Fue el cruce más fuerte en 30 años de Mercosur entre dos gobernantes. Y lo fue básicamente porque tanto el mandatario uruguayo como el argentino rompieron reglas tradicionales de la diplomacia que contemplan el trato amable y, de haber puñaladas, que no sean a la vista del público. La pandemia fue la excusa para que la celebración no fuera presencial y el anfitrión, Alberto Fernández, en su condición de presidente pro témpore de la organización regional, cerró el encuentro respondiendo agriamente al desafío de Luis Lacalle Pou. Quedará en la memoria de la integración regional ese “si somos un lastre, que tomen otro barco”. Tanto como el corset en que dice sentirse el uruguayo por las reglas de una institución a la que adhirió su padre, Luis Alberto Lacalle de Herrera, junto con Carlos Menem, Fernando Collor de Mello y Andrés Rodríguez Pedotti, el 26 de marzo de 1991.
Como una vela que fue perdiendo iluminación, el Mercosur venía empañándose luego de varios años de decadencia innegable. Tal vez el enfrentamiento despabile a una organización nacida con el regreso a las democracias locales tras las violentas dictaduras en el Cono Sur, y que habían impulsado Raúl Alfonsín, José Sarney y José María Sanguinetti en 1985.
Alberto Fernández recordó lateralmente aquellos antecedentes y se ciñó al postulado de que el Mercosur debe ser una plataforma de unidad. “‘Nadie se salva solo’, suele decir el Papa Francisco, y tiene razón”, dijo, aludiendo, de paso, a un líder mundial salido de estas tierras.
Las tensiones que afloraron este viernes no son nuevas y ni siquiera son desconocidas para todos los que participaron del encuentro virtual en el que se destacaba la gigantografía del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros en el Museo del Bicentenario con un gesto que claramente en el contexto del debate implicaba: “Paren la mano”.
Es que el gobierno nacional es consciente del escenario en que se desenvuelven las actuales controversias. El Mercosur venía estancado desde la crisis financiera mundial de 2008, por la forma en que cada uno reaccionó a las consecuencias. En Argentina el proteccionismo se exacerbó, con Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior, al punto de que generó roces con los mandatarios del momento. Y eso que había coincidencia ideológica fundamental entre los Kirchner, el Frente Amplio y el PT brasileño.
Con el cambio de los vientos y la llegada del recetario neoliberal –tras sendos golpes en Paraguay y Brasil y el triunfo de la derecha en Argentina y Uruguay–, el Mercosur ya no solo era un escenario de disputa comercial sino de concepciones del mundo a la medida de las élites tradicionales. De allí que el primer paso fuera la expulsión de Venezuela, que había penado durante años para que el Senado paraguayo terminara por aceptar su ingreso (ver aparte).
En lo político, precisamente, el gobierno bolivariano es un límite y una excusa. No es casual –por más que en la Casa Rosada intenten negarlo– que horas antes de la cumbre la Cancillería formalizara el retiro del Grupo de Lima, el bloque inventado para forzar un cambio de régimen en el país caribeño.
Desde el punto de vista económico, las presiones por bajar los aranceles comunes y liberalizar acuerdos por fuera del Mercosur son alentadas tanto por Bolsonaro y su ministro Paulo Guedes como por el paraguayo Mario Abdo Benítez. De hecho, desde diciembre pasado habían planteado que vendrían a este encuentro con el objetivo de hablar de acuerdos con Corea del Sur, el Bloque del Pacífico, la Unión Europea, los bloques asiáticos y China.
Es cierto que en lo que va del siglo XXI el comercio interzona fue reduciéndose en volumen frente al impulso de las compras de China, un mercado fabuloso para los productos agroindustriales. Por eso Fernández habló de que se debe defender ese aspecto de la economía regional pero también la industria en general, que para Argentina puede terminar perjudicada si hay más apertura. Pero no es menos cierto que el Mercosur es el mercado natural para los productos de cada uno de los países y que Argentina tendría razones para quejarse porque es deficitaria con todos desde hace décadas.
Las críticas de la derecha local y la oriental, como era de esperar, apuntan a lo que consideran un exabrupto albertista y justifican a Lacalle Pou. Hablan de aislacionismo y ridiculizan las propuestas argentinas para, por ejemplo, “cuidar la calidad democrática, combatir la violencia de género y apostar a un desarrollo sostenible”. Ignoran olímpicamente la presentación del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, lo que sería un avance fundamental en el camino para que la integración no sea solo para beneficio de las multinacionales y los grandes jugadores de las economías locales sino para la construcción de una nacionalidad sudamericana.
Por ahora, en ese sentido hay poca cosa en vigencia, más allá de las patentes de los vehículos.
Contra de los augurios apocalípticos, no se espera que alguien se baje del Mercosur en mitad del río. Las conversaciones sobre la baja de aranceles se llevarán a cabo, como estaba previsto, el 22 de abril. Desde las cancillerías se apuraron a reflejar el buen trato personal que mantuvieron desde el inicio Fernández y Lacalle Pou, y minimizan el disgusto por las reiteradas ofertas del uruguayo para que magnates argentinos crucen el charco para pagar menos impuestos que acá.
Vacunas y algo más
“Quisiera enfatizar la importancia de tener una posición firme y unida del bloque para la obtención de las vacunas contra el COVID-19”, dijo Mario Abdo Benítez en la cumbre. Lo que no dijo es que entre las pocas vacunas que se consiguen en esta parte del mundo están las chinas, y Paraguay no tiene relaciones con el gigante asiático porque nunca quiso romper con Taiwan, un territorio que Beijing señala como propio. El Senado paraguayo rechazó el ingreso de Venezuela al Mercosur por una cerrazón similar. Solo fue aceptado tras el golpe contra Fernando Lugo y la expulsión temporal de ese país. Ahora es la Cámara alta brasileña la que demora el ingreso pleno de Bolivia, como reclamó el presidente Luis Arce. ¿Hubiera habido golpe en el país andino de haber sido parte del Mercosur?
La celebración de los 30 años del Mercosur dejó el sabor amargo de un choque que compromete seriamente un proyecto que apelaba a la esperanza de construir una organización regional para potenciar a sus miembros en la disputa en un mundo donde los débiles no prosperan. Un proyecto que convidaba a unir en las diferencias y que desde el puntapié inicial de Raúl Alfonsín y José Sarney en 1985, avanzó a los tumbos, pero se fue quedando a mitad de camino.
En el tramo inicial, desde aquel 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, las críticas de sectores de la izquierda eran que era un acuerdo a la medida de las multinacionales afincadas fundamentalmente en Brasil y Argentina. Carlos Menem y su reciente plan de Convertibilidad, Fernando Collor de Mello del otro lado de la frontera, eran las caras más visibles de ese acontecimiento, cuando la caída del bloque socialista era un hecho y el neoliberalismo aparecía como la única opción en vigencia.
Con la llegada al poder de Lula da Silva, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, se consolidó un bloque decidido a una integración política más profunda y a otra mirada sobre el desarrollo de los países sudamericanos. De ese eje nació, junto con Hugo Chávez, el No al ALCA de 2005 en Mar del Plata y un impulso para reunir a América del Sur en intereses comunes, cosa de hablar más fuerte y más alto en las grandes ligas. La incorporación de Venezuela, en 2012 y pese al rechazo del Senado paraguayo, buscaba ser desde lo económico una buena alianza entre el poderío industrial argentino-brasileño con la energía que podría proveer la nación caribeña.
El golpe contra Fernando Lugo fue como un cross a la mandíbula, en la ciudad donde se gestó ese esbozo de unidad regional, mientras se demoraba el ingreso de Bolivia y Chile.
La llegada de Mauricio Macri, el derrocamiento de Dilma Rousseff y el cambio de paradigma en Brasilia y Buenos Aires, más la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con sus planes de desarticular todos los organismos supranacionales -comenzando por los que integraba Estados Unidos- fue acicate para, por ejemplo, el Brexit en Europa. Cómo no lo iba a ser para una integración latinoamericana siempre dificultosa por los intereses de las oligarquías locales tan ligados a los de los centros financieros internacionales.
Las ideas de libre mercado y baja de aranceles externos, siempre latentes en las elites empresarias, tuvieron más aire desde el 2016. Venezuela fue mala palabra y terminó expulsada del Mercosur, y Paraguay y Uruguay, los socios menores del club, tuvieron más eco con Jair Bolsonaro y el gobierno macrista en su interés por dejar el barco.
Había caldo de cultivo. Porque ese ímpetu inicial del Mercosur y su reconversión de los primeros años del siglo XXI fueron perdiendo fuerza a medida que se profundizaron las crisis particulares en cada uno de sus integrantes por la hecatombe internacional del 2008.
No fueron estos últimos cinco años. No fue con el fallido anuncio de un acuerdo Mercosur-UE. Venía desde las iniciativas internas para proteger la competitividad regional de las industrias argentina y brasileña en los albores del 2010, que terminaron perjudicando a la economía de los socios menores. Ya en tiempos de José Mujica hubo planteos en Uruguay para negociar acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur. Para saltar de ese corset que el actual mandatario, Luis Lacalle Pou, trajo de vuelta a la mesa de discusiones.
Las palabras del presidente oriental fueron duras. Más ásperas fueron las frases con que Alberto Fernández clausuró el encuentro virtual por el trigésimo aniversario de la alicaída organización regional. “No queremos ser una carga para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie”.
Como desde aquel primer encuentro entre Alfonsín y Sarney, el gran dilema del Mercosur es el de cómo defender los propios intereses ante el resto del mundo. Y como entonces, la cuestión de fondo pasa por los aranceles comunes externos. Para Fernández, “la inserción del Mercosur en el mundo global debe darse en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra”. Pero no todos ven el momento del mismo modo.
Una verdadera integración es una alianza en la que todos ganen. No todos parecen estar satisfechos con el Mercosur que supimos construir en tres décadas. Tal vez no sea solo una cuestión ideológica lo que está en danza. Tal vez no es solo la patente de un automóvil lo que nos identifique, o el Estatuto de Ciudadanía que debe implementarse. Tal vez, la mudanza de magnates argentinos a la otra orilla no sea solo un acto de rebeldía fiscal. Tal vez es la certificación de que lo que falta construir es más complejo que un enfrentamiento por zoom entre mandatarios circunstanciales.
Como se dice en otros lares, la dirigencia política ya dio el pistoletazo de largada a la campaña electoral de medio término. Así, en medio de la hostilidad de la oposición por las repercusiones de los casos de vacunación irregular contra el COVID-19, en su segundo discurso de inauguración de sesiones parlamentarias, el presidente Alberto Fernández salió a la ofensiva en algunos de los temas que a lo largo de 2020 quedaron suspendidos o demorados por la pandemia. En plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la voluminosa deuda heredada, dijo que impulsará una querella criminal para determinar quiénes, en el proceso de endeudamiento ante dicho organismo, han sido autores de delitos como administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Y se comprometió a llevar esa misma postura ante las autoridades del ente crediticio responsables de haber otorgado los préstamos al Gobierno de Mauricio Macri en 2018. También fue muy explícito en su reclamo de reforma judicial. Sin nombrar a Carlos Stornelli, habló de un fiscal «procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara» e ironizó que no fue detenido bajo lo que se llamó Doctrina Irurzun, porque «su poder no es residual, es vigente». Un año atrás, la propuesta de reforma judicial aparecía como la respuesta a un compromiso asumido durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada. Y si bien es cierto que dio un giro copernicano en el manejo del servicio de inteligencia –blanqueando, entre otras cosas, la caja negra– y cortó la promiscuidad que reinaba en la relación entre agentes de la AFI con jueces y fiscales, es muy poco lo que pudo avanzar para el gusto de muchos que votaron al binomio Fernández-Fernández.
Con la lupa en Tribunales Dedicó unos minutos también para la Corte Suprema, en la que, deslizó, hay una persona que supera la edad máxima que contempla la Constitución, pero sigue en el cargo gracias a acordadas de sus pares. «Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad», añadió, como el de no pagar impuesto a las Ganancias. Ya estaba claro antes del discurso que el Gobierno no esperaba una tregua por parte del Poder Judicial, de ahí que el presidente haya descripto con crudeza los problemas en el funcionamiento de los tribunales. Con dificultades para consensuar entre los propios y el bloque opositor, el país sigue sin contar con un Procurador debidamente aprobado en el Senado, como recordó en su mensaje el mandatario. No es solo un problema para el oficialismo, lo es para todo el sistema democrático, ya que la anterior jefa de los fiscales debió renunciar luego de una presión inédita de los poderes fácticos sobre ella y su familia, en diciembre de 2017. Desde entonces ese cargo clave para la Justicia está en manos de un interino. Mientras tanto, desde el rincón más rancio del Poder Judicial se envían señales de que no se deben esperar acuerdos de convivencia, amparados en una potente cobertura mediática. Tanto como para que pase por «presión intolerable» el reclamo de Anses hacia aquellos funcionarios que ante el cambio de modalidad de la liquidación de la jubilación presentaron los papeles para el retiro, pero siguen en funciones. Son funcionarios que iniciaron los trámites para mantener privilegios, pero se atornillan al asiento para no perder poder. «Deben elegir entre la Patria y el bolsillo»; ironizó alguien, sintetizando el objetivo de Anses. El fallo sobre una de las causas contra Lázaro Báez, tras un acoso inocultable sobre una de las juezas del Tribunal Oral Federal 4 para que se implique a Cristina Fernández por su presunta responsabilidad en el origen del dinero encontrado en cuentas suizas del empresario, es una prueba de ello. En todo el proceso no se pudo probar que fuera testaferro de la familia Kirchner ni que haya habido sobreprecios en las obras adjudicadas a sus firmas. En su discurso en el Congreso, el presidente se dio tiempo para cuestionar el rol de muchos comunicadores a los que evitó nombrar, aunque los definió como «quienes tras el disfraz de la objetividad preservan intereses de poderes económicos concentrados». Pocos gobiernos desde el 83 en adelante enfrentaron la oposición sistemática de los medios más influyentes desde antes incluso de asumir el cargo como Fernández.
Lo que está en juego La campaña promete ser particularmente dura. Las bolsas negras en la Plaza de Mayo del 27 de febrero son apenas una muestra brutal del perfil que proponen algunas líneas internas de Juntos por el Cambio (JxC). En tanto, el futuro de la gestión del Frente de Todos (FdT) parece atado a cómo logre implementar satisfactoriamente el plan de vacunación y, a las puertas del otoño, se pueda frenar una segunda ola de contagios que sería fatal para la recuperación económica. Luego de un año signado por restricciones sanitarias, el Gobierno también debe demostrar que es capaz de frenar un proceso inflacionario que golpea fundamentalmente a los sectores sociales más postergados. Estos comicios son cruciales para que Fernández pueda obtener, en una hipótesis optimista, suficiente respaldo en las urnas para desarrollar la rezagada agenda de 2019. La peor noticia para el oficialismo sería quedar con una minoría que lo deje a merced de los sectores más ultras de la oposición. Lo que, en vista de antecedentes no tan lejanos, implicaría un bloqueo o tener que negociar en un escenario totalmente hostil. La principal fuerza opositora promete agitar en el proceso electoral las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta. La mesa judicial del anterior Gobierno, cuya existencia fue reconocida por la exdiputada Elisa Carrió, funcionó como un mecanismo de relojería hace cuatro años, cuando el macrismo ganó con cierta holgura la elección de medio término. Gran parte de esas bancas deben ahora someterse a escrutinio. Lo que la alianza JxC se juega son los escaños logrados durante su máximo punto de acercamiento con la ciudadanía, cuando logró triunfar en varias provincias. En ese momento, nadie en el entonces oficialismo dudaba que habría Macri hasta 2023 y macrismo por varias generaciones más. Fue a fin de ese mismo año, solo un par de meses después, que comenzó el derrape.
Avivadas y transparencia
Cuando el Gobierno de Alberto Fernández se encaminaba a celebrar la llegada del grueso de las partidas de la vacuna Sputnik V y poner velocidad máxima al mayor plan de vacunación conocido en el país, la auto denuncia del periodista Horacio Verbitsky detonó el escándalo de un vacunatorio irregular en el Ministerio de Salud. El caso minó la credibilidad en un tema tan sensible para la población, hastiada de tener que resguardarse del coronavirus este largo año. Fue un regalo para la oposición. Pero el tema desnuda características de la idiosincrasia argentina y de los tiempos de inmediatez irracional que se viven. Por un lado, los mismos que hace pocas semanas cuestionaban a la «vacuna rusa» y habían presentado una denuncia judicial contra el presidente por envenenamiento o proponían que se vacunara al 48,24% que votó al FdT «y no se hable más» –tal cual recordó Fernández en su discurso– gritaban en reclamo de sus vacunas. Se extendió incluso un manto de sospecha sobre toda persona vacunada y hasta sobre la funcionaria que llevó adelante todo el proceso de vacunaciones –una verdadera experta en el asunto–, la ahora ministra Carla Vizzotti. Veloz, el presidente pidió la renuncia de Ginés González García y bajó del avión en el que iba a viajar a México al diputado Eduardo Valdés y al senador Jorge Taiana. Pero luego intentó minimizar el asunto diciendo que las denuncias judiciales que arreciaron eran «una pavada» y que no había delito en adelantarse en la fila. Después reclamó la misma celeridad judicial con las causas por corrupción que involucran al anterior Gobierno y al propio expresidente. Sin embargo, la indignación tensó a opositores y a oficialistas por igual, sobre todo por los implicados. El ministro, un sanitarista reconocido como uno de los más destacados de la historia argentina. El ex canciller, por el peso de su palabra y de su compromiso personal y familiar por la democracia. Y un periodista de predicamento y prosapia, amigo del presidente. Quizás todo sea fruto del mismo árbol. No es buena política el «¿y vos qué? » como respuesta. Adelantarse en la fila es una avivada que indigna, lo mismo que dar unos pesos para conseguir un mejor lugar en un teatro o apurar un turno en alguna dependencia o adelantarse por la banquina cuando hay un embotellamiento en una ruta. Como también lo es aprovechar el cargo en el Estado, cambiar reglamentos o amañar contratos para hacer negocios o favorecer a familiares y amigos. O hacerse amigo del juez, como recomendaba el viejo Vizcacha.
Campaña. La inmunización masiva en marcha es la más grande de la historia. (NA)
Dos encuentros virtuales, como mandan los tiempos, mostraron los enfoques contradictorios que se debaten sobre la economía global tras la pandemia. Por un lado se hizo el Foro Económico Mundial de Davos, que cumplió 50 años de prédica empresarial. Como contracara, la cumbre del Grupo de Puebla (GDP), que reúne a líderes políticos regionales. Desde 2001, el Foro Social Mundial (FSM) –nacido en Porto Alegre– alumbró esperanzas de «otro mundo posible» y pavimentó el ascenso del progresismo en América Latina y hasta alentó miradas diferentes en Europa. Caído en el ostracismo tras el golpe contra Dilma Rousseff y la llegada de gobiernos de derecha, ese lugar estaba vacante. Hace menos de dos años, personalidades influyentes de todo el continente, entre los que estuvo Alberto Fernández, se reunieron en busca de otra agenda social. Si bien el encuentro no ocupa el mismo espacio que el FSM, puede convertirse en un contrapeso a las soluciones que se insisten desde el otro lado del océano como verdad revelada. Participan del GDP expresidentes y dirigentes de la región. Como titular pro tempore del Mercosur y único mandatario en ejercicio de ese sector político, Fernández inauguró el simposio latinoamericano. Como presidente argentino, participó del encuentro anual del FEM. En ambas lides desplegó un discurso similar. «La opción no es la vida o la economía, sino la vida con mejor economía», dijo ante los principales inversores y dirigentes de empresa del mundo. Líderes también, pero de corporaciones privadas. Organizado esta vez bajo el lema «El gran reinicio», Klaus Schwab, el empresario y filántropo alemán que fundó ese foro en la ciudad suiza de Davos, argumentó que «la pandemia representa una oportunidad, inusual y reducida, para reflexionar, re imaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero». Argentina no había quedado muy bien calificada por el manejo de la pandemia y la brutal caída de la actividad económica en el informe sobre la situación mundial, el «Reporte de Riesgo Global 2021», que se presentó en el FEM. La posición de Fernández fue que el contexto no da para austeridades. Pero en el FEM aparecieron advertencias sobre el riesgo para uno de los postulados clave del neoliberalismo, como es la independencia de los bancos centrales, cuando los gobiernos necesitan insuflar dinero a las economías. En Puebla, el entorno es más afín a los ejes que marcaron la plataforma electoral que resultó ganadora en los comicios argentinos de 2019. En el GDP se cruzaron definiciones sobre el futuro de la humanidad tras el COVID-19, y sobre la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. «Tenemos que pensar en un modelo alternativo de desarrollo al neoliberalismo», fue la premisa. Y los participantes, desde los expresidentes Lula da Silva y Dilma, a Rafael Correa y Ernesto Samper, no se cansaron de apostar a la unidad latinoamericana para llevarla a la práctica. Los años de Donald Trump fueron de enorme retroceso para ese proyecto estratégico. «Es esencial que América Latina vuelva a integrarse y a discutir. Unidos podemos lograr mucho más que separados», destacó Fernández, quien poco después inició una gira por Chile, donde se entrevistó con el presidente Sebastián Piñera y con los principales líderes de la oposición. El documento final de Puebla pide «devolver al Estado las empresas privatizadas y darle un papel distinto a la sociedad civil». Davos no produjo una conclusión final. La tibia propuesta de reconfigurar el crecimiento económico para ampliar la base de beneficiarios del sistema desnudó el temor de las elites mundiales a una explosión social incontrolable. Solo buenas intenciones. En medio siglo, esta «cumbre de los millonarios» no produjo un capitalismo menos salvaje. Peor aún, proclama una ética empresaria caritativa. Pero las 20 personas más ricas del planeta acumularon un patrimonio conjunto de 1,77 billones de dólares en 2020, un 24% más que hace un año.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2021
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