Una simple e inquietante pregunta de un grupo de periodistas y la voluntad de un diario por financiar un experimento desataron una causa judicial y expandieron la alerta sobre el uso de celulares en todo el mundo. «¿Son tan seguros los teléfonos móviles como dicen sus fabricantes y los reguladores gubernamentales?». La respuesta que encontró el Chicago Tribune es que en varios modelos de IPhone y Samsung los niveles de radiación superan lo admitido por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) y el valor los fabricantes afirman en sus documentos.
Tomando ese estudio particular, usuarios de esos teléfonos presentaron una denuncia colectiva en una corte de California. Acusan a la firma estadounidense Apple y a la coreana Samsung de «negligencia, violación de la garantía, fraude de consumo y enriquecimiento injusto». En mayo de 2011 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS) había revelado que los Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia (CEM-RF) que emiten los celulares son «posiblemente cancerígenos» para los seres humanos. Este riesgo sería mayor en la nueva generación de móviles que está en la gatera, la 5G.Pero todavía no hay estudios concluyentes al respecto.
El experimento del Chicago Tribune fue realizado por el laboratorio de pruebas de radiación RF Exposure Lab de San Marcos, en California. El vicepresidente y propietario del RF, Jay Moulton, asegura que «nuestras máquinas Dasy 6 tienen la capacidad de probar todos los dispositivos inalámbricos: teléfonos celulares, computadoras portátiles, módems y dispositivos médicos para las regulaciones SAR de la FCC» y confirmó que todos los tests pagados por el Chicago Tribune “se realizaron de acuerdo con las normas y directrices detalladas de la FCC».
En concreto, lo que se hizo fue someter a once modelos de distintos fabricantes a un mismo experimento, a razón de cuatro unidades por equipo para evitar que alguno pudiera estar fallado. Se los puso en un recipiente con un líquido transparente de similares características al tejido humano mediante un brazo robótico. Cada aparato fue configurado para funcionar a plena potencia. Luego se midieron los resultados.
La primera sorpresa fue que el más popular en EEUU, el iPhone 7, superaba el límite establecido por la FCC y duplicaba lo que informaba Apple en su prospecto. El organismo de control estadounidense considera como valor de exposición tolerable hasta 1,6 vatios por kilogramo (W/Kg) medidos en un volumen de 1 gramo de tejido humano y a una distancia de entre 10 y 15 milímetros. En Europa esos valores son algo más laxos y se considera aceptable para esa distancia hasta 2 W/Kg.
El test de RF Exposure Lab detectó que a 5 milímetros de distancia de un cuerpo la radiación del iPhone era de 2,81 W/Kg. A 2 milímetros, esto es, como si el celular estuviera en el bolsillo del usuario, el nivel trepaba a cuatro veces el máximo permitido. Con los modelos Samsung las cifras eran de la misma magnitud.
Alertados por este informe, en la agencia FCC indicaron que toman «en serio cualquier reclamo por incumplimiento de los estándares de exposición a RF» y afirmaron que someterán nuevamente a pruebas esos móviles. En la demanda, los denunciantes consideran que los iPhone X, iPhone 8 y iPhone 7 Plus de Apple y los Galaxy S8 y Note8 de Samsung pueden producir riesgo de cáncer, daños genéticos, cambios en el aparato reproductor, déficits de memoria y desórdenes neurológicos.
(Foto: AFP)(Foto: AFP)
Apple protestó el informe aduciendo que el experimento que financió el Chicago Tribune no se había realizado bajo las mismas condiciones que los que ellos utilizan antes de sacar a la venta sus productos, pero se negó a responder un cuestionario del periódico.
El diario replicó que se siguen aplicando estándares de los años 90, como probarlos a una pulgada del cuerpo (25 milímetros) cuando los equipos eran menos potentes y además, lo usual era llevar el aparato en un clip colgado del cinturón.
La decisión de tomar 2 milímetros de distancia obedece a que hoy día lo usual es llevar el móvil en un bolsillo del pantalón o de la camisa, bien pegado al cuerpo. Ahí es donde saltaron las alarmas.
Según especialistas en radiaciones, las emisiones de los celulares pueden afectar el tejido biológico al producir calentamiento de las células y pueden causar daño en los ojos y los testículos habida cuenta de que son órganos que no disipan el calor tan rápidamente.
«The Tribune contrató a Moulton para realizar pruebas en 11 modelos diferentes de teléfonos celulares, todos comprados por el periódico. Las pruebas se llevaron a cabo en una habitación de 10 pies por 10 pies (3 x 3 metros) equipada con ventanas de pantalla de cobre para reducir la interferencia eléctrica. En el centro de la habitación había un «cuerpo fantasma», una bañera ovalada del tamaño de un fregadero de cocina. Dentro de la bañera había una mezcla de tejido corporal», explica el diario.
«Una sonda conectada a un brazo robótico se movía hacia arriba y hacia abajo, y hacia adelante y hacia atrás, en el fluido, tomando 276 mediciones de la radiación absorbida. Después de unos minutos, la sonda se detuvo y los resultados aparecieron en una pantalla de computadora cercana», agrega. La luz roja se emncendió ante esos primeros resultados. Repitieron la prueba varias veces más ante el temor de algún problema de ajuste en los sensores. Pero siempre ocurrió lo mismo.
Para la OMS, ante la falta de pruebas concluyentes, los teléfonos portátiles se incluyen en el Grupo 2B, esto es, como agentes “posiblemente carcinogénicos”. En esta lista hay 310 agentes, entre ellos el combustible, la melanina, la naftalina, los polvos del talco y hasta el extracto de la hoja de aloe vera. Para incluirlos en este grupo se tomó en cuenta un estudio de 2011 que encontró un aumento en el riesgo de glioma en personas que utilizaron el celular más de 30 minutos en los 10 años anteriores.
(Foto: AFP)
Como la tecnología 5G todavía es más potente que la 4G actual, se supone que los riesgos eventualmente podrían ser mayores.
En 2010 el Imperial College del Reino Unido, lanzó un programa de estudios sobre la cuestión bajo el nombre COSMOS (por Estudio Masivo de Comunicaciones Móviles) que se propone analizar los efectos del uso de teléfonos celulares en cerca de 250.000 personas de 18 a 69 años de edad en Gran Bretaña, Finlandia, Holanda, Suecia y Dinamarca, por entre 10 y 30 años.
El año que viene puede haber resultados más firmes.
El reino Unido ingresó a la entonces Comunidad Económica Europea en la primera ampliación del grupo continental, en 1973, junto con Irlanda y Dinamarca. Desde entonces, compartió su economía y disfrutó de su crecimiento, aunque nunca estuvo del todo en el continente: jamás aceptó formar parte de la zona euro y mantuvo su propia moneda.
Miles de millones de libras esterlinas de la CEE y luego la Unión Europea fueron utilizadas para el desarrollo de ese país. La pertenencia a una asociación de naciones también implicó el arreglo de la vieja cuestión en Irlanda del Norte, y posibilitó que los acuerdos de paz de 1998 pudieran prosperar habida cuenta de que tanto la República de Irlanda como el estado británico eliminaran una frontera caliente entre ambas regiones.
Tras al referéndum que en junio de 2016 votó por retirarse de la UE, las cosas se complicaron y a un mes de su llegada al 10 Downing Street, ahora Boris Johnson dice que si el 31 de octubre hay un Brexit sin acuerdo, Londres se puede ir sin pagar un centavo. Desde Bruselas le recordaron que si quieren terminar la fiesta en paz, los británicos tendrán que abonar 43.000 millones de euros que deben, con acuerdo o sin él, por todo lo que recibieron del resto de los paises en estos 46 años.
«Más que ir hacia amenazas de demandas judiciales, creo que es importante dejar claro que rendir cuentas es esencial para empezar una nueva relación con el pie derecho y basada en la confianza mutua», recordó la portavoz del Consejo Europeo, Mina Andreeva. «Todos los compromisos que fueron asumidos por la UE de 28 miembros (de la que formó parte el RU) deben ser honrados», agregó.
La consulta popular realizada en tiempos de David Cameron como primer ministro dejaron un resultado inesperado y de imprevisibles consecuencias aún. En primer lugar, se produjo a a poco del referéndum por la independencia de Escocia. En 2014, los escoceses eligieron quedarse en el Reino Unido, pero dos años mas tarde también votaron por quedarse en Europa. De modo que ahora la ministro principal, Nicola Sturgeon, plantea seriamente llamar a otra consulta para resolver la contradicción.
En la isla de Irlanda, donde había una diferencia, ahora hay un embrollo que puede crecer a niveles alarmantes. Porque durante 30 años, entre 1968 y 1998, hubo un conflicto que generó miles de muertos (no existen registros precisos) en luchas fratricidas entre protestantes unionistas -que pretendían la anexión total de Irlanda del Norte al Reino Unido-y católicos, que pretendían sino la anexión a la sureña república de Irlanda, al menos la creación de una república y la independencia de Londres.
Tras los acuerdos de Semana Santa de 1998, se estableció en votación popular un gobierno de consenso en Belfast entre ambas comunidades, y la necesidad de que representantes de cada colectivo -monárquicos protestantes y republicanos católicos- tuvieron participación en las grandes decisiones de Norirlanda. También se pasó a utilizar el nombre de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para los territorios regidos por los Windsor.
Como parte de la UE, no existen fronteras entre la república de Irlanda y le región de Irlanda del Norte, lo que evita que haya tropas armadas custodiando el límite político. Hay libre tránsito de mercadería y personas, algo que debería cambiar desde que se produzca el Brexit. Ese es un tema ríspido en la negociación con Bruselas.Y allí hay un foco de tensión.
Johnson, encolumnado entre los más rígidos partidarios del Brexit, se vería obligado a instaurar una «frontera dura» en Irlanda. El ex ministro del Brexit, David Davis, sugirió que el dinero que reclama la UE forme parte de la negociación por la frontera irlandesa. Un toma y daca que por ahora no tiene cauce.
La UE había propuesto el año pasado a la entonces premier Theresa May una especie de «red de seguridad». May aceptó que en ese marco todo el Reino Unido continúe en la unión aduanera continúe durante algún tiempo a precisar hasta ir acomodando los trastos. Así logró que el plazo límite para dejar la UE se pasara al 31-O.
Pero entre los conservadores la solución no parece aceptable. «Durante muchos años nos gobernarán los otros 27 estados miembros bajo el actual borrador del Acuerdo de retirada…, incluso eliminando la salvaguarda irlandesa», resaltó Bill Cash, acérrimo antieuropeísta.
En la cumbre del G7 de Biarritz de este fin de semana, Johnson exigió eliminar el mecanismo acordado para garantizar la fluidez de productos sin controles fronterizos entre ambas partes de la isla, lo que se llama «salvaguarda irlandesa». La canciller alemana Angela Merkel replicó entonces que el Reino Unido debe plantear claramente qué propuestas tienen para poner sobre la mesa. El dueño de casa, el presidente francés Emmanuel Macron, trató de calmar los ánimos y, luego de ironizar que lo consideran «el más duro de la pandilla» contra el RU, dijo: «»Necesitamos tener un buen mes de conversaciones».
El polémico Johnson, en tanto, puntualizó que «esto no va a ser pan comido, no va a ser fácil, vamos a tener que trabajar mucho» para llegar a un acuerdo final. El presidente estadounidense, Donald Trump, decidido a irritar a sus socios del G7 en otro punto álgido, se entrevistó con Johnson, lo definió como «el hombre adecuado» para el Brexit, y escuchó el reclamo del británico para avanzar hacia un tratado de libre comercio, que m,rigere las consecuencias de dejar la UE.
Cerca de 100 compañías ya se fueron de las islas para trasladarse a Holanda y otras 325 anunciaron su interés en cruzar el Canal de la Mancha hacia los Países Bajos, según informó Jeroen Nijland, presidente de la agencia holandesa de inversiones extranjeras (NFIA). Tiene razón Johnson, no será fácil, mientras tanto, el tiempo no juega a favor de los ingleses, los´únicos que votaron en mayoría por «independizarse» de Europa.
Puede sonar a desafío, pero esta tanda de privatizaciones de empresas públicas que anunció el presidente Jair Bolsonaro comenzará por el correo, la mayor compañía de logística de América Latina. Es que en junio pasado, el mandatario brasileño echó de un modo casi humillante al presidente de Correios, el general Juarez Aparecido de Paula Cunha porque «se comportó como un sindicalista» en lugar de defender las políticas neoliberales que bajan desde Brasilia.
Con una carrera militar de 50 años, Paula Cunha había sido nombrado en el cargo cuando asumió Bolsonaro, como parte del apoyo que el excapitán buscó entre sus ex colegas de armas.
Pero se ve que el general –con cursos de estrategia en Brasil pero también en EE UU y las Naciones Unidas– no entendió o no quiso entender el mensaje que bajó desde el Ministerio de Economía, a cargo del discípulo de la Escuela Chicago Paulo Guedes.
Es así que en una audiencia en la Cámara de Diputados el 14 de junio pasado, el militar criticó la privatización de la empresa que había anunciado el jefe de Estado. Lo más grave, para Bolsonaro, es que se sacó fotos con parlamentarios del PT y del PSOL, los más fervientes opositores al plan neoliberal de la nueva gestión. En su reemplazo nombró a otro militar, FlorianoPeixoto Neto, como para calmar las aguas dentro de los cuarteles.
La ola privatista que se enunció esta semana incluye a los puertos del país, entre ellos el principal de la región, el de Santos, por donde sale la producción de San Pablo y alrededores. Pero también la Casa de la Moneda, la administración de cárceles federales y parques nacionales, parte del paquete accionario de Eletrobras, lo que disparó las acciones de Petrobras, porque se supone que luego vendría la enajenación de la petrolera estatal.
La Empresa Brasileira de Correios y Telégrafos (ECT), más conocida como Correios, es una suerte de joya de la abuela de perfil medio, con unas 12 mil oficinas diseminadas en todo el país y más de 100 mil empleados, facturó en el último ejercicio unos 4500 millones de dólares.
Forma parte de esta andanada de 17 empresas estatales que ahora salen a la venta. Las autoridades sostienen que de ese modo recaudarán unos 175 mil millones de dólares. Pero la megaoperación todavía necesita la aprobación del Congreso y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), que debería confirmar la necesidad y la oportunidad de esa venta.
Entre la oferta presentada el miércoles figura Telebras, que administra redes de fibra óptica para conexiones de Internet y satelitales. La compañía de comunicación EBC, un centro de investigación avanzada en tecnología electrónica, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos y la Empresa de Información y Tecnología de la Seguridad Social.
En los 90 muchas empresas públicas creadas desde tiempos de Getulio Vargas –años ’40 y ’50– pasaron a manos privadas, pero aún quedan unas 420. Según Bolsonaro, «vamos a retirarle trabas a la vida de ustedes, los empresarios. Yo cambié con los años: era estatizante en una época, pero yo admito que no sé de economía; los que decían que sabían hundieron a Brasil».
Mientras miles de manifestantes en todo el mundo salieron a protestar contra las autoridades sudamericanas por los incendios forestales que están devastando la selva amazónica, el desastre ecológico se metió en la cumbre del G7 que se inició este sábado en Biarritz, Francia. Y le generaron un fuerte cruce a Jair Bolsonaro con el mandatario francés Emmanuel Macron, pero también con los gobiernos de Irlanda, Finlandia, lo que sumados a los choques que había tenido la semana pasada con Noruega y Alemania, revelan que si el presidente brasileño buscaba insertar a su país en el mundo, este no sería precisamente el mejor camino.
Es tal el clima hostil contra el mandatario brasileño que Macron amenazó con romper el acuerdo UE-Mercosur porque, según dijo, «Bolsonaro me mintió en el G20 de Osaka sobre su compromiso con el medio ambiente». En el mismo sentido se pronunció Lao Varadkar, primer ministro irlandés. El ministro de Finanzas finés, Mika Lintilä, dijo que propondrá la prohibición de comprar carne importada de Brasil como castigo por la gestión del desastre ambiental. Ayer, incluso, en un almuerzo en Biarritz, previo al G7, Macron y Donald Trump, encontraron «puntos de convergencia» en algunos temas, incluyendo el de la Amazonia.
Como respuesta, el exmilitar brasileño –que cuando se conocieron los informes sobre el avance de la deforestación se burló diciendo que es «el capitán motosierra»– dijo que Macron tiene «mentalidad colonialista», que usa el desastre ecológico «por mera vanidad» y agregó que «los incendios forestales existen en todo el mundo y eso no puede servir de pretexto para posibles sanciones internacionales». En un repentino ataque nacionalista, anunció que movilizará tropas del Ejército para combatir el fuego o disminuir sus consecuencias.
En todo este entuerto, el gobierno brasileño recibió apoyo y oferta de colaboración de Donald Trump, Mauricio Macri, pero también de Nicolás Maduro, habida cuenta de que Venezuela comparte un tramo de la Amazonia. La selva también cubre zonas de las Guayanas, Colombia, Perú y Bolivia, donde también se registran incendios.
La primera reacción del gobierno brasileño fue acusar a las ONG de provocar los incendios, irritadas porque en su gestión les quitaron financiación y se les disminuyeron los fondos provenientes del exterior, tras los primeros chisporroteos con Noruega y Alemania. Luego, elípticamente, desde el Planalto deslizaron que agricultores bolivianos habrían iniciado una «temporada de quemas» en un período de temperaturas altas.
Sin embargo, las imágenes satelitales confirman los informes del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) que le costaron la cabeza al titular de ese organismo, Ricardo Galvao. Este año hubo un 83% más de incendios que en 2018 y solo en julio fueron talados 2254,8 kilómetros cuadrados de bosques.
Doug Morton, científico de la Nasa, explicó a la cadena alemana Deutche Welle cómo comenzaron los incendios, según las tomas satelitales, que no fue por quemas descontroladas. “Sacan árboles de raíz con tractores, luego los apilan para que se sequen. Ahí comenzó todo, no con residuos de un campo o pastizales”, dijo Morton. El experto aclaró que se percibe un “aumento de presión contra el centro de la Amazonia para expandir la producción agrícola”.
Un trabajo del portal The Intercept indica que desde el 2 de enero pasado, un día después de asumir su cargo, Bolsonaro trasladó dependencias encargadas de la política forestal al ministerio de Agricultura. A la vez, cortó los presupuestos organismos: Ibama, para la protección del patrimonio natural y Funai, para la atención de la población indígena.
El informe de la INPE pone en negro sobre blanco el tamaño del avance de la deforestación para la explotación en ganadería, cultivo de soja y minería. No son pocos los que ven este crecimiento exponencial, por un lado, en la permisividad del presidente, pero a la vez consideran que la guerra comercial EEUU-China tiene algo que ver, ya que si el gigante asiático deja de comprar soja en Estados Unidos aparece una oportunidad para agricultores brasileños.
En tal contexto, aparecen acusaciones contra dos empresas multinacionales que tienen la llave de esos negocios: Cargill, la corporación basada en Minnesota, y JBS, la mayor faenadora de reses del mundo, originaria de Brasil, que en Argentina es propietaria de la marca Swift y cuyo titular, Joesley Batista, saltó a la fama el año pasado al filmar al entonces presidente Michel Temer cuando hablaba de juntar dinero para acallar a un diputado detenido por corrupción que podría salpicar a toda la dirigencia implicada en la destitución de Dilma Rousseff.
A su vez, el frente del Agricultura designó a Teresa Cristina, ex diputada de Mato Grosso do Sul, conocida como “La musa del veneno” porque logró el año pasado la aprobación de una ley que relaja las regulaciones sobre pesticidas. La familia de la ministra Cristina es arrendataria de JBS. La firma, a su vez, fue denunciada por presuntamente haber comprado ganado criado en zonas de talas ilegales. No fue la única envasadora de alimentos sobre las que se esparcen sombras de dudas acerca del origen de sus productos. Fuentes policiales contaron a un cronista de la agencia Reuters que hubo inspectores municipales que recibieron “incentivos” para ignorar la trazabilidad y las condiciones de salubridad de las mercancías. «
El humo, en Argentina
En las últimas horas se advirtieron registros en Argentina del humo de los incendios en el Amazonia, puntualmente en San Juan, La Rioja, Tucumán, Salta, Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe. Los pronósticos señalan que, en las próximas horas, incluso podría advertirse en zonas de la provincia de Buenos Aires y en la CABA. Mientras, cientos de nuevos incendios siguen declarándose en la Amazonia, según mostraron los últimos datos oficiales registrados hace pocas horas, en medio del clamor mundial que llevó al presidente Bolsonaro a movilizar tropas del ejército para combatirlos. En ese sentido, Mauricio Macri le ofreció a su par brasileño el «sistema de emergencias» argentino para colaborar en la contención del fuego, lo que hizo recordar que cuando se produjeron incendios masivos de bosques en Argentina, el exministro de Ambiente, Sergio Bergman, advirtió: «Lo más útil que podemos hacer es rezar».
Mientras, en Buenos Aires, unos 400 manifestantes se reunieron el viernes frente a la embajada brasileña sobre la calle Cerrito al 1300. Las principales agrupaciones ambientales adhirieron con múltiples pancartas. También pidieron por la libertad de Lula.
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