Un debate crucial para la libertad de expresión y los controles sobre discursos de odio en las redes se desarrolla en el Senado de Estados Unidos, pero está tan teñido con el agrio aroma de la campaña electoral que quizás luego del próximo martes todo quede en el recuerdo. Mientras tanto, los CEOs de las principales plataformas de internet, Jack Dorsey de Twitter, Sundar Pichai de Google y Mark Zuckerberg de Facebook, comparecieron ante el Comité de Comercio de la cámara alta estadounidense y se escudaron en la ley que protege a esas empresas por el contenido publicado por terceros para responder las críticas de los legisladores.
A escasos seis días de un comicio clave para la reelección de Donald Trump, los republicanos, que componen la mayoría en esa sala, recriminaron por boca del titular del comité, Roger Wicker, senador por Mississippi, que esas plataformas se hayan convertido “en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder”.
Más aún, cuestionó a Twitter que “dictadores extranjeros publiquen su propaganda sin restricciones, mientras usted limita sistemáticamente al presidente de Estados Unidos”. Y resaltó que el público suele estar mal informado “sobre el proceso de toma de decisiones cuando el contenido es moderado y los usuarios tienen pocos recursos cuando son censurados o restringidos»-
El presidente estadounidense viene cuestionando precisamente que muchos de sus mensajes en la principal fuente de contacto con su público hayan sido censurados. Su argumento es que si tienen la facultad de decidir qué se puede difundir y qué no.
Es así que Trump se queja de que le hayan bloqueado tuits donde revela maniobras que bien deberían considerarse corruptas del hijo de su oponente, Joe Biden.
Media and Big Tech are not covering Biden Corruption!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020
Y no oculta su intención de poner coto a las redes, aunque al menos hasta ahora no lo pudo conseguir.
Paralelamente, el discurso de odio que se difunde a través de las redes sociales alarma a los bien pensantes de todo el mundo y llevó a que desde la Unión Europea se plantearan investigar a esas mismas plataformas que ahora los republicanos quieren poner contra las cuerdas. Cierto que todo esto salió a la luz luego de haberse conocido el programa de manipulación creado por la empresa Cambridge Analityca.
Dorsey, el gerente general de Twitter, le respondió a Wicker que la red del pajarito responde todo lo rápido que puede para moderar contenidos que se consideran inapropiados. Su colega de Google, el indio Pichai trajo a colación la sección 230 de la ley vigente a la que describió como «un acto fundacional del liderazgo estadounidense en el campo de la tecnología» y alertó sobre las consecuencias de un cambio en esa normativa para las empresas pero también para los particulares.
Los republicanos quieren modificar ese aspecto de la ley porque aducen que las firmas arbitrariamente bloquean contenidos conservadores en las redes. Lo cual sienten que perjudica a Trump en esta elección, sin embargo esos mismos contenidos lograron en otros lugares del mundo el triunfo de candidatos xenófobos y retrógrados.
Zuckerberg, a su turno, no objetó la posibilidad de cambiar la ley, pero que las empresas podrían censurar para evitar riesgos legales. El fundador de Facebook señaló que ve como más correcto “actualizar la ley para asegurarse de que funcione como está previsto”.
La sección 230 de Ley de Decencia en las Comunicaciones fue creada en 1996 a nivel federal para protege a las compañías de internet de responsabilidades legales. “Ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo”, especifica. Esto es, que ninguna empresa de Silicon Valley puede ser penalizada por un contenido racista o que implique la comisión de un delito.
Convocado como experto en la cuestión, Ashkhen Kazaryan, responsable de libertades civiles en la ONG TechFreedom, indicó que la normativa vigente “es una ley crucial que creó internet tal y como lo conocemos. Todo el mundo depende de ella, desde los pequeños blogs a las grandes plataformas».
Y alertó que una posible modificación implicaría mayores costos legales y administrativos para las plataformas que a la larga terminarían por fortalecer a los pesos pesados de internet. «Solo las grandes plataformas pueden hacer esto. Las otras acabarán siendo demandadas y sacadas fuera del sistema», explicó.
Es un dilema al que se enfrentan las sociedades en la actualidad.
«Las grandes empresas tecnológicas han estirado su escudo de responsabilidad más allá de sus límites y el debate público está sufriendo por ello», aseguró la senadora Marsha Blackburn.
«Deberían tener cuidado con lo que quieren, porque sin la Sección 230 todos estos racistas, homófobos, xenófobos e islamófobos serían expulsados de las plataformas», dijo Hany Farid, especialista en plataformas de la Universidad de Berkeley, para agregar luego «en YouTube (perteneciente a Google), el 70% de los videos vistos son ‘recomendados’. Entonces estas plataformas son editores, no solo anfitriones, ya que ellos deciden, con sus algoritmos, qué contenido ves».
El tema del monopolio en las redes fue una de las inquietudes de la senadora Elisabeth Warren, precandidata demócrata a las presidenciales. Pero también para organizaciones de derechos humanos.
Que demócratas y republicanos lo vean como un tema preocupante puede significar que finalmente sea tratado de un modo más serio. Pero los intereses son muchos y muy poderosos.
Donald Trump se salió con la suya. A una semana de las elecciones presidenciales logró nominar a una jueza de la Corte Suprema que le garantiza a los republicanos varias décadas de supremacía conservadora en el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos. A corto plazo, le cuidará las espaldas en caso de que el conteo de votos venga ajustado, mientras que a mediano término, es la figura que podría terminar con el plan de salud de su antecesor, el Obamacare, y con el fallo que permite el aborto legal en el país.
Fue un nombramiento controvertido ya que los demócratas no terminan de digerir que en un año electoral el primer mandatario haya colocado a una “cortesana” super conservadora, cuando a Barack Obama en 2016 le rechazaron a uno -liberal- argumentando que esa designación le correspondía al que ganara el comicio.
Tan malheridos quedaron que ya circulan proyectos de ley para que en caso de ganar Joe Biden el 3 de noviembre, se aumente el número de integrantes de la Corte, cosa de equilibrar tanto desbalance hacia una interpretación de las leyes estadounidenses por demás retrógrada, como promete ser la camada que se inicia este martes.
Sobre las necesidades de Trump, conviene recordar que el actual inquilino de la Casa Blanca viene denunciando fraude para impedirle la reelección. Centralizó sus denuncias -más bien sospechas, por ahora sin fundamento- en que con la pandemia era de esperarse que muchos ciudadanos adelantaran el voto por correo y que ese sistema no le daba garantías de transparencia. Hasta ahora cerca de 60 millones ya emitieron el sufragio, cuando aun falta una semana para el voto presencial.
Sobre la transparencia electoral hay que remontarse al año 2000. La votación del 7 de noviembre de ese año fue muy pareja en casi todos los distritos entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, que era vicepresidente de Bill Clinton. Venían con 246 electores para Bush y 255 para Gore, lo que reflejaba la diferencia de apoyos en las urnas, más de medio millón de sufragios a favor del demócrata. Erean necesarios 270 apoyos y faltaban sumar los 25 electores de Florida, uno de los estados donde el que gana, aunque sea por un voto, se lleva todos los delegados para el colegio electoral nacional.
Ahí sí que hubo fraude. Contabilizaron votos de personas fallecidas, urnas desaparecidas y todas las artimañas usuales en muchos lugares del mundo. La controversia fue mayúscula y los demócratas pidieron un conteo manual. Ante la imposibilidad de resolver la cuestión forma pacífica, el caso terminó en la Corte Suprema. Que le dio la razón a los republicanos en un fallo muy disputado recién el 13 de diciembre. Gore aceptó de mala gana luego de que los popes del partido le dijeran que demorar mas de un mes un resultado en la principal potencia mundial sobrepasaba todo límite. La nueva jueza puede ser garantía de que los republicanos no tendrían que esperar tanto para aprobar o rechazar un resultado con el apoyo del supremo tribunal.
En cuanto a el otro desvelo de Trump, el aborto, si bien había logrado designar a otros dos jueces conservadores, tuvo un “desengaño” en julio pasado cuando el voto decisivo de Neil Gorsuch la Corte invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Trump había nombrado a Gorsuch y a Brett Kavanaugh.
En Estados Unidos no hay una ley que permita la interrupción del embarazo. Desde 1973 un fallo del tribunal de la época, el caso conocido como Roe v. Wade, impide penalizar el aborto amparado en el derecho a la mujer a la privacidad. Desde entonces hubo decenas de intentos de los sectores ligados a las iglesias católica y las distintas ramas evangélicas, de dictar un fallo en contrario. Pero siempre hubo un relativo equilibrio entre liberales y conservadores dentro de la Corte que dejó las cosas como están. Hasta que a la llegada de Trump al poder, murieron dos jueces y otro se retiró, con lo que quedaron tres bancas libres para torcer ese equilibrio histórico.
La muerte el mes pasado de la jueza Ruth Bader Ginsburg, a los 87 años, fue el momento esperado por Trump. Militante de los derechos de la mujer y de las libertades individuales, se sabía que estaba luchando contra un cáncer y el presidente ya tenía en mente a su reemplazante.
Nacida en Nueva Orleans en 1972, Amy Coney Barrett había sido designada jueza de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito por el mismo Trump en 2017. Católica militante, miembro de grupos más conservadores dentro de la iglesia de Roma, se graduó en la Universidad de Notre Dame con todos los honores. Así, logró ingresar en la selecta Sociedad Phi Beta Kappa.
Fundada en 1776 en el Colegio de William y Mary, de Virginia, como una sociedad secreta bajo las iniciales de Φιλοσοφία Βίου Κυβερνήτης (Philosophía Biou Kubernetes, la filosofía gobierna la vida), tiene como objetivo expreso la defensa de los grandes valores liberales de la humanidad a través de las ciencias y las artes.
La institución se jacta de haber tenido entre sus miembros a 17 presidentes, 42 jueces supremos y más de 150 premios Nobel. Para ingresar hay que tener promedios universitarios equiparables a un 10 para nuestros parámetros. Bill Clinton, George Bush padre, Jimmy Carter, Franklin Roosevelt figuran en ese listado. De la actual Corte, solo dos integrantes no son Phu Beta Kappa: Brett Kavanaugh y Clarence Thomas. Pero también hay empresarios como Jeff Bezos, dueño de Amazon y del Washington Post, la actriz Glenn Close y la escritora Susan Sontag. No están los últimos tres presidentes ni el actual desafiante al cargo.
Coney Barrett trabajó desde muy joven con jueces de renombre, como el camarista Laurence Silberman y el cortesano Antony Scalia, el ultraconservador que murió en febrero de 2016. Obama intentó entonces nombrar a un liberal, Merrick Garland. Pero los republicanos, con mayoría en el Senado, adujeron que debía designarlo el futuro presidente. De más está decir que ahora los demócratas están indignados porque en año electoral y a una semana del comicio, los republicanos dan un giro de 180 grados en sus argumentos.
La nueva ministra del máximo tribunal se presenta con un “fuerte compromiso con la posición de la Iglesia Católica sobre temas de vida” y es partidaria de una interpretación originalista de la Constitución. Es una tesis a la que adscribía Scalia -para cuyo estudio la jueza obtuvo una beca de investigación universitaria- y que sostiene que la Carta Magna debe interpretarse en el sentido que le dieron los redactores, fijo e inamovible. Nada de interpretaciones modernosas.
La jueza suprema tiene 7 hijos, dos de ellos adoptados, con Jesse Barrett, a quien conoció en la universidad. Barrett fue secretario del fiscal del Distrito Norte de Indiana hasta 2019, cuando regresó a la actividad privada en un estudio de abogados de ese mismo estado, donde representa a compañías e individuos particulares en controversias comerciales y financieras.
Que Chile necesita una nueva constitución para terminar de enterrar esa que en 1980 consolidó el modelo neoliberal no es novedad. El resultado del plebiscito de este domingo muestra a las claras el amplio consenso para que la democracia chilena se dicte una Carta Magna sin tutelaje de las Fuerzas Armadas. Lo novedoso es que esta “ley de leyes” será escrita por igual cantidad de hombres que de mujeres. En un país forjado a sablazos desde 1973, ese detalle no es menor.
Los movimientos feministas que protagonizaron las manifestaciones que comenzaron hace justo un año están en posición de lograr que los principios rectores de la futura Constitución tengan una fuerte perspectiva de género, atendiendo a que, como dice Valentina Olivares Grey, militante feminista, “las mujeres y los cuerpos feminizados recibimos el doble o el triple de castigo” en una sociedad tan desigual como la chilena. Ahora el desafío es que cada uno de esos 78 asientos en la constituyente de 155 integrantes incorpore definitivamente ese mandato en la nueva normativa que se votará en abril de 2021.
Los temas en danza, a nivel superficial, van desde el acceso al aborto seguro, la paridad en la representación en el Congreso o los derechos de la comunidad LGBT. Pero buceando un poco más profundo, hay otras cuestiones fundamentales.
Olivares Gray integra la Asamblea Plurinacional Feminista y desde ese lugar sostiene ante Tiempo que en la futura Cartas Magna el tema de agenda primordial es “el derecho a una vida libre de violencia, porque es el que nos permite seguir vivas para conversar”.
Otro cuerpo de demandas, detalla, se relaciona con garantizar “un mínimo de dignidad en las condiciones de vida y de la población en general”. Esto implica “el reconocimiento del trabajo de cuidados, no solo de manera simbólica sino para reconocerlo como un trabajo”. El tema tiene su peso ya que la nueva constitución tirará por la borda el corset neoliberal que impuso la dictadura, por lo tanto el Estado pasará de ser subsidiario a ser garante, y las mujeres “deben contar con un sistema de seguridad social universal que incluya criterios de género, que reconozca las desigualdades que hay entre mujeres y varones”.
Otra cuestión que no deberá soslayarse en el futuro ordenamiento legal chileno, dice Olivares Gray, es lo que ocurre en las llamadas “zonas de sacrificio”. En regiones donde se extiende el modelo extractivista “las mujeres han avanzado en muchas formas de organización y resistencia para hacer frente a la devastación que allí se genera a nivel ambiental y humano”.
En esos territorios se ven escuelas que cierran, “niños que se envenenan, familias que se quedan sin fuentes de trabajo y de ingreso y que se enferman de por vida”. Las mujeres son las que salen a enfrentar esta calamidad. Allí es justamente donde la aprobación sacó los mayores porcentajes del país este domingo, en algunos casos con cerca del 90%, recuerda Olivares Grey.
Colectivos feministas que militaron esta iniciativa chilena mostraron su alegría en las redes por el rotundo resultado a nivel nacional de este domingo.
Fronteras afuera de Chile, este Constitución paritaria fue celebrada en todo el mundo La ex senadora colombiana Piedad Córdoba celebró también que habrá también participación de pueblos originarios en la redacción.
También desde Colombia, el excandidato presidencial Gustavo Petro festejó el resultado.
Desde Argentina, Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, unió la lucha de las mujeres chilenas a la lucha por la reconstrucción de la Patria Grande.
Mercedes D´Alessandro, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, sostiene a su vez que la salida a la crisis es con mas feminismo.
«Se ratifica lo que escribí en Tiempo: hay una América Latina en disputa. Cuando en 2015 perdemos con Macri se abre una etapa. Muchos teorizaban que era un cambio de época, nosotros decíamos que era un momento en disputa. En estos años hay un hartazgo, una bronca, un enfrentamiento de los pueblos con los modelos neoliberales. Estos no son los ’90, cuando EE UU triunfaba sobre sus enemigos estratégicos e ideológicos. Parecía que el modelo era el capitalismo salvaje, el fin de la historia. Ahora hay alternativas. De hecho, Venezuela y Cuba subsisten por tener alternativa. También las tiene Argentina: Rusia, China, India, Vietnam… El año pasado, cuando ganamos las PASO, se desató una serie de luchas de los pueblos de América Latina: Ecuador, Chile, Colombia, Perú. Por el boleto, por el gas, por consecuencias del modelo neoliberal. No hay un cambio de época que se asimile a los 2000, pero hay pujas. La acumulación del hartazgo por los modelos neoliberales más el éxito de AF en Argentina generó un momento favorable». El diálogo con Oscar Laborde comenzó con una reflexión que no hace más que reafirmar un pensamiento de quien suele ser columnista en estas páginas. Fue por zoom desde La Paz, donde aún permanecía en su rol de presidente del Parlasur y coordinador de la Misión de Observadores de Mercosur en las elecciones bolivianas.
–¿Considerás ese 11 de agosto como un hito?
–Ni aquello era el avance irrefrenable de la derecha ni esto es el avance irrefrenable de los procesos populares. Pero sí son señales muy fuertes. Argentina es una gran referencia en América Latina. Se demuestra que ese avance de la derecha es reversible.
–En Argentina la derecha fue gobierno. Ahora no se banca no serlo y muestra poder y capacidad de manifestar, con visos desestabilizadores. En Bolivia también hubo manifestaciones en contra del resultado, a pesar del 55 por ciento.
–Esta derecha aprendió a ser más descarada y a veces parecería que exagera su brutalidad, su homofobia, su racismo, su odio a lo diferente, a lo indígena. Eso le dio resultado con Trump, con Bolsonaro, con Patricia Bullrich, con Macri. Representa una parte de la población. Su movilidad puede escalar hasta la provocación. Aunque en Bolivia, después de un 55 por ciento, con 25 puntos de diferencia…
–Pasa en muchos países donde ganan gobiernos que no son afines a la Unión Europea, la OTAN, a EE UU. Hay una estrategia de deslegitimar el voto popular. Se intenta lo mismo con las elecciones legislativas en Venezuela.
–Eso es el achicamiento de la democracia. Es la expresión de los cívicos bolivianos, de la juventud cochala, de la santacruceña. Ellos lo saben: es muy difícil ganar en condiciones de igualdad con los movimientos populares. Bolivia es la demostración: el MAS sacó 15 puntos más que antes.
–Ahora recupera su caudal histórico.
–El MAS logró sacar el 55% porque amplió la unidad. Los movimientos populares están comprendiendo que en América Latina tenemos la maldición del 40%. Cristina, Lula, Correa, Evo, Lugo eran la primera fuerza, pero luego si no ampliaban, no ganaban. La derecha aprende que tiene que violentar la democracia y también los movimientos populares aprenden que no hay que encasillarse en los líderes. Cristina no va de primera candidata. Evo acepta no participar. Correa impulsa una fórmula donde él no está. Podrían haber optado por desconocer al régimen, pero se responde ampliando: es una medida inteligente. En Bolivia no pudo prosperar el ajuste neoliberal por su propio fracaso y porque el MAS se amplió: volvieron dirigentes históricos como Quispe; cerró un acuerdo electoral sólido con la COB, que no apoyaba en los últimos gobiernos. Atrajo a un montón de gente que se le había ido. Y hubo autocrítica: Arce habla más de lo que no deben hacer de vuelta y se centra en la idea de volver mejores. Es la admisión de que no siempre es imprescindible que los líderes vayan y es importante que surjan nuevos, y que estén juntos. Por otro lado, las movilizaciones fueron determinantes en Ecuador y en Chile, donde no hay líderes ni partidos preexistentes que puedan capitalizar. Pero la movilización permitió que se modificara una Constitución “casi intocable”. En Argentina, en Brasil, en todos lados, las fuerzas populares siguen existiendo y son la primera fuerza. La inteligencia es saber salvar los escollos que te ponen violentando la democracia.
–Se supone que le van a dejar a Luis Arce un país arrasado, como sucedió en la Argentina de Macri. ¿Va a estar muy condicionado?
–Bolivia estaba muy bien económicamente cuando le dan el golpe a Evo. En un año no pudieron hacer tanto desastre como hicieron en Argentina, donde tuvieron cuatro años para retroceder derechos, endeudarse, general un déficit fiscal brutal… Todo retrocedió, pero no a los niveles del macrismo. Arce tiene planes muy modernos, es un economista brillante y tiene un sentido muy interesante de cómo adecuarse a cada momento. Y la primera fortaleza para gobernar es la votación. Muchos empresarios se dieron cuenta de que el MAS es un dato insoslayable. Trataron de hacerlo olvidar, dividirlo, perseguirlo: no pudieron. Volvió reforzado, con paciencia, con astucia y con unidad. Lo que no soslaya la puja interna. Hasta 2017 no nos apoyábamos entre nosotros y eso generó la maldición del 40% que nos provocó varias derrotas. Es un aprendizaje: el conflicto lo podés desarrollar al límite de la crisis.
–¿A riesgo de tener gobiernos más concesivos?
–Sí, pero no en el caso del MAS, que no compromete su hegemonía absoluta con los acuerdos de amplitud… Claramente: vos hacés acuerdos con sectores que sabés cómo piensan, que no es como vos pensás… Se cuestionó en muchos sectores la votación argentina en la ONU sobre Venezuela. Ahora, hablemos de todo: el gobierno de Alberto Fernandez reconoce a Maduro; en la fiesta su asunción, él optó por Jorge Rodríguez en lugar de Claver Carone; reconoció a Stella Lugo como representante de comercio… Y eso Venezuela lo sabe. ¿Qué se dice de la importancia que tuvo Alberto Fernández en el triunfo del MAS? ¿Hubiera ganado el MAS si Evo estaba en México? Bancar a Evo tiene un costo descomunal con los yanquis. Estoy convencido: en México hay muy poca comunidad boliviana, se hubieran comido todo el lawfare, está cerca de los EE UU y Evo hubiera tenido hasta riesgo de vida. Alberto lo bancó siempre a Evo. No hizo ninguna concesión. Por eso digo que tenemos que apostar a que le vaya bien: el camino crítico en la recomposición del movimiento popular y la posibilidad de reconstruir una Patria Grande es que le vaya bien a Alberto. Por el gran triunfo del MAS y por la articulación que van a hacer. Luis Arce piensa en un gran acuerdo con Argentina de explotación común del litio y de otras muchas cuestiones.
–¿Puede seguir Almagro al frente de la OEA?
–La OEA es una herramienta de los EE UU que colaboró a achicar la democracia y a promover la desestabilización en la región. Con lo cual, Almagro no puede estar a la cabeza de una organización que debería representar a todos los Estados. Está siendo absolutamente capcioso en el manejo, lo utiliza claramente para achicar la democracia, ayudar a los intereses de los EE UU y para producir desestabilización en la región. Si hubiérase permitido que el MAS asumiera como correspondía en noviembre del 2019, ¿cuántos problemas se habrían ahorrado, cuántos muertos, cuánta confrontación se habría evitado? Él es culpable. Lo dice Arce y con razón: debería renunciar. Hablo como jefe de una Misión de Observación. Todo el mundo sabe, entre los observadores, que la votación era correcta y que lo principal, lo que motorizó el golpe, fue la opinión de la OEA. Después, cuando se comprueba la mentira, ya estaba Áñez en el gobierno.
–Con ese antecedentes, ¿por qué no hubo fraude de la derecha?
–Porque el fraude es muy difícil. En los sistemas americanos se puede hacer una trampita, pero tergiversar toda una elección, 20 puntos, no. El golpe más burdo debe tener un pretexto, debe tener cierto respaldo de una parte de la población y cierto respaldo de la comunidad internacional. En esta, el MAS no gobernaba, Arce ni siquiera había cruzado un semáforo en rojo, y las Naciones Unidas fue factótum de la unidad con Coppal y la Unión Europea para equilibrar a la OEA. El 70% de la población pensaba que la OEA había sido partícipe en la resolución de la elección del 2019. La ONU ve esto y los propios empresarios ven que económicamente les fue muy bien con el MAS y que además tienen el respaldo de una gran parte de la población.
–¿Cuál va a ser el rol de Evo en su convivencia con el gobierno?
–Hablé mucho con él y está convencido, de antes del domingo: se instalará en Chapare para volver a su vida de antes de ser presidente. Va a estar en la parte de formación de cuadros. Va a ser una referencia.
–¿Cree que corre peligro, que pueda sufrir un atentado?–Puede ser. Pero él asume este rol que intentó hacer Lula: retirarse y opinar cada tanto, un rol superior al ejercicio cotidiano de gobierno. Creo que el papel de Evo en la presencia pública va a ser menor. Por eso le piden que no les de el argumento de que Luis Arce va a ser su títere. Porque los tipos siembran la idea de que te van a hacer quilombo aunque vos tengas razón. Imaginate, vuelve por la puerta grande acompañado por Alberto Fernández con una elección ganada con el 55% y es Gardel. ¿Se va a quemar peléandose con Arce? Creería que no.
Comentarios recientes