabajadores de prensa que cubren las protestas fue una constante en los últimos dos años.
Foto: Getty Images
La caída de Mondino, alguien del «palo» neoliberal desde los albores del mileísmo, fue uno más en una catarata de expulsiones y deserciones de estos dos años. Algunos, marcados por disidencias que en aras de mantener la «infalibilidad neopapal» del presidente, resultarían inadmisibles. Otros, por serias desavenencias con sus políticas. El segundo canciller, Gerardo Werthein, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se fueron en este contexto de manoseos fruto de internas entre el monotributista Santiago Caputo y Karina Milei.
La hermana presidencial apareció en el centro de una investigación por presuntas coimas en la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad). Un hecho que sumado al escándalo por la criptomoneda $Libra, en otro Gobierno hubiese dejado un olor a cala muy perceptible y, sin embargo, luego del 26 de octubre, quedó prolijamente acomodado debajo de la alfombra. Los mismos comunicadores que sostuvieron al Gobierno hasta poco antes de esa crucial elección, aparentaron correrse estratégicamente a un costado y, con el resultado puesto, acudieron prestos en ayuda del ganador. Lo mismo ensayaron gobernadores que ya habían apoyado al Gobierno desde el 2023. El Decreto 70/23 quedó vigente por falta mayoritaria de ganas para rechazarlo, lo mismo ocurrió con la llamada Ley Bases. Dos amplias reformas de la Constitución sin mayor debate electoral. Esa misma falta de discusión, gracias a una suerte de aletargamiento social, producto de una oposición que no alcanza a fijarse un horizonte de discusión política por sus propias contradicciones, avizora un 2026 con el camino despejado para la nueva etapa de reformas, el viejo sueño húmedo de las élites económicas de sellar el futuro del país de manera definitiva. Y sin justicia social ni derechos humanos a la vista.
El 7 de septiembre de 1822, Pedro I de Braganza, desde las orillas del río Ypiranga, en San Pablo, anuncia la creación (independencia) del Imperio de Brasil. Hasta ese momento, el inmenso territorio formaba parte del Imperio de Portugal, y el emperador era Juan de Braganza, su padre, que había huido de las tropas napoleónicas a Río de Janeiro y debió volver a las apuradas para no ser destronado en Lisboa.
En enero de ese año, el ministro de Asuntos Extranjeros del Imperio, José Bonifacio, había pergeñado la idea de construir una Federación de Brasil y las Provincias Unidas, que no prosperó ni en Rio ni en Buenos Aires. Tropas brasileñas ocupaban desde 1817 la Provincia Cisplatina, como llamaban a la Banda Oriental, y estallaron hostilidades entre los militares que pretendían seguir al mando de Juan y los que se integraron al Imperio de Pedro. Los orientales miraban a Buenos Aires, pero Bernardino Rivadavia mandó a decir al Cabildo de Montevideo que “no podía comprometer su dignidad ni el orden público iniciando una contienda con un poder vecino”. El encargado de negocios de los Estados Unidos, John Murray Forbes, le orejeó las cartas y escribió al secretario de Estado, John Quincy Adams, que “por el tono de desafío de este Gobierno se diría que estamos ante hostilidades inminentes, pero la verdad es que ese tono se adoptó simplemente para gozar de alguna popularidad (…) La gran carnada (…) es una guerra con Portugal, para reconquistar la Banda Oriental”. Ese Quincy Adams fue el que dos años antes había diseñado la llamada Doctrina Monroe, por el presidente que la proclamó.
En 1824 se había decidido la suerte de América en la batalla de Ayacucho, y desde Buenos Aires Manuel Dorrego apostaba a que las tropas multinacionales de Bolívar continuaran su cruzada libertadora hasta Río de Janeiro. Tampoco prosperó.
Así llegamos a ese dramático 1825. El 23 de enero los diputados aprobaron de manera unánime que el manejo de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas estuviera en manos del gobierno de Buenos Aires. El 28 de enero era asesinado en Lima Bernardo de Monteagudo. Bolívar calculó que iban a por él y acusó a esbirros de la Santa Alianza, esa entente de monárquicos reaccionarios vueltos al poder a la caída de Napoleón. El caraqueño intenta hacer un Congreso Panamericano para organizar y unificar las colonias democráticamente. Lo acusan de tirano. El 28 de marzo, la Junta de Gobierno del Mato Grosso acepta el pedido de anexión al Imperio de Chiquitos, en el Alto Perú y los adelantados brasileños ocupan Moxos, la otra provincia jesuítica.
Para entonces, el mariscal Antonio José de Sucre convoca a una asamblea en Chuquisaca para decidir qué se hará con esos territorios tan alejados de la capital virreinal. Bolívar le pide informar a los porteños, que el 9 de mayo responden que hagan lo que les parezca. El 6 de agosto se decreta la independencia de la nueva República, Bolivia, en honor al Libertador.
En el puerto de Santa María de los Buenos Aires, en tanto, un grupo de nacionales de ambas orillas, conocido con el masónico apelativo de “Los 33 Orientales”, harto de promesas y esquives oficiales, había decidido encarar por las suyas la expulsión de los brasileños de la otra orilla. Estaba a la cabeza Juan Antonio Lavalleja de la Torre. Cruzaron desde San Isidro y Quilmes y el 25 de agosto, el Congreso instaurado en San Fernando de La Florida declara la independencia oriental de toda dominación brasileña y pide la reincorporación a las Provincias Unidas. El 29 de agosto Portugal reconoce la independencia del Imperio de Brasil, una deuda pendiente entre padre e hijo.
El 10 de diciembre de 1825, Pedro Il declara la guerra a las Provincias Unidas y el 22 de diciembre ordenó el bloqueo del puerto de Buenos Aires. El 1 de enero de 1826 el gobierno de la incipiente nación declara la guerra al Imperio de Brasil y otorga patente de corso para combatir las naves que comerciaban desde todas las costas de ese país. Fue el inicio de una sangrienta contienda que terminaría tres años después con el triunfo en los campos de batallas de las tropas rioplatenses, la derrota en la mesa de negociaciones encaradas por Manuel José García y la independencia de la República Oriental del Uruguay.
El resto es otra historia que continúa hasta estos días, con acercamientos virtuosos y divergencias calamitosas -como la actual- entre las dos naciones más grandes de la América del Sur.
El domingo pasado, el presidente Lula da Silva se repantigó en un sillón frente a Donald Trump en un aparte de la Cumbre del grupo ASEAN en Kuala Lumpur y mostró a un líder que habla de tu a tu al líder de la principal potencia de occidente. La tirria del empresario inmobiliario contra el tornero mecánico era evidente. Por su encono a todo lo que suene a izquierdista y que le pueda hacer sombra. Pero básicamente porque si hay dos personajes más opuestos en el mundo son ellos.
Uno, heredero díscolo de una fortuna, que siempre se codeó con lo más granado de la sociedad y recorrió sus caminos de degradación. Un cheto, bah. El otro, hijo de la pobreza nordestina emigrado a San Pablo junto con su madre y sus seis hermanos en un desvencijado camión desde Caetés a Guarujá, va por su tercer mandato y se postula a un cuarto período. Un laburante, digamos, que justo el lunes cumplía 80 años. El martes, las favelas Penha y Alemão se vestían de sangre y horror en una nueva “chacina” como se dice en portugués. Mismo origen etimológico que “chacinado”, para ser más preciso.
En esta ojeriza hay dos componentes cruciales. Lula es la contracara del ultraderechista Jair Bolsonaro, pero además es un grano en las posaderas para recomponer el patio trasero con el que soñaba James Monroe y que trastabilló hace justo 20 años cuando junto con un grupo de lideres regionales le dijeron No al Alca.
Trump tuvo que reconocer el jueves en Corea del Sur, ante Xi Jinping, que el mundo ya no es unipolar y hay otro que tiene con qué. El argumento para aplicar sanciones a China era el tráfico de fentanilo, pero todos saben que el tema es otro. Con Brasil, al principio era salvar al expresidente amigo, pero la excusa del narcotráfico sirve más a los intereses de la Casa Blanca.
Así lo entendió el secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Victor Santos, quien entregó a las autoridades estadounidenses un informe policial con el objetivo de que se inscriba a los grupos como el PCC y Comando Vermelhjo como organizaciones terroristas. Música para los oídos de Marco Rubio, que impulsa la ordalía de ataques a supuestas “narcolanchas” en el Caribe y elevó la presión contra Nicolás Maduro y la cúpula chavista, a las que se acusa de liderar el supuesto Cartel de los soles. En la volteada cayó también el colombiano Gustavo Petro, más que nada por haber denunciado que la ofensiva esconde la avidez por el petróleo y otros minerales venezolanos.
Brasil tiene otro aditamento: es socio fundador del grupo BRICS. El Operativo Contención en las favelas es en realidad la estrategia para contener, para pegarle debajo de la línea de flotación, al Brasil de Lula. ¿Cuánto pasará hasta que Brasil también se denomine narcoestado, como piden los bolsonaristas?
En 1994, un asesor de Richard Nixon, John Ehrlichman, que terminó enchastrado por el escándalo Watergate, reveló en una entrevista con Dan Baum, de Harper’s Magazine, que el republicano tenía dos enemigos en la campaña de 1968, “la izquierda pacifista y la población negra”.
“Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra ni la raza, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar ambas sustancias, podíamos desarticular esas comunidades”. Así explica la guerra contra las drogas que desató Nixon en 1971 y que tanto le atrae ahora a Trump y a sus adláteres.
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