Las señales de descomposición del gobierno de Volodimir Zelenski van en aumento, y a la feroz interna con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhny, se le sumó estos días la declaración del jefe del partido oficialista y uno de los negociadores en la mesa de diálogo impulsada por Turquía en mayo de 2022, quien confirmó lo que ya se sabía: que la guerra podría haber terminado si Kiev hubiera aceptado la neutralidad, pero el entonces primer ministro británico Boris Johnson viajó de apuro para exigir que siguieran luchando.
David Arakhamia es el jefe del partido Servidor del Pueblo, fundado en 2016 por Zelenski e Ivan Bakanov, quien en julio del año pasado fue despedido de su cargo como titular del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la agencia de inteligencia, acusado de no haber detectado «traidores» dentro de la burocracia estatal. En una entrevista televisiva, Arakhamia declaró abiertamente que «podríamos haber tenido paz si hubiéramos aceptado la neutralidad. Pero eso significaría cambiar la Constitución, no confiábamos en los rusos y Boris nos dijo que Occidente quería que siguiéramos luchando». La neutralidad implicaba un régimen como el que Finlandia y Suecia tuvieron durante toda la guerra fría, y que rompieron por presiones de la OTAN tras el conflicto entre Rusia y Ucrania.
La situación en el frente de batalla, mientras tanto, no tuvo demasiados cambios y a esta altura hasta los medios más encolumnados con Occidente reconocen que Ucrania no está en condiciones de ganar la guerra y además, ya se gastaron todas las reservas de armas de la OTAN sin resultados tangibles. A artículos en ese sentido de los dos principales tanques de difusión de Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times, se agregó ahora el alemán Bild, que deslizó que los líderes de la OTAN están considerando seriamente convencer –¿obligar?– a que Zelenski negocie con Rusia.
Pero del otro lado de la frontera las cosas no están tan calmas tampoco. Si bien es cierto que las últimas señales tanto de Vladimir Putin como de su asesor en temas de seguridad y expresidente Dmitri Medvedev preanuncian que podrían extender sus aspiraciones a controlar también Odessa, el gobierno incluyó al ex primer ministro Mijail Kasianov en el registro de agentes extranjeros por su oposición a la guerra en Ucrania. Un paso previo a considerarlo traidor a la patria, ya que el hombre integra al Comité contra la Guerra, organización que para el Kremlin tiene como objetivo difundir información falsa y desacreditar a las fuerzas armadas y las políticas internas en Rusia». El ministerio de Reintegración de Ucrania, mientras tanto, anunció que unos 13.500 ciudadanos de esa nacionalidad, entre ellos 1653 menores de edad, regresaron desde Rusia a través de un corredor humanitario en la región de Sumy. La ONU estima que en territorio ruso hay más de un millón de refugiados ucranianos, la mayoría habitantes de ciudades y pueblos que quedaron bajo fuego tras el inicio de la operación especial ordenada por Putin en febrero de 2022.
A último momento la Cruz Roja confirmó que 13 rehenes israelíes y 7 extranjeros fueron liberados por Hamás en un intrincado intercambio por 39 palestinos detenidos en Israel, en el segundo día de la tregua luego de una feroz represalia en la Franja de Gaza tras el ataque del 7 de octubre pasado. El acuerdo por cuatro días prorrogables comenzó el viernes y fue urdido a instancias de Qatar y contó con el aval de Egipto y Estados Unidos. En su primera jornada, 24 rehenes volvieron a territorio de Israel mientras que 39 palestinos que estaban en cárceles israelíes fueron liberados y terminaron celebrados como héroes cuando volvieron a sus hogares. Entre los rehenes figuraban una mujer de 44 años y su hija de seis. Ambas tienen familiares en Argentina. Este cese el fuego parcial permitió también el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah.
La violenta respuesta israelí a los ataques de Hamas despertó poco a poco el rechazo de líderes de Occidente y puso en debate el rol de la Casa Blanca incluso en Estados Unidos. Joe Biden busca el modo de desescalar el conflicto para no quedar demasiado pegado a una situación catalogada como de «limpieza étnica» o lisa y llanamente genocidio. Las cifras hablan por sí solas: en Tormenta de Al Aqsa la cifra oficial es de 1200 muertos israelíes, en Gaza ya se computan unas 15.000 víctimas fatales palestinas, 6100 de ellos, niños.
Foto: Mohammed Abed / AFP
Biden se mostró esperanzado en que la tregua pueda extenderse. «Es sólo el comienzo, pero hasta ahora va bien», dijo el presidente de EE UU. Durante el feriado de Acción de Gracias del jueves, que pasó en Nanticket, Massachsetts, el mandatario dijo «no me detendré hasta que sean liberados todos». Pero no condenó el accionar del gobierno de Benjamin Netanyahu y la política de Israel en la región.
Quienes sí lo hicieron fueron el jefe de estado español Pedro Sánchez, su par belga Alexander De Croo y el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi. Sánchez y De Croo se apersonaron a Rafah, el único punto de ingreso a Gaza desde Egipto, y reclamaron el reconocimiento del Estado de Palestina «por parte de la comunidad internacional y de Israel». Al Sisi, que se reunió con ambos líderes europeos, señaló que el proceso de paz era «una idea sin futuro» y coincidió en el reclamo del reconocimiento global al estado palestino. «Los resultados de este camino, que ha estado tambaleándose durante 30 años, nos dicen que debemos cambiar el enfoque», dijo en una rueda de presa junto con sus colegas europeos. Egipto, al igual que Jordania, rechaza recibir a los más de dos millones de gazatíes, tal como plantean las autoridades israelíes como su forma de solucionar el conflicto.
«Se debe respetar el derecho humanitario internacional –dijo el primer ministro belga– las muertes de civiles deben cesar». Sánchez, a su turno, se comprometió a reconocer a Palestina aunque pretende que la propuesta sea compartida por la Unión Europea, que hasta el 31 de diciembre preside España. En caso contrario, dijo que ese reconocimiento sería de forma unilateral. Ante este escenario, la cancillería israelí convocó a los embajadores de ambos países «para una severa reprimenda» y acusa a sus mandantes de apoyar al terrorismo.
Desde la oficina de Netanyahu agregaron que Sánchez no atribuyó a Hamas «la responsabilidad total de los crímenes contra la humanidad que cometió a nuestros ciudadanos y utilizar a los palestinos como escudos humanos». El ministro de Asuntos exteriores hispano, José Manuel Albares, no se quedó atrás y llamó a la embajadora israelí para que «dé explicaciones sobre las inaceptables y falsas acusaciones» contra Sánchez.
Una muchedumbre busca sobrevivientes entre las ruinas de varios edificios bombardeados en Gaza por Israel.
Foto: Mohammed Abed / AFP
También el grupo BRICS consideró necesario ocuparse del conflicto en Medio Oriente y en una cumbre por video conferencia de la que participaron también los seis invitados desde agosto, pidieron un alto el fuego duradero y poner fin a los ataques contra civiles. Sudáfrica, que convocó al encuentro, presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya contra las fuerzas armadas de Israel.
El pacto promovido por Qatar, que hace años apoya con alimentos, medicamentos y combustibles a los gazatíes –condenados a vivir en lo que define como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo– se propone liberar a medio centenar de rehenes a cambio de 150 presos palestinos. Hamas confirmó el jueves el cese de las operaciones militares y que el canje sería por 50 rehenes, mujeres y niños, y que se reclama la liberación de detenidos en una proporción de 1 a 3. «Pusimos como condición que las mujeres y niños palestinos presos sean liberados por orden de antigüedad en las cárceles», declaró Bassen Naim, de la cúpula de Hamás. Según Israel, hay además 300 prisioneros palestinos en condiciones de ser excarcelados, entre ellos 33 mujeres y 267 menores de 19 años.
Se sabe que a Netanyahu no le salió gratis el acuerdo. Los «halcones» de su gabinete no aceptan los términos y las «palomas» de la sociedad culpan al primer ministro por la falla de seguridad en los kibutz que terminaron a merced de los ataques del grupo gazatí. «A menudo debo elegir entre una decisión difícil y otra todavía más difícil, y este es particularmente el caso con los rehenes», se justificó.
No todas las momias son egipcias
Egipto está en danza a partir de la incursión de miembros de Hamas en territorio dominado por Israel. A la postura del presidente Abdel Fatha al Sissi (ver aparte), se le había agregado semanas atrás la acusación contra un senador demócrata por Nueva Jersey de ser agente al servicio del gobierno de El Cairo.
Bob Menéndez, legislador de origen cubano y con perfil anticrastrista bien definido, ya había enfrentado acusaciones de recibir coimas para impulsar leyes en el Congreso. Hace justo un mes, fue imputado de actuar como agente extranjero. Más precisamente, de haber hecho lobby en favor de Egipto. En Estados Unidos hay una ley que establece las condiciones para hacer tareas de «cabildeo», pero deben de estar declaradas y un congresista no lo puede hacer.
Otra: un incidente callejero en Nueva York que se viralizó en las redes terminó con la detención por acoso agravado, delitos de odio y amenazas, de un exasesor en asuntos de Israel y Palestina del Departamento de Estado con George H. Bush y a cargo de la Dirección de Asia Meridional del Consejo de Seguridad Nacional con Barack Obama. Stuart Seldowitz, de 64 años, aparece en un video hablando a la cámara de un celular, presuntamente el de un vendedor ambulante egipcio, al que le espeta: «Matamos a 4000 niños palestinos en Gaza, y no fue suficiente». Tras acusarlo de terrorista y de no tener los papeles de residencia en regla, saca su celular para filmarlo, a su vez, mientras se ufana de contactos con el servicio de inteligencia egipcio. «Conoces el Mukhabarat, ellos conocen a tus padres, les sacarán las uñas una a una». E insiste: «¿Violaste ya a tu hija, como Mahoma?». Una joyita de tipo.
Desde antes de que las urnas consagraran a Javier Milei como nuevo presidente de los argentinos ya se evaluaba en los mentideros políticos el peso legislativo con el que el libertario podría gobernar. Es que las bancas se repartieron en la primera vuelta, que resultó, dentro de lo adverso del resultado en la presidencial, bastante beneficioso para Unidos por la Patria (UxP): quedó con 108 diputados y es la primera minoría. El futuro oficialismo, por su parte, logró con su segundo puesto en octubre 38 asientos en la Cámara Baja. En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) queda con 8 curules contra 33 de UxP, que está, así, a cuatro votos del quórum propio. En ambos recintos resultará clave la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) –93 en Diputados y 24 en el Senado tomada en conjunto, aunque se auguran particiones–, pero aquí la cuestión es qué posición tomarán los «halcones y palomas» ante cada propuesta, desde las anunciadas privatizaciones hasta el superajuste estatal, que incluye la clausura total de la obra pública y el cierre de los grifos de los fondos coparticipables. Por lo pronto, Elisa Carrió anunció que considera a JxC una alianza literalmente rota «por voluntad ajena a la Coalición Cívica» y por lo tanto la agrupación «retoma su plena autonomía y va a luchar por los principios fundacionales, el contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico» y añade que no van a participar de ningún tipo de negociación con el nuevo Gobierno. Los diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot están terciando para unir a los descontentos del PRO y del radicalismo para armar un bloque que en principio tendría una docena de congresistas que no comulguen con LLA, entre los que integran a Margarita Stolbizer y aspiran a agregar a Miguel Ángel Pichetto. El «poroteo» en la deshilachada coalición PRO-UCR será decisivo para que el nuevo «inquilino» de la Quinta de Olivos, como se autodefinió, pueda hacer realidad dentro del marco constitucional las iniciativas ultraneoliberales que mostró en la campaña y el programa de gobierno. Milei no se queda quieto mientras esto ocurre. Habría abierto una línea de negociación con Florencio Randazzo y Juan Schiaretti para construir su propia «pata peronista». De hecho, por esas negociaciones, Alejandro Rodríguez y Graciela Camaño, legisladores del Interbloque Federal abandonaron el grupo y conformaron una nueva bancada denominada Consenso Federal. Por su parte, la Unión Cívica Radical, que mantuvo una posición ambigua antes del balotaje, no apoyando de palabra a ningún candidato y atribuyéndose el rol de oposición en cualquiera de las opciones, emitió a las pocas horas del comicio un comunicado protocolar en el que saluda «al presidente electo Javier Milei y expresa su predisposición a la cooperación republicana para sumar soluciones a la recuperación argentina». A continuación, el texto sostiene que «hace 40 años recuperamos la democracia que permitió nuevamente que el pueblo se exprese y otorgue una visible mayoría que respetamos aportando nuestros propósitos de más democracia con igualdad y equidad social».
Preocupación provincial Como sea, los diez gobernadores alineados con JxC se reunieron este miércoles en la Casa de la Provincia de Mendoza en CABA para acordar un mecanismo común ante lo que se avizora como un brutal recorte de presupuesto nacional y para urgir a la gestión de Alberto Fernández el envío de partidas de coparticipación antes del 10 de diciembre. Extraño pedido en quienes no pueden decir que no sabían qué estaba en juego en las urnas: Milei no fue un Carlos Menem o un Mauricio Macri, quienes reconocieron que si decían lo que pensaban no los iban a votar. En el documento que firman los mandatarios electos y en funciones Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), remiten puntualmente a la demanda de los mandatarios del Norte Grande de un decreto de la actual gestión para compensar la detracción de fondos coparticipables a partir de la nueva ley de impuesto a las Ganancias que impulsó Sergio Massa. Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), a los que se sumó también el correntino Valdés, habían pedido a Fernández no solo que «arbitre los medios necesarios para que se incorpore a la masa coparticipable el 25% de la recaudación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y el 35% de la recaudación del Impuesto País», sino que prorrogue el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial «creado por Decreto N°286/95, hasta el 27 de febrero de 2050». En estos días febriles, ante el resultado tan inesperado como abultado en favor del libertario, también el Foro de Vicegobernadoras y Vicegobernadores argentinos (Fovira) expresó que se juntaron para pedir la restitución de fondos coparticipables en tándem con los gobernadores norteños.
Temerarias afirmaciones Cornejo, el dueño de casa en la cumbre de «cambiemitas», asumirá en diciembre un segundo mandato en Mendoza y mantiene una puja partidaria con el jujeño Morales, que aún lidera la UCR y se mostró más cercano a Massa. Otro cercano al fallido candidato en esta instancia como Martin Lousteau apuesta a convertirse en el nuevo líder partidario en competencia con Valdés. En esa puja se juega seguramente el rol que tendrá el radicalismo, que en verdad se diluyó bastante a la sombra del Gobierno de Macri. Las elecciones provinciales le dieron ánimos; sin embargo, en la segunda vuelta, algunos de los experimentados caciques comprobaron que la ciudadanía acompañó sin dudarlo a Milei. En el país, salvo Formosa, Santiago del Estero y la provincia de Buenos, el resto se tiñó de violeta, el color elegido por LLA. En el caso mendocino, Cornejo se encontró con que el apoyo fue del 71% de sus comprovincianos y no quiso estar en contra de esos vientos que corren, de modo que señaló a la salida del encuentro que «Argentina tiene la necesidad de reformas económicas fuertes, que son necesarias». Pero luego consideró que «las reformas tienen que tener consenso político y este consenso hay que conversarlo». Pero Milei siente que el respaldo ciudadano obtenido es determinante y, por lo demás, no parece querer consensuar nada. Lo mostraba en campaña y en su primer discurso como electo se dirigió a «los argentinos de bien», aunque no les cerró las puertas a quienes se quieran incorporar a su espacio. Mauricio Macri, que también estuvo presente en los estudios televisivos amigos de un modo insistente –tiene sus propias cuitas por el reparto de cargos con Milei y además compite en Boca Juniors por destronar a Juan Román Riquelme– ante la percepción de un escenario conflictivo, no apeló a la legalidad sino a una respuesta temeraria más propia de barras bravas: «Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra, los jóvenes van a salir en su oportunidad, entonces los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes». Nadie le repreguntó ni le advirtió sobre el riesgo para el sistema de convivencia democrática de esa amenaza.
El presidente electo Javier Milei designó como enlace para la transición en el área de Educación a una abogada argentina, esposa del exministro de hacienda de Augusto Pinochet, que le dio un renovado impulso en Chile al modelo neoliberal y sus transformaciones más brutales de la economía del país trasandino. La primicia la dio el portal Infobae, donde María Eleonora Urrutia es colaboradora habitual desde su rol de periodista, en un artículo sobre la identidad de los encargados de la transición en cada sector del estado ante el recambio presidencial del 10 de diciembre. La información escueta es que la abogada y economista “es investigadora asociada de FARO UDD, miembro del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso, (y) tendrá a cargo la transición de manos de Jaime Perczyk”.
UDD es una universidad de carácter liberal creada en Chile en 1990, donde Urrutia figura como parte del plantel de investigadores externos. En las distintas redes sociales, donde es muy activa, Urrutia se presenta como abogada por la Universidad de Cuyo con un master en Economía y Ciencia Política de la ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas), creada en Buenos Aires por Alberto Benegas Lynch en 1977.
También es colaboradora en El Líbero, un medio situado en Santiago de Chile y fundado en 2014 por un grupo de empresarios y dirigentes políticos de la derecha, entre los cuales figura su esposo. También es miembro del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso, un “centro de estudios liberal, independiente y sin fines de lucro, formado por profesionales, jóvenes, líderes de opinión, académicos e intelectuales públicos en Chile, según se presenta en su página web.
El curriculum de Hernán Büchi es amplio y extendido. Tiene 74 años, es ingeniero y economista con títulos en la Universidad de Chile y la de Columbia, en Estados Unidos. Ingresó al gabinete del dictador Pinochet como asesor en el ministerio de Economía en 1975 y en 1979 se convirtió en subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción. En 1983 asumió como Ministro de Planificación Nacional para, dos años más tarde, convertirse en titular de la cartera de Hacienda hasta abril de 1989.
Pinochet había perdido el referéndum, tuvo que convocar a elecciones, y Büchi, considerado el artífice del boom de la economía chilena en su gestión en Hacienda, era la mejor oferta para la presidencia en representación del espacio de la derecha pospinochetista. En diciembre de ese año perdió contra Patricio Aylwin por 55 a 29% de los votos. Fue su única participación electoral.
Desde ese momento se volcó a la vida empresarial y también impulsó movidas culturales y académicas, siempre fomentando el pensamiento neoliberal, como la UDD, el Instituto Libertad y Desarrollo. Integra los directorios de los grupos Luksic y Solari, propietarios en el primer caso del banco de Chile, las cerveceras Kunstman y Austral, medios de comunicación y radios, entre otros. Solari, por su lado, es dueño de las tiendas Falabella, hasta no hace mucho con varios locales en el país.
Desde 2016 Büchi fijó residencia en Suiza, aprovechando que tiene doble nacionalidad, luego de que los medios chilenos lo pusieron en foco porque su nombre apareció en el informe de los Panamá Papers. Si bien rechazó el planteo de que tenía empresas off shore, alegó que se iba por “la incerteza jurídica” en su tierra. ¿Razones? “Porque cuando veo que las leyes se hacen difíciles de cumplir, porque las cambian o las reinterpretan, porque un día son una cosa y otro día son otra y no hay seguridad jurídica, me siento incómodo y me dan ganas de partir”, declaró entonces a la revista Capital.
La responsable de encontrarse con el actual ministro de Educación argentino, por otro lado, tiene vínculos con el presidente electo a través de Benegas Lynch y se ocupó particularmente de difundir sus propuestas a través de las redes sociales. En Tik Tok, donde es habitué, hizo varios posteos con algunas de las ideas más controvertidas de Milei. Acá se presenta al público:
En X, la exTwitter, también está su perspectiva:
Sin descuidar Instagram:
https://www.instagram.com/p/CvKgTq5OYpU/
Todo indica que gran parte de esos «influencers» y académicos de la derecha chilena vendrán a celebrar la asunción de Milei.
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