Va a ser difícil olvidar el año 2020 por la cadena de calamidades que se acumularon desde que el 1º de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un equipo de expertos para investigar un brote de casos de neumonía en Wuhan, China. En Argentina, en particular, porque fue el primer año en la Casa Rosada de una coalición política con eje en el peronismo que había asumido 20 días antes para poner fin a la fallida experiencia del macrismo. Y si los críticos de la gestión kirchnerista 2003-2015 atribuyen el crecimiento logrado en ese lapso al «viento de cola» del precio de las commodities que el país exporta, este período se inició con una fuerte tormenta en contra. En su mensaje ante el Congreso en la apertura del año legislativo, Alberto Fernández se comprometió a cumplir con las promesas electorales, y luego de enumerar las cifras del cataclismo económico que recibía y de confirmar las primeras medidas, habló del inicio de negociaciones para resolver el problema de la abultada deuda externa con acreedores privados y con el FMI. Luego anunció el envío de proyectos de reforma del sistema judicial y la intervención del servicio de inteligencia. No había una sola palabra referida al COVID-19 ni al Aporte Solidario y Extraordinario a las más grandes fortunas del país. Nada de eso figuraba en los propósitos de nadie ese 1º de marzo. En este punto vale la frase «pasaron cosas», ya que apenas diez días después de ese discurso inaugural, la OMS catalogó a aquella neumonía como una pandemia de rápida y peligrosa expansión, de consecuencias muy graves y aún impredecibles. El Gobierno adhirió a las recomendaciones de la OMS el 18 de marzo y la economía del país, que venía en picada luego de cuatro años de políticas neoliberales, tuvo un parate aún mayor por el aislamiento masivo decretado para preparar al devastado sistema de salud y enfrentar de mejor manera la pandemia. Muchos de los proyectos sometidos a la voluntad de la ciudadanía durante 2019 quedaron en suspenso y los primeros meses de aislamiento el país pareció detenido en el tiempo, mientras los medios daban cuenta exhaustivamente del avance de la enfermedad en todo el planeta. La oposición, que al principio acompañó el esquema sanitario del Gobierno, empezó a plantear los primeros alegatos de rechazo a las políticas oficiales. Pronto las cifras del coronavirus se sumaron a las consecuencias del cierre de la economía y apareció un flanco en el cual la oposición más encarnizada encontró abono para horadar el alto grado de aceptación que tenía el primer mandatario. Fueron momentos de cierta inacción oficial que hicieron pensar a propios y ajenos que el Gobierno estaba noqueado. El fracaso del plan de expropiación de Vicentin fue una señal de alerta. De todas maneras, en ese momento se logró un acuerdo con los tenedores privados de bonos de la deuda pero arreció el ataque contra la moneda nacional que, en medio de cortocircuitos entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, motivó la pérdida de reservas y de confianza en las autoridades. A medida que se iban relajando las restricciones sanitarias –en gran medida tras la presión de medios y dirigentes de la oposición y del empresariado– fue apareciendo un país real que, si el 10 de diciembre de 2019 estaba en terapia intensiva, ahora se encontraba con pronóstico reservado.
Calles en disputa Las primeras movilizaciones opositoras conmovieron el andamiaje oficialista. No solo por la violencia y la dosis de intolerancia democrática que expresaban, sino porque ponían de manifiesto algunas dudas para avanzar con el programa político de la administración nacional. A esto se agregó la rebelión policial bonaerense, que se convirtió en una preocupante amenaza frente a la residencia presidencial de Olivos. Es verdad que no era recomendable salir a las calles para el votante del Frente de Todos, ya que el cuidado de la salud se había convertido casi en una insignia. Pero también hubo demoras en poner en marcha respuestas contundentes que alentaran la esperanza de cambios en la tribuna propia. El método obstruccionista de la oposición daba resultados y recibía apoyo mediático clave. No solo por lo que los medios hegemónicos muestran, sino básicamente por lo que ocultan. Para gran parte de la población, el sistema de espionaje del Gobierno macrista nunca existió. El valor del dólar en cada una de sus variantes era la noticia del día. El éxito de algunos casos puntuales de argentinos que se fueron al exterior resultaba en una invitación cotidiana a descreer del país. Con ese trasfondo se registró el avance de una marginal concepción libertaria del mundo, que propone la reducción al mínimo del Estado y por lo tanto de los impuestos a pagar. Recién para el 17 de octubre los simpatizantes peronistas salieron masivamente a las calles con el propósito de marcar la cancha. El aniversario de la muerte de Néstor Kirchner fue otra expresión popular masiva de respaldo a la coalición gobernante. En forma casi simultánea, hubo una carta admonitoria de la vicepresidenta y comenzaron a avanzar los proyectos demorados desde marzo. El fin de año encuentra al Frente de Todos a la ofensiva en el Congreso. Desde la iniciativa para reducir el aporte federal a la Ciudad de Buenos Aires hasta el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasando por la ley de sostenibilidad de la deuda pública y la reforma de la fórmula de movilidad de jubilaciones, la agenda oficial ganó espacio. En ese contexto, la aprobación en ambas Cámaras del Aporte Solidario Extraordinario aplicado a las grandes fortunas constituye un hito ineludible. Desde la vereda opositora, en tanto, cualquier resquicio es útil para plantear sus diferencias. Así, si en los comienzos de la pandemia el oficialismo se equivocaba con el aislamiento estricto, luego erró porque el número de muertos y contagiados colocaba al país entre los diez más afectados. Otro frente de ataque se cierne sobre las vacunas a aplicar para evitar un segundo brote de coronavirus. Desde la Casa Rosada se abrieron negociaciones por casi todas, pero las críticas sobre la Sputnik V encabezan los titulares de muchos medios. Sin embargo, el anuncio del presidente acerca de la llegada de las primeras dosis de la Sputnik V en diciembre, para aplicar a 300.000 personas, y diez millones más que serían vacunadas entre enero y febrero, puede significar un cambio de clima. A fin de este dramático año, con todo, las últimas encuestas le dan positivo al presidente. Luego de arañar el 80% de aprobación al inicio del aislamiento sanitario, hubo un período de caída continua de la imagen, a la par del crecimiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre, varios analistas registraron una aprobación de entre el 50% y el 55% para Alberto Fernández. Su más cercano contendiente es Rodríguez Larreta, en una pelea que, si bien apunta a 2023, tendrá un anticipo trascendente en las legislativas del año próximo.
Revista Acción, segunda quincena de Diciembre de 2020
La cumbre presidencial del Mercosur fue un test de cómo cayeron las fichas en el último quinquenio en la región. Y para Alberto Fernández, un desafío. Es duro admitir que uno vive en un edificio en el que los vecinos resultan mayormente desagradables, pero peor sería negar la realidad. En todo caso, pasó el mal trago sin renunciar a su visión del mundo y de la integración en aras de una Real Politik incierta.
La gran pelea de la tarde, se prometía, era la de Fernández con Jair Bolsonaro. Pero hubo algodones diplomáticos para que nada se desmadrara. Un dato a tener en cuenta: nadie en el Gabinete brasileño a esta altura amenaza con dar un portazo de la organización regional.
Fernández, que por orden alfabético de país abrió el debate virtual, mostró un camino. «Somos el continente más desigual en la distribución del ingreso, y nos toca afrontar ese desafío sabiendo que estamos ante la mayor crisis mundial”.
No tardó en asomar la sociedad neoliberal del brasileño con el paraguayo Mario Abdo Benítez –a la sazón presidente pro témpore saliente de la organización– y con el nuevo mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, el que tomó la posta en esta ocasión.
El ala “aperturista” del Mercosur tomó la palabra con Bolsonaro, que propuso abrir fronteras y avanzar en los acuerdos con Corea del Sur, Canadá, Líbano y Singapur, temas en los que Argentina es renuente y lo demostró cuando se retiró de las negociaciones con un golpe sobre la mesa en abril pasado.
La noticia mediática, sin embargo, fue que cuando comenzó a hablar la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, Fernández dejó la sesión. Fue su forma de sacudir la mesa nuevamente. Venezuela, el cuco regional, fue suspendida durante el gobierno de Mauricio Macri y cuando ya se había dado el golpe institucional en Brasil.
Se acusa a Nicolás Maduro de no respetar los valores democráticos, razón suficiente, incluso, para justificar el despojo de sus riquezas (ver aparte). Pero se acepta al gobierno de Bolivia, que aun no integra formalmente el Mercosur, sin cuestionar el golpe contra Evo Morales pergeñado desde la OEA y, se comprobó, mediante la manipulación de datos sobre un fraude inexistente en las elecciones de 2019.
Días antes, en un encuentro también virtual con Lula da Silva, Fernández le dijo al expresidente brasileño que lo extrañaba tanto como a Néstor Kirchner, a Fernando Lugo, a Evo Morales, a Rafael Correa, a Ricardo Lagos, a Hugo Chávez. Y sostuvo que EE UU rompió Unasur para crear Prosur, que ahora va por el BID y además, le apunta a la Celac. De la cumbre del Mercosur participaron como invitados el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Iván Duque. Piñera fue clave en aquellas construcciones regionales, al igual que Álvaro Uribe, el mentor de Duque. También a esos derechistas extraña Fernández, sin duda. De la cumbre del Mercosur participaron como invitados el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Iván Duque. Piñera fue clave en aquellas construcciones regionales, al igual que Álvaro Uribe, el mentor de Duque. También a esos derechistas extraña Fernández, sin duda.
La conferencia de prensa del 8 de mayo en la Quinta de Olivos mostró un acercamiento muy estrecho entre el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador bonaerense. Una señal no casual de coordinación para anunciar la extensión de la cuarentena: por un lado, era necesario no repetir los anteriores errores de comunicación. Pero también había que responder a las presiones del establishment para apurar una reapertura de la economía que se disfrazó de reclamos por lo que algunos sectores interpretan como un avance del Estado sobre las libertades individuales. Es cierto que quienes fogonean estas manifestaciones de rebeldía en contra de las medidas sanitarias se expresan a través de las redes sociales. Pero como un mecanismo de relojería, de allí saltan a los medios antioficialistas y luego se potencian al resto de la sociedad. Por eso, tanto Fernández como Axel Kicillof fueron contundentes en puntualizar que el rol que les cabe a los dirigentes en puestos ejecutivos es enfrentar la pandemia de coronavirus y no hay lugar allí para actitudes «irresponsables». El frente común en los distritos más afectados por los contagios de COVID-19 es inédito y muestra un compromiso que, según todas las encuestas, las mayorías aceptan y apoyan al punto que algunos analistas hablan de «malvinización» de la política argentina. Pero como suele ocurrir, quedan algunos afuera del convite. Es clave en este entramado el rol que cumple desde el primer día de aislamiento preventivo el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien paga costos hacia adentro del PRO y de la coalición Juntos por el Cambio. Lo propio sucede con los mandatarios provinciales socios de esta entente y, más fuertemente, con los intendentes del área metropolitana, donde junto con CABA se concentra un verdadero polvorín que podría estallar si no se coordinan las acciones contra el virus. Es esperable que los municipios en manos de integrantes del Frente de Todos acompañen a la Casa Rosada y al Gobierno bonaerense. Lo que llama la atención es que personajes clave del arco opositor hagan lo mismo. Un hombre del riñón del macrismo, como Néstor Grindetti, que trabajó en el grupo SOCMA desde 1979 y fue el recaudador de las campañas políticas del expresidente Mauricio Macri, es uno de los más convencidos de que debe caminar junto al Gobierno nacional y al provincial. En la misma línea actúa su par de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, exministro de Seguridad porteño. Más aún, Jorge Macri, primo del exmandatario y una de sus espadas a nivel provincial, no dejó dudas en su cuenta de Twitter: «En Vicente López ya recibimos dos nuevos respiradores, entregados por el Gobierno provincial y el nacional. Gracias @Kicillofok y @Alferdez, seguimos trabajando en equipo frente al COVID-19», posteó el intendente. Claro que en política nada es gratis y así como el oficialismo parece encaminado a «terminar con la grieta», que es uno de los caballitos de batalla del presidente, también aparecen algunos cortocircuitos que enturbian la relación estrecha con el jefe de Gobierno de CABA. De hecho, la vicepresidenta Cristina Fernández apuntó contra Rodríguez Larreta al analizar la denuncia de la jueza Ana María Figueroa sobre presiones durante la gestión macrista. El reclamo de Cristina se refiere a una presunta extorsión a magistrados en la causa por el memorando con Irán que involucra al actual fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.
Mesa chica Dentro de la alianza opositora, en tanto, también hay tela para cortar. Los más aguerridos antiperonistas –la titular del PRO, Patricia Bullrich, o el radical Mario Negri–, cuestionan la actitud de los dirigentes alineados con el oficialismo. En la mesa chica del PRO la centralidad de «Horacio» representa una amenaza para el lugar natural que le destinan a «Mauricio». La lideresa del Coalición Cívica, Elisa Carrió, puso freno a las críticas contra Rodríguez Larreta. En los últimos días, sin embargo, se despegó un tanto de su socio político para pedir «transparencia» en las contrataciones públicas. El escándalo por la compra de barbijos a precios exorbitantes y la contratación de hoteles a familiares del jefe de Gobierno comprometen el mensaje político que pretende Carrió, retirada temporalmente de la función legislativa pero activa en marcar la cancha en el distrito que considera propio. La denominada «malvinización», en tanto, llevó a que 135 intendentes bonaerenses mostraran explícitamente su apoyo a la negociación de la deuda provincial que encara el gobernador Kicillof. Días antes, dirigentes sindicales y empresariales habían ido a Olivos a expresarse en esa misma línea sobre la renegociación de la deuda nacional. En ese caso, la voz discordante fue la de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien se quejó de que en la foto no había ninguna mujer.
Un viejo mito dice que todo nuevo Gobierno goza de 100 días de luna de miel con la sociedad y los medios antes de recibir las primeras críticas a su gestión. En el caso de Alberto Fernández puede decirse que esos 100 días expiraron aún antes de que asumiera y que entre el discurso inaugural del 10 de diciembre y el de apertura de las sesiones del Congreso, el 1º de marzo, la oposición mostró que el nuevo inquilino de la Casa Rosada no las tendría fácil en un contexto por demás adverso. Desde que se oficializó su candidatura presidencial, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner planteó que un punto esencial de su agenda es terminar con la división y el enfrentamiento en la sociedad, eso que periodísticamente se definió como «grieta». De ahí su insistencia en presentar su plan de gobierno como un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social sobre el que gire la administración de la cosa pública en los cuatro años que tiene por delante. Los sectores más duros de Juntos por el Cambio, con todo, no parecen dispuestos a hacerle fácil ese camino. En ese contexto, Fernández habla claro acerca de la situación económica del país. «Esta primera etapa –dijo ante los legisladores– (la propuesta) consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes menos tienen». En un escenario donde los medios concentrados reflejan con asiduidad la posición de los bonistas en torno a la negociación de la deuda, llevar calma a las afiebradas aguas de los mercados parece una tarea ciclópea. Aun así, mientras se lleva adelante la renegociación de los pagos (ver Frentes abiertos) el mandatario eligió varios desafíos en estos primeros días, fundamentalmente tratar de encauzar la economía y reducir la pobreza. Es así que una de las figuras más requeridas en este tramo seguramente sea el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien comandó la entrega de tarjetas del plan alimentario para cuatro millones de personas y enfrenta la tragedia de la comunidad wichi de Salta, donde murieron 9 niños por desnutrición. Los medios parecen haber descubierto recién que esas poblaciones carecen de agua potable.
Entre sótanos y fugas Para enfrentar una pobreza que trepó al 40% en la última gestión, además, Arroyo anunció la reactivación de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) con la que aspira a otorgar créditos no bancarios destinados a la compra de insumos para producción, herramientas y maquinarias. De ese modo articularía un proyecto que, entre otros objetivos, propone vincular los planes sociales con el empleo formal. Otra iniciativa en esa área está dedicada a los jóvenes catalogados como Ni-Ni, que no trabajan ni estudian. Se trata de cerca de un millón de jóvenes que podrán acceder a un «esquema de empalme» por el cual quien cobra un plan y consigue trabajo pueda mantener ambos ingresos por seis meses, como una forma de ir estabilizando su situación personal. Otro tema ineludible, en términos de institucionalidad democrática, es el de los cambios en el sistema judicial (ver Reforma en disputa). En esa línea, el Gobierno desclasificó testimonios y archivos de la causa AMIA y modificó la Ley de Inteligencia, prohibiendo que la AFI intervenga en investigaciones judiciales. Una cuestión ríspida en un área que en su mensaje Fernández englobó bajo el concepto de «sótanos de la democracia». El presidente también anunció una investigación para conocer la ruta del dinero de la deuda externa. «Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero», sostuvo en referencia a los créditos otorgados por el FMI al país durante el macrismo. La generación de divisas y la productividad es uno de los ejes en los que Fernández suele hacer hincapié. En tal sentido, a su juicio, una herramienta fundamental para el crecimiento pasa por la educación y el fomento del área de ciencia y tecnología. Un rubro que quedó en la banquina durante la gestión macrista. «Somos un Gobierno de científicos y no de CEO», dijo el presidente, despertando respuestas de la oposición, pero también críticas de algunos sectores del oficialismo que le reprochan olvidar que para hacer política se necesitan políticos. En la presentación de su agenda, el titular del Ejecutivo se dio tiempo para anunciar un plan de desarrollo hidrocarburífero y minero. La apuesta por Vaca Muerta choca con la inestabilidad mundial provocada por la epidemia de coronavirus, que hizo caer el precio del petróleo y los minerales. Otro problema que repercute fronteras adentro y con consecuencias no solo sanitarias. En el sector especifico de la salud, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para legalizar el aborto. Al mismo tiempo, Fernández propuso el Plan de los 1.000 días «para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida». Como ya se había visto el año pasado, el debate sobre una ley de aborto genera agrios enfrentamientos con la Iglesia Católica y un duro debate en la ciudadanía. Es difícil de prever cómo le irá a la propuesta en el Congreso Nacional. La diferencia sustancial con 2019 es que esa vez Mauricio Macri abrió el debate por recomendación de sus estrategas políticos, luego se declaró prescindente, para finalmente decir que estaba en contra. Ahora el compromiso presidencial es explícito. En aquella oportunidad la iniciativa pasó ajustadamente en Diputados pero naufragó en Senadores. Lo cierto es que no hubo un cambio muy grande en la composición ideológica de la Cámara Alta, al punto que el propio jefe de la bancada del oficialismo, José Mayans, adelantó que está en contra y que no acompañará la propuesta. El Gobierno de Alberto Fernández enfrenta un complejo panorama internacional. A la distancia personal que mantiene con el presidente brasileño se agrega que desde el 1º de marzo del otro lado del Río de la Plata hay un Gobierno de derecha promercado, que la situación en Bolivia está comprometida y que para una negociación favorable por la deuda necesitará de la anuencia de la Casa Blanca.
Deuda social. La cantidad de pobres e indigentes supera el 40%. Las comunidades wichi de Salta atraviesan una situación extrema. (AFP/Dachary)
En este panorama, resulta bastante osada su postura en relación con Evo Morales, cuando desde los medios hegemónicos le sugieren sin reservas que lo expulse del país. Sin explicitar razones que no sean de pura conveniencia política, es decir, para mejorar el diálogo con Donald Trump, Fernández recalcó que su vocación es «fortalecer una integración regional y global que a su vez sea una integración social, productiva y democrática de nuestros países». Además, pasó bastante inadvertido, pero en su mensaje ante la Asamblea Legislativa el presidente dijo lo que para los sectores del periodismo y el análisis político más cercanos a la derecha puede ser calificado como irreverencia: «Hemos abierto nuevos canales de diálogo con potencias de América y Europa (y) estamos trabajando activamente en reafirmar nuestras asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia».
Grietas y tensiones Así como el macrismo creció políticamente al amparo de una fuerte tensión con el kirchnerismo, hay núcleos duros de la coalición que triunfó en octubre pasado a quienes el tono medido y pragmático de Alberto Fernández les deja sabor a poco. Para la oposición, en tanto, mantener latente esa «grieta» es una manera de cauterizar fisuras y solidificar el frente que llevó al poder a Mauricio Macri en 2015. Así, los grupos más duros se abroquelan en las redes sociales y aprovechan los generosos micrófonos de los medios hegemónicos para plantear disidencias. Del otro lado, esos mismos medios enfatizan las diferencias de criterios entre fracciones de la coalición gobernante y buscan abrir una hendija entre Alberto y Cristina Fernández para de esta forma horadar al oficialismo. La votación de la reforma en el sistema jubilatorio de jueces y diplomáticos, que pasó por Diputados con quorum ajustado, mostró cómo se aplican esas estrategias. El intenso debate parlamentario quedó relegado por la discusión acerca de la legitimidad o no de la presencia de Daniel Scioli en el recinto. El exgobernador bonaerense, designado embajador en Brasil, en ese momento aún no había renunciado a su banca ni asumido en el nuevo cargo. La liberación de exfuncionarios kirchneristas encarcelados representa otro duelo mediático que repercute en la Casa Rosada, porque el presidente en cierto modo se niega a calificarlos de presos políticos. Otra crítica de la oposición es que el Gobierno aún no tiene un plan económico, que –dicen– solo habla de generalidades. Según el diputado nacional Carlos Heller, «para muchos tener un plan es el plan del Fondo Monetario, lo que implicaría recortes en los gastos. Como ese no es el plan, dicen que no hay plan». El lockout de las patronales del campo es un capítulo de esta disputa por la bitácora presidencial. Un primer análisis podría enmarcar a la medida en la estrategia de unificar a los propios entre las huestes macristas. Es cierto que muchos de los convocantes son dirigentes del PRO o movilizaron en favor de Macri. Pero también es necesario percibir que muchos de ellos tal vez ya no se sientan representados por el macrismo. Después de todo, el aumento de retenciones se inició en septiembre de 2018. Productores como el cordobés Alejandro Dalmasso, de la localidad de Altos Fierro, quien se puso al frente de los tractorazos en la provincia mediterránea y explicó su posición en algunos reportajes radiales: «El dinero de las retenciones, en los últimos años, se puso en manos de los políticos. Prueben dejar la plata en manos de quien la genera y no de los políticos que nos llevaron a este desastre económico». Un discurso más afín a José Luis Espert y sus huestes libertarias que al expresidente.
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