No es casual que a poco de dejar su gobierno, y en la semana posterior a la primera vuelta electoral, el presidente Lenín Moreno pretenda privatizar el Banco Central de Ecuador. Tampoco que cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil comienza a develar la trama para enviar a prisión a Lula da Silva y el exjefe de las Fuerzas Armadas reconoce la operación para no liberar al exmandatario antes de los comicios de 2018, Jair Bolsonaro logre aprobar la autonomía del Banco Central brasileño.
El 14 de febrero de 1977 –y esto sí es casual– la dictadura impuso la Ley de Entidades Financieras. Con escasas modificaciones, es la que rige en la actualidad, a pesar de estos 37 años de democracia. El caballito de batalla de los beneficiados de este sistema potenciado en la convertibilidad es la independencia del Banco Central como eje para el desarrollo.
Un estudio que publicó el Banco Mundial el 21 de enero pasado y que firman los investigadores Michael Aklin, de la Universidad de Pittsburgh; Andreas Kern, de la Universidad de Georgetown; y Mario Negre, del Instituto Alemán de Desarrollo (DIE), desmiente ese catecismo. El informe destaca que “desde la década de 1980, la desigualdad de ingresos ha aumentado sustancialmente en varios países”. Y señala los tres mecanismos que vinculan la desigualdad con la independencia de un BC.
“Primero, restringe indirectamente la política fiscal y debilita la capacidad de un gobierno para participar en la redistribución. En segundo lugar, incentiva a los gobiernos a desregular los mercados financieros, lo que genera un auge en el valor de los activos, que están predominantemente en manos de los segmentos más ricos de la población. En tercer lugar, para contener las presiones inflacionarias, los gobiernos promueven activamente políticas que debilitan el poder de negociación de los trabajadores. Juntas, estas políticas fortalecen las tendencias seculares hacia una mayor desigualdad”.
Unos días más tarde, en el Foro de Davos, paralelo al mensaje altruista de resetear el mundo para construir un “futuro más sano, más equitativo y más próspero” tras la pandemia, en una encuesta entre los empresarios participantes –los top del mundo– surgió el temor a lo que pueda ocurrir con los bancos centrales, cuando los gobiernos necesitan políticas expansivas para levantar las economías.
Ecuador perdió su moneda el 9 de enero de 2000, a instancias del consejero del presidente Jamil Mahuad, el mismo que había creado el plan de convertibilidad en Argentina, adoptó el dólar como moneda nacional. La ley que promueve Moreno se llama de Defensa de la Dolarización. Rafael Correa siempre lamentó las dificultades que implican volver a una moneda propia. Andrés Aráuz, el más votado la semana pasada, es también economista y quizás choque con los mismos problemas. El banquero Guillermo Lasso es el único garante del statu quo, pero ni siquiera es seguro que pase a segunda vuelta. Para mayor seguridad, un Banco Central independiente de cualquiera que gane. Lo mismo piensan en Brasil. La ley que promueve Moreno se llama de Defensa de la Dolarización. Rafael Correa siempre lamentó las dificultades que implican volver a una moneda propia. Andrés Aráuz, el más votado la semana pasada, es también economista y quizás choque con los mismos problemas. El banquero Guillermo Lasso es el único garante del statu quo, pero ni siquiera es seguro que pase a segunda vuelta. Para mayor seguridad, un Banco Central independiente de cualquiera que gane. Lo mismo piensan en Brasil.
Un país convulsionado por el golpe militar contra el gobierno de transición democrática y la amenaza de brutales violaciones a los Derechos Humanos tiñen el presente de Myanmar, la nación asiática que nuevamente es noticia en los medios del mundo. Y la Justicia argentina tiene un rol que cumplir por una denuncia de representantes del pueblo rohingya que tienen en sus manos la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuan.
Esta semana, los militares derrocaron al gobierno que encabezaba Win Myint, en la práctica liderado por la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, detenida bajo acusaciones bastante confusas de haber violado una norma comercial. Bajo argumentos igualmente deletéreos, la Premio Nobel de la Paz 1991 había sido proscripta en las elecciones de 2010, cuando se inició esta transición democrática que culminó abruptamente (por ahora) en la madrugada de este lunes. Antes, había pasado diez años presa tras haber ganado las elecciones de 1990, lo que la convirtió en emblema de la lucha contra la dictadura.
Las protestas que estos días fueron creciendo en ese país asiático no aventuran una confortable estadía en el poder al general Min Aung Hlaing, quien asumió al estar al frente de las FF AA. Tímidas al principio, apenas limitadas a cacerolazos o bocinazos anónimos en un país que bien conoce de la violencia institucional, fueron tomando cuerpo en las universidades y en las calles de las principales ciudades.
El argentino Tomás Ojea Quintana, relator de DD HH de la ONU en Myanmar entre 2008 y 2014, en 2019 presentó en Buenos Aires a dirigentes rohingyas ante el juzgado de Servini para denunciar no solamente a los jefes militares nuevamente golpistas, sino a la líder de la Liga Nacional por la Democracia, el partido que ganó abrumadoramente las elecciones en noviembre pasado y que con su triunfo desencadenó la reciente maquinaria golpista de los uniformados.
“Represento a las organizaciones rohingyas que trajeron el caso a la Argentina invocando la jurisdicción universal contra la cúpula militar que está en el poder, al mando del general Min Aung Hlaing, y también la cúpula política porque consideran que fue condescendiente y tuvo una connivencia en el genocidio”, explica Ojea Quintana a Tiempo. “No solo hubo atrocidades, violaciones masivas, asesinatos de niños, sino políticas públicas coartándoles el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, condenándolos a vivir en ghetos”, agrega.
Conocedor como pocos de la realidad birmana –el nombre tradicional del país antes del cambio que promovieron los militares, que se mantuvieron en el poder desde aquel golpe del ’90 hasta 2011–, Ojea Quintana recuerda que Servini llevó adelante investigaciones sobre crímenes del franquismo en España, pero todavía no tomó el caso rohingya porque había una causa en la Corte Penal Internacional de La Haya que, para el ahora relator de DD HH en Corea del Norte, no se contradice con la que se presentó en Buenos Aires.
“Nuestro país tiene una tradición de Memoria, Verdad y Justicia, que es un valor internacional”, dice. A los militares se los acusa de genocidio y a la dirigencia política de haber permitido la persecución contra esa etnia de fe musulmana o al menos de haber mirado para otro lado mientras se consumaba. Más de 700 mil rohingyas huyeron como pudieron, mientras otro millón permanece en las peores condiciones. Para analizar la influencia y hasta las razones detrás del golpe, Ojea Quintana destaca que los militares controlan todas las empresas extractoras de los recursos naturales. “Todo el poder económico está en manos de holdings militares. Mantienen el control de la seguridad de todo el territorio. Este poder no lo han perdido en estos años de transición. Una explicación es que frente a estas elecciones tan abrumadoras se podría llamar a una reforma constitucional, que es lo que siempre se ha pedido y que pide la comunidad internacional, pero no estaban dispuestos a perder poder”.
–Quizás percibían un futuro como el de las FF AA chilenas, que tras al régimen de Pinochet también dejaron una Constitución a su medida.
–En Myanmar se reservaron el 25% de los asientos en el Parlamento, el derecho a designar los ministros del Interior, Defensa y de Asuntos Fronterizos. Se reservaron también el derecho a tomar el poder cuando está en juego la seguridad nacional, que es lo que argumentaron ahora. Dicen que en noviembre hubo fraude y que eso atenta contra la seguridad nacional. Para una reforma se necesitaría que alguno de ese 25% diga que sí a una reforma, y nadie lo veía posible. El triunfo de noviembre les preocupó evidentemente. En este momento, San Suu Kyi aceptó las reglas de juego para ir a elecciones a pesar de estar proscripta. La habían apartado por estar casada con un extranjero y haber vivido en el exterior, una norma que realmente tiene su nombre. La dirigencia política no exigió investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad ni al menos creó una Comisión de la Verdad que les dijera de alguna manera “vamos a revisar lo que hicieron, vamos a limitar su poder”. Para mí, ese fue un grave error.
Los militares tienen otro as en la manga, y en esto hay similitudes con otras realidades como, por caso, la colombiana. Desde la independencia, en 1948, un hecho del que fue protagonista el padre de Suu Kyi, Aung San, comandante del Ejército Independiente Birmano, hay un conflicto interno con etnias minoritarias, como los Karen y los Kachis. “Es el conflicto interno más viejo del mundo y los militares nunca han llegado a un acuerdo de paz”, dice Ojea Quintana. Esto les permite mantener un país militarizado y justificar el control de la sociedad en todos los niveles. Mientras tanto, en el despacho de la jueza Servini de Cubría todo vuelve a la normalidad luego de la feria de enero, los rohingyas –que se presentaron en Comodoro Py con su vestimenta típica hace más de un año– esperan que los criminales paguen por sus delitos. En Myanmar, en tanto, los que no pudieron escapar temen que este nuevo golpe sea la excusa para terminar con la “limpieza étnica” que lleva décadas. Los birmanos, por su parte, van perdiendo el miedo y reclaman por la democracia perdida, condicionada pero que mantenía la esperanza de construir un futuro diferente.
(Foto: STR / AFP)
La dama Aung San Suu Kyi nació en Rangún, Birmania, el 19 de junio de 1945. Hija de Aung San, quien fundó el Ejército Birmano Moderno y en 1947 negoció la independencia ante el Imperio Británico. Poco después su rival U Saw lo hizo asesinar. Suu Kyi fue educada en una escuela inglesa metodista. Habla con fluidez cuatro idiomas: birmano, inglés, francés y japonés. Practica el budismo theravada. En 1991 fue galardonada con el premio Nobel de la Paz. Estuvo bajo arresto domiciliario por un total de 15 años durante los últimos 21. Esta semana fue apresada nuevamente.Mientras tanto, en el despacho de la jueza Servini de Cubría todo vuelve a la normalidad luego de la feria de enero, los rohingyas –que se presentaron en Comodoro Py con su vestimenta típica hace más de un año– esperan que los criminales paguen por sus delitos. En Myanmar, en tanto, los que no pudieron escapar temen que este nuevo golpe sea la excusa para terminar con la “limpieza étnica” que lleva décadas. Los birmanos, por su parte, van perdiendo el miedo y reclaman por la democracia perdida, condicionada pero que mantenía la esperanza de construir un futuro diferente.
Los vientos de incertidumbre parecen estar cambiando en Italia, lo que no necesariamente es augurio de que se avecinan tiempos de bonanza. Tras la nueva crisis política desatada hace casi un mes por la renuncia del titular del Consejo de MInistros, Giuseppe Conte, el hombre de la hora es Mario Draghi. El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) se reunió este sábado con dos de las formaciones que resultan imprescindibles para poder formar gobierno, la derecha de la Liga del Norte, de Matteo Salvini y el algo más impredecible agrupamiento Cinco Estrellas. Contando con la promesa de que los seguidores de Silvio Berlusconi y los de Mateo Renzi le darán el OK, es muy posible que en la semana que comienza la dirigencia le dé mandato a un gabinete de coalición amplia para salir del atolladero. Solo la ultraderechista Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, insiste en reclamar elecciones.
Conseguir 209.000 millones de euros para la recuperación de Italia tras la pandemia fue el gran logro de Conte, que tuvo el respaldo inicial de 5 Estrellas y de Salvini, aunque a mitad de camino se despojó de la derecha xenófoba y se alió con la izquierda de Libres e Iguales. Pero una cosa diferente es cómo administrar esa fortuna que según calculó Renzi, es más que el Plan Marshall, que impulsó la economía europea tras la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué mejor, entonces, que forzar la llegada al Palacio Chigi de alguien que garantice que esos monumentales fondos se utilicen al gusto de los sacrosantos mercados? No debe haber en Europa un personaje más adecuado para cumplir ese rol que Mario Draghi, Super Mario como se mienta a este hombre que, según su CV, salvó al euro tras la crisis del 2008 y que ahora puede que salve a Italia en esta instancia clave de su historia.
La nueva crisis política se produjo a mediados de enero, cuando Renzi forzó la caída del gobierno que habían sostenido su partido Italia Viva junto con EEAla agrupación antisistema creada en torno al cómico y bloguero Beppe Grillo, y la izquierda de Libres e Iguales. La pelea era por la administración de los billetes que la Unión Europea puso a disposición de Italia.
Se sabe que el neoliberalismo avanza ante el descrédito de “los políticos” en general, a los que acusa de despilfarrar el erario público en medidas demagógicas para sostenerse en el poder. Y esa montaña de dinero era una tentación en manos populistas que necesitaba, según este criterio, el freno que solo alguien del mundo financiero podría poner.
Draghi, de 73 años, garantiza la “seriedad” que quienes manejan las finanzas requieren en la tercera economía de la UE. Fue presidente den Banco Central Europeo entre 2011 y 2019. Antes había sido gobernador del Banco de Italia y director Ejecutivo del Banco Mundial, entre otros altos cargos públicos.
Fue autor del plan de privatizaciones de empresas públicas italianas cuando era director General del Tesoro de su país, entre 1991 y 2001, por una suma que en su momento llego a casi 100.000 millones de dólares. Y también de una cabriola que los griegos no podrán olvidar: como vicepresidente de la banca de inversión Goldman Sachs -entre 2002 y 2006- fue responsable de una maniobra que permitió al gobierno del conservador Kostas Karamanlis dibujar presupuestos para obtener préstamos a baja tasa. Cuando se desnudó la verdad, Draghi era el mandamás del BCE y junto con el FMI y la Comisión Europea, la otrora famosa troika, obligó a recortes feroces para pagar los platos rotos en una fiesta griega a la que los ciudadanos no habían sido invitados.
Desde los centros del poder real, la convocatoria a formar gobierno que le hizo el presidente Sergio Mattarella fue recibida como un bálsamo. La UE no tendrá problemas en poner dinero, a condición de que lo administre alguien “del palo” financiero. Draghi, dicen, salvó al euro. Pero cuando la burbuja inmobiliaria estalló, desde el BCE salió a comprar la deuda tóxica y en realidad, salvó a los bancos.
Ahora aparecen presiones contra el gobierno de coalición de centroizquierda de España, que arregló unos 70.000 millones de ayuda de la UE. Los mercados exigen un Draghi español para manejarlos.
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