Es difícil prever el impacto de la multitudinaria marcha del martes 23 de abril en la vida política nacional, pero que removió el avispero fue algo muy evidente. Y en el entorno del presidente Javier Milei lo sospechaban desde antes. Por eso tuvo tres intervenciones públicas casi al hilo para tratar de sostener su imagen ante lo que imaginó, con razón, una tormenta en contra en vista del malestar de gran parte de la sociedad por las medidas económicas que puso en marcha desde el 10 de diciembre. En el discurso del viernes en el hotel Llao Llao ante los empresarios más beneficiados por su plan económico, el presidente dijo que el que fuga dólares «es un héroe, (porque) logró escaparse de las garras del Estado». Un argumento que combina perfectamente con el de Mauricio Macri, cuando afirmó que «en este país para ganar plata hay que evadir impuestos» y el del actual inquilino de la Casa Rosada llamando a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. El lunes 22, horas antes de la marcha en defensa de la universidad pública, Milei celebró desde un mensaje en cadena nacional de 16 minutos haber «logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno». El miércoles, en la más histriónica de sus presentaciones, en el foro de la Fundación Libertad en Parque Norte, luego de burlarse de economistas de su propio palo que cuestionan el rumbo de sus medidas, y en lo que se pareció a una clase de economía para principiantes, aleccionó que entre las primeras monedas de intercambio en la historia de la humanidad estuvo la sal, valiosa porque «permitía que tenga gusto a algo la comida», que de otro modo sería «una cosa horrible». En todas estas apariciones el primer mandatario se enorgulleció del brutal recorte de presupuesto y ninguneó a quienes avizoran no solo que no hay un plan de estabilización detrás de esas jugadas, sino que el superávit que muestra no es sostenible en el tiempo ya que se basa en licuación de haberes de jubilados, postergación de pagos de importaciones y de ajustes que no podrán persistir sin que las protestas populares se incrementen. Algo de eso habían detectado desde el Ministerio de Economía, que insólitamente, tras percibir el enojo por los escandalosos aumentos en las cuotas de las prepagas, ordenó retrotraer los valores a diciembre, devolver lo supuestamente cobrado de más y actualizar solo por el índice de precios. Por si fuera poco, presentó un amparo judicial al que las empresas proveedoras respondieron: «Lo que está intentando obtener de la Justicia no es una decisión que involucre un conflicto entre partes adversas –caso judicial– sino la derogación judicial de lo dispuesto por el DNU 70/2023 y su reglamentario 171/2024». O sea, que la Justicia vaya contra una medida que dictó el propio Gobierno que hace el reclamo. Solo en ese escenario enrarecido se explica el discurso en cadena nacional, pero también el intento posterior de minimizar el mazazo que significó la marcha de estudiantes, dirigentes sindicales y políticos que contó con la convocatoria de los rectores de todas las universidades públicas y que movilizó a seguramente un millón de personas en todo el país. Tan importante fue y tan revelador, cuando la narrativa libertaria parecería haber calado hondo en la sociedad argentina como para haberle dado la mayoría en balotaje a Milei, que hasta la dirigencia más amigable y comunicadores aliados del Gobierno salieron de inmediato a dar un giro en el aire.
A dos bandas en el Congreso Desde los medios hegemónicos –muchos de ellos conducidos en programas centrales por egresados de instituciones públicas– recomendaron entonces a Milei que bajara un cambio y escuchara lo que dijeron las calles. Que, por otro lado, no es que se hayan expresado en un mensaje coincidente sobre el estado de cosas que se vive. Muchos habrán votado seguramente por La Libertad Avanza y a Juntos por el Cambio y acuerdan en la necesidad de bajar la inflación. Pero no sería osado decir que entienden a la educación pública, gratuita y de calidad como parte del ADN argentino desde muchas generaciones y que ahí hay un límite. Buscar reducir la cifra de manifestantes –un negacionismo propio de esos espacios reaccionarios– o pretender caratularlo como golpista o kirchnerista, o como hizo la vicepresidenta burlándose en un tuit de la fallecida Hebe de Bonafini, fue una reacción destemplada y de poco vuelo que duró poco. Lo concreto es que radicales y peronistas no K mostraron su adhesión –hasta Horacio Rodríguez Larreta se mostró en las redes– porque olfatearon que algo se estaba cocinando en esa olla a presión en la que el ajuste del Gobierno somete a la población. Percibieron con razón que hay un caldo de cultivo para algo que no saben qué es, entre gente que le había dado su apoyo a Milei para tener un horizonte creíble en el futuro y que ahora va viendo que por ahí tampoco era. El caso sería quién interpreta esa melodía y con quienes están dispuestos a ir de la mano quienes se pretendan protagonistas de lo que venga.
Diputados. El oficialismo logró aprobar en comisiones los proyectos de la Ley Bases y el denominado paquete fiscal.
Foto: NA
Había ocasión de dar muestras del nuevo registro el pasado miércoles, cuando algunos de los que habían marchado en favor de mayor presupuesto para la educación superior –el titular del bloque radical, Rodrigo de Loredo, fue el más notorio en su ambivalencia– no bajaron para dar quórum en el pleno de la Cámara Baja para tratar una iniciativa de Unión por la Patria acerca de dicho presupuesto. Ahí quedó expuesta la fractura en la UCR en algo que también forma parte de su ADN como es la educación pública, ya que solo faltaron cinco para abrir la sesión. En el Senado, Martín Lousteau, el presidente del partido, presentó en consecuencia su propio pedido para tratar una norma similar. Los diputados rosqueaban en otro estadio. Y el jueves aprobaron en comisión el renovado proyecto de la Ley Bases del oficialismo y, como cuestionaron desde UxP, metieron bajo cuerda una reforma laboral. En esta jugada participaron, además de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal, el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto. La nueva ya no tan megaley autoriza a privatizar Aerolíneas Argentinas, Aysa, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, entre otras empresas púbicas, y deja afuera al Banco Nación. Le da facultades especiales al presidente para eliminar organismos públicos y en el plano laboral, la iniciativa que saldrá este lunes al plenario, plantea aumentar el período de prueba a seis meses, elimina las multas por mala registración y proyecta crear un fondo de cese laboral en lugar de las indemnizaciones. El llamado «sistema UOCRA», por el que se utiliza en el gremio de la construcción. Por otro lado, de aprobarse la normativa, los trabajadores de la cuarta categoría volverán a pagar impuesto a las ganancias desde 1,8 millones de pesos. Ellos no será los héroes de esta historia, ya que no están en condiciones de evadir o fugar divisas. Mala de ellos.
El regreso En el principal armado opositor, envuelto aun en la crisis posderrota electoral, la reaparición pública de Cristina Fernández es un dato relevante. Por un lado, instó a superar las discusiones internas. Invitó a sus compañeros a no ir a estudios de tevé «a putear a otro compañero», en lugar de hablar, por ejemplo, del golpe al bolsillo popular que significan los brutales aumentos tarifarios de las últimas semanas. La expresidenta fustigó al modelo en marcha por sus graves consecuencias sociales. «En el discurso del lunes en Cadena Nacional, el presidente dijo que la recuperación y el crecimiento van a venir de cuatro lugares. Petróleo, gas, minería y el campo. Nos preanuncia una economía de carácter extractivista, precapitalista. Me hace acordar a la argentina del virreinato del Río de la Plata. Más que anarcocapitalismo, me suena a anarcocolonialismo, en eso no estamos de acuerdo», manifestó. Fernández analizó en detalle la situación de la energía y la educación y llamó a discutir estos temas en la agenda política, vinculándola a las necesidades de la gente. Y brindó algunos datos muy interesantes. Por caso, dijo, solo con los beneficios fiscales que se otorgan a Mercado Libre se cubrirían las necesidades presupuestarias de las universidades públicas. En resumen, queda por ver en las próximas semanas el impacto de esta intervención en el plano nacional y, fundamentalmente, en Unión por la Patria.
Más de 600 estudiantes fueron detenidos ya en manifestaciones que se realizan en 60 universidades de Estados Unidos contra la ofensiva militar de Israel en Gaza, y que corten relaciones con instituciones ligadas al Estado israelí. El caso más paradigmático es el de Columbia, donde se inició la protesta, y terminó complicando a la presidenta de la institución, que recibió una fuerte reprimenda de un panel de revisión por haber llamado a la policía para que reprimiera a los alumnos que habían armado un campamento frente al edificio central. Hubo, además, dos profesoras detenidas en la universidad de Emory, Atlanta, y una carta firmada por 200 docentes contra el titular de Texas, en Austin, por “haber puesto en peligro” a los manifestantes al convocar a una brigada antidisturbios que fue a dispersarlos con caballos.
La movida en Columbia comenzó hace unos diez días en reclamo de un cese el fuego y ayuda humanitaria a los pobladores de Gaza, que padecen una ofensiva feroz de las fuerzas armadas israelíes en represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre pasado en que perdieron la vida 1200 personas. Desde entonces se registran más de 34.000 muertos en Gaza, más de la mitad mujeres y niños, y el desplazamiento forzoso de 1,5 millones de habitantes en una operación que el Tribunal Penal Internacional de La Haya analiza como genocidio. De hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que desconoce la autoridad del TPI.
La presidenta de Columbia, Nemat “Minouche” Shafik, nacida en Egipto en el seno de una familia adinerada hace 61 años, es toda una eminencia en los centros del poder financiero internacional. Doctorada en Economía en Oxford, se ocupó de la oficina de Europa oriental del Banco Mundial tras la caída del Muro de Berlín, fue subdirectora del FMI para Medio Oriente entre 2011 y 2014 -cuando arreciaban las protestas de la Primavera Árabe-, y vicedirectora del Banco de Inglaterra durante el proceso del Brexit.
En la muy prestigiosa casa de estudios de Nueva York, esta mujer de nacionalidad británica y estadounidense, vuelve a estar en el centro de los acontecimientos, lo que quizás revele la profundidad de estas protestas, a las que los más veteranos comparan con las manifestaciones en contra de la Guerra de Vietnam en los ’60.
Cuando Shafik vio las primeras tiendas de campaña en el campus de la universidad, llamó a la policía. Tenía razones ideológicas –para los medios hegemónicos y la dirigencia política eran jóvenes antisemitas- pero también económicas. Uno de los principales donantes de Columbia es Robert Kraft, un multimillonario propietario del equipo de futbol americano New England Patriots, quien ya avisó que dejará de poner dinero debido a las manifestaciones. «Tengo la esperanza de que Columbia y sus dirigentes hagan frente a este odio poniendo fin a estas protestas de inmediato y trabajen para recuperar el respeto y la confianza de muchos de nosotros que hemos perdido fe en la institución».
Lejos de calmar los ánimos, la represión incentivó a estudiantes y docentes de otras universidades, que salieron en apoyo de Palestina en todo el país, desde Berkeley hasta Princeton –donde dio clases Albert Einstein-Harvard y Yale. Luego adhirieron las universidades australianas de Sídney y Melbourne y la francesa Scienses Po. En Boston, este sábado fueron detenidos un centenar de jóvenes. «Lo que comenzó hace dos días como una protesta estudiantil ha sido infiltrada por organizadores profesionales sin conexión con la Universidad Northeastern», denunciaron autoridades de la Universidad de Boston. En Emory, Georgia, una profesora de 57 años, Caroline Fohlin, fue arrestada por haber recriminado a un policía que se llevaba preso a un estudiante. La directora del Departamento de Filosofía de esa institución, Noëlle McAfee también terminó esposada por sumarse al reclamo.
El New York Post, un diario fundado en 1801 que compró el magnate australiano Rupert Murdoch en 1976, publicó un informe en el que acusa a otro magnate, el húngaro George Soros, de estar financiando las protestas “para alimentar el odio a Israel” a través de una organización, Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP en inglés) mediante su ONG Open Society Foundations.
“Un grupo financiado por Soros llamado Campaña Estadounidense por los Derechos de los Palestinos (USCPR) proporciona hasta 7800 dólares a sus becarios comunitarios y entre 2880 y 3660 dólares a sus ‘becarios’ universitarios a cambio de dedicar ocho horas a la semana a organizar ‘campañas dirigidas por organizaciones palestinas”, dice el artículo que firma Isabel Vincent. “Están entrenados para levantarse y hacer la revolución”, agrega.
El presidente Biden condenó las protestas, a las que calificó de antisemitas. “Este antisemitismo es reprensible y peligroso, y no tiene absolutamente ningún lugar en los campus universitarios ni en ningún lugar de nuestro país”, insistió. En este aspecto, aún en medio de la campaña electoral, hay coincidencia bipartidista, ya que Donald Trump en su red social Truth escribió que “las protestas contra Israel que están sucediendo en todo el país” no son nada comparadas con las de Charlottesville, en agosto de 2017. Esa vez se lo acusó de fomentar a los grupos supremacistas blancos que desataron una batalla campal en una manifestación para sacar la estatua del general Robert Lee, héroe de los esclavistas del sur en la guerra de Secesión.
Otro que no quería quedar al margen de estos incidentes fue el secretario de Estado, Antony Blinken, de gira por Beijing, quien tras asegurar que las protestas muestran la «fuerza de la democracia» estadounidense, acusó a los estudiantes de guardar «silencio» sobre las acciones de Hamás.
Las presiones del gobierno de Benjamin Netanyahu dieron resultado y la Flotilla de la Libertad, que llevaría 5500 toneladas de ayuda humanitaria para Gaza y estaba pronta a partir desde Estambul, se suspendió hasta nuevo aviso. El subterfugio que encontró Israel luego de meter presión a las autoridades turcas fue “apretar a Guinea-Bissau para que retire las banderas de los buques”, dice el argentino Nicolás Sguiglia, uno de los 500 voluntarios de varias nacionalidades que iban en el convoy compuesto por tres buques: el Akdeniz, el Conscience y el carguero Anadolu, que recorrería esos 700 kilómetros hacia la Franja.
Sguiglia, rosarino de origen pero afincado en Málaga, donde llegó a concejal por Podemos, señala que las naves circulaban con bandera de ese país africano, que debe por lo tanto garantizar las condiciones para la navegación segura. «Algo que nunca había ocurrido, nos dijo el capitán, es que llegó un inspector y dijo que no estaban dadas las condiciones para zarpar», añade Sguiglia, A Israel le quedó servida para pedir una nueva revisión, lo que llevará días sino semanas. Ellos tienen todo el tiempo del mundo. “Se están gestionando otras banderas para los barcos; cuando se consigan, volvemos a unirnos y zarpar”, agrega Sguiglia.
En la Flotilla, que rememora aquella de mayo de 2010 cuando fuerzas israelíes bombardearon la caravana provocando la muerte de 16 personas y un incidente internacional con Turquía, viajaban desde argentinos como Carlos Trotta, de Médicos sin Fronteras, hasta la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la diputada de Podemos Martina Velarde, dirigentes gremiales de Irlanda y Argelia, legisladores de Jordania y veteranos de la guerra de Vietnam.
El viajero que puede cambiar la ecuación es Zwelivelile «Mandla» Mandela, nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela. A través de él se negocia ahora la posibilidad de que a la Flotilla se le ponga bandera de Sudáfrica, el país que hace unos meses presentó la demanda en el Tribunal de La Haya contra Israel por genocidio.
Sguiglia agregó a Tiempo que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, por su parte, enfrascado en su problemática local y regional, no ayudó demasiado para facilitar las cosas. «Ya recibió al líder de Hamas, Ismail Haniye, y le prometió impulsar una tregua en Gaza ahora que se está retirando Qatar».
El canciller iraní, Amir Abdollahian, minimizó la «contra-represalia» de Israel cerca de una base militar en Isfahan de la noche del jueves, que no causó víctimas, y dijo en una entrevista con la cadena NBC News que «mientras no haya nuevas aventuras del régimen israelí contra intereses iraníes, no responderemos». Para el ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán, no se trató de un ataque sino de «un vuelo de dos o tres cuadrirrotores como los juguetes con que se divierten nuestros niños». La posición oficial es música para los oídos de quienes quieren desescalar un conflicto que la semana pasada se puso especialmente tenso luego del ataque contra territorio israelí con unos 300 aparatos, entre drones y misiles, que hizo temer una extensión indetenible del conflicto.
A medida que pasan las horas resulta cada vez más claro que quienes desde países occidentales piden contención en el Medio Oriente no se refieren a Teherán sino al gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu, que está mostrando desde la incursión de Hamas del 7 de octubre contra la población de Gaza una sed de venganza que acerca a Israel a la categoría de estado genocida que se le endilga en la Corte de La Haya.
En estos días el veterano periodista estadounidense Seymour Hersh –en los ’60 reveló la masacre de tropas de EE UU en la aldea de My Lai, Vietnam, y hace unos meses la responsabilidad del gobierno de Joe Biden en el atentado contra las tuberías del Nord Stream II en el Mar del Norte– posteó en su cuenta de la plataforma Substack una frase significativa: «He pasado gran parte de mi carrera informando sobre las fechorías y cosas peores del ejército estadounidense (…) pero ahora es el momento de aplaudir la brillantez del personal de planificación del Pentágono y de los oficiales operativos que (permitieron) que Irán responda a otro asesinato israelí lanzando más de trescientos drones y misiles hacia objetivos israelíes (…) Fue una apuesta enorme y valió la pena».
Foto: Mohammed Huwais / AFP
Según los datos filtrados por la administración demócrata, Biden estaba irritado contra Netanyahu por el ataque inconsulto al consulado iraní en Damasco del 1 de abril que causó la muerte de 16 personas, entre ellos dos altos mandos del Cuerpo de Guardias de la Revolución Iraní. La sensación es que Tel Aviv busca involucrar a Estados Unidos en una guerra regional que la Casa Blanca no quiere en medio de la campaña electoral, aunque de todas maneras sigue enviando fondos y armas a Israel. Y que además, esta semana bloqueó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para aceptar como miembro de Naciones Unidas al Estado de Palestina.
Como no podía plantarse públicamente contra Israel, entonces, Biden anunció el jueves 11 de abril que Irán respondería al bombardeo en Siria y movió dos fichas en simultáneo: arregló con el gobierno iraní los términos de la represalia y coordinó con Francia, Jordania e Irak la intercepción de algunos de los drones que iban hacia Israel. Como para demostrarle a ambos contendientes poder de fuego. Y a «Bibi», que sin ayuda no hubieran podido.
El ataque iraní fue quirúrgico y daba para que todos celebraran. Israel porque se interceptaron, en palabras del Biden, el 99% de los aparatos, e Irán porque calmaba al CGRI, que no podía tolerar semejante desafío sin hacer nada. El 1% de 300 que según Washington no fue derribado es 3, y esos parecen haber sido los misiles que pasaron la Cúpula de Hierro e impactaron en la base militar en el desierto de Neguev desde donde salieron los aviones que atacaron el consulado. Allí habrían caído varios agentes de la Mossad, algo no confirmado por Tel Aviv ni muy ventilado por Teherán.
Israel a su vez, atacó ahora en Isfahán mientras que el ejército continuaba con su tarea de demolición en Gaza, ahora sobre la localidad de Rafah, en la frontera con Egipto. Se reportan ya unos 35.000 muertos pero la cifra crece día a día no sólo por las armas de fuego sino por hambre y enfermedades.
Para paliar esa situación en parte, desde Estambul está por partir la Flotilla de la Libertad, compuesta por un carguero, un ferry y un buque de pasajeros con 5500 toneladas de ayuda humanitaria. La expedición lleva a 500 voluntarios de 40 nacionalidades, entre los cuales hay un argentino, Nicolás Sguiglia, rosarino de origen y concejal de Podemos en Málaga. «El objetivo es evidenciar el boqueo criminal del Estado de Israel contra Gaza, que está impidiendo el ingreso de alimentación y material sanitario y médico pueda asistir a la población civil. Queremos poder descargar esta ayuda humanitaria en una misión completamente pacífica, no violenta». Junto a ellos viaja también Anna Wright, coronel retirada del ejército de EE UU y exdiplomática en Afganistán que renunció a sus cargos contraria a la invasión a Irak de 2003.
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