En otra de esas semanas agitadas que gusta poner sobre la mesa, Javier Milei tuvo sus primeros enfrentamientos directos con los gremios y recibió un fuerte rechazo por una política exterior que, en el caso de Malvinas, muestra más agachadas que conquistas para el país. Donde el presidente sí muestra esplendor a nivel personal es en el encuentro de la ultraderecha internacional, la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Estados Unidos, donde es presentado como «rock star», junto a Donald Trump, Nayib Bukele, Santiago Abascal, Steve Bannon y el obispo Jospeh Strickland, echado por el papa en noviembre pasado. El paro de La Fraternidad del miércoles pasado inauguró este encontronazo con un colectivo gremial. Cierto es que el 24 de enero hubo una masiva manifestación de la CGT, con un paro general de 12 horas, pero la visibilidad esa vez estuvo centrada en las miles de personas de a pie y militantes partidarios que quisieron expresar frente al Congreso Nacional su rechazo a las primeras medidas de la gestión que había asumido el 10 de diciembre, cuando comenzaba el tratamiento de la ley Ómnibus. Esta vez hubo una interrupción de servicio que golpeó directo en los cientos de miles de ciudadanos que utilizan a diario el ferrocarril, principalmente para trasladarse entre los distritos del AMBA y que muchos de ellos, a raíz de los exorbitantes aumentos en el costo de los pasajes, se ven obligados a saltar los molinetes para poder ir a trabajar. La huelga fue convocada por el sindicato que nuclea a los maquinistas. El incremento de los precios en los primeros dos meses de La Libertad Avanza en el poder son suficiente motivo para cualquier representante gremial. «Es en respuesta a la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante que deteriora los haberes –que gozan de carácter alimentario– del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables», sintetizó un comunicado que firma el secretario general, Omar Maturano.
Frentes abiertos El momento hizo recordar a aquel famoso «ramal que para, ramal que cierra» de los 90 cuando el presidente Carlos Menem amenazó a los ferroviarios que se oponían a la privatización de los servicios. Porque el Gobierno tuvo ocasión de destrabar el conflicto con el simple dictado de una conciliación obligatoria para mantener negociaciones y ganar tiempo; pero eligió el camino de la confrontación, que a Milei parece por un lado entusiasmarlo y por el otro todavía le estaría dando beneficios políticos. En un relato que lo presenta como el gran antagonista de una «casta» a la que acusa de la debacle económica del país, qué mejor enemigo para esa clase media que mira con desconfianza a los sindicalistas que someter a la población trabajadora a un día sin ferrocarriles. Eso incluso sirve para no hablar del brutal aumento de los boletos. El jueves, otro gremio en contacto estrecho con los ciudadanos como el de Sanidad tuvo su día de protesta. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) también reclama recomposición salarial ante una inflación que en diciembre fue de 25,5% y en enero de 20,6%, lo que licuó de manera abrupta el poder adquisitivo. En el caso de Fatsa, se trata de empleadores tan disímiles como los estados «nacional, provincial o municipal, empresas estatales, para-estatales, mixtas, privadas o personas físicas», según reza en su estatuto. De allí que la dirigencia se concentró frente al Sanatorio Otamendi, de la Ciudad de Buenos Aires, para detallar el motivo de sus demandas. «Se vive un momento particular, en el que el 90% de las actividades no pueden recomponer los ingresos», dijo el titular de Fatsa, Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT nacional. «Todavía no hemos podido cerrar la actualización salarial de 2023 y los índices de inflación de enero pulverizaron el poder de compra de los salarios de toda la actividad», agrega un comunicado del gremio.
De la mano. Gita Gopinath y Javier Milei, coincidencias sobre las políticas de ajuste.
Foto: NA
Los docentes, en tanto, tienen previsto un paro para el lunes 26. El Gobierno primero dijo que no convocaría a paritaria nacional y que tenía proyectado declarar al sector como servicio esencial –lo que limitaría el derecho de huelga– y llamó a los representantes gremiales para el martes, pero las clases en muchos distritos comienzan un día antes.
Monitoreo del norte Mientras tanto, la número 2 del FMI, Gita Gopinath, visitó el país para monitorear las primeras medidas del Gobierno, que festeja el déficit cero de enero como un gran triunfo, sin computar que se logró licuando los ingresos de trabajadores estatales, jubilados y pensionados y con una recesión inédita en nuestra historia. La economista india también se reunió con sindicalistas y empresarios pyme para testear el ánimo de esos sectores de la sociedad y evaluar hasta dónde están dispuestos a tolerar el feroz ajuste. El ministro de Economía, Luis Caputo, puede mostrar en las entrevistas amigables en el mainstream televisivo números y promesas difusas, pero la verdad pasa por otros lados. Y al FMI le interesa el ajuste tanto como la viabilidad de las medidas. Porque conoce la historia argentina, y porque no quiere quedar pegado a un nuevo fracaso político. De todas maneras, su gran logro es que en el centro de los debates políticos no aparece la deuda que contrajo el mismo Caputo en la gestión de Mauricio Macri. Y que en enero el resultado contable mostró que ahora se gasta más en el pago de la deuda que en jubilaciones. Algo que no ocurría en el país en este siglo.
Provocación británica El expremier británico David Cameron tuvo un gesto provocativo antes de llegar a Brasil para la cumbre de cancilleres del G20: fue a las Islas Malvinas y les dijo a los habitantes que esperaba que siguieran bajo el amparo del Reino Unido «por mucho, mucho tiempo, posiblemente para siempre». El viaje del «torie» despertó airadas protestas del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de dirigentes peronistas y de excombatientes, pero apenas un tímido tuit de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. Más habituada a la chicana en las redes sociales, como la mayoría en LLA, se limitó a ironizar que «valora el gesto de incluir a la Argentina en su visita a la región» y lo invitó a «recibirlo en una próxima ocasión en Buenos Aires». El vocero presidencial, Manuel Adorni, otro tuitero de fuste pero con dificultades para la palabra hablada, fue más melifluo: «La visita de David Cameron a Malvinas es un tema de agenda de David Cameron y del Gobierno inglés (…el Gobierno argentino) no tiene por qué opinar sobre la agenda de otros países». En el G20, Mondino posteó una foto con cara de disgusto junto a Cameron y la frase «poniendo las cosas en su lugar», sin especificar a que se refería. Es que para los dirigentes de LLA, una cosa es ser picante con los propios y otra con los de afuera. Sobre todo, cuando hablan en inglés.
Tras dos días de audiencias en el Tribunal londinense, los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson anunciaron este miércoles que se tomarán su tiempo para decidir si ordenan extraditar a Julian Assange a Estados Unidos. La excusa es que el caso contra el cofundador de WikiLeaks es suficientemente complejo como para analizar las cosas con detenimiento y pidieron documentación adicional a las partes para a más tardar el 4 de marzo. Mientras tanto, en todo el mundo crecen las demandas en favor del australiano, que en rigor de verdad hace 12 años que no ve la luz del sol y que en el Reino Unido no está acusado de ningún delito, aunque en EE UU enfrenta 17 cargos por violación a la ley anti espionaje de 1917, lo que podría equivaler a 175 años de prisión.
El caso levantó revuelo en ámbitos periodísticos, artísticos y políticos. Por ejemplo, luego de la entrevista con el presidente ruso, Vladimir Putin, el estadounidense Tucker Carlson entrevistó a la esposa de Assange, Stella Moris. “La administración Biden está tratando de matar al periodista por el delito de avergonzar a la CIA”, dijo Carlson en la presentación del programa en su red X en el que reclamó su liberación.
Otro que habló del tema es el sobrino del asesinado presidente John F. Kennedy, Robert Francis Kennedy JR, hijo del también asesinado ex secretario de Justicia de la administración de su hermano. Candidato independiente a la presidencia para noviembre de este año, RFK acusa al gobierno de querer eliminar a Assange por haber difundido información comprometida sobre las agencias de inteligencia de EEUU. De hecho, Kennedy Jr acusa a esas mismas agencias del magnicidio de su tío, registrado en Dallas el 22 de noviembre de 1963. “Voy a perdonar a Assange y a (Edward) Snowden el día 1” dijo, en referencia a su primera medida de llegar a la Casa Blanca y acerca del analista de la CIA que se exilió en Rusia tras denunciar los sistemas de vigilancia del gobierno, en 2013. “Voy a construir una estatua a Assange en algún lugar cerca de Washington Press Club y otra a Snowden frente a la sede de la CIA en Langley como lección de civismo para la República”, concluyó.
La actriz Susan Sarandon habló en una concentración frente al consulado británico en Nueva York. «Julian Assange es perseguido por decir una verdad vergonzosa y peligrosa que desafía la narrativa en muchas situaciones», dijo la protagonista de la icónica Thelma y Louise. “Es peligroso ver que no existe libertad de prensa, especialmente cuando ves cómo se callan ahora cuando no tuvieron problema en publicar un montón de esas revelaciones”.
Hay consenso entre los críticos de la persecución en que hay una particular inquina contra Assange que pone en riesgo la esencia misma de la libertad de prensa de parte de las administraciones de Donald Trump y de Biden. Incluso medios como The Intercept anotan en la lista al fiscal federal adjunto del Distrito este de Virginia que llevó adelante la acusación, Gordon Kromberg, cuyas supuestas pruebas se diseminan en toda la documentación que se ventila en Londres. Kromberg es visto por grupos de derechos civiles con extrema animadversión contra los musulmanes y ciudadanos simples a los que imputa acciones terroristas sin mayor fundamento. Lo que pone en tela de juicio la declaración del gobierno de Biden de que las acciones contra Assange no tienen un condimento político sino solo el deseo de juzgar actos de espionaje.
Semana de aniversarios y celebraciones en el Este europeo en el contexto del avance lento pero persistente de las tropas rusas en el campo de batalla de Ucrania al tiempo que Occidente –y especialmente la administración Joe Biden- responde con un paquete de más sanciones tras la muerte en prisión del opositor Alexéi Navalni.
Hubo en estos días una seguidilla de fechas conmemorativas que marcaron la agenda política en Moscú y en Kiev: el jueves 22 se cumplieron diez años de la destitución de Viktor Yanuikóvich a la presidencia ucraniana, lo que significó la coronación del Euromaidán. Así se conoció a la rebelión proeuropea contra el presidente prorruso que dio inicio a un período que para las poblaciones del sureste del país detonó primero la reincorporación de Crimea a la Federación Rusa; meses después, la declaración de independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk; y finalmente, la operación militar ordenada por Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022.
En Kiev, y flanqueado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica, Justin Trudeau, Giorgia Meloni y Alexander de Croo, el presidente Volodimir Zelenski recordó los dos años de guerra diciendo: «llevamos luchando por ello 730 días de nuestra vida. Y ganaremos».
El viernes, el mandatario ruso había celebrado en la Tumba del Soldado Desconocido, en el muro del Kremlin, el Día del Defensor de la Patria colocando una corona de flores. Se trata de un acontecimiento al que Putin le presta especial atención por el significado para la historia de Rusia: la fecha refiere originalmente al día en que, en 1918, se registró el primer reclutamiento masivo en Moscú y San Petersburgo del recién fundado Ejército Rojo que consiguió derrotar a las fuerzas prozaristas en la guerra civil posterior a la Revolución de Octubre. Con el tiempo, se recordó a los soldados caídos en la guerra contra el nazismo, la llamada Gran Guerra Patria. Ahora a los combatientes en Ucrania. Putin participó en el acto junto con el ministro de Defensa, Serguei Shougú, veteranos de guerra y cadetes de las escuelas militares Suvórov.
Desde Washington, en tanto, el Departamento del Tesoro anunció sanciones para unas 300 personas y entidades rusas. «Este solemne aniversario (por el 24F) y la muerte de Alexéi Navalni bajo custodia rusa son crudos y trágicos recordatorios del descarado desprecio de Putin por la vida humana, desde los ucranianos que sufren los costos de su guerra no provocada hasta la gente de toda Rusia que se atreve a exponer los abusos corruptos que alimentan su régimen», declaró la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. Se trata de un nuevo paquete de castigos económicos que ya incluyen a más de cuatro mil individuos, empresas, bancos e instituciones rusas y de otros países que operan con Rusia y que, por lo que indican los registros, no han dado los resultados que los estrategas occidentales esperaban.
Tampoco se esperaban que el frente ucraniano se desmoronara como parece estar haciéndolo en los últimos meses. Un artículo de la cadena Euronews atribuye la reciente derrota en la ciudad de Avdivka a la falta de munición de las fuerzas de Kiev que amenaza a todo el frente de unos mil kilómetros. Citando a un oficial de brigada, señala el informe que el bloqueo al pedido de Biden de mayor ayuda en el Congreso cuesta “la vida de nuestros soldados”.
Putin, por su parte, recibió un espaldarazo ante el público occidental tras el reportaje de más de dos horas con el estadounidense Tucker Carlson. La muerte de Navalni lo golpeó bajo la línea de flotación, pero el presentador siguió mostrando en sucesivas emisiones en su cuenta de X que Moscú le pareció una ciudad muy segura y que el poder adquisitivo en Rusia es mucho más conveniente para un ciudadano común. Recibió, por tal osadía, feroces críticas de medios y políticos en su país. “Él es lo que se llama un idiota útil», lo definió la excandidata a la presidencia Hillary Clinton.
Biden fue más explícito. «Tenemos un loco hijo de puta como ese tipo Putin y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima», dijo en un encuentro de campaña del Partido Demócrata en San Francisco.
Como respuesta, Putin hizo en referencia a la entrevista que tuvo con Carlson. “Me preguntaron qué es lo mejor para nosotros. Lo dije entonces, lo pienso ahora y puedo repetirlo: Biden», respondió ante un periodista ruso, para concluir: «con lo que está sucediendo en EE UU desde el punto de vista político interno y a juzgar por lo que acaba de decir, tengo toda la razón, porque esta es una reacción adecuada a lo que dije».
Misiles que pican cerca y ratones voraces
La Real Armada británica volvió a fracasar en su intento de demostrar el poderío de su arsenal militar y de su capacidad disuasoria. Fue una nueva prueba de las bondades de un misil balístico intercontinental Trident II D5, que fue lanzado por el submarino nuclear HMS Vanguard y tras sufrir una falla en su sistema de propulsión, cayó en aguas del Atlántico. Muy cerca de la nave, donde estaba, entre otras autoridades dispuestas para el aplauso, el ministro de Defensa británico, Grant Shapps. El hecho se produjo el 30 de enero pero lo publicó recién esta semana el diario británico The Sun. El misil debía volar desde la costa de Florida por casi 6000 kilómetros hasta un punto de impacto entre Brasil y África occidental, en el medio del Océano Atlántico. Pero no hizo ni 1000 metros, según los observadores. Medios especializados recuerdan que en 2016 se había realizado otra prueba con un Trident II D5 que también se había desviado de su curso, aunque en esa ocasión no había ministros cerca. Lo que si impactó mediáticamente es que cada uno de esos artefactos tiene un costo de más de 21 millones de dólares. Otra falla armamentística, mucho más insólita, se registra en el equipamiento militar que los países europeos envían a Ucrania. En este caso el problema es que, por esa política de cuidado del medio ambiente tan extendida en esos ámbitos, las fundas protectoras de los cables eléctricos que tienen los componentes de los vehículos blindados y los sistemas de artillería están hechos con fibra de maíz. Un producto muy apetecido por todo tipo de roedores que pululan en Ucrania. El resultado es que los equipos quedan inmovilizados, por lo que los viejos aparatos de la era soviética terminan siendo más adecuados. Aunque menos amigables con el ambiente.
Un artículo de bloomberglinea.com, un portal de servicios financieros de gran impacto en el mundo, destaca que casi el 54% de las fortunas más grandes de Latinoamérica tienen un patrimonio parcial o totalmente heredado, bastante más que el promedio mundial (37,3%). La nota de Daniel Salazar Castellanos hurga en explicaciones en el universo de los inversores y financistas. Nada que suene a «zurdo», para la mirada del actual gobierno argentino. Por las dudas, vaya esta muestra: «En los próximos años se transferirá una cantidad significativa de riqueza a la siguiente generación. Dependiendo de la región, podría ascender a miles de millones, si no billones de dólares. Por ello, los inversores deben empezar ya a planificar», recomienda a los herederos Ben Rizzuto, del grupo Janus Henderson Investors.
El texto tiene varios méritos, valga el término. Basarse en un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), recordar la investigación del francés Thomas Piketty sobre cómo la herencia patrimonial generó mayor desigualdad en las distintas épocas históricas, y en datos de Oxfam –»el 1% más rico del mundo tiene 2/3 partes de la riqueza generada desde 2020″, dice la ONG británica– pero también de atender advertencias de supermillonarios como Warren Buffet, por las consecuencias de esas inequidades.
El tema es clave en un contexto en que sectores del PRO y especialmente de La Libertad Avanza denigran el concepto de justicia social, promueven la destrucción de leyes y regulaciones asegurando quieren atacar privilegios, al tiempo que culpan de la pobreza a los mismos pobres. Se suben a un argumento moral y juran que propugnan el mérito individual por sobre ventajas mañosas.
Interesante relato que promueven personajes del talante de Mauricio Macri o Donald Trump. Que como nadie ignora, heredaron su lugar en el mundo de sus respectivas familias. O sea, eso de «yo me hice solo, todo me lo gané trabajando», dista de ser cierto. Otro punto es que la meritocracia se defendida en los medios por algunos comunicadores que tuvieron la ventaja de ser hijos de, lo les permitió encontrar puertas entreabiertas al comenzar. En fin.
Piketty causó un revuelo en 2013 con El capital en el Siglo XXI, publicado luego de 15 años de investigaciones sobre fuentes primigenias. Allí brindó data comprobable sobre las inequidades de cuna. Parte de un ejemplo literario: el debate entre dos personajes de Honoré de Balzac, Rastignac y Vautrin, en la novela El pobre Goriot, de 1835.
«En la Francia de principios del siglo XIX los estudios y el trabajo no permitían alcanzar la misma holgura económica que la herencia y los ingresos de un patrimonio»; detalla el economista galo. Vautrin le demuestra al idealista Rastignac las ventajas de casarse con una joven–»aunque no muy bella ni muy seductora»- pero con un patrimonio de un millón de francos, antes que completar una carrera en derecho. Con datos incontrastables.
En todo análisis de este talante, es bueno traer a cuento que el neoliberalismo, más que una teoría económica, es un plan político que perpetúa las injusticias, garantizando las fortunas de los que nacen en cuna de oro, por más torpes que sean, tirando al costado del camino a quienes nacieron en el lado equivocado.
Decía Diego Maradona –alguien de mérito, si los hubo en el mundo, y despreciado en aquellos ámbitos hereditarios– que «billetera mata galán». Según el portal financiero, podría decirse que «cuna mata igualdad». Por ahora…
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