por Alberto López Girondo | Abr 16, 2020 | Sin categoría
Mientras las cifras demuestran que la decisión de mantener la cuarentena da resultados en términos sanitarios, las presiones para retornar a la «normalidad económica» se hacen más fuertes. Esto es evidente en los corrillos gubernamentales, donde repercuten los anuncios de despidos y suspensiones a pesar de las medidas para morigerar el parate obligado por el aislamiento social estricto. Los medios reflejan esta puja solapada enfatizando riesgos y pronosticando problemas que sobrevendrían con la vuelta a la actividad plena. La pandemia saca a relucir la esencia de cada actor social, pero también los miedos y estrategias para no perder posiciones. Esa disputa no es tanto por olvidar pronto este momento dramático para la civilización en todos los aspectos como por comandar lo que se viene. Lo que está en juego es el rol del Estado, pero también el de la política y el del capital como factor de poder.
En medio de esta noche oscura, no resulta fácil avizorar la salida. La imagen sencilla de la luz al final del túnel –de uso reiterado en el anterior gobierno argentino– también fue un recurso de ocasión para el presidente Donald Trump al tratar de explicar el desastre provocado por la lentitud en tomar el toro por las astas contra el Covid-19 en Estados Unidos. Esa puja se manifiesta en el resto de los países y podría explicar la catástrofe que produjo el coronavirus en la Lombardía, la región más desarrollada de Italia. «La patronal industrial presionó a todas las instituciones para evitar cerrar sus fábricas y perder dinero», contó desde el lugar de los hechos la periodista Alba Sidera en el portal español CTXT. Esto impidió que se tomaran medidas sanitarias a tiempo, con el resultado conocido, como plantea en Página/12 Alfredo Zaiat.
En la Argentina la decisión del presidente, Alberto Fernández, es apoyada por los poderes ejecutivos en cada distrito, incluso en jurisdicciones a cargo de líderes opositores, como es el caso del jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta.
Pero el costo de seguir ese camino es importante. Es así que voceros de los grandes grupos económicos despliegan argumentos que, si bien no defienden directamente una apertura de las restricciones sanitarias –porque la opción entre «salud y economía» aparece como difícil de refutar–, intentan horadar el consenso en torno a la cuarentena.
En los sectores de la derecha menos extrema, quizás el que mejor expresa esta dicotomía es Carlos Pagni, columnista político de La Nación, quien razona que como Fernández y los mandatarios alineados en las recomendaciones de la OMS crecieron en las encuestas a niveles nunca vistos en democracia, corren el riesgo de enamorarse del «encierro» sin medir el daño que la economía evidentemente está sufriendo.
El manejo de la crisis por parte de la dirigencia política y del Estado inquieta al establishment económico-financiero y mediático. Al cabo de las primeras semanas de cuarentena, el ala más confrontativa de la oposición salió fuerte en las redes sociales y alcanzó micrófonos y cámaras amigas para fustigar cada una de las acciones del Gobierno nacional. Hubo fisuras donde al cabo pudieron colar sus argumentos, como ese viernes de aglomeración en los bancos y por los sobreprecios en una compra de alimentos realizada por Desarrollo Social.
Pero esas críticas resultaron un búmeran. Un poco porque los cambiemitas que gestionan deben mantener consensos indispensables con el oficialismo. Otro poco porque en ambas cuestiones también se cuecen habas, tanto en CABA –donde también se registran sobreprecios en compras públicas y existe cierta cuota de responsabilidad en la atención a los jubilados– como en otras jurisdicciones del país. El caso es que se creó una grieta dentro de Juntos por el Cambio.
Reacios a sostener la postura de la Casa Rosada y aliados circunstanciales, el recurso de los medios fue tener en pantalla a economistas tradicionales del neoliberalismo más brutal, cuando no adscriptos al libertarianismo ultraindividualista que tiene su espejo en el Tea Party, el sector interno del Partido Republicano de Estados Unidos. Literalmente, su nombre refiere al origen de la independencia de ese país, nacida al calor de la negativa a pagar un impuesto de la Corona británica al té importado. Y apoyan la disminución impositiva a los ricos con el argumento de que así dispondrán de mayores ingresos para desarrollar la economía. Algo que la realidad muestra como falso.
Si hay algo que está en disputa ideológica en este momento es quién paga el costo de la pandemia. De allí que los voceros del individualismo desfilen en las pantallas. Entre ellos, economistas con funciones de edición periodística como Roberto Cachanovsky, el colérico Javier Milei y el excandidato presidencial José Luis Espert.
Todos ellos son fervorosos defensores, no solo del libre mercado, sino también de eliminar toda ley de protección de derechos laborales. Espert logró en octubre pasado algo más de 380.000 sufragios, menos que la suma de votos en blanco.
El esquema del que parten es similar. El Estado debe ser mínimo, los políticos deben bajar sus salarios porque son una carga para los que pagan impuestos. Son una carga, también, los que cobran planes sociales. Contradictoriamente, piden rebajas en los impuestos a las grandes empresas por la crisis.
El aporte que falta
Frente a esta ofensiva, el dirigente cooperativista Carlos Heller, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, encabeza la redacción de un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para la creación de un impuesto extraordinario y por única vez a las grandes riquezas.
Los Tea Party locales dicen que ese proyecto se propone castigar a la clase media y que pretende cobrarles a pequeños empresarios y comerciantes, a quienes tengan más de una propiedad o un auto relativamente lujoso, y que pretende incautar los ahorros de las familias. Heller explicó en cada una de sus intervenciones ante la prensa que la iniciativa apunta a las grandes fortunas, no a empresas y menos a pymes o familias de trabajadores o profesionales. «Nadie va a perder su condición de riquísimo después de que pague el aporte que nosotros seguramente vamos a fijar –señaló el diputado–, porque esto está apuntado a un sector de altos ingresos, a un sector de altos patrimonios, que debería estar asumiendo que es lógico que hagan un aporte extraordinario para aliviar la situación de muchos otros que necesitan de ese aporte».
Revista Acción, segunda quincena de Abril de 2020
por Alberto López Girondo | Abr 16, 2020 | Sin categoría
Finalmente, luego de tantas idas y vueltas, Luiz Henrique Mandetta anunció que deja el gobierno de Jair Bolsonaro. Enfrentado por la forma de combatir el coronavirus, o mejor dicho, por la intención del responsable de la cartera de Salud de Brasil de aplicar las recomendaciones de la OMS sobre el Covid-19, Mandetta declaró en la mañana del miércoles que está harto.
“Basta ya”, con tanto tironeo, fue el argumento para informar que se iba a quedar en el cargo hasta que le encuentren un reemplazante. “Fueron 60 días de dar batalla, usted conversa y la persona entiende, dice que concuerda y luego cambia de idea y habla todo diferente, ya basta ¿no?”, dijo. Pero no sería ajena a esta decisión la amenaza de un “carpetazo” sobre su gestión al frente de esa dependencia federal.
Es cierto que la guerra desatada por el presidente para mantener las actividades del país a pesar de la pandemia, cuando ya se sabía la tragedia que el coronavirus estaba causando en otros países, desgastó a todo el gobierno.
A tal punto llegó la disputa que la cúpula militar decidió poner paños fríos y para evitar mayores complicaciones, impuso un jefe de gabinete, el general Walter Braga Netto, con atribuciones de comandante al mando del Ejecutivo mientras dure la pandemia.
Así, lograron calmar un tanto las aguas cuando la semana pasada Bolsonaro venía avisando que quería a Mandetta fuera del gobierno y ya había varios que se estaban poniendo el traje para jurar en su reemplazo.
Todo indicaba que esa batalla la había ganado Mandetta, que según las últimas encuestas, tenía una imagen positiva de más del 76%, casi el doble de la del propio presidente. Se estimó que parte del problema entre ambos era de celos de Bolsonaro: un mandatario electo por la ciudadanía no podía permitir que uno de sus funcionarios obtuviera réditos en esta jugada que él no podía.
Pero también hay un cruce ideológico importante. Mandetta siempre dijo que desde su gestión iba a defender posturas que tuvieran asidero científico. Y Bolsonaro, un evangélico fanatizado como muchos de sus seguidores, calificó al Covid-19 de una gripecita y pretendía -en esto coincide con la ola capitalista depredadora que se impone en el mundo- mantener la actividad económica. Adujo que muchos brasileños viven al día y de lo que consiguen en la calle. Condenarlos a no poder ganarse la moneda diaria era peor que el mal.
Mientras tanto sus hijos, activos militantes de las redes, y en miles de cuentas probolsonaristas, se fue difundiendo la idea de que Mandetta aspiraba a capitalizar su imagen pública para postularse como candidato a la gobernación de su estado natal, Mato Grosso do Sul, por el partido de derecha Demócratas (DEM), del que forma parte.
Luego de ese primer choque fuerte, que lo llevó a adelantar que se iría del Planalto el lunes de la semana pasado -había vaciado los cajones de su escritorio, revelaron allegados suyos- pareció que la cosa se encaminaba. Hasta que el domingo último habló de más en una entrevista con Globo TV.
Entre otras cosas, Mandetta dijo que “el Ministerio de Salud entiende la economía, entiende la cultura, entiende la educación, pero se preocupa por el lado del equilibrio de protección de la vida”, y lanzó una parrafada que lo terminó malquistando con el resto de los militares que tienen la voz de mando en Brasil.
“Espero que esa validación de los diferentes modelos de enfrentar esta situación pueda ser común y que podamos tener un discurso único, un discurso unificado, porque, si no, los brasileños dudan y no saben si escuchar al ministro de Salud o escuchar al presidente o a quién escuchar”.
Desde ese día fue evidente que la hora de Mandetta estaba jugada. ¿Un error político, se agrandó con el triunfo del martes anterior y pensó que tenía carta blanca?
Poder ver acá como se catapultó la crisis Bolsonaro-Mandetta.
Le marcan la cancha al presidente.
Crisis sanitaria y política.
Obligan a recular a Bolsonaro.
Se dispara la interna.
Un dato que filtró el portal de la revista Veja señala que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN, la AFI de ese lado de la frontera) estaba revisando por orden obviamente secreta del gobierno, los contratos firmados por el Ministerio de Salud con empresas prestadoras de servicios en el marco del combate del coronavirus.
Apuntan, según parece, a dos ex diputados del partido DEM que tenían el encargo de centralizar todas las grandes compras. Se trata de José Carlos Elaluia, asesor especial de Mandetta, y de Abelardo Lupion, director de Gestión y responsable de coordinar entregas de fondos a los municipios.
Veja resalta que los dos fueron acusados de haber recibido coimas en la causa Odebrecht. Los investigan ahora por haber firmado contratos con empresas ficticias y de haberse quedado con algún que otro vuelto sobre la liberación de recursos a varios distritos.
Tiempo Argentino, 16 de Abril de 2020
por Alberto López Girondo | Abr 15, 2020 | Sin categoría
Donald Trump lo hizo otra vez. Decidido desde que se postuló para la presidencia, allá por los finales de 2015, a retirar a Estados Unidos de cuanta organización internacional haya adherido en las últimas décadas, ahora anunció que suspenderá la contribución financiera a la OMS, a la que acusa poco menos que de tener connivencia con el gobierno chino.
Claro que el objetivo de volver al tradicional aislacionismo norteamericano queda opacado porque toma esta decisión justo cuando el coronavirus está haciendo estragos en su país y por lo tanto, resulta una muy cuestionada forma de echarle la culpa de la tragedia a otros. Para no hacerse cargo de que inicialmente, la Casa Blanca desestimó las alertas de la Organización Mundial de la Salud sobre el Covid-19 y ahora enfrenta cerca de 650.000 contagiados y más de 25.000 muertos.
El rechazo generalizado al anuncio presidencial -Trump habló de “mala gestión” y dijo que la OMS no evaluó correctamente la situación desatada en China en diciembre pasado- incluyó a todos los gobiernos europeos y asiáticos y hasta el fundador de Microsoft, Bill Gates, que aporta parte de su fortuna para esa institución.
Ni bien Trump llegó al gobierno, en enero de 2016, retiró a EEUU de los tratados comerciales que venía negociando Barack Obama, como el TLC, con países de la cuenca del Pacífico y el que se había adelantado con la Unión Europea. No tardó mucho en tirar a la basura el acuerdo nuclear con Irán, que luego de años de negociaciones con las cinco potencias del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, limitaba el desarrollo atómico del país persa.
Luego vendrían otros “portazos” del díscolo empresario inmobiliario. Uno que causó gran escozor fue el retiro de los pactos ambientales de París. Se sumó entonces a Nicaragua y Siria como los únicos tres países de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático fuera del compromiso de combatir la destrucción del medio ambiente.
En esa línea, retiró el apoyo financiero a la Unicef, la organización para la infancia. Esto incluía además a la ACNUR, la oficina encargada de la protección de los refugiados.
El paso siguiente fue en realidad una continuación de una política que venía desde 2011 para desfinanciar a la Unesco, la organización de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. La excusa fue que la institución había tomado un sesgo antiisraelí no admisible por la administración Trump. El retiro se produciría a fines de 2018.
“En el momento en que la lucha contra el extremismo violento pide una inversión renovada en educación y en diálogo intercultural para prevenir el odio, es profundamente lamentable que Estados Unidos se retire de la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de estos asuntos”, dijo esa vez la directora de la Unesco, Irina Borkova.
El argumento de políticas antiisraelíes fue utilizado también para el anuncio de retiro del protocolo de resolución de disputas de la Convención de Viena que hizo el que fuera asesor de Seguridad de Trump hasta hace unos meses, John Bolton.
El belicoso funcionario agregó entonces que «Estados Unidos no se quedará quieto mientras se presentan reclamos sin base y politizados contra nosotros».
La embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley añadió que su país se retiraría oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de esa organización afirmando que era un sitial que tenía entre sus miembros a China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo y en cambio desplegaba un “prejuicio crónico” contra Israel.
Pero no era ese el único motivo, ya que casi en simultáneo retiró la visa de entrada a Fatou Bensouda, fiscal general de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, quien estaba investigando denuncias por crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
El aislacionismo de Trump es muy claro y engarza fielmente en una tradición política estadounidense que une épocas de un nacionalismo exacerbado que lleva al rechazo de los inmigrantes, mientras en paralelo se inmiscuye en las cuestiones latinoamericanas porque considera que la región es un “patrio trasero” al que se debe someter.
Esa disputa interna se arrastra en Estados Unidos de un modo más drástico a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Siempre reacio a entrar en los grandes conflictos bélicos europeos, las tropas estadounidenses recién desembarcaron el ese continente en 1917. Cierto que cuando Gran Bretaña estaba exhausta y “tiró la toalla” porque no podía contra los imperios centrales. Además, la revolución rusa era una amenaza para el sistema capitalista global.
Al término de la contienda, los europeos intentaron acuerdos de posguerra dejando de lado a EEUU, que sin embargo, a través del entonces presidente Woordrow Wilson, buscó articular una organización para resolver las disputas sin llegar a una guerra de semejante violencia.
La Sociedad de las Naciones, su máxima expresión, y antecedente de la ONU, fue integrada por un puñado de países pero el Senado de EEUU, dominado por los republicanos, rechazó el ingreso del país del que surgía la propuesta.
Naciones Unidas era el nombre de la coalición creada por Franklin Roosevelt, Josif Stalin y Winston Chuchill para derrotar a las potencias del Eje, la Alemania nazi, Italia y Japón. Nuevamente el aislacionismo estadounidense quedó de lado, y otra vez, cuando el mayor gasto de la guerra lo habían hecho sus aliados: La Unión Soviética había tenido que enfrentar la invasión a un costo de millones de vidas, el imperio británico estaba devastado y Francia era una entelequia que pretendían recuperar el general Charles De Gaulle y los partisanos.
De allí que la nueva sociedad internacional recibiera el nombre de Organización de Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad integrado por los ganadores de la guerra: EEUU, Gran Bretaña, Francia, la URSS y China. Con el tiempo ocuparon esos dos últimos lugares, la China continental y Rusia.
Quizás sabiendo que sería resistida por el fuerte aislacionismo imperante en grandes sectores del establishment de EEUU, todos aceptaron la conveniencia de que la sede estuviera en Nueva York.
Bolton, luego denigrado por Trump y ahora enfrentado con el presidente, nunca tuvo el menor empacho en cuestionar la utilidad de la ONU y aseguró que si por él fuera ya se hubieran retirado de la institución. Sería el último paso que le queda a Trump para cumplir con su objetivo.
El problema sigue siendo que está ubicada en Nueva York, ahora escenario de la mayor tragedia por el coronavirus en el mundo en una ciudad, acercándose a los 10.000 muertos.
Tiempo Argentino, 15 de Abril de 2020
por Alberto López Girondo | Abr 12, 2020 | Sin categoría
El avance de la pandemia en Estados Unidos encuentra a la sociedad de ese país ante una situación crítica que seguramente no vivió quien sabe si desde sus orígenes. Por un lado, el gobierno de Donald Trump mostró un perfil ambiguo sobre la forma de tratar el Covid-19: primero dijo que había mucha histeria periodística en torno a las consecuencias y cuando los casos se fueron amontonando, intentó no quedar pegado a una tragedia que ya se acerca a los 20.000 muertos y supera el medio millón de contagiados. Pero hay una particularidad que en estas semanas sale a la luz con mayor fiereza. En un país de raíces puritanas, son millones los creyentes que no consideran que deban cuidarse del coronavirus porque tienen protección divina. Mientras tanto, otros millones salieron a la desesperada a comprar armas de fuego quizás, según argumenta Andrew Arulanandam -el vocero de la tradicional Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), el grupo lobista a favor de la segunda enmienda constitucional- a raíz de que “la gente está preocupada porque la policía ahora responde solo a llamadas seleccionadas y siente que ante una amenaza deberán defenderse por ellos mismos”.
El derecho irrestricto para la portación de armas, un sello de origen en esa nación, implica que actualmente solo se necesite un certificado de antecedentes penales adecuado para comprar cualquier tipo de artefacto letal. Por lo tanto, las organizaciones que se dedican a testear el incremento de compras constatan el pedido de ese trámite, lo que de manera indirecta indica el índice de inseguridad de esos sectores de la sociedad.
Se sabe que el dato no revela linealmente la intención de comprar un arma, ya que ese mismo tipo de documento es necesario para un conductor de mercadería sensible o para trabajos en áreas determinadas del gobierno. Pero como asegura un artículo de la revista Mother Jones, es un indicador bastante certero para determinar el clima de inseguridad ciudadana.
El Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales Instantáneo (NCIS por sus siglas en inglés), que depende del FBI, detectó 3,7 millones de chequeos a lo largo de todo el mes de marzo, 34% más que en febrero y 12% más que el récord de diciembre de 2015.
Es normal que luego de cada gran balacera pública como la que usualmente se registra en Estados Unidos -otro detalle característico de esa sociedad – se eleve notoriamente la compra de armamento. Un acto reflejo para intentar apagar el fuego con más fuego. El último gran salto en la compra de armas se registró luego del tiroteo masivo en el Inland Regional Center San Bernardino, California, el 2 de diciembre de 2015, que dejó un saldo de 16 muertos.
Esa vez el entonces presidente Barack Obama salió fuerte a pedir limitaciones a la venta de armas para evitar esa retahíla de masacres cada vez más frecuentes. La propuesta no avanzó por el poder de lobbie de la NRA y de la poderosa e influyente industria militar. Pero la venta de pistolas y fusiles livianos trepó a 3,3 millones. Porque pensaban que se iba a prohibir la venta y no querían quedar “desarmados”.
Ahora, una firma consultora, la Small Arms Analytics and Forecasting (Análisis y Predicción de Armas Pequeñas) calculó que se vendieron 2,6 millones de armas desde que el coronavirus comenzó a quitarles el sueño a muchos estadounidenses.
Un estudio del Centro de Investigación PEW encontró que 3 de cada 10 estadounidenses admiten ser propietarios de una pistola y que hay más de 400 millones de armas en propiedad de civiles en Estados Unidos. A razón de una por persona, teniendo en cuenta que en la estadística se anota a niños y a los millones que rechazan la tenencia de armas o están impedidos de poseerlas por diversas razones.
David Hemenway, del Centro de Investigación de Harvard, argumenta en esa misma publicación que la mentalidad del comprador de urgencia es que “el infierno se está desatando, ¿Cómo puedo protegerme?”. Esto es, se viene el Armageddon, recurramos a los derechos que otorga la segunda enmienda y compremos un arma de fuego. El problema es que ese infierno es un virus microscópico contra el que una bala poco puede hacer.
Tiempo Argentino, 12 de Abril de 2020
Comentarios recientes