Como se dice en otros lares, la dirigencia política ya dio el pistoletazo de largada a la campaña electoral de medio término. Así, en medio de la hostilidad de la oposición por las repercusiones de los casos de vacunación irregular contra el COVID-19, en su segundo discurso de inauguración de sesiones parlamentarias, el presidente Alberto Fernández salió a la ofensiva en algunos de los temas que a lo largo de 2020 quedaron suspendidos o demorados por la pandemia.
En plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la voluminosa deuda heredada, dijo que impulsará una querella criminal para determinar quiénes, en el proceso de endeudamiento ante dicho organismo, han sido autores de delitos como administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Y se comprometió a llevar esa misma postura ante las autoridades del ente crediticio responsables de haber otorgado los préstamos al Gobierno de Mauricio Macri en 2018.
También fue muy explícito en su reclamo de reforma judicial. Sin nombrar a Carlos Stornelli, habló de un fiscal «procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara» e ironizó que no fue detenido bajo lo que se llamó Doctrina Irurzun, porque «su poder no es residual, es vigente».
Un año atrás, la propuesta de reforma judicial aparecía como la respuesta a un compromiso asumido durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada. Y si bien es cierto que dio un giro copernicano en el manejo del servicio de inteligencia –blanqueando, entre otras cosas, la caja negra– y cortó la promiscuidad que reinaba en la relación entre agentes de la AFI con jueces y fiscales, es muy poco lo que pudo avanzar para el gusto de muchos que votaron al binomio Fernández-Fernández.
Con la lupa en Tribunales
Dedicó unos minutos también para la Corte Suprema, en la que, deslizó, hay una persona que supera la edad máxima que contempla la Constitución, pero sigue en el cargo gracias a acordadas de sus pares. «Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad», añadió, como el de no pagar impuesto a las Ganancias. Ya estaba claro antes del discurso que el Gobierno no esperaba una tregua por parte del Poder Judicial, de ahí que el presidente haya descripto con crudeza los problemas en el funcionamiento de los tribunales.
Con dificultades para consensuar entre los propios y el bloque opositor, el país sigue sin contar con un Procurador debidamente aprobado en el Senado, como recordó en su mensaje el mandatario. No es solo un problema para el oficialismo, lo es para todo el sistema democrático, ya que la anterior jefa de los fiscales debió renunciar luego de una presión inédita de los poderes fácticos sobre ella y su familia, en diciembre de 2017. Desde entonces ese cargo clave para la Justicia está en manos de un interino.
Mientras tanto, desde el rincón más rancio del Poder Judicial se envían señales de que no se deben esperar acuerdos de convivencia, amparados en una potente cobertura mediática. Tanto como para que pase por «presión intolerable» el reclamo de Anses hacia aquellos funcionarios que ante el cambio de modalidad de la liquidación de la jubilación presentaron los papeles para el retiro, pero siguen en funciones. Son funcionarios que iniciaron los trámites para mantener privilegios, pero se atornillan al asiento para no perder poder. «Deben elegir entre la Patria y el bolsillo»; ironizó alguien, sintetizando el objetivo de Anses.
El fallo sobre una de las causas contra Lázaro Báez, tras un acoso inocultable sobre una de las juezas del Tribunal Oral Federal 4 para que se implique a Cristina Fernández por su presunta responsabilidad en el origen del dinero encontrado en cuentas suizas del empresario, es una prueba de ello. En todo el proceso no se pudo probar que fuera testaferro de la familia Kirchner ni que haya habido sobreprecios en las obras adjudicadas a sus firmas.
En su discurso en el Congreso, el presidente se dio tiempo para cuestionar el rol de muchos comunicadores a los que evitó nombrar, aunque los definió como «quienes tras el disfraz de la objetividad preservan intereses de poderes económicos concentrados». Pocos gobiernos desde el 83 en adelante enfrentaron la oposición sistemática de los medios más influyentes desde antes incluso de asumir el cargo como Fernández.
Lo que está en juego
La campaña promete ser particularmente dura. Las bolsas negras en la Plaza de Mayo del 27 de febrero son apenas una muestra brutal del perfil que proponen algunas líneas internas de Juntos por el Cambio (JxC). En tanto, el futuro de la gestión del Frente de Todos (FdT) parece atado a cómo logre implementar satisfactoriamente el plan de vacunación y, a las puertas del otoño, se pueda frenar una segunda ola de contagios que sería fatal para la recuperación económica. Luego de un año signado por restricciones sanitarias, el Gobierno también debe demostrar que es capaz de frenar un proceso inflacionario que golpea fundamentalmente a los sectores sociales más postergados.
Estos comicios son cruciales para que Fernández pueda obtener, en una hipótesis optimista, suficiente respaldo en las urnas para desarrollar la rezagada agenda de 2019. La peor noticia para el oficialismo sería quedar con una minoría que lo deje a merced de los sectores más ultras de la oposición. Lo que, en vista de antecedentes no tan lejanos, implicaría un bloqueo o tener que negociar en un escenario totalmente hostil.
La principal fuerza opositora promete agitar en el proceso electoral las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta. La mesa judicial del anterior Gobierno, cuya existencia fue reconocida por la exdiputada Elisa Carrió, funcionó como un mecanismo de relojería hace cuatro años, cuando el macrismo ganó con cierta holgura la elección de medio término. Gran parte de esas bancas deben ahora someterse a escrutinio. Lo que la alianza JxC se juega son los escaños logrados durante su máximo punto de acercamiento con la ciudadanía, cuando logró triunfar en varias provincias. En ese momento, nadie en el entonces oficialismo dudaba que habría Macri hasta 2023 y macrismo por varias generaciones más. Fue a fin de ese mismo año, solo un par de meses después, que comenzó el derrape.
Avivadas y transparencia
Cuando el Gobierno de Alberto Fernández se encaminaba a celebrar la llegada del grueso de las partidas de la vacuna Sputnik V y poner velocidad máxima al mayor plan de vacunación conocido en el país, la auto denuncia del periodista Horacio Verbitsky detonó el escándalo de un vacunatorio irregular en el Ministerio de Salud. El caso minó la credibilidad en un tema tan sensible para la población, hastiada de tener que resguardarse del coronavirus este largo año. Fue un regalo para la oposición. Pero el tema desnuda características de la idiosincrasia argentina y de los tiempos de inmediatez irracional que se viven. Por un lado, los mismos que hace pocas semanas cuestionaban a la «vacuna rusa» y habían presentado una denuncia judicial contra el presidente por envenenamiento o proponían que se vacunara al 48,24% que votó al FdT «y no se hable más» –tal cual recordó Fernández en su discurso– gritaban en reclamo de sus vacunas. Se extendió incluso un manto de sospecha sobre toda persona vacunada y hasta sobre la funcionaria que llevó adelante todo el proceso de vacunaciones –una verdadera experta en el asunto–, la ahora ministra Carla Vizzotti. Veloz, el presidente pidió la renuncia de Ginés González García y bajó del avión en el que iba a viajar a México al diputado Eduardo Valdés y al senador Jorge Taiana. Pero luego intentó minimizar el asunto diciendo que las denuncias judiciales que arreciaron eran «una pavada» y que no había delito en adelantarse en la fila. Después reclamó la misma celeridad judicial con las causas por corrupción que involucran al anterior Gobierno y al propio expresidente. Sin embargo, la indignación tensó a opositores y a oficialistas por igual, sobre todo por los implicados. El ministro, un sanitarista reconocido como uno de los más destacados de la historia argentina. El ex canciller, por el peso de su palabra y de su compromiso personal y familiar por la democracia. Y un periodista de predicamento y prosapia, amigo del presidente. Quizás todo sea fruto del mismo árbol. No es buena política el «¿y vos qué? » como respuesta. Adelantarse en la fila es una avivada que indigna, lo mismo que dar unos pesos para conseguir un mejor lugar en un teatro o apurar un turno en alguna dependencia o adelantarse por la banquina cuando hay un embotellamiento en una ruta. Como también lo es aprovechar el cargo en el Estado, cambiar reglamentos o amañar contratos para hacer negocios o favorecer a familiares y amigos. O hacerse amigo del juez, como recomendaba el viejo Vizcacha.
Campaña. La inmunización masiva en marcha es la más grande de la historia. (NA)
Revista Acción, 15 de Marzo de 2021
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