Fue ciertamente testigo de gran parte de las luchas políticas latinoamericanas en el último siglo, que coincidió con el centenario de su paso por este mundo. Pero Alferdo Eric Calcagno no fue de esos espectadores que se apoltronan con una bolsa de pochoclos y luego pontifican desde un lugar impoluto. Se comprometió hasta el tuétano en proyectos y utopías destinadas a cambiar el rumbo de los pueblos de esta parte del mundo. Cuando se dice que fue testigo, se quiere decir que participó en iniciativas en el Chile de Salvador Allende, cuando integraba la CEPAL, que colaboró en el Plan Trienal que impulsó el gobierno peronista en 1973, que hizo su aporte a propuestas de Hugo Chávez, de Fidel Castro. Y también tuvo estrecha relación con el padre del flamante –y resistido por la oligarquía local- presidente de Guatemala. Pero además, de manera individual o junto con sus hijos Eric, columnista de Tiempo, y Alfredo, desplegaron sus ideas en un programa de radio. Además, publicó una veintena de libros que así vistos, a la distancia, reflejan la tragedia repetitiva que atraviesa a nuestro país durante todo ese período.
Y sino veamos: de 1988, cuando Argentina se sumía en la hiperinflación, data La perversa deuda, subtitulado “Radiografía de dos deudas perversas con víctimas muy diferentes: la de Erendira con su abuela desalmada y la de América Latina con la Banca Internacional”.
En 1999 ve la luz La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla).
En 2003 escribió un artículo para la revista La Nueva Sociedad titulado Los intentos de dolarización en la Argentina, que puede leerse aquí.
La lista de sus obras incluye, según el recuento de la editorial AKAL, El pensamiento económico latinoamericano: estructuralistas, liberales y socialistas (1989), El Estado en países desarrollados. La acción pública en Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón (1993), Argentina. Derrumbe neoliberal y proyecto nacional (2003), Manual del Estado: Teoría y Práctica de la Política (2018).
Alfredo Eric Calcagno estaba por cumplir 100 años y tenía una vitalidad, una lucidez y un sentido del humor que transmitió a sus hijos. Decía algina vez Eric que en vista de como transitaba esa etapa de su vida le aseguraban: “te vas a morir en perfecto estado de salud”. Se fue, además, sabiendo que sembró descendencia que sigue su camino, lo que era una de sus más insistentes ambiciones.
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, tenía un posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Paris. Fue docente en Política Económica en un puñado de universidades latinoamericanas. En los últimos años, junto con sus hijos, participó del programa Los Calcagno. En el laberinto, que va por Radio Rebelde AM740, con la conducción de Néstor Piccone.
Acá se puede escuchar una de sus útimas intervenciones, donde recuerda su colaboración con el Plan Trienal. Y espera que esa contribución sea algo que “quede para nuestros nietos” y destaca que era un verdadero plan de liberación nacional, frustrado luego por la muerte del presidente Juan Domingo Perón.
Lo que siguen son artículos de Eric Calcagno en nuestro diario en los que recuerda algunos momentos claves de la historia latinoamericana en los que les tocó participar a los Calcagno, una marca a esta altura.
Una vieja tradición argentina dice que un nuevo gobierno tiene 100 días de gracia antes de que le lluevan las primeras críticas a su gestión. Javier Milei ya habrá consumido, al 30 de enero, la mitad de ese período. En pocas semanas ya tuvo una crisis de gabinete, debió bajar artículos importantes de su proyecto de ley ómnibus porque no serían votados ni por sus aliados, se enfrentó con lideres internacionales y en ese camino fue acumulando en su contra hasta a sectores que lo habían votado y confirmó el rechazo de quienes nunca creyeron que la solución para los problemas nacionales fuera una motosierra o el regreso a la Argentina de fines del siglo XIX. Señales de cómo sería la gestión del paleolibertario abundaron desde el primer día, y nadie puede decir que no la vio venir. Nunca un presidente de la democracia había elegido darle la espalda al Congreso Nacional en su discurso inaugural, como hizo Milei aquel 10 de diciembre que parece tan lejano. Tampoco hubo presidentes que les hubieran dado a espalda tan ostensiblemente a los socios estratégicos del país, como lo hizo al otorgarle estatus oficial al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro en contra del presidente Lula da Silva. Es que si algo caracteriza al núcleo más cercano al presidente argentino es su dogmatismo. Los primeros tropiezos internacionales fueron, en tal sentido, protagonizados por su canciller, Diana Mondino, que tuvo que enfrentar chisporroteos con Itamaraty aun antes de asumir el cargo. Luego tuvo enfrentamientos con el gobierno chino, al que en un inexplicable gesto de provocación le mencionó el derecho de Argentina a comerciar con Taiwán en un encuentro con el embajador Wang Wei. La relación con la segunda potencia económica del mundo se ha convertido en tan determinante para la Argentina que Mondino tuvo que admitir ante el mismo Wang que el país, como viene ocurriendo desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas, en 1972 –plena dictadura de Alejandro Agustín Lanusse–, reconoce la existencia de una sola China y que Taiwán es una provincia indivisible de esa Nación.
Cuestión de peso Pero esos son apenas detalles de cómo La Libertad Avanza (LLA) piensa que deben conducirse estas pampas. Porque ese mismo esquema de rigidez intelectual se intentó aplicar al resto de la cosa pública. En un contexto en el que, y esto es un punto clave, LLA no tiene suficiente peso político como para imponer sin más sus propuestas, pero sí tiene voluntad en pasar por sobre usos y costumbres sin reparar en daños y contando con el apoyo de medios hegemónicos. Esto fue muy evidente en el anuncio del DNU 70/2023, que de un plumazo borra más de 300 leyes, que recibió cuestionamientos en varias instancias judiciales y está a la espera de que la Corte Suprema decida sobre su constitucionalidad. Algo que juristas de toda laya han dicho que no pasa el filtro de la legalidad de acuerdo con la Carta Magna vigente. Además, generó, con su solo anuncio, una reacción social inédita para un gobierno recién asumido: miles de argentinos y argentinas expresaron un espontáneo rechazo en marchas y cacerolazos. El anuncio de ese DNU se recuerda por el rol predominante que tuvo el economista Federico Sturzenegger, uno de los adalides de esta reconstrucción oligárquica. El expresidente del Banco Central durante la gestión Macri había sido impulsor del ruinoso megacanje de deuda externa en el final del gobierno de Fernando de la Rúa. En esta tercera oportunidad que le da la vida, se lo vio con un traje celeste que se destacaba en el entorno de ministros más bien formales cuando Milei leía el mensaje en el que se prometía que iba a volver la Argentina potencia. El académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Harvard entonces no tenía un puesto definido en el Gobierno y oficiaba de «ministro sin cartera», el que le acercó a Milei el plan de megaajuste regresivo que le había propuesto a Patricia Bullrich cuando era candidata presidencial. El otro personaje que también venía de fracasos previos con el macrismo, Luis «Toto» Caputo, se instaló en el Ministerio de Economía con la tarea de arreglar el problema de la deuda con el FMI que él mismo había generado en su paso por ese puesto, en 2018. Su primera medida esta vez fue una devaluación del 118% de la moneda argentina. Una devaluación sin paracaídas, acompañada por la liberación de todos los precios que golpeó directamente en los bolsillos de los ciudadanos con menos espaldas para resistir.
Milei. En sus primeras semanas de gestión se enemistó con los dos principales socios comerciales: China y Brasil.
Foto: Getty Images
Bases austríacas Sobre llovido, mojado, a poco de que el DNU generara rechazos sucesivos de los afectados y de aquellos que saben cómo puede terminar todo, el Gobierno envió al Congreso la ley Ómnibus, que con el rimbombante nombre oficial de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» pretende modificar o derogar otras 360 leyes. Tanto el DNU como el proyecto de ley Ómnibus intentan una reforma tan profunda de la vida de los argentinos que ni siquiera las dictaduras que se sucedieron desde 1955 pudieron lograr. Y acá es bueno recordar quiénes son los mentores de Milei y a qué obedece su, a esta altura, empecinada defensa del liberalismo más feroz. Uno de los personajes más influyentes de la llamada Revolución Libertadora fue Alberto Benegas Lynch, padre del ahora diputado «Berty». Impulsor de la escuela económica austríaca –Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, entre los que Milei suele mencionar–, Benegas Lynch, de 83 años, es un furibundo enemigo de todo lo que huela a socialismo. Escuchar las diatribas del presidente contra estas ideas es rememorar sus columnas en el diario La Prensa de los años del peronismo proscripto. Las mismas añejas consignas que repitió Milei en el Foro de Davos, para sorpresa del mundo. Puede decirse que esa línea ideológica abomina de tres «so»: socialismo, solidaridad y soberanía. Y no lo ocultan, de allí que busquen denodadamente relaciones carnales con Estados Unidos y el Occidente, sin medir incluso los beneficios que ese seguidismo pueda acarrear al país. Lo hicieron en los 30 con el tratado Roca-Runciman, que ató al país a una potencia decadente. Por eso suena a extemporáneo que defiendan ahora la dolarización, su manera de evitar que «los políticos» puedan usar «la maquinita» para llevar adelante propuestas públicas. Esta suerte de fanatismo liberal que viene de los Benegas Lynch y se inscribe en el gen de Milei y Mondino, al que algunos denominan «fascismo religioso de mercado», es el que lleva a que tanto el inquilino de la Quinta de Olivos como la canciller traten con desprecio a quienes no piensan igual, lo que en cualquier gobierno resulta fuente de enfrentamientos constantes, como se ve desde el 10 de diciembre pasado. Así, la oposición más amigable –esa del PRO, de un núcleo importante de la UCR, del llamado irónicamente «peronismo tolerable» y de gobernadores de esos espacios– se las ven en figurillas para dar su apoyo a la ley Ómnibus. En los últimos días de enero, hubo ingentes cabildeos en esos sectores para modificar las propuestas más irritativas para los votantes de cada uno de esos ámbitos mientras recibían furiosas acusaciones de la Casa Rosada. Los negociadores se topan con mensajes francamente ofensivos del presidente o del titular de Economía, pero que soportan sin despeinarse, con un estoicismo digno de mejor causa. El eje de cada intervención es que los que no querían apoyar las iniciativas oficiales es porque esperan una coima. Caputo, que también es un agresivo «tuiteador», tampoco se guardó brulotes y amenazas a quienes no firmen a libro cerrado esas propuestas como las únicas posibles para que el país salga del atolladero en que se encuentra. Andando las horas, y cuando se acercaba el día que la CGT se había fijado para su primer paro general y movilización contra el DNU y el megaproyecto de ley, se evidenció que no le iba a resultar fácil al Gobierno lograr su objetivo. Por un momento, parecía que esas ínfulas de violencia verbal contra la oposición se morigeraban en aras de obtener apoyo legislativo. Los puntos más urticantes eran el intento de retorno del Impuesto a las Ganancias para al menos 800.000 trabajadores –revirtiendo una medida del exministro de Economía y candidato Sergio Massa que apoyó LLA–, las privatizaciones, los tramos de la reforma laboral y la fórmula de actualización de las jubilaciones. En paralelo, crecían los amparos en el fuero judicial a la espera de que se termine el mes de feria para que la Corte intervenga. Hasta que el 26 de enero el ministro Caputo anunció que bajaban el capítulo entero de reformas fiscales, aunque seguía en la mesa la consigna «déficit cero» a cualquier precio. Lo que también quedó claro luego de extenuantes sesiones parlamentarias en las comisiones que analizaron el megaproyecto de ley y que, a duras penas, aprobaron un dictamen con el apoyo de 55 diputados –34 de ellos en disidencia– es que el Gobierno no dudará en apelar a todas las mañas que se atribuyen a «la casta» política con tal de cumplir con sus objetivos. Por ejemplo, cuando todavía no se habían acallado las voces de la protesta en todo el país, se supo que el dictamen firmado tuvo cambios de última hora en una maniobra que para algunos críticos responde a un símil «Banelco» de Milei, en homenaje a aquella ley de tiempos de De la Rúa que selló en gran medida el destino de ese gobierno. Según las denuncias, en una reunión subrepticia en la casa de un flamante dirigente de LLA se acordó hacer cambios sobre el texto votado, lo que invalidaría su legitimidad. En condiciones normales de democracia institucional, claro.
24 de enero. Multitudinaria protesta en Buenos Aires y decenas de ciudades contra el DNU y el proyecto de ley Ómnibus.
Foto: NA/Reuters
La respuesta La movilización del 24 de enero fue masiva en todo el país y significó un desafío de las organizaciones sindicales ante las amenazas del protocolo antidisturbios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desde su primer día de gestión –otra reciclada de anteriores gobiernos de destino malogrado– hizo gala de un estilo prepotente y enmarcado en el marketing político. Como cuando informó de la detención de una célula terrorista que resultó ser un peluquero, un entrenador de ping pong y un fabulador, luego liberados por falta de pruebas. Un detalle del proyecto de ley Ómnibus la pinta de cuerpo entero: la primera versión penalizaba las reuniones de más de tres personas, algo que dijo, había sido un error de redacción y cambió por 30. ¿Error o chicana para que parezca que ceden algo en las negociaciones? Era ella la que pensaba poner en marcha el paquete de reformas de Sturzenegger. De hecho, la propaganda en la que el polémico funcionario, ahora al frente de la flamante Unidad Transitoria de Desregulación de la Economía, entrega un mamotreto con el que piensa cambiar para siempre la historia argentina formaba parte de la campaña del PRO. Y el lema era «si no es todo, no es nada», lastimoso reverso del «Triunfo agrario», de Armando Tejada Gómez y César Isella que cantaba Alfredo Zitarrosa. Los cambios que Milei pretende imponer, a todo o nada, son los que el golpe de 1955 no pudo completar, al igual que el de 1976 y el gobierno de Carlos Menem, que lo puso en marcha, pero se estrelló con la convertibilidad, en diciembre de 2001. Macri hizo lo suyo, pero tampoco llegó a avanzar demasiado y fue repudiado en las urnas. Volver a Juan Bautista Alberdi, como proclaman, sería volver a la Constitución de 1853 –que a la sazón no firmó la provincia de Buenos Aires–, cuando no había leyes laborales y el país estaba subsumido en el Imperio Británico. Años de oro que esa élite todavía añora. Previo a los «desvíos» de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, entre otros, y a la democracia recuperada hace 40 años.
Si algo tiene en claro Donald Trump es que para volver tiene que jugar fuerte. Y tan claro lo tiene que en la misma semana en que –ya se la veía venir– un jurado de Manhattan le ordenó pagar 83,3 millones de dólares a la escritora Elizabeth Jean Carroll en un cargo por difamación, una causa que podía opacar su triunfo en la interna republicana de New Hampshire, llamó a sumarse a la rebelión del gobernador de Texas. Y por si el tema no resultara espinoso, sugirió que los atentados contra las Torres Gemelas del 11S de 2001 fueron una operación de falsa bandera. Una declaración que no alcanzó relevancia para los medios internacionales y que sin embargo representa la crítica más feroz contra el modelo expansionista que Estados Unidos aplicó desde entonces con la excusa de luchar contra el terrorismo.
La polémica declaración se produjo en Laconia, pequeña ciudad del condado de Belknap que recuerda a ese extremo del Peloponeso donde reinaron los espartanos, tras haberle ganado ampliamente en la primaria republicana de New Hampshire a la exembajadora en la ONU Nikki Haley. Una semana antes, en Iowa, Trump había derrotado a Ron DeSantis y la propia Haley. El gobernador de Florida comunicó luego que se bajaría de la pelea. El que para los medios hegemónicos pintaba para ser el republicano favorito del establishment apenas consiguió el 15 de enero el 21,2% de los apoyos y se convertía en un escollo para alguna candidatura de unidad que destrone al polémico expresidente de su aspiración a tener un «segundo tiempo».
Trump no sólo lidia contra sectores de su partido sino con lo que llama el Estado Profundo, que genéricamente es la burocracia estatal y los servicios de inteligencia, a los que acusa de bloquearle las reformas que quiso llevar adelante entre 2017 y 2021. Si hay una interpretación del 11S y sus consecuencias que sectores críticos del imperialismo –tildados incluso de «conspiranoicos»– lanzaron desde el 11S, es que fue una operación para justificar las invasiones de Afganistán e Irak y el despliegue de leyes y sistemas de vigilancia sobre la población en aras del presunto combate del terrorismo.
En este marco, las palabras de Trump pueden sonar a música hasta en simpatizantes de la izquierda. Vale la pena ponerlo textual. Hay reproducciones varias en las redes sociales. Así lo muestra el Telegram de QAnon de España, la organizació de ultraderecha que apoya a Trump.
https://t.me/Qanon_Spain/28427
«Queríamos impedir que el terrorismo llegara a nuestro país, pero yo no podía hablar de eso porque no quería mencionar el asunto y que algo sucediese de inmediato. Así que durante cuatro años cerré mi boca. Pero ahora hablo de eso todo el tiempo.
No hubo tal ataque exterior contra el World Trade Center. No existieron ataques como ustedes percibieron aquí y en otros países.
Y, por cierto, ahora nos implicamos otra vez en Medio Oriente y vean lo que está sucediendo. Te implicas en Medio Oriente y… ¡allá vamos otra vez con el Medio Oriente!
Gastamos 9 billones de dólares, matamos millones de personas, tanto de nuestro lado como del otro lado, ¡millones de personas! ¡Nueve billones de dólares! ¿Y saben qué tenemos? ¡Nada! ¡Nada!
Tenemos muerte, tenemos sangre ¡para nada! Invertimos nuestra sangre y dinero público, como se dice, nuestra sangre y nuestro dinero público y nuestra sangre es más importante que nuestro dinero público. Es una vergüenza, una vergüenza».
En esta mención, Trump alude a su Acuerdo Abraham, con el establecieron relaciones Emiratos Árabes Unidos e Israel y que pretendía hacer lo propio con Arabia Saudita, lo que implicaba una reconfiguración general de esa región. Si es que podía dar solución a los palestinos. Ahora, Trump promete que si es elegido presidente terminará con la guerra en Ucrania de inmediato y afirma que si él hubiera estado al mando, esa guerra nunca hubiera comenzado.
¿Texit en puerta?
La otra espina que el empresario inmobiliario clavó esta semana fue su apoyo irrestricto al gobernador Greg Abbot en su puja con la administración Biden (ver página 20). Esa disputa ya envuelve a la mitad de los estados, que desde el sur esclavista vienen mancomunándose hacia el centro del país y que amenazan con rememorar aquella sangrienta Guerra de Secesión de 1861 a 1865.
Si uno se atiene a los mensajes de cada lado, parecería haber un punto de no retorno. Los tejanos se jactan de tener un ADN rebelde con el que constituyeron una república independiente de México, entre 1836 y 1845. Tuvieron en ese lapso una bandera que es muy parecida a la actual de Chile y que lucen con orgullo en los edificios públicos. No eran muy progres, ya que lo primero que hicieron fue restablecer la esclavitud, abolida en México. Ahora amenazan con irse otra vez porque reivindican su derecho a no dejar entrar a más mexicanos por la frontera sur.
«Nos solidarizamos con nuestro querido gobernador Abbott y el estado de Texas en su uso de toda herramienta y estrategia, incluidas las vallas de alambre de púas, para asegurar la frontera. (…) Los autores de la Constitución de Estados Unidos dejaron claro que en momentos como este, los estados tienen derecho a la autodefensa», escribió en un comunicado la Asociación de Gobernadores Republicanos. Los momentos a los que hacen referencia son los de una invasión extranjera, como definen a la migración a través de la frontera sobre el río Bravo. Desde Moscú se refriegan las manos y deslizan que si la estrategia del Estado Profundo de EE UU era desmembrar y debilitar a Rusia, como indica un informe de la Corporación Rand, quizás el tiro les está saliendo por la culata.
México y Ucrania, socios del silencio
La frontera sur de Estados Unidos, por esas paradojas de la política exterior de Joe Biden, repercute también en la guerra en Ucrania, ahí nomás de la frontera rusa. Es que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió que el pacto que negocia las Casa Blanca con congresistas del Partido Republicano para habilitar más ayuda a Kiev estará «muerto al llegar» si no hay una contrapartida para frenar la inmigración irregular en el sur. Se trata de un paquete adicional de 60 mil millones de dólares que Biden pretende desde hace algunas semanas para sostener a las fuerzas de Ucrania contra Rusia y que en el contexto de la campaña electoral 2024 la oposición no duda en utilizar a su favor.
En aquella otra frontera, en tanto, Moscú y Kiev se cruzaron nuevamente en el Consejo de Seguridad por el derribo de un avión militar ruso en el que murieron 65 prisioneros ucranianos que iban a ser intercambiados.
«Toda la información que tenemos hoy –por el jueves pasado– demuestra que estamos ante un crimen premeditado y bien pensado», dijo el embajador ruso adjunto ante la ONU Dmitri Polianski, quien agregó que las autoridades ucranianas «conocían muy bien la ruta para el transporte de soldados hacia la zona de intercambio».
«Ucrania no fue informada del número de vehículos, vías o medios de transporte de los cautivos. Eso solo puede representar un acto intencional ruso para poner en riesgo la vida y la seguridad de los prisioneros», respondió la embajadora adjunta de Ucrania, Khrystyna Hayovyshyn.
Convocado por Argelia, en su carácter de flamante miembro no permanente, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles para tratar el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre la brutal represalia de Israel en Gaza que Sudáfrica había pedido inscribir como genocidio. Si bien el dictamen del tribunal de La Haya no califica al estado israelí como genocida ni pide taxativamente un cese el fuego, sí recomienda que «tome todas las medidas a su alcance» para que sus tropas no cometan semejantes acciones, que ponga fin a la incitación contra los palestinos como grupo y pide que se facilite el ingreso de ayuda humanitaria. Puede parecer una tibia respuesta al reclamo de los sudafricanos, pero fue suficiente para el rechazo del primer ministro Benjamin Netanyahu, que la consideró «escandalosa». Pero tanto los líderes de gran parte de los países del mundo como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigieron a Israel su cumplimiento inmediato. Guterres detalló que «las decisiones del Tribunal son vinculantes».
«La acusación de genocidio formulada contra Israel no sólo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente de todo el mundo debería rechazarla», se indignó Netanyahu ante el dictamen que leyó el presidente de la CIJ, Joan Donoghue. La acusación de Sudáfrica comenzó a tratarse a principios de año e incluye denuncias por el bloqueo israelí al ingreso de medicamentos y alimentos, el corte de servicios esenciales como agua y electricidad, y declaraciones de funcionarios como el ministro de Defensa Yoav Galanr, quien calificó a los palestinos de «animales humanos».
Se fueron sumando al reclamo de acatar a la CIJ los gobiernos de Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, España, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Egipto. Para Qatar, «las medidas temporales ordenadas por la CIJ (…son) una victoria para la humanidad, el Estado de Derecho y la Justicia internacional». En un posteo en la red X, la cancillería catarí reitera su posición «sobre la Justicia de la cuestión palestina y los derechos legítimos del hermano pueblo palestino, incluido el establecimiento de su Estado independiente en las fronteras de 1967, y cuya capital es Jerusalén Este».
Amnistía Internacional (AI), junto con Human Right Watch (HRW), Oxfam Intermon y Médicos Sin Fronteras, por su parte, también exigen el cumplimiento del dictamen de la CIJ. AI, puntualmente, señala que es necesario un urgente alto el fuego para poner fin al conflicto y recuerda que esa es la única forma de poner fin al conflicto tras el fallo de la CIJ. «Aunque no lo haya ordenado la corte, es la condición más eficaz para implementar las medidas provisionales y poner fin al sufrimiento civil sin precedentes», dijo su secretaria general, Agnès Callamard.
Israel respondió con el anuncio del canciller Israel Katz de que buscará la suspensión definitiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA en inglés) a la que acusa de que varios de sus empleados participaron dl ataque contra las comunidades israelíes del 7 de octubre que desencadenó esta escalada. De inmediato, anunciaron que dejarán de aportar financieramente para la UNRWA los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. El dictamen de la CIJ coincidió con la celebración del Día de la Memoria del Holocausto en todo el mundo, una fecha que conmemoró este 27 de enero el 79º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Aquella incursión de Hamas dejó un saldo oficial de casi 1200 muertos y el secuestro de 240 rehenes, de los cuales ya recuperaron su libertad cerca de la mitad. En las últimas horas hubo nuevos enfrentamientos en el territorio gazebí que elevan la cifra de muertos palestinos a unos 26.000, la mitad de ellos mujeres y niños, según las autoridades de Gaza. Los desplazados suman alrededor de dos millones de personas, el 85% de la población de la Franja.
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