El Tribunal Superior de Justicia de Londres decidirá entre este martes y el miércoles si el periodista Julian Assange será extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría un juicio que con toda seguridad lo dejaría en la cárcel por 175 años. Aunque, como teme su esposa, Stella Moris, si no es liberado y termina del otro lado del océano, su estado de salud es tan precario que moriría en muy poco tiempo. El caso está en manos de dos magistrados que examinarán un fallo de junio de año pasado que denegó el derecho de recurrir la extradición que otra corte había ordenado en 2022.
Assange, australiano de nacimiento, creó en 2006 el sitio WikiLeaks en el que ciudadanos de todo el mundo pudieron filtrar de manera encriptada documentación sobre acciones de gobiernos reñidas con la ética y la democracia. Alcanzó una repentina difusión cuando en 2010 publicó -en un acuerdo con los medios más importantes de EEUU, el Reino Unido, Francia, Alemania y España- más de 700 mil archivos donde se revelaron las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.
Desde ese momento, su nombre estuvo en la lista negra de los servicios estadounidenses pero también de los aliados más firmes de Washington: Gran Bretaña, Australia y algunos socios menores de Europa. Así, una fiscalía sueca comenzó a perseguirlo por un presunto caso de violación a raíz de la denuncia de dos mujeres que habrían estado con él. Ante los pedidos de detención del gobierno de Barack Obama, y la segura complacencia del entonces primer ministro David Cameron -actual canciller- Assange pidió asilo en la embajada de Ecuador.
El entonce presidente Rafael Correa no solo le dio asilo sino que le otorgó la nacionalidad ecuatoriana. Pero nunca logró que le aseguraran la inmunidad diplomática para poder tomar un avión con destino al país sudamericano. En 2019, el sucesor de Correa, Lenin Moreno, autorizó a que la policía británica ingresara a la sede diplomática y se lo llevara detenido a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh. Una violación inédita de la Convención de Ginebra.
Assange enfrenta 18 cargos, 17 de los cuales están encuadrados en una ley de espionaje estadounidense de 1917, cuando el país se metía en la Primera Guerra Mundial. Nunca esa normativa había sido aplicada a un periodista. Por otro lado, un espía es un agente que envía a una potencia extranjero información confidencial, no alguien que difunde secretos inconfesables de un estado a las sociedades de los países más grandes de Occidente, para escrutinio de toda la población, que fue lo que concretamente hicieron Assange y su equipo.
Detrás de Assange también cayó en desgracia Chelsea Manning, que como soldado había filtrado gran parte de aquellos documentos comprometedores, entre ellos un video en el que se ve como desde un helicóptero efectivos de EEUU disparan en 2007 sobre un grupo de personas en Bagdad y asesinan, entre otros, a dos periodistas de la agencia Reuters. El video recibió el nombre de Asesinatos Colaterales. Tras siete años de prisión en condiciones extremas, poco antes de dejar el cargo, Obama le dio el indulto.
A principios de febrero, un juez federal de Nueva York condenó al ex agente de la CIA Joshua Schulte a 40 años de prisión tras haber sido declarado culpable de pasar a WikiLeaks documentos en la filtración que se denominó Bóveda 7. Se trató de cerca de 9.000 archivos donde se muestra el modo en que la agencia hackeó teléfonos inteligentes para convertirlos en aparatos de escucha a dirigentes políticos en varios países de Europa y el “Mundo Libre”.
Otro exagente de la CIA, Edward Snowden, difundió en 2013 al The Guardian miles archivos donde se demuestra el modo en que agencias como la NSA utilizan programas para espiar mediante cualquier aparato electrónico a ciudadanos de todo el mundo. Pero tuvo el buen tino de buscar cobijo en Rusia para no terminar como Assange o Schulte. Un dato: en la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Vladimir Putin hace un par de semanas, el estadounidense le preguntó por el periodista Evan Gershkovich, del The Wall Street Journal. El mandatario ruso respondió que era un espía y sugirió que su liberación debería ser parte de una negociación con las agencias occidentales.
Los que nunca fueron llamados a declarar por sus publicaciones fueron los responsables de los diarios The New York Times, Le Monde, The Guardian, Der Spiegel o El País, aunque el año pasado se unieron para pedir por “el fin de la persecución” a Assange y afirmaron que una eventual condena significaría “el fin del periodismo”. El gobierno de Australia, luego de haber recibido fuertes críticas de sectores políticos y de la familia del periodista por la inacción ante un caso que involucra a un nativo de esas tierras, tanto el primer ministro Anthony Albanese como legisladores federales votaron para que se ponga fin al encarcelamiento. En Roma, en tanto, el Consejo Legislativo le otorgó el título de Ciudadano de Honor de la capital italiana.
Poco a poco el dólar va dejando de estar en el horizonte de los países latinoamericanos. Así, al tiempo que Argentina paga parte de sus compromisos con el fondo en yuanes y el Banco Central habilitó las cuentas nominadas en esa moneda, ahora Bolivia anunció que utilizará la divisa china para el comercio con el gigante asiático. «Desde el mes de marzo a la fecha tenemos un total de 278,8 millones de yuanes por operaciones en ingresos y salidas en comercio exterior», esbozó el ministro de Economía Marcelo Montenegro en una conferencia de prensa a raíz de la crisis por la escasez de dólares en el país del altiplano.
El funcionario dijo que si bien los yuanes se utilizan para las exportaciones de zinc, plata y carne, aún se trata de transacciones electrónicas y no hay disponible en moneda física para la ciudadanía. Sin embargo, el renminbi (RMB, literalmente «moneda del pueblo», su nombre técnico) ya circula en las calles de las principales ciudades bolivianas, puesto que el comercio con China se extendió a rubros de la vida cotidiana como los textiles o electrónicos y no son pocos los ciudadanos de a pie que cuentan con billetes con la imagen de Mao Zedong. Y los usan incluso en las transacciones callejeras, como cualquier turista podría ver.
La medida del gobierno de Luis Arce se produce luego de que en 2023 se agudizó la escasez de dólares por el incremento de las compras de combustibles al exterior. Según informó Montenegro, se espera que este año se registre una merma en ese déficit, pero no parece posible bajarlo a menos de 1500 millones. De todas maneras, la solidez del peso boliviano sigue firme a pesar de una situación crítica.
Arce, en la última cumbre del Mercosur, propuso a sus pares, que “poco a poco vayamos dejando el dólar” y el brasileño Lula da Silva planteó que los países que integran el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), avance hacia la creación de una alternativa como moneda de comercio y reserva internacional.
Esa es una de las propuestas que se podría analizar en la cumbre de los BRICS que se desarrollará entre el 22 y el 24 de agosto próximos en Johannesburgo. Se trataría de crear una moneda con respaldo oro que podría desbancar a la divisa norteamericana. En 1971, el gobierno de Richard Nixon puso fin a la convertibilidad del oro con el dólar. Desde entonces el respaldo del dólar se sustenta en la necesidad de contar con los verdes billetes para cualquier transacción internacional, pero sobre todo del petróleo.
La solidez estadounidense se centra en que tiene “la maquinita” de hacer los dólares y en una alianza fuerte con países petroleros como Arabia Saudita. Pero si le surgen competidores fuertes, como sería el yuan, perder ese privilegio sería peor que padecer un ataque nuclear. De allí la ofensiva que en tiempos de Barack Obama se llevó a cabo contra el euro, el primer gran desafiante del dólar.
La nueva amistad promovida por China entre la monarquía saudita y la república islámica de Irán apunta en ese mismo sentido y es una amenaza extra para la supremacía de EEUU. Y quizás ahí habría que ver esta nueva arremetida contra la visita a Teherán del ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, puntillosamente cuestionada por medios y dirigentes locales como amenaza a la seguridad continental.
«Para mí es una exageración que responde a un interés político particular de la extrema derecha en Argentina», dijo Novillo a su regreso a La Paz. El funcionario aseguró que su viaje y su encuentro con su par iraní, Mohammad Reza Ashtiani, estuvieron relacionados a aspectos vinculados a la «capacitación académica y fortalecimiento tecnológico para fortalecer la lucha contra el contrabando y narcotráfico». La Cancillería argentina, a su turno, solicitó a la embajada boliviana información sobre los «alcances de las conversaciones y posibles acuerdos» firmados entre ambos países.
La nueva filtración de documentos relativos a guaridas fiscales donde las élites mundiales ocultan sus bienes de los organismos impositivos ofrece detalles que resultan interesantes de analizar, no tanto por lo que revelan como por lo que no termina de aparecer.
Se sabe que líderes de varios países del mundo tienen que dar explicaciones sobre montañas de dinero que tenían, según creyeron, a resguardo de miradas indiscretas y ahora quedan al desnudo. Tres presidentes en ejercicio de Latinoamérica -Guillermo Lasso de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader, de República Dominicana- y once ex mandatarios, entre ellos de Perú, Colombia, de Paraguay. En la volteada aparecen el rey emérito de España Juan Carlos I (cuándo no), el rey de Jordania, presidentes de Ucrania y Kenia, el primer ministro checo.
Se sabe también que Argentina se ubica en el podio de los mayores implicados en este tipen el índice de “beneficiarios finales” de empresas radicadas en esas cuevas fiscales por millón de habitantes, sería el primero lejos.
Se sabe, además, que hay implicados deportistas, cantantes, dirigentes políticos, que eligen escamotear sus ingresos del escrutinio del resto de la población para no aportar su cuota parte en el mantenimiento de las comunidades en las que viven y de las que extraen esos beneficios.
Todos en mayor o menor medida están dando sus explicaciones. Algunos es escudan en que el hecho de formar una empresa offshore no es ilegal, o que tenían el dinero declarado de alguna manera no tan visible.
El expresidente Mauricio Macri, a modo de ejemplo, cuya familia suele aparecer en este tipo de investigaciones y ahora no fue la excepción, declaró hace un mes que “para ganar plata hay que evadir impuestos”. Y no hubo un escándalo nacional por esas palabras en los grandes medios, esos mismos que ahora presentaron el informe conocido como Pandora Papers. Lo que no aventura demasiado escándalo en algunos lugares del mundo.
Como sea, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) forman parte de los diarios más influyentes de varios países del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia, Alemania. Por Argentina participaron periodistas de La Nación, Infobae y ElDiarioAR. El trabajo fue sin dudas inmenso ya que se trató de casi 12 millones de archivos provenientes de 14 empresas de servicios offshore y participaron más de 600 periodistas y analistas informáticos de 117 naciones durante dos años hurgando en esa enorme cantidad de material.
Pero hay algunas lagunas en la información que, posiblemente se comiencen a develar en los próximos días -la información va saliendo a cuenta gotas por una estrategia mediática comprensible- o que quizás no tengan respuesta.
El agregado de “Paper” a la revelación de información secreta nació en los 70 con los Pentagon Papers, la primera gran filtración de documentos sensibles producida por un analista del departamento de Estado, Daniel Ellsberg, sobre la guerra de Vietnam, en 1971. No la pasó bien Ellsberg y a punto estuvo de ser juzgado por traición a la patria durante el gobierno de Richard Nixon.
En lo que va del siglo, el caso que más trascendió también tenía relación con aventuras bélicas de Estados Unidos y fueron los documentos que otro analista, Chelsea Manning, filtró sobre atrocidades en Irak y Afganistán de tropas de ese país en 2010 a través del sitio WikiLeaks. Tampoco la pasó bien Manning, detenida en una prisión de máxima seguridad de EEUU e indultada por Barack Obama como un gesto final antes de dejar el gobierno, en 2017. El que la pasa peor es el australiano Julian Assange, el creador de Wikileaks, una plataforma que usa servicios encriptados para proteger a quienes compartan información que afecte a la sociedad en manos de pocos y poderosos, ya sean gobiernos o individuos.
Pandora Papers tiene el mayor volumen de datos de alguna filtración, según quienes investigaron el caso. Supera a los anteriores Panama Papers, Paradise Papers y Offshore Papers en cantidad de información: son casi tres Terabytes. Todos estos escandaletes salieron a la luz mediante plataformas encriptadas.
Lo que algunos malpensados sostienen es que si bien aparecen datos a granel sobre estudios y consultoras que realizan la tarea de crear esas compañías en cuevas fiscales, no hay de Estados Unidos ni de su mayor distrito con protección para inversores, que es Delaware. Por casualidad, se diría, ese pequeño estado es el que el actual presidente Joe Biden representó como senador durante 36 años, desde 1973 hasta que fue vicepresidente de Obama.
Tampoco aparecen las mayores fortunas estadounidenses. Apenas un no tan conocido Robert F. Smith, un multimillonario que ya tuvo algunos problemas con la agencia de recaudación y debió pagar 140 millones de multa. No es por pensar mal, pero Smith es el afroamericano más rico de EEUU.
Por otro lado, es cierto que los periodistas no deben revelar sus fuentes, pero los mismos medios que en 2010 blandieron la espada de la transparencia sobre las revelaciones de WikiLeaks y luego miraron para otro lado acerca de la suerte de Manning y Assange -que pasó estos últimos nueve años de su vida sin ver la luz del sol, primero en la embajada de Ecuador en Londres y desde 2019 en un penal de esa ciudad- ahora vuelven a mostrar su rol de fiscales sin inmutarse. Ahora, como antes, están el Washington Post, El País de Esoaña, The Guardian de Gran Bretaña, Le Monde, de Francia. La pregunta sería quién es capaz de semejante filtración sin sufrir la amenaza de padecer las mismas consecuencias que Assange, por decir algo.
Los únicos héroes en este lio de la invasión a Afganistán pagaron el precio más caro por sacar a la luz quiénes cometían los crímenes más horrendos en esa parte del mundo. Émulos de Daniel Ellsberg, Julian Assange y Chelsea Manning padecieron en carne propia el castigo que los poderes reservan para quienes desafían al sistema con el arma que más temen: las pruebas de la infamia.
Ellsberg, analista de la Rand Corporation, fue el que en 1971 entregó unos 7000 archivos fotocopiados a mano en la clandestinidad -los Pentagon Papers- a los diarios The New York Times y Washington Post que mostraban que la guerra de Vietnam se había construido sobre mentiras y, además, que los líderes políticos sabían que no podía ser ganada. Fue el principio del fin de una aventura militar que costó la vida de no menos de 5 millones de personas, entre ellos quizás 60 mil soldados estadounidenses, pero sobre todo civiles masacrados de la manera más espantosa.
En 2001, el gobierno de George W. Bush, montado en otras mentiras, decidió la invasión de Afganistán y dos años más tarde, Irak. Y acá entra en juego el experto informático australiano que creó WikiLeaks, sitio donde se puede enviar información veraz sobre actos de los gobiernos a espaldas de la ciudadanía mediante una plataforma encriptada que resguarda la identidad del “whistleblower”, como se denomina en inglés al “filtrador”.
Su bautismo de fuego fue en abril de 2010, con el video de un ataque con helicópteros en Bagdad de julio de 2007 que muestra a los tripulantes disparando sobre un grupo de personas que huían despavoridas por unas callejuelas. Pero no era un juego online, entre las víctimas había diez seres humanos, entre ellos un colaborador de la agencia de noticias Reuters.
En julio de ese mismo año, tras un acuerdo con los periódicos The Guardian, del Reino Unido, Der Spiegel de Alemania y The New York Times, aparecieron 92.000 archivos de la invasión de Afganistán que databan del quinquenio 2004-2009. El impacto fue mayúsculo, porque recordaba al caso de Ellsberg y auspiciaba una respuesta trascendente de Barack Obama, que había ganado la presidencia y el premio Nobel de la Paz meses antes por su promesa de terminar con las ocupaciones de Irak y Afganistán.
Sin embargo, la Casa Blanca se comportó de un modo bien diferente. El secretario de Defensa, Robert Gates, ordenó una investigación para encontrar al responsable de la filtración. Y no tardaron en llegar a una analista de inteligencia trans destinada en Irak, ahora Chelsea Manning. Fue detenida e incomunicada en las condiciones más ásperas por el gobierno y Obama afrontó críticas y cuestionamientos de los sectores progresistas que habían hecho campaña por él.
Condenada a 35 años de prisión por violar la Ley de Espionaje, siempre dijo que lo había hecho porque el material que pasaba por sus manos mostraba atrocidades inaceptables para su conciencia cometidas por soldados de su nación. Y que además, confió en que con Obama otros tiempos soplarían en Estados Unidos.
Assange, en tanto, fue sacado de circulación primero con una denuncia de violación presentada por dos jóvenes en Suecia y con campañas de desprestigio. Asilado en la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012 por el gobierno de Rafael Correa, Lenin Moreno -violando toda la tradición diplomática internacional- dejó que la policía británica se lo llevara detenido en abril de 2019. Desde entonces permanece alojado en condiciones inhumanas en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh a la espera de que la justicia rechace el pedido de extradición de Washington, donde no le espera un juicio justo.
El año pasado Mannig se negó a declarar en contra de Assange en una audiencia sobre la que sobrevolaba la amenaza de regresarla a la cárcel. Ahora desarrolló un programa de criptografía, contratada por el matemático Harry Halpin. La startup Nym utiliza la tecnología blockchain de las criptomonedas y protege el envío de datos en la red de redes. Como pretende Manning, da garantías a los whistlebolwers de no ser detectados por los organismos de seguridad oficiales. Los diarios que publicaron los archivos de Afganistán siguen su vida sin preocuparse de persecuciones ni amenazas de castigos.
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