Liberado del corset de la Unión Europea, ahora el Reino Unido sueña con recuperar algo de su pasado imperial, aunque inevitablemente atado al poderío estadounidense. Esta semana, el primer ministro Boris Johnson anunció un incremento del 40% de su arsenal nuclear y una nueva estrategia de defensa. A modo de justificación, se dijo que “cuando las circunstancias cambian y las amenazas cambian, necesitamos mantener un nivel mínimo y creíble de poder disuasorio”.
El documento Gran Bretaña Global, que Johnson presentó ante el Parlamento, define a Rusia como un “estado hostil”, sin embargo, es mas contemplativo con China.
La noticia preocupó a los socios europeos de la OTAN y también al gobierno argentino -ver aparte- ya que los llamados “territorios de ultramar”, fuera del paraguas de la UE, figuran entre las joyas a defender. El costo del plan de Johnson, ronda los 11.000 millones de dólares, para incrementar de 180 a 260 las ojivas nucleares, entre otros gastos en un momento en que la mayoría de las naciones destina todos los recursos al combate del Covid 19.
“No nos conformaremos con una política exterior regional”, desafió Johnson, para aclarar que EEUU es el “mayor aliado” y que el objetivo estratégico es la región Indo-Pacífico, “el motor económico del mundo, donde vive la mitad de la población y se genera el 40% del PIB mundial”.
Este paso que anunció Londres va en contra del Tratado de No proliferación Nuclear. De allí que desde Moscú el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, lamentara “una decisión que daña la estabilidad mundial y la seguridad estratégica”.
El informe define a China como un “competidor sistémico” con el que corresponde negociar política y económicamente. “Aquellos que instan a una nueva Guerra Fría con China o a que aislemos totalmente nuestra economía de China (… les digo que) están, equivocados”, respondió ante las demandas de los más acérrimos entre los correligionarios conservadores.
La alianza entre Londres y Washington se consolidó aún más en tiempos de Donald Trump, que le dio apoyo al Brexit para sacar a un jugador clave para socavar a la UE. De allí que muchos analistas califiquen a la potencia dominante en la actualidad como Imperio Anglo-norteamericano, integrado por los países que integran el Commnowealth y EEUU. En el plano de la inteligencia militar, esa alianza se desarrolló desde el fin de la segunda Guerra Mundial en lo que hoy se conoce como Five Eyes (Cinco ojos) un sofisticado sistema de vigilancia global del que participan el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda (todos ellos súbditos de la corona de Windsor) y Estados Unidos.
Joe Biden encaró una ofensiva sobre Vladimir Putin a la que el presidente ruso le bajó algunos decibeles con cintura política. Ante un periodista de la CNN, el flamante presidente estadounidense no dudó en afirmar que Putin es un asesino y que recibirá castigo por la presunta injerencia en el proceso electoral en favor de Donald Trump. Putin apeló a una frase que en estas latitudes significa “el que lo dice lo es”. Y dobló la apuesta al invitarlo a un debate público, algo que -insistió irónicamente- podría ser “interesante para el pueblo ruso y el pueblo estadounidense”.
La relación con Rusia forma parte de una estrategia aconsejada a Trump por el anciano exsecretario de Estado Henry Kissinger para romper con la alianza entre Moscú y Beijing, la gran amenaza al poder imperial de EE UU. Trump mantuvo acercamientos con autoridades rusas y cruzó a China, pero ya desde la elección de 2016 fue acusado de connivencia con Putin. Por ello debió entregar varios alfiles en el barro de las acusaciones del Partido Demócrata. Entre ellos, su primer asesor en Seguridad, el general Michael Flynn, y su consejero de campaña Paul Manafort.
De lo que nunca hablan los demócratas es de injerencia en las narices de Rusia. La última jugada, aún latente, es el golpe contra Viktor Yanukovich en Ucrania en 2014. Lo que desencadenó la crisis en las regiones rusófonas del este, el Donbas, y la reincorporación de Crimea a la Federación Rusa.
Biden dijo a principios de mes que “EE UU nunca reconocerá la anexión de Crimea”. Todavía se recuerda la respuesta del canciller Sergei Lavrov sobre aquella crisis, desatada durante el gobierno de Barack Obama y con apoyo de la Unión Europea. “Parecen principiantes. Para Rusia, Crimea es como las Malvinas para Argentina”. Esto es, una parte esencial de la construcción de la nacionalidad que no deberían haber ignorado.
Para el analista y ex agente de contrainteligencia estadounidense Robert W. Merry, ese caso es comparable al de una potencia externa haciendo alianza con México y construyendo bases militares en su territorio. Como pasó en los ’60 con los misiles soviéticos en Cuba.
El ataque de Biden a Putin se basa en un informe de 15 páginas de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (IC, siglas de Inteligence Community), que habla de acciones de agentes no solo de Rusia, sino también de Irán, Cuba, Venezuela y del grupo libanés Hezbollah –todos ellos enemigos del imperio– para perjudicar al candidato demócrata.
Allí figuran maniobras para inculpar al hijo de Biden, Hunter, en negociados con los golpistas ucranianos en una empresa de energía, una denuncia que terminó en el fracasado primer juicio político contra Trump. El caso es que el hijo presidencial sí tuvo una silla en el directorio de Burisma, casualmente después del cambio de gobierno en Kiev. Tan cierto como que Manafort fue asesor de Yanukovich. En todo caso, la pelea en Ucrania tendrá contexto geopolítico, pero también fortunas en juego.
Más allá de lo cual, esta etapa no parece pasar por acuerdos con Rusia –que resulta clave para la provisión de gas a Europa a través de las grandes tuberías de Nord Stream II, que ya no pasan por Ucrania– sino en suavizar relaciones con Beijing, cáusticas con Trump.
“China buscó estabilidad en su relación con EE UU y no consideró que ninguno de los resultados de las elecciones fuera lo suficientemente ventajoso como para que se arriesgara a sufrir un retroceso si lo atrapaban”, sintetiza el informe de IC.
Boicot a Sputnik V
La primera información surgió de Brasil wire, un portal dedicado a hurgar en información relevante, pública o secreta. Fue una captura de pantalla de enero pasado sobre un documento de 72 páginas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) sobre acciones de la era Donald Trump.
Hace unos días el Washington Post señaló que un funcionario de esa área reconoció que se había presionado a los gobiernos de Brasil y de Panamá para que tomaran decisiones que atañen a la salud con argumentaciones geopolíticas.
En concreto, en un apartado titulado “Combatir las influencias malignas en las Américas”, el informe sostiene que Rusia y Cuba “están trabajando para aumentar su influencia en la región en detrimento de la seguridad de Estados Unidos” y recomienda “disuadir a los países de la región de aceptar ayuda de estos Estados mal intencionados”.
Un punto que preocupaba a las autoridades estadounidenses es la provisión de vacunas Sputnik V que a través de Lula da Silva negociaron algunos gobiernos estaduales brasileños. En el caso panameño, tenía que ver con la ayuda ofrecida por La Habana para el envío de médicos cubanos que colaboraran en el combate al Covid-19.
No hay información concreta sobre qué ofrecía el HHS para compensar las carencias que podrían cubrir los insumos rusos o el personal cubano.
El litio en la mira
l historiador Mark Curtis y el periodista Matt Kennard publicaron en Declassified UK documentos que prueban que el ministerio británico de Relaciones Exteriores y agentes de la CIA –posiblemente al margen de la administración Trump– intervinieron en el golpe contra Evo Morales de 2019 con el objetivo de que el litio boliviano quede en manos anglosajonas.
Como antecedente –según destaca el portal Voltairenet– a principios de ese año, el gobierno de Morales había autorizado la explotación del mineral a la empresa china TBEA Group.
El dueño de Tesla, Elon Musk, se había ufanado de que podía dar un golpe cuando quisiera para obtener ese elemento clave para los automóviles que fabrica.
Una traducción tan literal como malintencionada de whistleblower sería “soplón”. Pero la palabra fue derivando a reflejar una actitud tan peligrosa como comprometida de personajes que ponen en circulación acciones que los gobiernos no quieren que trasciendan. Son “denunciantes éticos”, como el agente Edward Snowden, quien en 2014 reveló cómo Estados Unidos espía a través de plataformas informáticas en todo el mundo, o la soldado Chelsea Manning, que mostró las atrocidades de las tropas estadounidenses en Irak. Dentro de esta categoría entra también Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Estos días la Fundación Mundial de Datos Éticos (WEDF por sus siglas en inglés) organizó un foro de “whistleblowers” para otorgarle el Premio Sam Adams a la Integridad en Inteligencia a la ex agente del MI5 británico Annie Machon y honró al fallecido Stephen Cohen, de la Universidad de Princeton.
Machon integraba el servicio de inteligencia del Reino Unido desde principios de los 90, recién egresada de la Universidad de Cambridge. “Me dijeron que era un trabajo para el gobierno pero me enteré de qué se trataba después”, dice en el CV de su sitio https://anniemachon.ch. En 1996 se enteró por un colega y pareja del MI6 -el servicio exterior, homólogo de la CIA- que se preparaba un atentado para matar al líder libio Mohamar Khadafi. Con David Shayler decidieron dar a conocer lo que consideraban una clara violación de las reglas que deberían regir la vida de un agente secreto. Renunciaron y huyeron del país, recuerda, generando un escándalo con el objetivo “de llamar la atención sobre estos abusos”. Al cabo de tres años, volvieron y Shayler terminó detenido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, donde hoy permanece Assange.
Cohen, en cambio, fue un académico especializado en estudios sobre Historia Rusia desde la Revolución de 1917 y su relación con Estados Unidos. Desde ese lugar advirtió sobre la sesgada política exterior de su país y el peligro que podría acarrear esta posición belicista para el futuro de la humanidad. Cohen murió en septiembre pasado. El premio recuerda a Sam Alexander Adams, ex oficial de la CIA durante la Guerra de Vietnam que en su momento reveló la manipulación de la información oficial relativa al número de tropas del Vietcong. El más conocido de los “filtradores” en aquellos años fue Daniel Ellsberg, que trabajó para el Pentágono contratado por la empresa Rand Corporation. La denuncia de Ellsberg sobre el turbio manejo de la Guerra es todo un capítulo de la historia política y periodística de EE UU que puede verse en el filme The Post, de Steven Spielberg.
Si algo diferencia a un denunciante ético de un “arrepentido” es que su actitud genera consecuencias dramáticas para sus vidas. Otros por WEDF -además de Snowden, Assange y Manning- fueron Craig Murray, exembajador británico en Uzbekistán; Sibel Edmonds, quien señaló que el FBI sabía meses antes del 11 S de 2001 que habría un atentado en EE UU y no tomó medidas para evitarlo.
Como se dice en otros lares, la dirigencia política ya dio el pistoletazo de largada a la campaña electoral de medio término. Así, en medio de la hostilidad de la oposición por las repercusiones de los casos de vacunación irregular contra el COVID-19, en su segundo discurso de inauguración de sesiones parlamentarias, el presidente Alberto Fernández salió a la ofensiva en algunos de los temas que a lo largo de 2020 quedaron suspendidos o demorados por la pandemia. En plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la voluminosa deuda heredada, dijo que impulsará una querella criminal para determinar quiénes, en el proceso de endeudamiento ante dicho organismo, han sido autores de delitos como administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Y se comprometió a llevar esa misma postura ante las autoridades del ente crediticio responsables de haber otorgado los préstamos al Gobierno de Mauricio Macri en 2018. También fue muy explícito en su reclamo de reforma judicial. Sin nombrar a Carlos Stornelli, habló de un fiscal «procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara» e ironizó que no fue detenido bajo lo que se llamó Doctrina Irurzun, porque «su poder no es residual, es vigente». Un año atrás, la propuesta de reforma judicial aparecía como la respuesta a un compromiso asumido durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada. Y si bien es cierto que dio un giro copernicano en el manejo del servicio de inteligencia –blanqueando, entre otras cosas, la caja negra– y cortó la promiscuidad que reinaba en la relación entre agentes de la AFI con jueces y fiscales, es muy poco lo que pudo avanzar para el gusto de muchos que votaron al binomio Fernández-Fernández.
Con la lupa en Tribunales Dedicó unos minutos también para la Corte Suprema, en la que, deslizó, hay una persona que supera la edad máxima que contempla la Constitución, pero sigue en el cargo gracias a acordadas de sus pares. «Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad», añadió, como el de no pagar impuesto a las Ganancias. Ya estaba claro antes del discurso que el Gobierno no esperaba una tregua por parte del Poder Judicial, de ahí que el presidente haya descripto con crudeza los problemas en el funcionamiento de los tribunales. Con dificultades para consensuar entre los propios y el bloque opositor, el país sigue sin contar con un Procurador debidamente aprobado en el Senado, como recordó en su mensaje el mandatario. No es solo un problema para el oficialismo, lo es para todo el sistema democrático, ya que la anterior jefa de los fiscales debió renunciar luego de una presión inédita de los poderes fácticos sobre ella y su familia, en diciembre de 2017. Desde entonces ese cargo clave para la Justicia está en manos de un interino. Mientras tanto, desde el rincón más rancio del Poder Judicial se envían señales de que no se deben esperar acuerdos de convivencia, amparados en una potente cobertura mediática. Tanto como para que pase por «presión intolerable» el reclamo de Anses hacia aquellos funcionarios que ante el cambio de modalidad de la liquidación de la jubilación presentaron los papeles para el retiro, pero siguen en funciones. Son funcionarios que iniciaron los trámites para mantener privilegios, pero se atornillan al asiento para no perder poder. «Deben elegir entre la Patria y el bolsillo»; ironizó alguien, sintetizando el objetivo de Anses. El fallo sobre una de las causas contra Lázaro Báez, tras un acoso inocultable sobre una de las juezas del Tribunal Oral Federal 4 para que se implique a Cristina Fernández por su presunta responsabilidad en el origen del dinero encontrado en cuentas suizas del empresario, es una prueba de ello. En todo el proceso no se pudo probar que fuera testaferro de la familia Kirchner ni que haya habido sobreprecios en las obras adjudicadas a sus firmas. En su discurso en el Congreso, el presidente se dio tiempo para cuestionar el rol de muchos comunicadores a los que evitó nombrar, aunque los definió como «quienes tras el disfraz de la objetividad preservan intereses de poderes económicos concentrados». Pocos gobiernos desde el 83 en adelante enfrentaron la oposición sistemática de los medios más influyentes desde antes incluso de asumir el cargo como Fernández.
Lo que está en juego La campaña promete ser particularmente dura. Las bolsas negras en la Plaza de Mayo del 27 de febrero son apenas una muestra brutal del perfil que proponen algunas líneas internas de Juntos por el Cambio (JxC). En tanto, el futuro de la gestión del Frente de Todos (FdT) parece atado a cómo logre implementar satisfactoriamente el plan de vacunación y, a las puertas del otoño, se pueda frenar una segunda ola de contagios que sería fatal para la recuperación económica. Luego de un año signado por restricciones sanitarias, el Gobierno también debe demostrar que es capaz de frenar un proceso inflacionario que golpea fundamentalmente a los sectores sociales más postergados. Estos comicios son cruciales para que Fernández pueda obtener, en una hipótesis optimista, suficiente respaldo en las urnas para desarrollar la rezagada agenda de 2019. La peor noticia para el oficialismo sería quedar con una minoría que lo deje a merced de los sectores más ultras de la oposición. Lo que, en vista de antecedentes no tan lejanos, implicaría un bloqueo o tener que negociar en un escenario totalmente hostil. La principal fuerza opositora promete agitar en el proceso electoral las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta. La mesa judicial del anterior Gobierno, cuya existencia fue reconocida por la exdiputada Elisa Carrió, funcionó como un mecanismo de relojería hace cuatro años, cuando el macrismo ganó con cierta holgura la elección de medio término. Gran parte de esas bancas deben ahora someterse a escrutinio. Lo que la alianza JxC se juega son los escaños logrados durante su máximo punto de acercamiento con la ciudadanía, cuando logró triunfar en varias provincias. En ese momento, nadie en el entonces oficialismo dudaba que habría Macri hasta 2023 y macrismo por varias generaciones más. Fue a fin de ese mismo año, solo un par de meses después, que comenzó el derrape.
Avivadas y transparencia
Cuando el Gobierno de Alberto Fernández se encaminaba a celebrar la llegada del grueso de las partidas de la vacuna Sputnik V y poner velocidad máxima al mayor plan de vacunación conocido en el país, la auto denuncia del periodista Horacio Verbitsky detonó el escándalo de un vacunatorio irregular en el Ministerio de Salud. El caso minó la credibilidad en un tema tan sensible para la población, hastiada de tener que resguardarse del coronavirus este largo año. Fue un regalo para la oposición. Pero el tema desnuda características de la idiosincrasia argentina y de los tiempos de inmediatez irracional que se viven. Por un lado, los mismos que hace pocas semanas cuestionaban a la «vacuna rusa» y habían presentado una denuncia judicial contra el presidente por envenenamiento o proponían que se vacunara al 48,24% que votó al FdT «y no se hable más» –tal cual recordó Fernández en su discurso– gritaban en reclamo de sus vacunas. Se extendió incluso un manto de sospecha sobre toda persona vacunada y hasta sobre la funcionaria que llevó adelante todo el proceso de vacunaciones –una verdadera experta en el asunto–, la ahora ministra Carla Vizzotti. Veloz, el presidente pidió la renuncia de Ginés González García y bajó del avión en el que iba a viajar a México al diputado Eduardo Valdés y al senador Jorge Taiana. Pero luego intentó minimizar el asunto diciendo que las denuncias judiciales que arreciaron eran «una pavada» y que no había delito en adelantarse en la fila. Después reclamó la misma celeridad judicial con las causas por corrupción que involucran al anterior Gobierno y al propio expresidente. Sin embargo, la indignación tensó a opositores y a oficialistas por igual, sobre todo por los implicados. El ministro, un sanitarista reconocido como uno de los más destacados de la historia argentina. El ex canciller, por el peso de su palabra y de su compromiso personal y familiar por la democracia. Y un periodista de predicamento y prosapia, amigo del presidente. Quizás todo sea fruto del mismo árbol. No es buena política el «¿y vos qué? » como respuesta. Adelantarse en la fila es una avivada que indigna, lo mismo que dar unos pesos para conseguir un mejor lugar en un teatro o apurar un turno en alguna dependencia o adelantarse por la banquina cuando hay un embotellamiento en una ruta. Como también lo es aprovechar el cargo en el Estado, cambiar reglamentos o amañar contratos para hacer negocios o favorecer a familiares y amigos. O hacerse amigo del juez, como recomendaba el viejo Vizcacha.
Campaña. La inmunización masiva en marcha es la más grande de la historia. (NA)
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