En una hora y cuarto de alegato por plataforma virtual, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fijó posición como abogada ante el Tribunal Oral Federal 2 sobre los puntos, explicó, que pensaba mencionar en la exposición que se le impidió realizar el 23 de agosto, un día después de que culminara la ronda de exposiciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. «Esto no es algo que graciosamente se me concede. Si no fuera porque soy abogada, hubiera estado en estado de indefensión» para responder a «una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos por parte del fiscal», en la etapa de instrucción, agregó. La exmandataria, luego de fustigar a sus acusadores, a los que sindica como inmersos en un caso de prevaricato, centró su discurso en una suerte de clase de derecho en la que apeló a la Constitución de 1994, de la que fue constituyente. Fernández citó al jurista austríaco Hans Kelsen para afirmar que el orden jurídico de un país debe responder a las premisas de ser congruente, no contradictorio, bastarse a sí mismo y no tener lagunas. Así, consideró que en la causa que sustanciaron los fiscales Luciani y Mola se violaron los criterios de federalismo al reabrir un caso que ya había juzgado el poder judicial de la provincia de Santa Cruz. Sostuvo que también se violó la separación de poderes al afirmar que los fiscales «se arrogaron la potestad de juzgar decisiones políticas» tomadas con anuencia de los poderes ejecutivo y legislativo –que votó leyes de presupuesto donde figura la financiación de la obra pública cuestionada– y también reclamó el derecho a que se juzgue con la misma lógica todos los actos de Gobierno y no solo los que atañen a Gobiernos peronistas. En ese sentido, y tras hacer un repaso de las persecuciones contra Gobiernos populares en la historia argentina, adelantó que «todo esto que pasó en estas jornadas lo vamos a compendiar, lo voy a subir a mis redes, para que el mundo pueda observar lo que fue este juicio».
De Gobiernos y asociaciones ilícitas Luego, fue directo contra la imputación de que es jefa de una asociación ilícita: «Los Gobiernos somos elegidos por el pueblo y no podemos ser nunca una asociación ilícita», dijo, para recordar que el partido que integra gobernó 12 años consecutivos. Y agregó: «Néstor Kirchner, que fue intendente (de Río Gallegos) en 1987, gobernador electo en 1991 y reelecto en el 95 y en el 99, ¿hizo todo eso pensando en que iba a llegar a la presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales a través de la provincia de la que había sido gobernador durante tres períodos consecutivos? (…) ¿Militamos toda la vida para 51 obras viales? ¿Por qué no las hizo en los 12 años de gobernador?». «Los actos administrativos se presumen legítimos. Han traído de los pelos una situación porque tenían que traerme de los pelos a mí. Para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de Procedimientos Administrativos, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo», protestó en otro tramo de su alocución, que se produjo desde su despacho en el Senado de la Nación. A continuación, se permitió otra ironía –y no fueron pocas en esos intensos 76 minutos–: «Si todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos, por la aplicación de la teoría y principio del derecho penal, los frutos del árbol envenenado (…) llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal, porque su nombramiento lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita ¿Se dan cuentan de a dónde vamos si agarramos de los pelos y retorcemos códigos y leyes? Vamos al desastre». Cerca del final, expresó su preocupación por el atentado que sufrió el 1 de septiembre pasado, al que enmarcó en la estigmatización de su persona a cargo de la prensa opositora y en la inacción del poder judicial y de fuerzas de seguridad, tanto locales como nacionales, para intervenir en otros ataques como la andanada de piedrazos que sufrió en ese mismo despacho en marzo pasado. Y cuestionó las acusaciones acerca de que busca impunidad. «Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Yo me siento en estado de indefensión, muy intranquila. Los jueces que me juzgan, ustedes, los que están en la Casación, el fiscal, son amigos y jugaban con (Mauricio) Macri al paddle. Las personas que están detenidas y a quien yo considero el jefe de la banda [de los «copitos»], sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a metros mío. La asesora de otra diputada también…». Con los ojos enfocados en la cámara, culminó con un mensaje directo al juez Jorge Gorini. «Si yo me siento en estado de indefensión, qué le pasaría a usted, Gorini, si le pasara lo mismo que a mí, que los defensores de ese que intentó matarlo sean asesores de legisladores peronistas? Imagínelo por un instante, porque yo siempre recomiendo que se pongan en el lugar del otro. Yo siempre me pongo en el lugar del otro, ayuda a resolver mejor las cosas. Sobre todo, cuando se tiene tanta responsabilidad».
Si la extensión de la Otan faltando a las promesas que se le habían hecho en 1991 a las autoridades de la extinta Unión Soviética fue uno de los desencadenantes para el 24F, los referendos en cuatro distritos ucranianos que culminan este martes implican que ahora es Rusia la que expande sus fronteras. Con lo cual, el enfrentamiento directo entre los verdaderos contendientes de la guerra en Ucrania (EEUU y la Otan contra Rusia) se hace más nítido y peligroso. Por lo pronto, Vladimir Putin no solo ordenó el reclutamiento de 300.000 efectivos de la reserva para defender los nuevos límites sino que se declaró dispuesto a utilizar “todos los medios de los que dispongamos para proteger a Rusia y a nuestro pueblo». Y puntualizó que cuando decía «todos los medios» no estaba bromeando, para censurar luego lo que tildó de “chantaje nuclear” de la Otan y la Casa Blanca. Los líderes occidentales aprovecharon la Asamblea General de la ONU para acusarlo de escalar de manera irresponsable el conflicto. Más allá de quién empezó la cosa y desde cuándo, el caso es que el mundo es mucho menos seguro desde esta semana.
Según el ministro de Defensa Serguei Shoigu, la orden de movilización se refiere a solo el 1% de los reservistas con entrenamiento militar que tiene Rusia, que de acuerdo a sus dichos, serían 25 millones de personas. Shoigu, un general del ejército de 67 años, padre mongol y madre ucraniana, explicó que los nuevos soldados deberán proteger más de 1000 kilómetros de la nueva línea divisoria entre Rusia y Ucrania.
Se sabía que no sería fácil ni rápido reclutar y proveer a semejante cantidad de efectivos. En medios occidentales se mostraron imágenes de jóvenes que presuntamente buscaban evadir las levas. Pero aunque fueran fake-news, lo cierto es que el viceministro de Defensa y encargado de temas logísticos de las Fuerzas Armadas, el general Dmitri Bulgakov, fue relevado del cargo sorpresivamente. El gobierno se limitó a decir que se le había dado otro destino y en su lugar asumía el coronel general Mijail Mizintsev.
Desde este viernes y hasta el 27 de septiembre, los habitantes de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jerson, comenzaron a votar un referéndum de adhesión a la Federación Rusa. El paso no es novedoso, ya que luego de la declaración de independencia de mayo de 2014 y el reconocimiento de la Duma como repúblicas independientes en febrero pasado, este paso era una consecuencia obvia, al punto que estaba programado mas cercano a fin de año. El adelanto obedece a la contraofensiva ucraniana de principios de este mes por la que Kiev recuperó unos 8000 km2 de territorio en Jarkov al oeste del río Oskil, incluida la orilla occidental de Kupyansk e Izyum. Pero fundamentalmente a que la asistencia de la Otan a las fuerzas armadas de Ucrania tanto en pertrechos como en milicias y hasta mercenarios es cada vez mayor y la cantidad de tropas rusas estaba resultando escasa para mantener el control.
De modo que, en una maniobra coincidente, las autoridades de las regiones rusófilas del sur de Ucrania y el Kremlin anunciaron la inminente incorporación. Todo indica que el triunfo del «sí» será abrumador y el resultado prontamente reconocido por el parlamento ruso, como lo fue en 2014 en Crimea. Este hecho representa una tercera etapa en la Operación Militar Especial, como la llamó Moscú, iniciada el 24 de febrero pasado. Una etapa más peligrosa porque Kiev pasa a ser, en la práctica, administrador y vocero de un conflicto abierto entre las potencias occidentales y Rusia.
Foto: AFP
Los líderes europeos y Washington ya adelantaron que no van a reconocer el resultado. “Los referéndums de Rusia son una farsa, un falso pretexto para tratar de anexar partes de Ucrania por la fuerza en flagrante violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Trabajaremos con nuestros aliados y socios para imponer costos económicos rápidos y severos adicionales a Rusia”, dice un comunicado de la Casa Blanca.
Pero más allá de la cuestión formal y previsible del rechazo, el caso es qué van a hacer. Si escalan la contienda ya tienen el aviso de qué está en juego. “Estamos realmente en guerra con… la Otan y con Occidente colectivo”, advirtió Shoigu. “El propósito de este Occidente es debilitar, dividir, y, finalmente, destruir nuestro país”, abundó Putin esta semana, consciente de la vigencia el plan de la Corporación Rand de 2019.
“No se avergüenzan de decir que tratan de infligir una derrota militar a nuestro país pero también destruir y fracturar a Rusia”, detalló el canciller ruso en la Asamblea de la ONU. Consciente también de que ese plan estratégico consistía en sacarlo a la cancha para que se extendiera tanto que no pudiera controlar todo su extenso territorio. «Hoy se está decidiendo la cuestión del futuro del orden mundial; esto está claro para cualquier observador imparcial», agregó Lavrov. Lo que hace prever mayores tensiones y más trágicas. Si la guerra es por la subsistencia, solo puede terminar con la desaparición de uno de los bandos. El problema es que en una guerra nuclear el resto del mundo queda en el medio. «
Europa presiona para condicionar a Hungría
El gobierno de Hungría es un grano en íntima anatomía para Europa. La amistad del primer ministro derechista Viktor Orban con el presidente ruso Vladimir Putin preocupa al resto de la comunidad y a la Otan porque a esta altura atenta contra las políticas en común que quieren demostrar en Ucrania.
Una forma de manifestar la incomodidad es la amenaza de la Comisión Europea de suspender fondos asignados por 7500 millones de euros en ayudas pos-covid y financiación de proyectos. La excusa es que las autoridades no garantizan el uso cristalino de ese dinero y que es de los países más corruptos del continente. En respuesta, Orban mantuvo este jueves una reunión con miembros de su partido, Fidesz -con el cual fue reelecto como jefe de Estado en abril pasado con más del 53% de los votos- y propuso “hacer cuando sea posible para asegurarse de que Europa levanta las sanciones contra Rusia como muy tarde antes de que termine el año”. El premier atribuye a las sanciones el incremento exorbitante de los precios y teme por el abastecimiento energético de cara al próximo invierno.
Parte del dinero que espera se relaciona con el proyecto de la central nuclear Paks-2. «Nos complace que en el primer paquete de sanciones se dijera muy claramente que el uso civil o pacífico de la energía nuclear no está sujeto a sanciones. Y es por eso que instamos a todas las instituciones en Bruselas, a todos los bancos que operan en la UE o a los reguladores nacionales a no exagerar, respetar eso y no tratar de obstaculizar el proyecto», declaró el canciller húngaro, Peter Szijjarto. En 2014 el gobierno magiar y la empresa rusa Rosatom firmaron un contrato por 12.500 millones de dólares para la construcción de la planta atómica, aún no concluida.
Tal vez este domingo Orban tenga un nuevo aliado en el continente. Giorgia Meloni, la candidata de Hermanos de Italia que puede ser ungida como primera ministra en la península itálica, junto con su par Mateo Salvini, por la Liga, votaron en contra del bloqueo de los fondos de la UE a Hungría.
No es la primera vez que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla de avanzar hacia un acuerdo entre las fuerzas políticas para salir de un atolladero que atraviesa la Argentina desde hace décadas. Y lo había escrito sobre un tema puntual en una carta abierta del 26 de julio de 2020, horas antes del décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. «El problema de la economía bimonetaria es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, y es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales», expresó entonces. Que el manejo de las variables económicas está ligado al mercado de las divisas es algo innegable y afectó a todos los Gobiernos desde la recuperación de la democracia. Pero en los últimos tiempos, a este drama de difícil resolución –que arrastra la espiral inflacionaria y acrecienta la desigualdad y sobre todo la incertidumbre–, se le fue sumando la violencia política que, desde la pandemia, expresan grupos extremos identificados con una derecha visceral sustentada en personajes que resultan atractivos para los medios concentrados. El intento de magnicidio es, en tal sentido, la expresión de un síntoma tanto como una advertencia para toda la dirigencia. Desde el entorno de la expresidenta y desde el Gobierno se buscó tender lazos con los sectores de la oposición para salvar los pactos implícitos desde el día que asumió Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983. Para Cristina Fernández, los discursos de odio que se fueron extendiendo y, peor aún, normalizando, implican un peligroso deslizamiento hacia épocas sangrientas para la sociedad argentina que la dirigencia tiene la obligación de frenar. Pero justamente el atentado, una piedra angular en todo este proceso, se convirtió en un hecho sujeto a discusión ontológica. Y sobre esa base, los intentos de acercamiento chocan con las interpretaciones minimizantes de sectores de la oposición que ligeramente se pueden definir como «halcones». Como están las cosas, hay coincidencia entre todos los actores políticos en que un pacto como ese debe partir de un encuentro entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. La historia argentina muestra ejemplos contradictorios sobre el alcance de pactos semejantes. No hace falta ir al siglo XIX, ni siquiera al encuentro Perón-Balbin de los años 70.
Mesa para dos La reforma constitucional de 1994 solo fue posible tras un acuerdo entre Carlos Menem y el propio Alfonsín. El todavía líder de la UCR dejó jirones en el camino al Pacto de Olivos con el que consideraba que podía salvar la democracia en un momento crítico. A nadie escapa que juntarse con el enemigo político tiene costos y tampoco que una imagen política muchas veces se construye como la contracara del oponente. La vicepresidenta, lideresa de un sector del peronismo mayoritario y contestatario del establishment, viene dando muestras de todo lo que está dispuesta a sacrificar. La decisión de que Alberto Fernández sea el candidato presidencial podría ser un ejemplo de esa actitud. Más acá en el tiempo, la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía es otra muestra de pragmatismo, es cierto, pero también de una voluntad de acordar con políticas que no estaban en su ideario. Por el lado del fundador del PRO, hasta el momento los tantos parecen más confusos. Uno de sus allegados más cercanos, el senador José Torello, recibió de la propia titular de la Cámara Alta el convite de que se sienten a charlar sobre cómo avanzar en pactos que a esta altura no serían solo sobre economía sino de convivencia. O de supervivencia. Torello es amigo de toda la vida de Macri y también fue uno de los impulsores de la persecución judicial al Gobierno kirchnerista. El dato no es irrelevante. Pero desde el mismo macrismo fueron surgiendo voces de rechazo. Que se expresan en la afirmación de que tanto el Gobierno como el kirchnerismo sobreactúan el atentado, que se victimizan. Desde los medios afines a la oposición, en tanto, algunos comunicadores lograron instalar la certeza de que fue un autoatentado. Deslizan que es una operación para condicionar el avance del juicio Vialidad. El propio Macri, cuando aún la Justicia no terminó con la investigación y desde la querella de CFK insisten en seguir la línea de responsables «hacia arriba» –ya sea en agrupaciones políticas como estamentos de fuerzas de seguridad y agentes de inteligencia «cuentapropistas»–, definió al intento de asesinato como «obra de un grupito de loquitos». Se entiende que, en ese clima, más que la voluntad de los protagonistas, lo que está en juego para un acercamiento es la interna de cada cual dentro de su espacio. Las cartas de la vicepresidenta son «un marco mínimo de consenso institucional de una idea de nación» en el cual quede claro que no se puede «exterminar al adversario ni tratar de asesinar presidentes», afirman cerca de ella. Macri dijo que no tendría problemas en sentarse a tomar un café, pero, aclaró, «con la Constitución sobre la mesa». A su alrededor recuerdan que no llegaron a ponerse de acuerdo ni siquiera para la entrega del bastón de mando en 2015. Pero algo de agua corrió bajo el puente desde entonces.
Una veloz contraofensiva ucraniana permitió al Pentágono celebrar como un triunfo una estrategia que dejó mal paradas a las tropas rusas, que debieron recular en región del noroeste de Ucrania que mantenían bajo control desde poco después del inicio de las operaciones militares del 24 de febrero pasado. El debate entre los analistas de este tramo de la guerra es divergente: mientras para los más inclinados a las posiciones occidentales es una batalla clave perdida por Rusia que adelanta la derrota final y hasta la caída del gobierno de Vladimir Putin, para otros se trata de una retirada estratégica en un conflicto de largo aliento en el que Moscú no piensa poner «toda la carne en el asador» con el envío de más tropas y equipamiento porque tiene mucho territorio para defender y padece el síndrome de la «sábana corta». Otros, más neutrales, perciben un incremento del conflicto involucrando a otros actores europeos.
Los últimos movimientos en torno a Ucrania revelan los cambios acelerados en el tablero geopolítico internacional. En el terreno puede verse desplegada en toda su magnitud el plan de la Corporación Rand de 2019 –»Sobreextender y desequilibrar a Rusia» (https://www.tiempoar.com.ar/mundo/la-hoja-de-ruta-de-la-corporacion-rand-para-derrotar-a-rusia/)– cuyo objetivo final es desmembrar a ese país en varias naciones más pequeñas y controlables para Occidente.
Así, en estos días, a los choques fronterizos entre Armenia y Azerbaiyan, se le sumaron enfrentamientos entre Kirguistán y Tayikistán, a duras penas contenidos a través de tan trabajosos como precarios acuerdos de alto el fuego. Son cuatro exrepúblicas soviéticas que preocupan a los estrategas que elaboran las hipótesis de conflicto en el Kremlin. Mientras tanto, en Uzbekistán, los países de la Organización de Shanghai debatieron el nuevo estado del mundo (ver aparte). El rol de Turquía en este fárrago denota las aspiraciones de Recep Tayyip Erdogan por recuperar la hegemonía que alguna vez tuvo el desaparecido Imperio Otomano.
El New York Times agregó un detalle fundamental en este clima mediante un artículo donde sostiene que la contraofensiva ucraniana fue fruto de varios meses de discusiones entre la cúpula del Pentágono y la dirigencia militar de Kiev. El plan, revela el influyente medio estadounidense, habría surgido de una iniciativa del presidente Volodimir Zelenski para pergeñar una operación relámpago sobre Jerson, iniciada el 29 de agosto, que simbólicamente golpearía a Rusia pero a la vez convencería a los remisos de la Unión Europea de que vale la pena el envío de más armas y pertrechos, en un momento en que ante la cercanía del invierno, los aliados temen por las consecuencias de las restricciones energéticas a que ellos mismos se sometieron. Y además, empezaban a percibir un oscuro final para sus intereses en el campo de batalla.
El NYT señala que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, y Andriy Yermak, su par del gabinete de Zelenski, planificaron la operación durante meses y desliza que del diseño final participó el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE UU. La contraofensiva contó con la colaboración en inteligencia y hasta con tropas de países europeos, como pudo verse en varios videos difundidos incluso por fuentes continentales.
En este contexto no es aventurado considerar que Ucrania dejó de ser el escenario de un conflicto entre Moscú y Kiev para convertirse en una guerra cada vez más abierta entre Rusia y la OTAN. Y para peor, sin posibilidades de llegar a un acuerdo. Como están dadas las cosas, perder la guerra implica la desaparición lisa y llana de uno de ellos. Así lo entiende Putin, que ante el repliegue parcial en Ucrania, sostuvo que «nuestras operaciones ofensivas, en el Donbass, no se detienen, avanzan poco a poco», y aseguró que Rusia no tiene «prisa» en terminar su campaña militar, pese a que Kiev recuperó unos 8000 kilómetros cuadrados en una semana.
La fecha elegida para esta operación, por otro lado, no podía ser más oportuna. Mientras en Estados Unidos la administración de Joe Biden y el sistema judicial avanzan sobre Donald Trump por los documentos secretos incautados en su residencia de Florida, el 11 de setiembre se cumplían 21 años del ataque a las Torres Gemelas, que embarcó al Pentágono en un descomunal despliegue militar con el objetivo de combatir el terrorismo.
La primera jugada en tal sentido se produjo pocas semanas más tarde, el 7 de octubre de 2001, con la invasión a Afganistán. Lo impactante es que hace justo un año, el 31 de agosto de 2021, las últimas tropas y funcionarios diplomáticos estadounidense fueron evacuados de Kabul en la derrota mas humillante para EE UU desde la de Vietnam, en 1975. El año pasado, las críticas sobre la Casa Blanca fueron demoledoras. Por un final como ese: 20 años, miles de muertos y destrucción para dejarle el poder nuevamente a los talibán. Pero además, por lo desordenado de la huida. Las imágenes de los helicópteros sobre las embajadas en la capital afgana y el Saigón impactaron de la misma forma en el orgullo estadounidense.
En Ucrania, sin tropas propias, con una impresionante recuperación económica de la industria bélica y un piadoso manto de olvido, Biden tiene motivos para celebrar. «
Alemania se rearma y expropia bienes rusos
En la década del ’30 del siglo pasado, un mensaje como el que dio el canciller Olaf Scholz ante un grupo de altos mandos uniformados esta semana hubiera helado la sangre a cualquiera. «Como el país más poblado, dotado de la mayor potencia económica y situado en el centro del continente, nuestro ejército debe convertirse en el pilar de la defensa convencional en Europa, y en las fuerzas armadas mejor equipadas de Europa». Ya el gobierno germano había anunciado un plan de 100.000 millones de euros para reequipar a la Bundeswahr.
La realidad en el este europeo le da otro cariz al mensaje. Es que la guerra en Ucrania desnudó viejos temores y sobre todo, va sacando a la luz antiguos conflictos no resueltos. Uno de ellos es el papel que los alemanes creen que deben jugar en el continente. Si ya eran la potencia central y la moneda común, el euro, era la versión continentalizada del marco, ahora justifica sus aspiraciones geopolíticas, en una estrategia destinada a convertirse en una muralla defensiva en un posible enfrentamiento con Rusia.
Por lo pronto, en estos días el gobierno de Scholz decidió expropiar la filial de empresa petrolera rusa Rosneft, que mantiene en ese país el 12% de la capacidad de refinación y de distribución en estaciones de servicio. «Seremos menos dependientes de Rusia y de las decisiones que allá se tomen», dijo el jefe de gobierno. La firma se quejó de lo que denunció como una «decisión ilegal» y «una violación de todos los principios fundamentales de una economía de mercado». En abril, Alemania ya había expropiado Gazprom Germanía, filial de la proveedora de gas, también de capitales rusos.
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