Con la paciencia de un artesano, Mel Zelaya, construyó una herramienta política Libre, para romper con el bipartidismo y desalojar del poder a los usurpadores que lo expulsaron hace 12 años interrumpiendo un proceso progresista en Honduras. Y ahora puede celebrar como propio el triunfo de Xiomara Castro Sarmiento, su esposa, por 20 puntos de diferencia sobre el derechista Nasry Juan Asfura Zablah. Un resultado el de las elecciones de este domingo que alegra a los sectores enrolados en la izquierda regional y alienta esperanzas del renacer de los gobiernos populares en América Latina luego de un ciclo con tintes ultraderechistas y de pérdidas de derechos.
Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) había dejado de actualizar el conteo de votos con el 51,45% de las mesas escrutadas, la diferencia a favor de Xiomara Castro era tanta que resultaba difícil articular una maniobra para birlarle el resultado, como había ocurrido en 2017 a favor del actual presidente, Juan Orlando Hernández (JOH), cuando un “repentino” corte de luz jugo a favor del mandatario.
Para la candidata del Partido Refundación y Libertad, Libre, el resultado daba en el último cierre, 53,61% del total, con 961.694 votos, mientras que el postulante del oficialismo, con la bandera del Partido Nacional, sumaba 607.492 votos y un porcentaje de 33.87%. Los electores habilitados son 5.182.425 ciudadanos empadronados.
Con esta tendencia, Xiomara se declaró ganadora y agradeció a sus electores.
Más interesante como para saber cómo se juegan las fichas en esta ocasión, la por ahora candidata ganadora agradeció también al titular de la cámara empresaria que pronto aplaudió su triunfo.
Y en cadena se fueron sucediendo los mensajes de felicitaciones.
De su esposo, claro.
Del hijo del matrimonio
Y también de uno de los postulantes que compitió este domingo, el representante del Partido Liberal Yani Rosenthal. A quien siguieron los líderes latinoamericanos para quienes un gobierno de Xiomara Castro no les resultará indiferente.
Es el caso de Evo Morales, que tuvo tiempo para un mensaje en su red social cuando se acercaba a La Paz para finalizar la Marcha por la Patria y contra la derecha golpista.
Hicieron lo propio el presidente cubano.
El venezolano.
Y el líder progresista colombiano Gustavo Petro, que aspira a ingresar en esa liga el los comicios del año que viene.
Tampoco podía faltar el mensaje del Grupo de Puebla.
Zelaya, si bien no se consideraba inicialmente como un presidente de la centro izquierda latinoamericana cuando llegó al gobierno, en 2006, pronto percibió los aires que soplaban en la región con Hugo Chavez, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales y el Frente Amplio en Uruguay.
Cuando en 2009 intentó hacer un referéndum para cambiar la constitución, la derecha -en alianza con la embajada de EEUU, que nada había cambiado con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca- promovió el golpe. Militares desalojaron a Zelaya poniéndolo como quien dice de patitas en Costa Rica con la excusa de que quería perpetuarse en el poder modificando la Carta Magna con el único propósito de conseguir la reelección.
Así recordaba Zelaya aquellos momentos y analizaba el futuro, a diez años del golpe.
En elecciones con la proscripción de Zelaya, en Hernández, JOH para la prensa hondureña, llegó al poder tras ganar las elecciones de 2017. No tuvo demasiada oposición para modificar el artículo “petreo” de la Constitución y conseguir que la Corte Suprema le autorizara la reelección. Pero JOH es indefendible incluso para el departamento de Estado y en Estados Unidos pululan investigaciones judiciales por su relación con el narcotráfico. Un juez federal de Nueva York condenó en marzo pasado al hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, por cuatro cargos, entre ellos tráfico de drogas. Y vienen ahora por él.
Vinculado al progresismo latinoamericano, Zelaya había fustigado el año pasado al Grupo de Lima y a esos gobiernos sumisos a las directivas de la administración Donald Trump.
Ahora un gobierno hondureño vuelve a tener ocasión de inscribirse en esa plataforma antineoliberal y de respeto a la voluntad y las necesidades populares. Menudo compromiso.
La Central Obrera Boliviana llamó a una multitudinaria concentración este lunes en la Apacheta, de El Alto, para recibir a la Marcha por la Patria, que con Evo Morales a la cabeza, partió el martes de Caracollo, Oruro, cerca de 200 kilómetros al sur. Esperan sumar a un millón de personas en apoyo del gobierno democrático de Luis Arce y contra los intentos golpistas que surgen desde Santa Cruz de la Sierra.
El viernes, desde Ayo Ayo, una de las paradas intermedias, Morales dijo que la movida, que se inició junto con el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, “se resume en la defensa de este proyecto político y social que hemos construido”, del que resaltó que “no viene del Fondo Monetario Internacional, que solo nos trae privatizaciones. Estamos acá los nacionalizadores”, agregó.
Hace dos años, un golpe contra Evo, fomentado por la derecha –con eje en el líder entonces de los llamados Comités Cívicos de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho– tuvo apoyo de los medios de comunicación pero para concretarlo fue clave el rol de la COB, de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la policía boliviana. Había comenzado denunciando fraude en el triunfo de Morales de octubre de 2019 –en este caso la “ayuda” de la OEA de Luis Almagro fue decisoria– y con cortes y movilizaciones de grupos de choque derechistas.
En 2020, y tras las demoras por la pandemia –convenientemente aprovechadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez– el MAS-IPCP volvió a ganar, por el 55%, de la mano de Arce, arquitecto del “milagro económico boliviano” durante las presidencias de Evo, y Choquehuanca, que fue el canciller durante gran parte de su mandato. Camacho ganó, a su vez, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, el reservorio del separatismo.
La derecha habló de un nuevo fraude, aunque no cuestionó el triunfo de Camacho. Desde La Paz, el gobierno comenzó a desplegar su agenda antineoliberal e impulsó el juzgamiento de todos los delitos cometidos por los golpistas, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata.
La aprobación en agosto de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo fue la excusa justa para que los sectores ideológicamente opositores aglutinaran también a quienes sintieron afectados sus bolsillos. Se trata de una norma para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en línea con iniciativas de organismos financieros internacionales y la ONU. Proliferaron paros y cortes de ruta armados por la oposición que hicieron peligrar el abastecimiento de productos esenciales.
Arce buscó calmar los ánimos derogando la llamada también Ley Madre. Eso generó controversias dentro de la derecha, porque el sucesor de Camacho en el Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, decidió levantar las medidas de fuerza, ganando la hostilidad de los grupos más radicalizados.
Camacho, en tanto, alienta el debate sobre el federalismo. Bolivia tradicionalmente adscribió al centralismo unitario, y así también quedó definido en la Constitución de 2009 que crea el Estado Plurinacional. El rechazo de la mitad más rica de Bolivia, el Oriente, tiene profundas raíces históricas, culturales y también raciales. El Altiplano es territorio con mayoría de descendientes de los pueblos originarios. El sector oriental, controlado por criollos de origen europeo y cada vez más influidos por la nueva derecha internacional, económicamente egoísta, xenófoba y antidemocrática.
En 2008 fomentaron la secesión para poner fin al “dominio de los indios”. No contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas, razonablemente opuestas a la división del país. Pero fueron sembrando en ese sector de la administración central al punto de sumarlos al golpe de 2019. Y ahora diseñaron una estrategia con el mismo objetivo de no ceder nada de sus recursos para el crecimiento del total de la sociedad, pero sin romper la unidad territorial. “Hay departamentos y regiones que quieren dirigir ellos mismos su desarrollo, el centralismo y el masismo no los dejan. Ha llegado el momento de discutir una solución de fondo y esa solución se llama federalismo”, dice ahora Camacho.
En este año, Arce ya cambió tres veces la cúpula militar, sabedor de que ahí anida un enemigo poderoso. Baste solo recordar que Evo terminó por renunciar luego de una imposición del comandante en jefe de las FF AA, el general Williams Kaliman y una “sugerencia” entonces de la COB. Esa misma dirigencia sindical que hoy pide apoyo para sostener al gobierno democrático.
Cumbre en México
Los presidentes Luis Arce y Alberto Fernández participarán en forma virtual de la presentación de la propuesta de Modelo Solidario de Desarrollo para América Latina, El Caribe y Europa del Grupo de Puebla. La organización que nuclea a 54 líderes progresistas de 16 países se reunirá presencialmente por primera vez tras la pandemia en la Ciudad de México entre el lunes y el 1 de diciembre.
Confirmaron su presencia los expresidentes Ernesto Samper de Colombia, Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. También participará la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. Lula da Silva enviará un mensaje grabado como forma de expresar su adhesión a un grupo del que fue inspirador.
Aunque no es el centro del debate, sin dudas el acoso a los gobiernos democráticos de Bolivia y Perú y la elección en Chile serán parte de los temas a tratar.
Fernández acudió en defensa de Morales y le dio asilo en Argentina a fines de 2019.
A dos años del golpe que lo sacó del poder en 2019 y a uno de que su partido lo recuperara tras ganar nuevamente elecciones democráticas, Evo Morales vuelve al ruedo y encabeza la Marcha por la Patria, desde Caracollo, en Oruro, a La Paz, en defensa de la democracia y contra los intentos de los grupos golpistas que desde el Oriente vienen acosando al gobierno de Luis Arce.
De la marcha, que comenzó este martes y recorrerá más de 180 kilómetros, partieron en primera fila el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.
La manifestación cuenta con el apoyo del MAS-IPSP, el partido del gobierno, que dirige Morales, pero también de dirigentes y militantes sociales y sindicales. “Con enorme alegría hemos recibido la información de que Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y otras tantas organizaciones se van a unir a esta marcha por la patria, en defensa de la democracia y pidiendo justicia por los masacrados en el golpe de Estado del 2019”, dijo Morales.
Esta larga caminata es una respuesta pacífica y democrática, como aclara la dirigencia oficialista, a movilizaciones y paros promovidos por la derecha para boicotear la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como “Ley Madre”, que buscaba poner coto al blanqueo de capitales y al lavado de dinero.
Arce decidió anular esa ley luego de que fue creciendo la protesta en el Oriente boliviano, con eje en el líder del golpe de 2019 y luego elegido gobernador de Santa Cruz de la Sierra en las elecciones de 2020, Luis Fernando Camacho.
Para el gobierno, estas protestas recuerdan al conato separatista de 2009 contra el propio Morales, que pudo ser frenado por la oportuna intervención de Unasur, con Néstor Kirchner como secretario General de ese organismo ahora desarticulado por las derechas regionales. Esos mismos sectores ahora intentan discutir nuevas reglas de manejo del estado central a través de argumentos sobre el federalismo.
Para las autoridades nacionales, esta nueva movida de la derecha es un ataque de contenido fascista contra un gobierno mayoritariamente indígena elegido democráticamente por amplia mayoría (55% de los votos) en 2020. La prueba, para el primer mandatario, es que aún cuando la “Ley Madre” fue derogada, los intentos destituyentes continúan.
Sin embargo, no todas son rosas dentro de la coalición derechista. A Camacho se lo recordará como el golpista que entró con una Biblia y pisoteando la whipala a la casa de Gobierno cuando obligaron a renunciar a Evo Morales, en noviembre de 2019.
Los centros de encuentro del golpismo son los Comités Cívicos. El sucesor de Camacho cuando asumió la gobernación en Santa Cruz, Rómulo Calvo -que no es menos extremista que el gobernador- ahora quedó bajo fuego amigo luego de que decidiera poner fin a los paros y bloqueos de rutas tras el anuncio de derogación de la ley que cuestionaban. “¡Calvo vendido!”, le cantaron los camachistas en la puerta de la sede del CCSC, con ánimo poco contemplativo.
Lo curioso de todo este momento de Bolivia es que el gobierno puede mostrar datos elocuentes de recuperación económica luego de la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia acumuló un crecimiento interanual de 9,67% del PBI entre enero y agosto de este año.
Un sondeo realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), a su vez, muestra que el 55% de la población boliviana valora positivamente la gestión de Arce, una cifra que crece más si se pregunta a los encuestados por la gestión de la pandemia (76 %) y por la política social (62 %).
El estudio fue realizado entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre, aclara el informe, mediante 2.000 entrevistas telefónicas a través del sistema CATI en los 9 departamentos del país, en enclaves rurales y urbanos.
En ese sondeo, los encuestados mostraron una imagen negativa del 60% sobre Camacho, creen que el modelo cruceño que busca oponerse al impulsado desde La Paz sólo beneficia a unos cuantos empresarios (63,6%) y consideran que se ha incrementado mucho la división regional entre el Oriente y el Altiplano en este año (51,6%) por sobre un 44,5% que entiende que esos enfrentamientos son los mismos que había desde hace décadas.
Cerca de 21 millones de venezolanos están habilitados para votar este domingo en unas elecciones llamadas a ser determinantes sobre el futuro de esa nación. No porque esté en juego el Poder Ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, sino porque pondrán en blanco sobre negro todas las fichas en el complicado ajedrez del país bolivariano. Luego de años de hostigamiento, con una fantasmal presidencia interina del diputado Juan Guaidó reconocida por medio centenar de gobiernos en base a la deslegitimación de las autoridades nacionales, el chavismo está a las puertas de mostrarle al mundo la transparencia de sus actos electorales. No por casualidad, participarán unos 500 observadores internacionales, entre ellos de la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Centro Carter, de EE UU.
En ese sentido, puede hablarse de triunfo político del chavismo. El boicot contra el gobierno, que fue importante con Hugo Chávez desde el golpe de 2002 –amparado por la administración Bush y el gobierno español de José María Aznar–, se potenció tras la muerte del líder bolivariano, en 2013. Si el abstencionismo fue una maniobra intermitente contra Chávez, con Maduro fue la táctica preferida. Y esa oposición derechista, que recurrió incluso a actos de violencia, encontró en el gobierno de Donald Trump un aliado que la llevó a soñar con el fin del chavismo.
Hubo intentos de invasión a través de otros gobiernos “amigos”, como el de Iván Duque y Jair Bolsonaro y hasta el apoyo de Mauricio Macri. Venezuela, en ese lapso, sufrió la baja del precio del petróleo, su principal insumo, como hecho fortuito, pero también el bloqueo económico y la incautación de la petrolera Citgo, con más de 2000 estaciones de servicio en Estados Unidos, y de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. En todas estas operaciones estuvo la sombra de Guaidó. Como ejemplo, los fondos en DEG del FMI por el Covid fueron bloqueados con la excusa de que “no hay claridad” sobre quién es el gobierno legítimo de Venezuela.
Guaidó emergió como figura tras las legislativas de diciembre de 2015, en las que la oposición arrasó y logró el control de la Asamblea Nacional. Desde allí intentaron destituir a Maduro y provocaron un enfrentamiento con el gobierno que para la población terminó siendo fatal. La consecuencia fue la hiperinflación y el desabastecimiento, que generaron una grave situación que llevó a millones de venezolanos al exilio por razones económicas.
En este clima, proliferaron denuncias por abusos de fuerzas de seguridad y la calificación de dictadura para el régimen bolivariano, que cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas y gran parte de la población residente. Hubo intentos de encontrar salidas negociadas en República Dominicana coordinada por el expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que fueron petardeadas por la oposición por orden de Washington. Este año se reiniciaron nuevas conversaciones en México con la mediación de Noruega.
Estas elecciones son parte de esa mesa de diálogo, por momentos áspera, pero que demostró la porosidad de la oposición al gobierno de Maduro. La mayoría de los partidos aceptaron el convite y este domingo se harán presentes en las urnas. Guaidó quedó mal parado porque su propia legitimidad está en cuestión luego de que no se presentaron a la renovación parlamentaria del año pasado y formalmente ya no ocupa ninguna banca. Dijo que no votará pero entiende a quienes quieren participar. El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles sí llamó a las urnas. “Tengo cuatro años que no voto, mi último voto fue en 2017 y el domingo voy a ir a votar (…) No se debe dejar de votar, creo que hay que reencontrarse con ese derecho y eso es lo que voy a hacer, y estoy seguro que millones de venezolanos también lo van a hacer”, dijo Capriles.
Una nueva era alumbra desde este domingo para la legitimidad de todos los actores políticos venezolanos.
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