Con Kiev sitiada y lejos de una tregua que el presidente ruso Vladimir Putin atribuyó a una negativa de su par ucraniano Volodimir Zelenski, las tropas rusas encaraban una ofensiva final en Ucrania mientras que EE UU intentaba una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar la invasión y la Otan anunciaba una reunión urgente para este domingo.
Durante gran parte del viernes se habló de que Zelenski aceptaba negociaciones en Minsk para un alto el fuego. Horas antes, en un mensaje de tono dramático en las redes sociales del gobierno, había llegado a la conclusión de que “nos dejaron solos”. Y sin bajar del reclamo, agregó: «¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. Todo el mundo tiene miedo”.
Si el gobierno de Kiev esperaba una intervención de la Otan, la realidad le demostró que siempre estuvo equivocado. Se lo dijo claramente el secretario general de la organización atlántica, Jens Stoltenberg. «No tenemos planes para desplegar tropas de combate en Ucrania- puntualizó- Ucrania no es un aliado de la Otan”, y aclaró que le habían enviado armamento y asesoramiento militar.
El coqueteo de las elites que tomaron el poder en Kiev tras el golpe de 2014 con la Unión Europea y la alianza militar fue la línea roja que se había fijado hace justo ocho años Vladimir Putin. Más allá de arrumacos mutuos, para ese salto a Occidente era necesario contar con la anuencia o un descuido de Moscú que no existió. Pero desde el intento de destitución a Bashar al Assad en Siria, Rusia recuperó en el campo de batalla gran parte del poderío como para demostrar y demostrarse que es una potencia militar. En Medio Oriente probó técnicas y aparatos de última generación que por lo que se ve, superan a los que pueden disponerse en Occidente.
Esa parafernalia fue puesta nuevamente en acción el jueves sobre Ucrania. Y el sábado, desde Moscú, informaron que ponían nuevamente marcha hacia Kiev, luego de una detención parcial ante la posibilidad de un espacio para la diplomacia. “Después de que la parte ucraniana rechazara el proceso de conversaciones, hoy (por ayer) se dio a todas las unidades la orden de iniciar la ofensiva en todas las direcciones en correspondencia con el plan de la operación”, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konashénkov.
En un mensaje de renovados bríos, Zelenski llamó a los ciudadanos a resistir, dijo haber entregado armas a la población y prohibió la salida de los varones de entre 18 y 60 años para que se sumen a la defensa de la capital. El mandatario se comprometió a defender Kiev hasta las últimas consecuencias y para no quedarse atrás, el expresidente Petró Poroshenko se mostró en las calles con un fusil de asalto.
En el segundo día de operaciones, las tropas rusas habían logrado tomar gran parte del Occidente ucraniano. A la mañana, Rusia anunció el desembarco en Mariúpol y un asalto con helicópteros en Nikolayev, mientras que se registraron otros avances desde Bielorrusia.
Putin ya había hecho saber que no tenía intenciones de mantener una ocupación del país sino simplemente sacar del poder a la cúpula prooccidental que se mantiene tras el golpe a Viktor Yanukovich. Incluso llamó a los militares a deponer las armas y derrocar a Zelenski como un modo de apaciguar las cosas.
La justificación del presidente ruso para el despliegue de tropas -en un discurso en el que describió su interpretación de la historia de Rusia en el contexto europeo- fue que pretendía “desmilitarizar” y “desnazificar” a Ucrania. No es algo nuevo porque viene repitiendo ese concepto desde hace casi una década, solo que ahora lo hace en medio del humo de la pólvora y el silbido de los misiles.
Es que sectores ultranacionalistas y neonazis fueron los que promovieron ese cambio de régimen, amparados en el impulso de las potencias occidentales y de la Otan, ansiosa por rodear estratégicamente a Rusia para evitar el renacimiento de un país con espíritu de gran jugador en el tablero mundial desde hace varios siglos, primero con el Imperio Zarista, luego con la Unión Soviética y ahora con un presidente que, a más de 22 años como líder, difícilmente no se sienta heredero de esa tradición.
En el plano del día a día, es cierto que esos grupos neonazis atacaron desde el primer momento a la población prorrusa del Este, en el llamado Donbass, y de hecho ya en 2014 Lugansk y Donetsk había declarado su independencia, habida cuenta de que no lograban que desde Kiev respeten su autonomía y su lengua y cultura. Lo que ocurrió en esta semana fue que Moscú las reconoció como entidades independientes, lo que podría implicar en algún momento su incorporación a la Federación Rusa.
Putin directamente dijo que tenía la obligación de impedir una “limpieza étnica” en el Donbass, como en cierto modo venía ocurriendo en cuenta gotas con los ataques cotidianos de las bandas nazis en esa región. Y recordó el modo en que la Otan intervino fomentando una guerra civil en Yugoslavia que terminó en un rosario de naciones enfrentadas en matanzas brutales ante la mirada impávida de Europa y el silencio de la ONU.
Puede ser un dato menor, pero Oleksandr Levchenko es un joven nenoazi nacido en Kiev hace 27 años que en 2018 fue condenado a 9 meses y medio de prisión en Mar del Plata, donde se había criado, por crímenes de odio. Había atacado con una banda de skinheads a un músico y DJ, a una mujer trans -a la que le rompieron la mandíbula a piedrazos- y a un joven homosexual al que golpearon brutalmente en una parada de colectivo. Sus compinches eran Laurent Hervé (“el francés”) y Giovanni y Giuliano Spagnolo (“los chilenos»). Hace un año, la Justicia Federal aceptó un proceso de “extrañamiento” para que termine la sentencia en una prisión ucraniana. Desde allá publicó un video que reprodujo el portal 0223 en el que dice «Saludos compa. Va a salir todo bien. Vamos a vencer. Abrazo para los pibes».
En la ONU, mientras tanto, Rusia apeló a su poder de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad para rechazar una resolución que condenaba la invasión y que habían promovido Estados Unidos y Albania. La resolución obtuvo el voto favorable de 11 miembros del organismo y cuatro abstenciones: China, India y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Detalles para el análisis: tanto Beijing como Nueva Delhi son parte del grupo BRICS de naciones que aspiran a ser las potencias claves en el siglo XXI con Brasil –que esta vez votó junto con EE UU- y Sudáfrica. EAU es un aliado tradicional de EE UU y fuerte productor petrolero que ahora se recuesta más en Moscú que en Washington. EE UU pidió este sábado una reunión urgente para tratar el mismo asunto en la Asamblea General, un ámbito donde no rige el veto pero tampoco es vinculante. Si así fuera, ya habría tenido que levantar el bloqueo a Cuba hace años.
En el plano de las sanciones a las medidas dictadas el jueves sobre penalidades financieras y a la exportación de tecnología, a último momento la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen anunció que habían llegado a un acuerdo entre los potencias occidentales para sacar a “ciertos” bancos rusos del sistema financiero SWIFT, y a congelar los activos del Banco Central de Rusia. Finlandia, Estonia y Letonia anunciaron el cierre de su espacio aéreo a empresas rusas, mientras que Moscú prohibió el sobrevuelo sobre su cielo a líneas de origen británico, checo y polaco.
En una guerra siempre pierden los mismos: la población de los países donde se combate y quienes pelean en los campos de batalla. También se sabe quiénes ganan, inevitablemente. Fabricantes de armas, acaparadores, especuladores, productores de energía. En la “Batalla de Ucrania”, también hay ganadores y perdedores en la política internacional.
Estados Unidos, Joe Biden y la OTAN se anotan un poroto. Luego del manejo errático e injurioso de Donald Trump y de una estampida para huir de Afganistán, los tres habían quedado muy golpeados. En pocas semanas, la Casa Blanca logra ordenar nuevamente a Europa detrás de la organización atlántica, y él se posiciona en el frente interno.
Venía golpeado por el bloqueo de la oposición republicana a cada una de sus propuestas y perdiendo popularidad día a día. Para colmo, el imperio está en decadencia. Quizás, como dice algún historiador, la caída de la Unión Soviética castigó más a EE UU, que a duras penas puede mantener su cohesión interna, como se vio con Trump en el poder. En el 2001, esa unidad nacional perdida al disolverse la Guerra Fría se recompuso con la Guerra al Terrorismo de George W. Bush. Ahora necesitaba un enemigo y Vladimir Putin es ideal.
Lo venían construyendo desde la administración Obama, con una ideóloga que ahora volvió a cargos clave en la Secretaría de Estado, Victoria Nuland, la promotora del golpe de 2014 en Ucrania. Beligerante, encabeza los sectores más antirrusos dentro del “estado profundo” y es esposa de un teórico del Imperio, Robert Kagan, impulsor del Proyecto del Nuevo Siglo Estadounidense. Junto a Hillary Clinton, forman parte de lo que algún analista bautizó cáusticamente de Excepcionalistán, ese país extraordinario elegido por Dios para conducir a la civilización en el camino del Bien.
Dentro de la alianza occidental, Boris Johnson sacó del eje de debate a las críticas por las fiestas clandestinas durante lo peor de la pandemia, y encabeza el sueño de regreso imperial que se aloja en el alma británica. El Bréxit fue el primer paso para “sacarse el lastre” de la UE. El segundo fue la alianza militar con Australia y EE UU en el AUKUS, un club anglosajón exclusivo para el control de la región Indo Pacífico, la puerta del mundo hoy día.
La OTAN, nacida como una entente defensiva contra la URSS, se proponía –otra broma- tener “a los rusos afuera, a los estadounidenses adentro y a los alemanes abajo”. Ahora vuelve a tener algo que justifica su presupuesto. Si Trump, a lo bruto, pretendió que los europeos aportaran más dinero para su propia defensa, sin éxito, ahora ya todos se ven dispuestos a abrir el bolsillo para enfrentar al oso ruso.
Curiosamente, también Trump pretendía clausurar el Nord Stream 2 para impedir que Alemania se provea de gas ruso y venderle el combustible de fracking estadounidense. El deseo de Trump lo consigue Biden.
Putin, por su lado, también tiene una parte de éxito, siempre y cuando consiga no empantanarse en Ucrania y revolver el entuerto sin mayor derramamiento de sangre. Demostró que no le tiembla la pera para desenfundar las armas de ser necesario y puso a Rusia otra vez arriba del ring.
También gana China, que luego del acuerdo de «amistad sin límites» con Rusia a principios de mes, ahora aparece como moderador en una crisis que le pega cerca.
Las cifras son alarmantes: en lo que va del año los incendios forestales devastaron cerca de un millón de hectáreas en todo el país. Este dato dramático incluye las 800.000 que el fuego ya arrasó en Corrientes y otras 180.000 de 13 provincias. El fenómeno, según los especialistas, es atribuible al cambio climático, sin embargo, más del 90% de los incendios, de acuerdo con un estudio de la organización internacional World Wildlife Found (Fondo Mundial para la Vida Silvestre, WWF), son provocados por el hombre. A través de torpezas y descuidos o voluntariamente para el aprovechamiento de las tierras o incluso renovar pasturas, una práctica muy común en ciertas regiones. Es así que el Ministerio Público Fiscal correntino inició más de 70 causas por denuncias de incendios provocados. Como sea, todo parece indicar que salvo las mínimas intervenciones de la naturaleza a través de sus ciclos normales (La Niña en este caso) o la caída de algún rayo, para el resto de los incendios la mano del hombre no es inocente. En torno de la crisis correntina, concretamente, el debate político y mediático se centró más en quién es responsable de una situación por momentos totalmente fuera de control. De tal manera que, en la Cámara de Senadores, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan Cabandié debió responder más sobre el viaje a Barbados con el presidente Alberto Fernández mientras el fuego comenzaba a avanzar. Desde el oficialismo nacional, veladamente daban cuenta, por su lado, de dónde vacacionaba el gobernador radical Gustavo Valdés cuando se desataba la tragedia. Como suele ocurrir, tampoco faltaron acusaciones de que el Gobierno nacional no acudió con rapidez para colaborar con el provincial. Mientras tanto, en el fondo de la escena, brigadistas de todo el país y hasta de Bolivia trataban de controlar los focos ígneos de manera desesperada y a riesgo de su propia vida. Para colmar el vaso, el debate saltó a los medios en modo de crítica al rol del Estado en circunstancias como esta. La colecta de un «influencer», Santiago Maratea, para los damnificados se sumó a los aportes solidarios de muchos ciudadanos y a donaciones de entidades rurales de todo el país. Para los medios que hegemonizan el discurso neoliberal, la respuesta individual superó a la supuesta desidia estatal. El tema de fondo sería, sin embargo, por qué ocurren los incendios que se vienen sucediendo desde hace algunos años y cómo se les puede poner freno. En un escenario de imputaciones cruzadas, lo que queda como corolario es que poco y nada se hace por determinar las causas y poner en marcha respuestas adecuadas. En octubre pasado, un documento de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) advirtió que no compartían la posición del Gobierno argentino en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26) que se desarrolló en Glasgow. «Nos ocupa y preocupa que las propuestas de técnicos y funcionarios nacionales solo sean restringir actividades, reducir el stock ganadero, limitar el cambio de uso del suelo, sin mostrar los fundamentos que llevan a estos cálculos», escribieron.
Contradicciones El 11 de febrero pasado, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifestó su «preocupación ante la catastrófica situación que viven los productores en las provincias del litoral argentino como consecuencia de los fenómenos climáticos que azotan la región» y reconoció que «las alteraciones producidas por el cambio climático no son un fenómeno eventual, por lo que se sabe que no alcanza con las declaraciones de emergencia». En un documento reclamaron a autoridades nacionales y provinciales «que pongan a disposición de los productores herramientas modernas para combatir estos flagelos y un eficiente apoyo financiero e impositivo para recuperar el capital de trabajo que permita reencauzar la actividad productiva». Diez días más tarde, la Sociedad Rural Argentina, una de las organizaciones firmantes del pedido de auxilio estatal, presentó un recurso de amparo ante la Justicia federal de Córdoba para que «cese el cobro de retenciones» a la exportación de productos agropecuarios por entender que como no se aprobó la Ley de Presupuesto 2022 ese impuesto no tiene sustento legal. Otra contradicción entre el discurso y los hechos surge del desastre que se registra en los Esteros del Iberá, el humedal más grande del país y uno de los más importantes del planeta. Las imágenes de especies nativas huyendo del fuego resultan escalofriantes. «Son la última muestra en América del Sur de pastizales subtropicales en buen estado de conservación en grandes extensiones», resumió en un comunicado la Fundación Rewilding Argentina. «Además de los múltiples beneficios ecosistémicos y económicos que aportan, son el lugar ideal para reintroducir especies extintas localmente», concluye la ONG. Pero este año volvió a caer –por tercera vez– el proyecto de Ley de Humedales, destinada a la protección de esos recursos. El Senado de Corrientes había rechazado la sanción ya en 2020 «por las implicancias negativas que esos proyectos deparan hacia el sistema productivo» y la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes indicó entonces que «no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los humedales de Corrientes a pesar de convivir con actividades productivas y culturales desde hace más de 300 años. (…) Por lo cual es inoportuno, inconveniente e innecesario aprobar algún proyecto de ley con tales características». Otra cámara empresaria, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), reclamó en este contexto «un nuevo abordaje al drama de la sequía, los incendios forestales y el impacto del cambio climático en un sector que genera 100.000 empleos» en todo el país y que exporta por valor de unos 700 millones de dólares. La otra cara de este reclamo viene por parte de Irene Wais, bióloga por la UBA y ecóloga por la Universidad de Oregon, Estados Unidos, y la UNAM de México, además de docente en la Universidad del Salvador. En un artículo para Perfil, Wais señala que reemplazar ecosistemas naturales por especies arbóreas exóticas como el pino y el eucalipto provenientes de EE.UU., Canadá y Australia, todas ellas resinosas –con su alta y persistente combustibilidad– y con una demanda de agua importante por su rápido crecimiento, «deja una huella hídrica enorme en el área donde se implantan». Wais muestra una postal del drama que el país vive desde hace varios años pero ahora estalla en Corrientes. «La provincia de más agua de la Argentina, la de los esteros por excelencia, cubierta por llamas, humo y cenizas. Y no solo en los humedales secos, también en las riberas de los arroyos y ríos, en los bosques, en las selvas ribereñas en galería e, incluso, en los amenazados campos sembrados y malezales».
La escalada bélica en Ucrania fue condenada con distintos tonos por los Gobiernos latinoamericanos. La Cancillería argentina rechazó el uso de la fuerza y destacó que no apoya ninguna guerra «empezada por ningún país», al tiempo que reiteró la necesidad de ceñirse a «los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas» para resolver los conflictos. El vicepresidente brasileño, Antônio Hamilton Mourão, fue más enfático al señalar que Brasil dejó muy claro que respeta la soberanía de Ucrania, así que Brasil no está de acuerdo con la invasión del territorio ucraniano». Los mandatarios de ambos países, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, fueron los últimos latinoamericanos en reunirse con Vladimir Putin en Moscú antes de los ataques ordenados sobre objetivos ucranianos. Y por ello recibieron fuertes críticas aunque con contenido dispar. Mientras que a Alberto Fernández los medios y la oposición le endilgaban su acercamiento a Rusia y a China en el contexto de negociaciones por la deuda con el FMI; a Bolsonaro le cuestionaban que había declarado a Brasil como un gran amigo de Rusia.
El presidente Joe Biden anunció una nueva tanda de sanciones contra Rusia por los ataques a objetivos militares ucranianos ordenados por Vladimir Putin. Entre los castigos figuran “limitar la capacidad” para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes y «detener la capacidad de financiar y hacer crecer al ejército ruso». Por un lado, indicó el inquilino de la Casa Blanca, penalizará a otros cuatro bancos y suprimirá más de la mitad de las importaciones tecnológicas de Rusia. Pero, detalle, no sacará al país euroasiático de la red interbancaria Swift.
Por lo que se ve, Biden consiguió que Alemania se autoinfligiera un daño incalculable aún al suspender la certificación del gasoducto Nord Stream II, que debería ya estar proveyendo de gas mucho más barato para la industria y la calefacción germanas. No solo eso, también Francia dejó de lado su irritación porque al firmar en setiembre pasado el tratado AUKUS, el complejo militar industrial estadounidense le birló a empresas galas un jugoso contrato ya firmado para la venta de submarinos nucleares a Australia. Pero reconoció Biden que no todos en Europa estaban dispuestos a prohibir el uso de Swift, un mecanismo para transacciones internacionales de dinero a firmas rusas.
De todas maneras, cabe la reflexión acerca de las sanciones que sí se ponen en marcha, y a las que lentamente se van acoplando los aliados de EEUU. Porque resultan ser un método habitual de Washington para mostrar enojo y amenazar con el infierno a algún país o mandatario y que, a lo largo de la historia, no parece haber dado tantos resultados.
Es que si las sanciones fueran efectivas, Cuba hace tiempo que habría vuelto al redil de las naciones encolumnadas dócilmente con la Casa Blanca, como Francia o Alemania, sin ir mas lejos. Lo de los germanos es difícil de entender ya que si alguien pierde dejando el tubo de gas cerrado serán ellos y si alguien gana serán las productoras de gas de fracking que hace añares quiere venderles EEUU, pero en fin…
Como se recordaba hace unas semanas en este diario, el primer paquete de castigos al gobierno de la revolución cubana data de hace justo 60 años, durante la administración de John Kennedy.
Algunos años antes, previo al primer conflicto del que participaron tropas de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, en 1950 se aplicaron sanciones contra Corea del Norte que se mantuvieron hasta 2008. En 2013 Washington volvió a la carga luego de nuevas pruebas con misiles nucleares de Pyongyang.
No era la primera vez que la represalia económica era utilizada para presionar a un régimen “maldito”. Cuando en 1940 Japón invadió Indochina, EEUU, Australia, el Reino Unido y el gobierno holandés en el exilio (el país estaba ocupado por los nazis) establecieron un bloqueo comercial que impedía el acceso de casi el 90% del petróleo para el Imperio del Sol Naciente. Luego vendría el ataque a Perl Harbour, pero esa es otra historia que bien tiene un origen allí.
Más acá en el tiempo, en 1979 toma el poder en Irán la Revolución Islámica. El gobierno de Jimmy Carter congeló los activos del país y las reservas del oro. En 1984 Ronald Reagan prohibió la emisión de créditos a las instituciones internacionales y en 1987 canceló completamente el comercio bilateral con EEUU. Ya en el siglo XXI Barack Obama y Donald Trump reforzaron las sanciones para impedir el plan nuclear del gobierno iraní. Esa también es otra historia
Otro sancionado fue el gobierno de Saddam Hussein en Irak tras la invasión a Kuwait. Es cierto que el líder iraquí fue eliminado, pero luego de la invasión de 2003 en busca de armas de destrucción masiva que nunca existieron, como recordó Putin en el mensaje en que anunciaba el ataque a Ucrania.
Otros países sancionados fueron Birmania, Yugoslavia -luego destruida en una guerra civil alentada y fogoneada por la Casa Blanca y la OTAN- Zimbabue, Somalia, Bielorrusia, Sudán, Libia -invadida por al OTAN y EEUU para sacar del poder a Muhammar Khadafi, asesinado después por una turba- y Venezuela. Como en el país caribeño los castigos- en los que no faltó la expropiación ilegal de activos su territorio estadounidense y el oro depositado en el Banco de Inglaterra- no daban resultados, Trump intentó una invasión en 2018, con beneplácito de gobiernos latinoamericanos entre los que no faltó, por lo que se supo estas semanas, el de Mauricio Macri.
La historia cuenta que tras la Guerra Fría, solo entre 1993 y 1996 EEUU impuso 63 sanciones a 35 países, al punto que por entonces casi el 40% de la población mundial estaba sujeta a algún tipo de castigo económico estadounidense. Y que a lo largo de su historia la Casa Blanca recurrió a ese método no menos de 650 veces.
También que antes, la Unión Soviética pudo desarrollarse a pesar de las distintas restricciones al comercio establecidas por Washington. Difícilmente puede atribuirse su disolución hace 30 años a las sanciones comerciales occidentales. En todo caso, podría decirse que los rusos no son vírgenes en manejarse en contextos de bloqueo por su historia previa y por lo que viven desde 2014, cuando luego del golpe en Kiev contra Viktor Yanukovich reincorporó a Crimea.
En pocas palabras: sancionar parece un sistema de presión que en general da pocos resultados, perjudica más al que los aplica que a la víctima. Pero seguramente en algún lugar del imaginario estadounidense tranquiliza las almas.
Otra cosa, Biden dijo también que la organización atlántica está más unida que nunca, que «defenderemos a los aliados en el este y todo ápice de terreno de la OTAN». Pero aclaró que los soldados estadounidenses no lucharán en Ucrania.
Comentarios recientes