por Alberto López Girondo | Mar 14, 2021 | Sin categoría
“La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, tuiteó la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez poco antes de ser detenida por fuerzas policiales “Me acusan de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, escribió unos minutos antes. La exsenadora derechista por Beni efectivamente está acusada de haber tomado el poder tras el golpe que obligó a renunciar a Evo Morales en noviembre de 2019, cuando se apuró a jurar como interina saltando los estamentos constitucionales tras la salida del expresidente. Quedó alojada en una celda del cuartel de la policía en La Paz y luego fue trasladada a la fiscalía a prestar declaración.
La Fiscalía de Bolivia había emitido, horas antes, una orden de detención contra la expresidenta y cinco de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración a raíz de una presentación de Lidia Patty, exlegisladora del MAS, que también involucra a Luis Fernando Camacho, el gran protagonista del golpe de noviembre de 2019 y que el 7 de marzo ganó por abrumadora mayoría la gobernación de Santa Cruz de la Sierra.
Dos de los exfuncionarios de facto, Álvaro Coímbra, de la cartera de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, fueron detenidos al igual e Áñez en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, y trasladados a La Paz. Camacho dice que no se irá y que está decidido a enfrentar “cualquier tipo de abuso”, lo que adelanta graves tensiones políticas para el gobierno de Luis Arce.
En noviembre pasado, otros dos exministros, el ultraderechista Arturo Murillo -que tuvo a su cargo el área de Gobierno y fue un aguerrido perseguidor de militantes y dirigentes del MAS- y Luis Fernando López, a cargo de Defensa en ese año de interregno golpista, escaparon por vía terrestre desde Santa Cruz de la Sierra hacia Brasil y Panamá respectivamente.
“Es un atropello absoluto, porque nos están acusando de ser cómplices de un supuesto golpe, es algo que no tiene ni pies de cabeza y es un amedrentamiento absolutamente político”, agregó Áñez en un intento de descargo que resulta, por lo menos, sorprendente.
Es que la persecución y el atropello fueron moneda corriente durante su breve gestión. Hasta 30 funcionarios de Morales que se refugiaron en la embajada de México en La Paz fueron acosados por efectivos uniformados que rodearon el edificio, lo que provocó incluso denuncias internacionales.
Pero los casos más llamativos fueron las causas armadas contra Evo Morales. Hace un año, el expresidente -según los medios más amigables con el golpe en Bolivia- estaba en una situación complicada por tres causas en Bolivia y una cuarta en La Haya.
Lo acusaron de haber orquestado una matanza en el Hotel Las Américas en 2009 donde fueron abatidos dos húngaros y un irlandés a los que el gobierno identificó como mercenarios terroristas contratados para generar las revueltas en la Media Luna de Oriente de ese año.
Otra acusación fue por terrorismo y sedición por el bloqueo de accesos a La Paz en el período en que con la excusa de la pandemia se demoraba la convocatoria a elecciones. También hubo causa por la inauguración vía zoom desde Buenos Aires de una obra en Tarija. En este caso, alegaron usurpación de funciones ya que ignoró el cargo de Áñez. Para enfrentar las denuncias, Morales nombró como abogados a Eugenio Zaffaroni y a Gustavo Ferreyra.
No podía faltar una causa por estupro, abuso sexual y trata de personas. Esta vez, el ministro Coímbra aseguraba tener pruebas de una relación de larga data de Morales con una adolescente que al inicio de su vínculo tenía 14 años.
El caso no tardó en caerse luego de que la chica, a la sazón de 19, huyera a Argentina y denunciara haber sido detenida y amenazada por policías para armar la denuncia. El caso se construyó a partir de la publicación en un medio español de fotos y presuntos mensajes de texto entre la chica y el exmandatario. La información fue replicada con insistencia por los medios bolivianos, detalle no menor, poco antes de las elecciones de octubre pasado. Luego se comprobó que nada de lo publicado era verdad y la causa fue desechada. El resto de los procesos también quedaron en la nada luego del triunfo del binomio Luis Arce-David Choquehuanca.
Tiempo Argentino, 14 de Marzo de 2021
por Alberto López Girondo | Mar 14, 2021 | Sin categoría
El gran problema que enfrenta el Supremo Tribunal Federal de Brasil en las causas contra Lula da Silva es cómo recular en chancle-tas. La causa Lava Jato venía en falsa escuadra desde que las filtraciones de chat entre fiscales y el exjuez Sergio Moro revelaron la oscura trama judicial-mediática armada para sacar de carrera al dos veces presidente en 2018. Y terminó esta semana cuando el juez Edson Fachin concedió un hábeas corpus en favor de Lula y le restituyó sus derechos políticos. Pero las consecuencias de tirar por la borda el andamiaje en contra del líder “trabalhista” son tan graves para la institucionalidad que ahora el mismo magistrado envió el caso a la decisión del plenario de once jueces supremos luego de una presentación de la Procuradoría General de la República.
El revés de esta trama tiene ingredientes de novela de suspenso. Lula fue condenado por el entonces juez de Curitiba por, entre otras imputaciones, un apartamento triplex en el balneario de Guarujá y por reformas en una casa de campo de Atibaia, ambos en el estado de San Pablo.
Moro, abanderado de la lucha contra la corrupción en la causa Lava Jato y empoderado por medios y dirigentes de la derecha con-tinental, partió de una investigación por lavado de dinero para involucrar a empresarios de la talla del dueño de la constructora Ode-brecht, con gigantescas obras públicas en América Latina. A pesar de que en Argentina, Odebrecht hizo obras asociado con el grupo Macri, nunca hubo avances en estos casos, y eso que Moro fue invitado de lujo del extitular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Claudio Bonadio.
Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en 2018 con Lula detenido en una celda de la Policía Federal en Curitiba. Todos los intentos de mantener sus derechos mientras no hubiera sentencia firme chocaron con los medios hegemónicos como O’Globo y con los militares –principal sustento del excapitán Bolsonaro–, que llegaron a amenazar al STF si lo dejaban libre, por boca del general Eduardo Villas Boas, jefe del ejército por aquella fecha.
Pero como suele suceder, “pasaron cosas”. Una es que Bolsonaro designó a Moro ministro de Justicia, lo que terminó de demostrar connivencia del magistrado en una operación política. La otra es la publicación de chats en The Intercept donde Moro y el fiscal Deltan Dallagnol acordaban descarnadamente maniobras para avanzar contra Lula.
Esto causó un revuelo importante porque el portal tiene su prestigio y además compartió la información con Folha de São Paulo, un diario del establishment. No tardaron mucho los sabuesos en descubrir quién había sido el autor de las filtraciones. Y aquí entra en escena un joven que ahora tiene 31 años, en prisión domiciliaria por aquella hazaña y con amenazas de condenas a 300 años de cárcel.
Tiene prohibido tener una computadora cerca e incluso un celular, por eso en un reportaje al sitio Brasil247 respondió desde el equipo de su abogado y con las manos a la vista. Walter Delgatti Netto contó al periodista Joaquim de Carvalho (se lo puede ver en YouTube) que nunca pensó en meterse en el caso Lava Jato. Simplemente, desde adolescente, con un grupo de amigos tenían un emprendimiento para organizar fiestas y conciertos desde su base en Araquara, una pequeña ciudad paulista. “Como nos iba muy bien –relató–, la policía comenzó a sospechar que lavábamos dinero”. Los investigaron desde 2015 y en 2017 allanaron su casa. Encontraron tres cajas de Clonazepam que usaba con prescripción médica. Estuvo seis meses preso. Mientras tanto, había quedado escrachado, perdió amistades y hasta la novia lo dejó, alegando que no quería salir con narcotraficantes.
Pero en una audiencia vio que uno de los fiscales conversaba por Telegram y memorizó el número telefónico. Esa punta en busca de pruebas de que habían construido una causa en su contra lo fue llevando increíblemente a los fiscales del caso Lava Jato. “Vi que le estaban haciendo a Lula lo mismo que me habían hecho a mí”, dijo, y llegó a la excandidata a la vicepresidenta Manuela Davila, que le sugirió enviar el material a The Intercept. Lo demás es historia reciente.
Tras el escándalo, Moro dejó su cargo en abril del año pasado y en diciembre se fue a Estados Unidos a trabajar en la consultora Al-varez & Marsal, encargada de reestructurar las cuentas de Odebrecht. En Brasil avanzan causas en su contra por sus artimañas en la causa Lava Jato. El proceso, en tanto, puede caer en cualquier momento por los vicios investigativos, como apriete a testigos para que involucren a dirigentes y empresarios convirtiéndose en arrepentidos, entre otros detalles. La decisión de Fachin, coinciden muchos, lo salva a Lula, pero fundamentalmente a Moro y al fiscal Dallagnol. Quizás por eso se apuraron a defender la integridad del cortesano, vituperado por el bolsonarismo, que teme el regreso de Lula para 2022. Tiene razones el líder obrero para decir, como dijo desde la sede de los metalúrgicos, que fue víctima “de la mentira jurídica más grande en 500 años de historia de Brasil”.
Tiempo Argentino, 14 de Marzo de 2021
por Alberto López Girondo | Mar 14, 2021 | Sin categoría
Una semana después de haber recibido a los nietos de Ali Boumendjel y reconocer que el líder nacionalista argelino había sido torturado y asesinado por tropas francesas durante la guerra por la independencia del país africano, el presidente Emmanuel Macron dio un paso más trascendente al anunciar la apertura de los archivos clasificados sobre ese tramo de la historia gala que aún es un baldón para la autopercepción de esa nación como un faro en defensa de las libertades y los Derechos Humanos.
Este paso, que ningún gobierno había querido dar hasta ahora desde que Charles de Gaulle reconoció la independencia de Argelia, luego de algo más de siete años de una guerra atroz, en marzo de 1962, forma parte de una estrategia diseñada por el historiador Benjamin Stora, que intenta recomponer relaciones entre Argel y París y blanquear el pasado de esa nación.
Ya en 2018, Macrón -que no es de izquierda precisamente- había reconocido la responsabilidad de Francia en la muerte de Maurice Audín, también bárbaramente torturado. Boumedjel era un abogado que encabezó las luchas por la independencia de Argelia, ocupada desde 1830, cuando el rey Luis Felipe de Orleans quiso estrenar monarquía ocupando el territorio del que se estaba retirando el imperio otomano.
“En el centro de la batalla de Argel, Boumedjel fue detenido por el ejército francés, llevado a un lugar secreto, torturado y después asesinado el 23 de marzo de 1957”, admite el Elíseo en un comunicado que desmiente la versión oficial hasta entonces, de que se había suicidado en prisión.
Es más, asumió -algo que se supo desde siempre- que la orden para eliminar al dirigente argelino había partido de Paul Aussaresses, responsable de los servicios secretos. Un ultraderechista que murió en 2013 y había inaugurado sus métodos criminales en Vietnam. En los años 60 entrenó a oficiales argentinos y brasileños en tortura y desaparición de personas.
La guerra de Argelia es una parte de la historia que los franceses preferirían ignorar, lo mismo que la de Vietnam, la nación asiática de la que debieron huir en 1954 tras la derrota en la batalla de Dien Bien Phu a manos del Ejército Popular, al mando del general Vo Nguyen Giap. No solo porque son dos hechos en los que tuvieron que arriar la bandera gala, sino porque antes de hacerlo desarrollaron verdaderas acciones genocidas.
Entre inmigrantes, hijos, nietos, Pieds-Noir (nacidos en Argelia), judíos argelinos, harkis reclutas que fueron a la guerra- y trabajadores humanitarios, uno de cada diez franceses tiene raíces argelinas. Sin ir tan lejos, el crack del seleccionado francés que ganó la Copa del Mundo de Fútbol de 1998, Zinedine Zidane, es hijo de padre argelino.
Los archivos -parcialmente liberados, por cierto- comprenden medio siglo hasta 1970. En rigor de verdad, el gobierno aprobó una nueva modalidad para acceder a los archivos que facilita la tarea de los investigadores. Pero no todo el material estará disponible. Permanecerán fuera del escrutinio público los documentos relacionados con los ensayos nucleares que se realizaron en el Sáhara argelino. La periodista y cineasta Marie-Monique Robin logró introducirse en los círculos de la extrema derecha francesa y algunos de los personajes más siniestros de la dictadura militar argentina. Así consiguió testimonios que de otra manera hubiesen quedado en secretos pliegues de la historia.
El maestro de los militares de la dictadura argentina
Uno de esos personajes, el general Paul Aussaresses, tenía colgadas algunas medallas por su participación en la II Guerra Mundial en contra de los nazis. Pero copió lo peor de sus enemigos de entonces para combatir contra los vietcong y los nacionalistas argelinos, entre 1950 y 1962. Luego, se jactó de haber entrenado a militares latinoamericanos en la “lucha antisubversiva”. Un eufemismo para perseguir, torturar y desaparecer a miles de personas en todo el continente. Sus alumnos argentinos continuaron el ejemplo a partir de 1976, y no lo ocultan en el documental, que se puede ver en youtube.
En su libro y básicamente en su filme Escuadrones de la Muerte. La escuela francesa, Robin consigue que Aussaresses -que usaba un parche en el ojo izquierdo, lo que le daba una imagen siniestra, aunque se trataba de un problema de cataratas- le dijera que aquellos años de lucha contrarrevolucionaria habían sido “muy divertidos”.
Murió plácidamente a los 95 años, sin haber sido juzgado por sus delitos de lesa humanidad. Y eso que los confesó a los cuatro vientos y hasta se dio el lujo de publicar sus memorias, en las que no ahorró ninguna de sus salvajadas. “La tortura se convierte en legítima cuando se impone la urgencia”, llegó a escribir en su libro Servicios especiales, Argelia 1955-1957, publicado en 2001.
Tiempo Argentino, 14 de Marzo de 2021
por Alberto López Girondo | Mar 14, 2021 | Sin categoría
De modelo sanitario en el manejo del COVID-19 para los sectores de la derecha vernácula, Paraguay pasó a ser un polvorín por la cantidad de contagios y muertes, pero sobre todo por la falta de respuesta sanitaria del gobierno. En ese contexto, las crecientes protestas populares contra Mario Abdo Benítez y la violenta represión de la semana pasada activaron una crisis política de la que intentó zafar con un cambio de gabinete y el apoyo de los “cartistas” en el congreso, pero la oposición espera consolidar alianzas para un juicio político contra el mandatario del Partido Colorado.
Con cerca de 175.000 contagiados y unos 3400 fallecidos, Paraguay está en medio del colapso del sistema de salud. La perspectiva de que el coronavirus no se iba a ensañar con el país mediterráneo por los pocos casos relativos durante el 2020 alivió la presión para reforzar esa área de la cosa pública y, cuando ya hacia fin de año los contagios se dispararon, no había mucho para responder desde la administración central.
A todo esto se suman las denuncias por corrupción que golpean al gobierno de Abdo Benítez, cercano a través de su padre a la dictadura de Alfredo Stroessner. Las manifestaciones resaltan los casos conocidos como el “tapabocas de oro”, por el precio de hasta 300% más que en mercado de insumos hospitalarios.
“¡Fuera corruptos!”, grita la multitud que recorre las calles céntricas de Asunción y otras ciudades del país. Hubo incluso una ceremonia de quema de un muñeco de trapo, el Judas Kaí, al que identifican con el Judas Iscariote de la tradición cristiana. El presiden-te renovó cuatro ministerios, entre ellos el titular de Salud, como modo de oxigenarse políticamente.
La oposición, con mayoría del Frente Guasú, liderado entre otros por el derrocado presidente Fernando Lugo, intenta un juicio político. Pero, por ahora, no le dan los números. Para un impeachment se necesitan 53 apoyos legislativos, pero los opositores más con-vencidos solo alcanzan 37. Para llegar a ese número es clave el rol que juega la bancada del expresidente Horacio Cartes, un empresa-rio que llegó con los colorados al poder con el objetivo de desarmar el proyecto popular de Lugo pero nunca fue militante de la agrupación que estuvo durante 35 años junto a Stroessner y luego con el sistema democrático que lo sucedió. Solo estuvo afuera entre 2008 y 2012, cuando gobernó el ex obispo. La única vez en que hubo alguien en el Palacio de los López con una orientación no amistosa con la oligarquía paraguaya. Pero fue expulsado con un juicio político express sin argumentos sólidos. Ahora se toman su tiempo ante hechos más verificables.
Tiempo Argentino, 14 de Marzo de 2021
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