El gobierno de Estados Unidos viene forzando al límite las reglas de un tribunal secreto para espiar y perseguir a periodistas, según documentos obtenidos tras una demanda de dos ONG dedicadas a defender la libertad de prensa. La primera lectura diría que todo esto es parte de una ofensiva del presidente Donald Trump contra uno de sus objetivos desde que llegó la Casa Blanca: los medios y el periodismo en general. Sin embargo conviene hacer dos acotaciones clave: el tribunal en cuestión fue creado hace justo 40 años durante el gobierno del demócrata Jimmy Carter a instancias de una propuesta de otro miembro de su partido, el senador Ted Kennedy, el tercer hermano de esa dinastía. Y que además, las primeras revelaciones sobre este sistema de vigilancia saltaron a la luz en 2013, durante la administración de Barack Obama. El ingrediente ahora es que estas prácticas no solo prosiguieron sino que en manos de Trump se potenciaron.
Amparados en la Ley de Libertad de Información estadounidense, la Freedom of the Press Foundation (FPF, Fundación para la Libertad de Prensa) y la Knight First Amendment Institute (KFAI, Instituto Knight de la Primera Enmienda, la que garantiza la libertad de prensa) de la Universidad de Columbia, obtuvieron los documentos que prueban de qué modo las autoridades siguen vigilando a periodistas mediante ordenes FISA (por Foreign Intelligence Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera). Y también de qué manera pueden abusar de esta prerrogativa, según publicó Cora Currier en el portal The Intercept.
La importancia de haber expuesto estos documentos es que, como dijo Trevor Timm, de la FPF, por primera vez el Departamento de Justicia muestra los lineamientos que aplicó para la vigilancia. Y se pregunta, preocupado. «¿Cuántas veces se han utilizado las órdenes judiciales de FISA para apuntar a periodistas? (…) ¿Cuántos periodistas han sido vigilados en total, cuántos están actualmente bajo una investigación FISA?».
Pero vayamos por partes. El FISA surgió como propuesta de Ted Kennedy , el atribulado hermano de los dos líderes demócratas asesinados en los años 60, el presidente John y el procurador general Robert. Corría el año 1977 y el tema de la libertad de prensa estaba en el candelero luego de la arremetida del republicano Richard Nixon primero contra los diarios que publicaron los Papeles del Pentágono (Pentagon Papers en el original, llevados al cine el año pasado por Steven Spielberg en The Post), y luego por la revelación del Escándalo de Watergate, que finalmente lo obligaría a renunciar, en 1974.
Esos dos temas marcarían del tal modo la política y el periodismo en el mundo que con solo agregar «Papers» a una gran filtración de documentos -en ese caso era sobre la guerra de Vietnam, expuestos ante los diarios The New York Times y Washington Post por el analista Daniel Ellsberg- los medios ya tienen un título. Pasó hace un par de años con los Panamá Papers.
El sufijo Gate habla, en tanto, de otro tipo de ilegalidades publicas, como pasa ahora con el Gloriagate o Cuadernogate. Y Watergate es apenas el nombre del edificio de oficinas de Washington DC donde espías – mandados por el presidente Nixon y bastante torpes ellos, por cierto- vigilaron una convención de los demócratas.
Ambos sucesos llevaron al debate el modo en que un gobierno puede utilizar los servicios de inteligencia para escudriñar lo que hacen sus propios ciudadanos. Porque la seguridad interior está en manos del FBI, pero ese organismo necesitaría que un juez le dé una orden escrita para intervenir teléfonos y poner el ojo sobre una persona. Y un magistrado necesita tener alguna sospecha o fundamento para autorizar esa medida.
No era así como había actuado Nixon. El debate, en plena Guerra Fría, fue qué hacer entonces cuando había sospecha de actividad de organismos extranjeros dentro del país sin que se enteren de los tienen en la mira. La propuesta de Kennedy fue crear un tribunal secreto que estudie la necesidad expresa de algún organismo estatal que lo requiera y dé la orden respectiva. Todo legal.
La ley FISA fue firmada por Carter el 25 de octubre de 1978 y establece la creación de un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISC (por Foreign Intelligence Surveillance Court). Ese tribunal está integrado por once jueces nombrados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Otra normativa aprobada ese año, las llamadas Cartas de Seguridad Nacional, permiten al FBI recoger información privada sobre los estadounidenses sin su consentimiento, y si bien fueron declaradas inconstitucionales por la juez estadounidense Susan Illston en 2013, siguen vigentes.
La corte secreta tomó mayor relevancia luego de los atentadas a las Torres Gemelas, el 11-S de 2001, porque de inmediato se aprobó la Patriot Act (Ley Patriota) que bajo la excusa de perseguir el terrorismo, clausuró muchas de las libertades civiles consagradas en la tradición estadounidense. La corte en las sombras comenzó a trabajar a destajo y casi no puso objeciones a lo que le reclamaban las autoridades.»Usted lo pide usted lo tiene», parece ser el mena.
Con un adicional, no solo organismos dedicados a la vigilancia interior podrían actuar, ya que la CIA y la NSA, la agencia que espionaje electrónica, estarían en condiciones de sospechar de un periodista que tenga como fuente a un extranjero o intercambie mensajes o mails con un residente en el exterior. Hurgando en el foráneo, se meten en el local.
Si FISA nació como intento de legalizar la intervención del propio gobierno sobre sus ciudadanos en el contexto de la Guerra Fría y luego de una filtración que sirvió para cuestionar la guerra que EEUU desarrollaba en Vietnam, en estos últimos años las filtraciones y cuestionamientos a gobierno estadounidense se multiplicaron.
(Foto: AFP)
Durante el gobierno de Obama (2010-2016) Julian Assange lanzó WikiLeaks, donde en 2010 el soldado Bradley (luego Chelsea) Manning filtró millones de documentos sobre atrocidades cometidas por tropas de EEUU en Irak. Manning terminó preso y Assange esta refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para no ser sometido a la ley en EEUU.
Fue durante ese gobierno que Edward Snowden filtró en 2013 desnudó la manera en que la NSA espía a todo el mundo en todo el mundo mediante todos los aparatos electrónicos que utiliza un ciudadano común.
En ese mismo año se supo que el gobierno de Obama había intervenido unas 20 líneas de la agencia de noticias Associated Press (AP) para determinar quién había filtrado información secreta sobre una operación en Yemen contra un activista de Al Qaeda. El procurador de Justicia, Eric Holder, tuvo que salir a dar explicaciones.
«El objetivo de vigilancia sobre los periodistas, especialmente cuando se trata de determinar sus fuentes, históricamente ha estado limitado por la Primera Enmienda», escribe Currier en The Intercept, para aclarar luego que «después de que surgió que el gobierno de Obama había confiscado secretamente los registros telefónicos de la AP y nombrado a un reportero de Fox News como cómplice en un caso de filtración, el ex fiscal general Eric Holder instituyó nuevas directrices que hicieron que la investigación sobre periodistas sean un «último recurso», y dijo que el Departamento de Justicia necesitaba notificar a los periodistas cuando se incautaran sus registros»
Holden reformuló la aplicación de FISA y estableció que antes de proceder a la vigilancia se debía tener la aprobación por escrito del titular de Justicia y su gabinete y que los trabajadores de prensa no podrían ser enjuiciados por actividades de recopilación de noticias.
Las filtraciones son un tema que desvela a mandatarios desde los affaires de Nixon en los 70 y de Obama entre 2010 y 2016. Ni qué decir de Trump, cuando hace unos días Bob Woodward, el mismo que saltó a la fama con la investigación de Watergate, publicó un libro con revelaciones de su gestión que solo podría conocer mediante fuentes cercanas al presidente. Y cuando el mismo día el Times publicó una columna sin firma de un funcionario suyo que no lo deja bien parado.
El actual fiscal general Jeff Sessions, dijo en una comparencia en el Congreso que hay en curso 27 investigaciones sobre filtraciones, de las que no dio precisiones. Ben Wizner, un abogado de la ONG ACLU (American Civil Liberties Union, por Unión Estadounidense para las Libertades Civiles ), se alarmó. «En toda la historia del país, solo ha habido una docena de enjuiciamientos por filtraciones», dijo el letrado, que también representa a Snowden. «Si el número 27 es real, es asombroso».
«El hecho de que (las investigaciones) se mantuvieron en secreto durante la administración de Obama es motivo de gran preocupación. Ahora, el presidente Trump ha expresado repetidamente su odio por los medios y su fiscal general Jeff Sessions ya ha triplicado la cantidad de investigaciones sobre fugas desde la era de Obama (cuando ya estaban en su punto más alto). ¿Ha utilizado la administración Trump órdenes judiciales de FISA para apuntar a periodistas con vigilancia? ¿Si es así cuando?» reclama Timm, de la Freedom Press Foundation.
Un chiste que circulaba hace un año es
que por primera vez en la historia de Estados Unidos una familia de millonarios
blancos ocupaba una vivienda pública que recién había dejado una familia negra.
Si la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca había sido una gran anomalía en
la vida política de ese país, ni qué decir sobre lo que Donald Trump hizo en
estos 366 días por cambiar reglas de juego que parecían inmutables y con las
que logró encolumnar en su contra a la gran prensa, la burocracia estatal, los
servicios de inteligencia y organismos internacionales.
El paso de Obama por el máximo cargo del
país representó, en gran medida, una forma de reconocimiento de que Estados
Unidos ya no podía defender la hegemonía absoluta de la que había gozado desde
la caída de la Unión Soviética. Trump, en cambio, ganó la presidencia con la
promesa de «América First» y avanza a pasos agigantados hacia un
aislacionismo que retrotrae el reloj biológico de la nación a la etapa previa a
la Segunda Guerra Mundial.
Desde ese lugar se puede entender cada
uno de los pasos que el polémico empresario viene poniendo en práctica desde el
20 de enero de 2017. Desde el enfrentamiento con los grandes medios
periodísticos tradicionales hasta la retirada de Estados Unidos de tratados
internacionales o los desplantes a líderes de países aliados sin el menor
prurito diplomático. Una política que lleva a fuertes cuestionamientos del
establishment, que destaca y aborrece posturas fuera de las normas de
convivencia del mandatario.
Es así que el The New York Times, por
ejemplo, advierte ácidamente que la «fanfarronería, beligerancia y
tendencia al autoengrandecimiento del presidente no sólo le cuesta a Estados
Unidos apoyo mundial, sino que también lo aíslan». Lo que para analistas
de toda laya acelera la debacle de un imperio construido en los últimos 70 años
alrededor del planeta.
«La arquitectura del orden mundial
que Washington construyó después de la Segunda Guerra Mundial no sólo fue
formidable sino, como Trump nos enseña casi a diario, sorprendentemente
frágil», abunda Alfred McCoy, docente de historia en la Universidad de
Wisconsin-Madison y autor de Shadows of the American Century: «The Rise
and Decline of U.S. Global Power» (Sombras en el siglo estadounidense:
auge y caída del poder global de EE UU) y The Politics of Heroin: CIA
Complicity in the Global Drug Trade (Política de la heroína: complicidad de la
CIA en el comercio global de las drogas). El académico enumera parte de esa
arquitectura en un artículo con un título más que sugestivo: «Cómo
construir un muro y perder un imperio». La Organización de Naciones
Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el GATT de 1947 que luego devino en
la Organización Mundial de Comercio, la OTAN y hasta la Corte de Justicia de La
Haya. Ya a los bordes de este siglo, se pueden agregar el NAFTA, el acuerdo de
libre comercio con México y Canadá, y los tratados que Obama intentó con los
países de la cuenca del Pacífico (TPP), con los de la Unión Europea y los de
cambio climático de París.
Como para que quedara bien en claro de
qué iba su gestión, desde el primer día de su campaña Trump atacó con fiereza a
los inmigrantes y, ya en el Salón Oval, insiste a pesar de la opinión en
contrario de miembros de su propio Gabinete en que construirá un paredón en la
frontera con México y la tendrán que pagar los propios mexicanos. Y desde que
tomó el cargo, rompió con el TPP, con el Acuerdo de París y casi se llevó
puesto el que firmaron los cinco países que integran el Consejo de Seguridad de
la ONU y Alemania con Irán para el control del plan nuclear del país persa.
Lejos de amilanarse por esta frustración, desempolvó una vieja ley de 1995 que
ningún gobierno se había atrevido a poner en vigencia, reconoció a Jerusalén
como capital de Israel y anunció el traslado de la Embajada de EE UU a esa
histórica ciudad.
Cierto que todas estas medidas contra la
corriente de los últimos gobiernos estadounidenses van produciendo ese rechazo
internacional que avizoran los analistas de la política exterior tanto como los
medios más representativos del país y parte de lo que se llama el «estado
profundo», esa burocracia que por décadas mantuvo el derrotero del país
más allá de quién estuviera sentado en los controles.
Pero en la historia de Estados Unidos
siempre hubo una dualidad muy marcada entre la tendencia al imperialismo y al
aislacionismo. Vale recordar que es recién desde diciembre de 1941, con el
ataque a Pearl Harbour y el ingreso a la Segunda Guerra Mundial, que EE UU
aceptó ocupar plenamente el rol de gendarme de Occidente. Y eso porque del otro
lado aparecía el cuco de una potencia comunista que había derrotado al nazismo
y se había extendido por gran parte de Europa.
Sin la URSS en el horizonte, Trump más
allá de una personalidad emocionalmente inestable, como señala Michael Wolff en
Fuego y furia prometió dejar de ocuparse de problemas externos y se jacta de
hacer lo necesario para cumplir con esa compromiso. Es así que irrita a los
alemanes cuando dice que deben pagar por su propia seguridad en la OTAN y no
tiene empacho en amenazar con represalias a los países que rechacen su decisión
sobre Medio Oriente. Después de todo, en la entreguerra Estados Unidos no formó
parte de la Sociedad de las Naciones, el antecedente de la ONU creado a
instancias del presidente Woodrow Wilson, quien sin embargo no logró convencer
a la opinión pública de la necesidad de participar. Si no fuera porque la sede
de la ONU está en Nueva York, quizás ya hubiese dado un portazo, como ya hizo
en una de sus dependencias, la Unesco.
Pero como nada es gratis, a Trump lo
atacan por sus presuntas relaciones con el gobierno ruso, que le habrían
facilitado información útil para denostar a su contrincante en las elecciones
de noviembre de 2016, Hillary Clinton. Eso, más una nueva avalancha de
denuncias de abusos sexuales a lo largo de su vida, son los alfiles que mueven
sus opositores para alejarlo del poder.
Trump es un personaje molesto para ese imperio que, aunque decadente, todavía está sentado sobre el mayor y más destructivo arsenal de la historia de la humanidad y mantiene tropas y pertrechos en cerca de un centenar de bases militares diseminadas en todo el globo terráqueo. Molesto hasta para los mismos republicanos que lo llevaron como candidato con un broche en la nariz, pensando que no podía ganar.
Paradójicamente, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, un fervoroso defensor de la segunda enmienda constitucional, aceleró la caída de un fabricante de armas con 200 años de historia que acompañó la expansión estadounidense desde el inicio y que este lunes entró en bancarrota.
La empresa creada por Eliphalet Remington en 1816, adquirida por el fondo buitre Cerberus en 2007, venía en picada desde que el joven Adam Lanza mató en diciembre de 2012 a 28 personas, incluidos 20 chicos, en la escuela primera Sandy Hook, de Newtown, Connecticut, con un fusil Bushmaster XM-15.
La seguidilla de asesinatos masivos provocó entonces una ola de indignación y el presidente Barack Obama anunció su propósito de promover una campaña para el control de armas en manos particulares. La propuesta chocó con los lobbies empresarios y con el influyente Club del Rifle, y no pasó ninguno de los estamentos legislativos como para ponerse en marcha.
Es que la Constitución estadounidense sostiene que cada ciudadano tiene derecho a portar armas. La enmienda es de la época de las guerras de la independencia y tenía como objetivo autorizar a que cada habitante pudiera hacerse de algún artilugio como para combatir contra la opresión.
Imbuido de este espíritu, Eliphalet Remington quería tener su propio rifle para simplemente salir de caza. Pero para su padre, que tenía una pequeña industria metalúrgica, todavía era muy chico, así que el muchachito, que tenía poco más de 15 años, se las ingenió para fabricar un caño en la fragua familiar.
Pero le faltaba adquirir el conocimiento para completar su arma, de modo que se acercó a un armero del pueblo, quien le explicó con detenimiento los secretos para la construcción de una escopeta bastante rudimentaria.
Remington perfeccionó su creación y en 1816 -cuando tenía 23 años- se puso a fabricar fusiles de caza y sus primeras armas livianas. Desde un modesto taller casi de orfebrería creció, alentado por el desarrollo del país y la expansión hacia el oeste.
En 1845, la guerra contra México le dio el espaldarazo que necesitaba para ser una gran industria. Ya convertida en Remington & Son, por el ingreso a la compañía de su hijo Philo, la firma fabricó miles de fusiles Modelo 1841 que fueron esenciales para que Estados Unidos le quitara casi la mitad del territorio a los mexicanos.
El otro gran hito en la historia de Remington fue la guerra civil norteamericana. En 1861 se convierte en proveedor del ejército del Norte y comienza con un contrato para fabricar 10.000 mosquetes tipo U.S. Springfield y lanza luego el Reminton Zouave.
Al fin de la guerra, reconvierte parte de su planta para fabricar máquinas de coser y la célebre máquina de escribir Remington, que pobló la mayoría de las redacciones de los periódicos estadounidenses.
A medida que el imperio se extendía a lo largo y ancho del planeta, Remington también fue creciendo, con sus armas livianas cada vez más efectivas.
Y en el mercado interno, sus productos también alimentaron la pasión de los cultores del armamentismo.
En 2007 el fondo Cerberus compró la mayoría accionaria de la a Remington Outdoor Company. Cerberus recibe su nombre del perro de tres cabezas que según la mitología griega custodiaba la puerta del Hades, el inframundo helénico donde residían los muertos.
Fundada en 1992 por Steve Freinberg, tiene sólidas relaciones con los republicanos y en su directorio tienen un lugarcito el ex vicepresidente Dan Quayle y el ex secretario del Tesoro John Snow.
En España tiene sólidos negocios de la mano de un hijo del ex jefe de Estado José María Aznar. Crecieron comprando a precio de ganga miles de hipotecas de la época de la crisis inmobiliaria al mejor estilo buitre.
Pero también tiene participaciones en bancos de todo el mundo y en empresas de seguridad y proveedora de mercenarios, como la DynCorp. Pero el negocio en Remington quedó demasiado expuesto tras la masacre de Sandy Hook.
Y no solo la imagen de la marca quedó asociada a la de un arma utilizada para matar a nenes de primaria, sino que abogados de las familias de las víctimas plantearon en estrados judiciales la responsabilidad de la fábrica en la matanza.
Eso, sumado a que el padre de Feinberg vive en Newport y quedó conmovido por el caso, hicieron que Cerberus comenzara las primeras negociaciones para desprenderse de tan molesta inversión que ponía en riesgo a las demás.
Pero, aunque parezca mentira, la ofensiva de los demócratas para imponer controles disparó la compra de parte de particulares. El argumento, popularizado por los vendedores, era que si en la elección de 2016 ganaba Hillary Clinton iba a ser imposible comprar armas.
Hubo un aumento inusitado en las ventas que se estancó ni bien triunfó Trump. Amigo declarado de la Asociación del Rifle, nadie pensaría que seguiría la misma línea de Obama-Clinton.
En este contexto, lo único que subió fueron las pérdidas y Cerberus ni siquiera podía conseguir créditos bancarios para capear el temporal.
Los bancos no quieren quedar pegados a la mala imagen que dejó el caso Sandy Hook.
El lunes Remington Outdoor Company anunció un acuerdo con los acreedores para ingresar al capítulo 11 de la ley de Quiebras de EEUU.
El plan estipula que se busca reducir las deudas en unos 700 millones de dólares y acceder a 100 millones más para salir del atolladero.
Mientras tanto, seguirá produciendo armas a la espera de que los tiempos cambien. La opción de las máquinas de escribir o de coser ya no es viable.
Y Cerberus lo sabe, por eso quiere salirse cuanto antes de allí.
El presidente de EEUU logró aprobar una reforma impositiva que, al decir del Nobel de Economía Paul Krugman, «aflige a los afligidos y acomoda a los acomodados».
Donald Trump les tiene preparado un regalo de Navidad a los estadounidenses que no todos van a poder disfrutar, aunque el presidente quiere convencerlos de que a largo plazo serán democráticamente beneficiosos. Se trata de la reforma tributaria más importante desde la rebaja que en 1986 aprobaron los republicanos durante la gestión del actor Ronald Reagan. Y como aquella gran reducción impositiva para los más ricos, deja como ganadores a los que ya tienen más sin derramar hacia abajo, al tiempo que endeudará al país de modo peligroso, como alertan los economistas más críticos.
En revisión en la Cámara baja luego de una mínima modificación en el Senado, es posible que en las próximas horas quede aprobada la reforma fiscal que representaría el primer gran triunfo legislativo del empresario devenido en presidente en enero de este año.
Es que luego de meses de trabajosas negociaciones, no pudo tirar por el sumidero la llamada Obamacare, el sistema de salud que fue quizás el único legado del primer presidente negro en la historia de EEUU.
Sin embargo, entre los logros del oficialismo, el proyecto de reforma fiscal “trumpiano” figura la eliminación desde 2019 de la multa para quien no tenga un seguro médico, con lo que la desfinanciación del sistema sanitario parece ser el camino colateral para bombardear la Obamacare.
Entre los principales cambios de la nueva legislación –que en principio fue presentada como una forma de simplificar el complicado sistema de tributos estadounidenses- está el recorte de impuestos a las grandes rentas y a las empresas de un 35% a un 21%. Si bien no deroga el impuesto al patrimonio o el de ingresos individuales, sí aumenta el mínimo sobre el que será aplicado.
Ahora la renta más baja abonará un 10% de impuesto, mientras que la tasa para los ingresos superiores a 600.000 dólares anuales de un matrimonio será de 37%, cuando antes era de 39,6%.
Con solo estas reducciones, los analistas estiman que el déficit federal se incrementará en 1,45 billones de dólares. Pero los voceros republicanos sostienen que se trata de un impulso indirecto a la economía del país que generará por si solo un aumento del PBI del 0,3% en el 2018.
Incluso entre las medidas que aporta la ley votada entre el martes y este miércoles, hay otra que el gobierno estadounidense considera adecuada para reactivar la economía. Ahora se permitirá la prospección de gas y petróleo en áreas protegidas de Alaska y el mar Ártico.
La lista de aplaudidores de la ley la encabeza, como no podría ser de otro modo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, quien aseguró que para una familia de ingresos medios la reforma le brinda unos 2059 dólares adicionales para destinar a gastos.
Este cálculo, visto que el año que viene se juegan las elecciones de medio término, le daría espaldas al oficialismo para poder pasar tranquilamente esa prueba de fuego. Lo que sería un respiro para una administración que en estos meses demostró que no tiene drama en confrontar con todos los estamentos constituidos, pero es difícil de prever como esos enfrentamientos pueden repercutir en las urnas.
Entre los críticos de la reforma están economistas de la talla del Premio Nobel de 2009, Paul Krugman, quien considera que la ley favorece a los propietarios por sobre quienes “simplemente trabajan para ganarse la vida”. O, para resumir, que como cada iniciativa en ese terreno de los republicanos, está destinada a “afligir a los afligidos y acomodar a los acomodados”.
También la lideresa de la bancada demócrata, Nancy Pelosi, fue dura con la reforma. «Recuerden este día», dijo, porque se trata de «un robo puro y duro a la clase media».
Es que la Oficina de Presupuesto del Congreso, una oficina técnica no partidaria que analiza las consecuencias fiscales y económicas de los proyectos de ley, había puntualizado de qué manera la reforma impacta en la sociedad. Así, calculan que para el 2019 los que ganan menos de 30 mil dólares anuales perderán ingresos.
Quienes ganen menos de 40 mil dólares recibirán el impacto en sus bolsillos en 2021 mientras que la reforma fiscal afectará a quienes ganan más de 75000 dólares desde 2027.
Pero a corto plazo, los que tienen ingresos por arriba de los 100.000 dólares y hasta los 500.000, desde el primer día de vigencia de la ley resultarán beneficiados.
Para colmo, desde que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Ajit Pai, logró derogar la neutralidad de la red, se sabe que los usuarios comunes seguramente terminarán pagando más por los servicios de conexión para obtener alta velocidad en sus conexiones de red o directamente para poder enviar mensajes o publicidad de sus contenidos por las redes.
Tal vez por esa razón cientos de manifestantes gritaban “Maten la ley, no a nosotros” desde los palcos de la Cámara de Senadores cuando se votaba la reforma. Varias veces el titular de la cámara, el vicepresidente Mike Pence, tuvo que llamar al orden para continuar sesionando.
Tiempo Argentino Miércoles 20 de Diciembre de 2017
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