El fallido intento de aprobar la Ley de Presupuesto despertó las más variadas críticas tanto dentro del oficialismo como de la oposición, que en apariencia había logrado un triunfo político al bloquear la llamada Ley de leyes que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán. No es un tema menor dejar a un Gobierno sin la normativa que estipula cuánto se gasta y, fundamentalmente, en qué se gasta. Por eso el debate posterior sirvió para mostrar el alcance y la profundidad de lo que se discute no solo en la Argentina actual sino en todo el mundo: los impuestos y cómo se construyen sociedades menos desiguales. La firma del Consenso Fiscal fue un segundo capítulo en esta saga por los recursos en la que los gobernadores, incluso de origen radical, pudieron corregir aquel desliz de mediados de diciembre –que en verdad los perjudicaba– y aprobaron la iniciativa presentada por el presidente Alberto Fernández.
El gran debate con el pacto firmado por 23 provincias fue, otra vez, el compromiso que habían asumido algunos dirigentes opositores de no aumentar impuestos. La estrategia de los «libertarios» locales y el ala más dura dentro de Juntos por el Cambio recuerda al movimiento Tea Party en el Partido Republicano de los Estados Unidos, cuyo fin desde su origen es reducir el pago de impuestos a su mínima expresión. De hecho, el nombre de ese grupo hace referencia a un acto fundacional, la rebelión de 1773 en Boston contra un impuesto al té establecido por la corona. Y a la manera del Tea Party, el ala más dura de la coalición opositora arrastra al resto a extremar las tensiones con el oficialismo, pero básicamente a esmerilar la gobernabilidad.
Los platos rotos «Estamos dando un paso en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina», dijo el presidente tras la firma del Consenso, rodeado por los mandatarios provinciales en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. En octubre pasado, los legisladores de JxC habían jurado no votar aumentos de impuestos. A ese entendimiento interno se aferraron los críticos del acuerdo con el Gobierno, alegando que se incrementarán las tasas a nivel provincial. Sin embargo, el documento no contempla específicamente aumentos, aunque tampoco los impide. Tanto los diputados Martín Tetaz como Ricardo López Murphy fueron los más feroces censores de esta versión 2022 del acuerdo fiscal. Todavía malheridos por la aprobación de la reforma al impuesto a los Bienes Personales, aspiraban a mantener la asfixia sobre Hacienda en un momento clave para las negociaciones con el FMI. «El Pacto Fiscal los habilita a crear nuevos impuestos, pero también a renegociar deudas cruzadas entre la Nación y las provincias, y obliga a no hacer juicios en los conflictos que hay entre ambos», justificó el senador por Mendoza Alfredo Cornejo. El gobernador mendocino Rodolfo Suárez, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés –provenientes de la UCR– se reunieron tras la firma del documento con Horacio Rodríguez Larreta para asegurar que no iban a aumentar impuestos. El alcalde porteño fue el único que no estuvo presente en el acto presidido por Fernández. Fue su forma de mostrar una imagen de liderazgo en contra de un tema tan delicado para las aspiraciones del sector ultra de la oposición. La cuestión impositiva es clave no solo por lo que implica para igualar los tantos dentro de una sociedad sino por cualquier acuerdo que se pueda lograr con el Fondo. De lo que se trata es de quién pagará los platos rotos del voluminoso préstamo que el organismo financiero le dio al Gobierno de Mauricio Macri. Aunque la pelea, a largo plazo, es por el sentido de las cargas fiscales. Cualquier ciudadano de a pie rechazaría instintivamente el pago de un impuesto y eso hasta puede resultar un incentivo para el voto hacia un candidato determinado. Pero la reducción impositiva impulsada por el neoliberalismo como la panacea para el crecimiento ha demostrado en todo el planeta que solo sirvió para enriquecer cada vez más a ese 1% que atesora tantos bienes como el 99% restante de las sociedades. Un detalle no menor es que el Consenso Fiscal establece que las provincias podrán sancionar un impuesto sobre la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones o anticipos de herencia. Como pocas propuestas, la sola mención de este tributo generó escozor en sectores conservadores. Para el diputado Javier Milei, representante del antiestatismo, cobrar un impuesto a la herencia «es inmoral, porque te están quitando el fruto de tu trabajo y cómo vos lo querés asignar. ¿Quién es el Estado para penalizarte porque decidís dejarlo como regalo cuando uno se muere?». Es bueno recordar que ese impuesto estuvo vigente en nuestro país desde 1923 hasta 1976, cuando fue eliminado por el ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz. En la raíz de las desigualdades está la baja de los impuestos, como bien registró el economista francés Thomas Piketty. Pero también las inequidades son fomentadas por los herederos de las grandes fortunas, sus usufructuarios directos. El argumento del neoliberalismo es que las fichas cayeron de una determinada manera para cada individuo por las actitudes de sus padres. El pobre, según esta categorización, lo es porque sus ancestros no hicieron mucho para salir de una situación de pobreza. De acuerdo con Piketty, el sistema actual mantiene al heredero pobre en la pobreza por más esfuerzo que realice, mientras que el heredero rico seguirá siendo rico por más incapacidad que manifieste. A menos que se establezca algún elemento que equilibre los tantos.
Villegas y la Gestapo
29 de diciembre de 2021
Macelo Villegas es abogado especializado en Derecho Laboral, pero no se le conocen antecedentes como defensor de trabajadores. Ocupó, sí, cargos en áreas de relaciones humanas en empresas de la talla de Pérez Companc, Grupo Suez, Walmart, Jumbo y Telecom Argentina. Recaló en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires con la gestión de María Eugenia Vidal. Se hizo famoso a fines de diciembre cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) difundió un video de junio de 2017 encontrado en un disco rígido de una computadora del organismo donde se ve una reunión con el intendente de La Plata, Julio Garro, operadores judiciales, empresarios de la construcción, y un par de agentes del espionaje vernáculo. «Creeme que si yo pudiera tener –y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte–, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», se le escucha decir a Villegas, sin que ninguno de los presentes se escandalice. La indignación no llegó a los medios hegemónicos con la misma velocidad ni ímpetu que cuando se trata de información referida a sectores afines al oficialismo. Hubo piruetas incluso para enfocar a quienes cuestionaron el hecho como una defensa del sindicalista de la UOCRA Pablo «Pata» Medina. Pero la mención a la organización criminal nazi despertó, finalmente, el rechazo público. Villegas se disculpó y deslizó que las imágenes podrían haber sido tergiversadas. Desde las fuerzas de la oposición y entidades de la comunidad judía también surgieron repudios. Pero la repulsa no se dirigió a las presiones y los acuerdos que revela el video con miembros del Poder Judicial para perseguir ilegalmente a sindicalistas. Tampoco por el hecho que desde la AFI macrista se hubiera filmado, también ilegalmente, un encuentro de un funcionario del oficialismo de esa época. Más allá de la sórdida alusión a la Gestapo, el video es un reconocimiento explícito a una operatoria político-judicial y también mediática que tanto la vicepresidenta Cristina Fernández como funcionarios de su Gobierno vienen denunciando en los tribunales con suerte bastante esquiva.
Hace un cuarto de siglo, el 29 de diciembre de 1996, en un clima de celebración entre las navidades y el año nuevo, los grupos guerrilleros nucleados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron con el gobierno de Guatemala los Acuerdos de Paz firme y duradera que tenían como objetivo poner fin a 36 años de una guerra civil que en la práctica fue un genocidio perpetrado por el Ejército estatal que dejó un saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 100.000 desplazados.
A 25 años de aquel acontecimiento esperanzador para esa nación centroamericana, no son muchos los logros que puede mostrar la dirigencia de esa nación. La pobreza, según datos del ministerio de Desarrollo Social, supera el 60% de la población, las tierras cultivables siguen siendo territorio en disputa y en posesión de la oligarquía y la violencia de la que son víctimas las clases bajas y las comunidades originarias no dejan de perpetuarse.
Entrevistado por la agencia AFP, Miguel Itzeop, de la etnia maya-k’iche’, asegura que “la paz para nosotros es posible si se combaten las causas que originaron el conflicto armado interno que son la pobreza, la exclusión social, el racismo y discriminación a los pueblos indígenas».
La persecución y el silenciamiento de los pueblos originarios es de tal magnitud que hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que el estado guatemalteco violó la libertad de expresión de tres pueblos indígenas al perseguir, allanar y clausurar radios comunitarias de los pueblos indígenas maya kaqchikel, achí y mam.
Según el organismo de justicia regional, el marco regulatorio establecido por el gobierno “impidió, en la práctica, que estas comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias”. La CIDH consideró, además, que “la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas”.
Los datos son relevantes: hay 424 radios autorizadas en FM y 90 en AM, de las cuales solo una es comunitaria. Las radios que las comunidades manejan, no tienen autorización y son frecuentemente allanados y sus equipos confiscados.
Actualmente Guatemala tiene unos 17 millones de habitantes y según las cifras estatales el 40% son indígenas, aunque los pueblos originarios elevan ese guarismo al 60%. Los pueblos originarios también han sido y siguen siendo las principales víctimas de la violencia y la explotación.
También estos días, la CIDH condenó a Guatemala por delitos de lesa humanidad durante la masacre de la aldea Los Josefinos, cometida por el Ejército en 1982 y que provocó la muerte de 38 personas, 14 desaparecidos t siete familias desplazadas. La Corte también ordenó «remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad en este caso» en el que no hay imputados mientras familiares de las víctimas reclaman justicia al cabo de 59 años.
Una comisión de Naciones Unidas documentó 669 masacres durante el conflicto armado. El 93 % de los hechos atroces registrados en los 36 años de guerra civil fueron obra de miembros del Ejército, entrenados mayoritariamente en la Escuela de la Américas que EEUU tenía en Panamá. Los grupos guerrilleros fueron causantes de 3 % de las matanzas, según ese informe, y el 4 % restante fueron fuerzas no identificadas. Pero como los sucesivos gobiernos de ese período crearon a su turno grupos de exterminio, no sería difícil encontrar a los responsables.
En 1994 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) convocado por familiares de víctimas del los regímenes militares localizaron los primeros cadáveres de la masacre del poso de Dos Erres, la más brutal de las matanzas de que se tenga registro, con 200 muertos.
Por ese caso llegó a ser juzgado el que fuera presidente del país, Efraín Ríos Montt, responsable de unas 1700 muertes durante sus escasos 16 meses en el poder. Pero el genocida murió en su su casa a los 91 años, en abril de 2018. La CIDH ya había condenado a Guatemala en 2009 por este hecho, que las autoridades se negaban a investigar. Poco a poco fueron juzgados los cuadros medios. Pero cancelaron la orden de arresto contra integrantes de las fuerzas conocidas como kaibiles, psicópatas especialmente entrenados para llevar a cabo las operaciones más brutales sin el menor miramiento.
Los únicos juzgados y condenados fueron seis ex kaibiles que, no por casualidad, se habían refugiado en EEUU. Las sentencias van de los 5000 a los 6000 años de prisión. El año pasado fue deportado Gilberto Jordán, de 64 años. Había sido condenado en EEUU porque mintió en su solicitud de ciudadanía y tras cumplir la sentencia fue expulsado. En mayo pasado recién fue deportado José Mardoqueo Ortiz Morales.
A días de celebrarse el primer aniversario del ataque al Capitolio de Washington, y mientras Donald Trump anunció una conferencia de prensa para ese día en la que insistirá en que le robaron la elección de 2020, desde el riñón del poder real de Estados Unidos alertan sobre la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado que lleve a una guerra civil como la que asoló a esa nación entre 1861 y 1865. Con los mismos protagonistas: supremacistas blancos enardecidos.
Esta semana, una asesora de la CIA encendió las alarmas cuando señaló que “estamos más cerca de la guerra civil de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría creer”, dijo Barbara Walter, académica de la Universidad de California en San Diego y miembro del Grupo de Trabajo sobre Inestabilidad Política, un equipo de analistas que trabaja para la agencia de inteligencia exterior de Estados Unidos.
La mujer, que estudió situaciones como las de Siria, afirmó que en la patria de Abraham Lincoln se cumplen varias de las circunstancias que indican un camino hacia el abismo. “Si fueras analista en un país extranjero que mirara los eventos en EE UU como se miran los de Ucrania, Costa de Marfil o Venezuela, revisarías una lista de verificación, evaluando cada una de las condiciones que hacen a una guerra civil probable. Y lo que encontrarías es que Estados Unidos, una democracia fundada hace más de dos siglos, ha entrado en un territorio muy peligroso”.
Tres ex altos jefes militares añadieron más leña en este caldero. “El potencial de un colapso total de la cadena de mando, desde la parte superior hasta el nivel de escuadrón, es significativo en caso de que ocurra otra insurrección (como la del 6E). No se puede descartar la idea de que las unidades rebeldes se organicen entre sí para apoyar al comandante en jefe que consideran legítimo», advierten en un artículo en The Washington Post el ex mayor general del ejército Paul Eaton, el ex brigadier general Steven Anderson y el ex mayor general del ejército Antonio Taguba. «Estamos helados hasta los huesos ante la idea de que un golpe tenga éxito la próxima vez», abundaron, por si no habían sido claros.
Sin dudas, los uniformados toman en cuenta no solo las amenazas de los sectores ultraderechistas que recibieron el aval de Trump en sus cuatro años en la Casa Blanca y cuentan con amplia difusión en medios de comunicación. Pero también perciben el crecimiento de posturas extremas dentro de las filas de las Fuerzas Armadas.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, por ejemplo, deslizó que al menos un centenar de militares había participado en “actividad extremista prohibida”, según un informe elaborado por el Pentágono para revisar las políticas de esa cartera luego del catastrófico 6E. Un portavoz de las FF AA indicó que se iniciaron cursos de capacitación sobre qué son las actividades prohibidas para un militar.
En paralelo, el Congreso investiga las responsabilidades en el ataque al Capitolio. Y en tribunales federales se abrieron procesos judiciales contra los personajes que pudieron ser identificados por las grabaciones de video. El más “ilustre” fue Jacob Anthony (Jake) Angeli, el activista ultraderechista que también se hace llamar Q-Shaman y que entró al edificio disfrazado con una piel de bisonte y un sombrero de plumas con cuernos. Miembro del grupo neofascista Q Anon, fue condenado a 41 meses de prisión en noviembre pasado y escribió desde la prisión una carta disculpándose por sus acciones.
Dominoc Pezzolla, de Proud Boys, otro grupo violento de derecha, que entró al palacio legislativo con el escudo de un policía tras romper varias ventanas, también dijo a través de su abogado que está arrepentido. “Desde su arresto ha tenido tiempo para reflexionar y ver todo lo que salió a la luz, y ahora comprende que fue engañado y se le hizo creer estas cosas falsas”, como que a Trump le habían robado la elección, dijo Jonathan Zucker.
El que no se arrepiente de nada es el divulgador supremacista Tucker Carlson, que conduce el programa mas visto de la cadena Fox News. Carlson, que hace algunas semanas se burló de la propuesta argentina de vincular el pago de la deuda con el FMI a inversiones en medio ambiente –y fue muy aplaudido por medios locales que participan de sus ideas de fondo– dirigió un documental en el que argumenta que el FBI jugó un rol preponderante en el ataque del 6E y que el Ejército busca aislar y expulsar a cualquier soldado cuyas opiniones difieran de las del gobierno actual.
Además, sostiene que hay en marcha una «segunda guerra contra el terror» dirigida contra los patriotas que, afirma, son catalogados como terroristas y encarcelados en régimen de máxima seguridad como el de Guantánamo. El documental se llama Patriot Purge (Purga de Patriotas).
El nuevo ídolo de la derecha
Kyle Rittenhouse saltó a la fama el 25 de agosto de 2020 en Kenosha, Wisconsin, durante una manifestación de Black Lives Matter, el movimiento popular en contra de las masacres policiales a miembros de la comunidad afrodescendiente en EE UU. Era el chico de 17 años que se había desplazado 30 kilómetros desde Antioch, Illinois, con un fusil de asalto semiautomático AR-15, y mató a dos manifestantes e hirió gravemente a otro.
Simpatizante de Blue Lives Matter, el movimiento pro-policial opuesto a BLM, fue detenido varios días más tarde y solo bajo la presión social por la inacción de las fuerzas policiales y judiciales.
La polémica envolvió su caso desde ese momento. Él dijo que actuó en defensa propia y hasta el entonces presidente Trump salió en su apoyo. Hubo una colecta que reunió 586 mil dólares para pagarle los mejores abogados.
En el alegato final, el defensor dijo que el adolescente «estaba tratando de ayudar a su comunidad» y que había disparado como reacción «al ataque de la gente». El detalle es que esa «gente» intentaba desarmarlo. El 20 de noviembre el tribunal lo absolvió de cinco cargos, incluso el de homicidio intencional de Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de veintiséis. Hace unos días, Rittenhouse fue tildado de “joven agradable” por Trump y vitoreado como un ídolo en el Centro de Convenciones de Phoenix. “Mi juicio fue un ejemplo de cómo intentaron perseguir nuestros derechos de la Segunda Enmienda, nuestro derecho a defendernos y tratar de tomar nuestras armas”, dijo a la multitud.
Hubo en el barrio porteño de Parque Patricios una eminencia que en lugar de filosofar a martillazos, como Nietzsche, lo hacía a las piñas. Oscar Ringo Bonavena decía cosas como que “la experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado”.
A este sesudo pensamiento debe acudir Gabriel Boric Font cada vez que alguien intenta bajarle el precio mencionando como un déficit que apenas tendrá 36 años cuando asuma la primera magistratura chilena.
Ya durante la campaña el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, intentó un brulote: “ser presidente es más que ser dirigente universitario, se requiere mucha experiencia. Se requiere haber liderado otra cosa que no sea la política, no haber sido solo diputado en la vida, tener experiencias vitales; yo soy padre”. Sichel no llegó al balotaje.
El ex dirigente que con la camada de jóvenes rebeldes de aquellas revueltas estudiantiles (Giorgio Jackson, Karol Cariola, Camila Vallejo) llegó a la Cámara baja en 2013, respondía “me falta aprender mucho”. Que no es lo mismo.
El jefe político de Sichel, Sebastián Piñera, quiso cancherear con su sonrisa de vendedor de peines en su mensaje de salutación por el triunfo.
-Oiga… usted, Gabriel, va a ser uno de los presidentes más jóvenes de los últimos tiempos y uno siempre tiene que saber combinar la fuerza, el idealismo y el espíritu de la juventud con la prudencia y la experiencia de las canas, así que quiero invitarlo mañana a que tengamos una reunión de trabajo para que podamos conversar sobre temas muy importantes para Chile -le dijo, para añadir luego:
-Aproveche muy bien este tiempo entre hoy día y el 11 de marzo, porque van a ser los mejores días. Gobernar es muy difícil.
-Lo sé, y espero que lo hagamos mejor, respondió Boric al toque.
Una buena definición del tiempo que se avecina en Chile escribió el novelista chileno Alejandro Zamora en un bello texto en que reflexiona sobre el paso del tiempo y el dato de que por primera vez en su vida -tiene 46 años- votó por alguien menor que él. “La generación de Gabriel Boric, la de nuestros hermanos menores, sí mató al padre. Formaron sus propios partidos y se negaron a asumir nuestros traumas. Se merecen nuestra admiración, nuestro cariño y nuestra gratitud”.
Los sistemas políticos buscan cooptar a quienes se incorporan a sus filas. Aplican la “cronoterapia”, para morigerar ímpetus juveniles y “explicarles” cómo funciona el mundo. “No va a ser la primera vez que partimos desde atrás”, dijo Boric al cabo de la primera vuelta, cuando fue superado por José Antonio Kast. Pero como desde que comenzó a descollar en el movimiento estudiantil, fue una sorpresa. Dio el batacazo y ahora los que peinan canas, en la dirigencia tradicional y en los medios de comunicación, no se cansan de darle consejos. No sea cosa que intente caminos que por miedo, cálculo o ventaja personal, no se animaron a recorrer ellos.
Peor aún, que demuestre que se podía ir por otro lado. Hacerlo mejor.
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