La ordenanza número 666, que el viernes firmó el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, permitiría echar del país de Glenn Greenwald, el fundador del sitio The Intercept, que divulgó explosivas conversaciones en la red telegram del entonces juez con el fiscal Deltan Dallagnol, para condenar a Lula da Silva sin pruebas. Pero parece que alguien desconocía en profundidad cómo son las leyes brasileñas y entonces, habida cuenta de que el periodista estadounidense está casado con un ciudadano brasileño y adoptaron hijos, no podría ser expulsado. De manera que ahora el presidente Jair Bolsonaro amenaza con detenerlo,mientras lo trata de «malandra».
«Tal vez acabe entre rejas aquí en Brasil», dijo el mandatario brasileño, citado por O Globo, el medio que más hizo para la detención de Lula y que ahora defiende a ultranza al ejecutor del proceso judicial que le impidió ser candidato a presidente, facilitando así el triunfo del ex capitán del ejército.
Greenwald le recordó al mandatario en un tuit que el titular del ejecutivo no tiene poder para encarcelar a los ciudadanos, y que para poner a alguien a la sombra debe haber pruebas enante un tribunal de que cometió algún delito.
Más aún, le remarcó en esa red social los puntos de la Constitución que no solo garantizan los derechos civiles, sino también el de libertad de prensa que es lo que está amenazado por la embestida de Moro y de Bolsonaro.
Se alguém puder mostrar ao presidente @jairbolsonaro o que a Constituição brasileira garante, acho que seria útil. Eu destaquei as partes mais importantes para ele. pic.twitter.com/6nnvLRT2Nx— Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 29, 2019
La controversia surgió desde que el 9 de junio pasado The Intercept publicó chats de Moro con Dallagnol y los fiscales de la Fuerza de Tareas del Lava Jato, la investigación sobre actos de corrupción a través de Petrobras, y fue creciendo desde entonces.
Como dice el propio Greenwald, en un país normal el ministro debería haberse tenido que ir. En realidad, que el juez que condenó al dos veces presidente y candidato con mayor apoyo para volver a la presidencia hubiera sido designado en el gabinete del triunfador de un comicio así amañado debiera haber sido descalificador.
Andando las semanas, otros medios de Brasil, dentro de los que integran el sistema de prensa hegemónico, como Folha de Sao Paulo y Veja, se sumaron a la investigación sobre cientos de miles de chats y fueron desmenuzando lo que es un gran escándalo político-judicial.
De allí la preocupación de Bolsonaro y Moro, porque se revela muy claramente de qué modo se manipuló la causa para involucrar a Lula en hechos delictivos, con el objetivo de detenerlo para impedir que pudiera presentara a la elección en 2018.
La Policía Federal detuvo la semana pasada a cuatro hackers a los que acusó de haber intervenido ilegalmente los celulares de Moro y del propio Bolsonaro. Y aseguran que son los que filtraron las conversaciones a The Intercept. Algo que niegan los periodistas del portal, con el agregado de que nadie negó que las conversaciones hayan existido. Lo que indica el tamaño de la maniobra y además, la prueba.
La persecución contra Greenwlad se conocía desde el mes pasado. Ahora apareció el decreto 666 como la posibilidad sino de expulsarlo, sí de impedirle que regrese el caso de viajar el exterior. El periodista estadounidense viven en Río de Janeiro con el diputado David Miranda.
Fundador del portal que tiene como objetivo publicar información que los gobiernos buscan mantener al margen de la sociedad, Greenwald saltó a la fama cuando encabezó el equipo que entrevistó al analista Edward Snowden, quien denunció la forma en que los servicios de EEUU espían a todo el mundo a través de equipos electrónicos, como celulares. A través de esa producción para el The Guardian, de Gran Bretaña, recibió el premio Pultizer en su país natal.
Las leyes brasileñas protegen de extradiciones y expulsiones del país a ciudadanos extranjeros casados con nacionales. Allí se refugió Ronald Biggs en 1964, luego del robo del siglo, al tren correo que iba de Glasgow a Londres, que dejó un botín de unos 40 millones de libras a los valores actuales. Recién el 2001 aceptó volver a su país de origen, donde murió en 2013, a los 84 años.
La diferencia es que Ronnie Biggs se había casado después de cometer el paradigmático robo. Greenwald lleva 14 años junto a Miranda, diputado carioca por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).Y lo de él no es ningún delito.
No es fácil construir coaliciones de gobierno, como las que están sobre la mesa en España desde el 28 de abril pasado. Porque implican acuerdos programáticos y compromisos políticos basados en la confianza. Algo que nunca pudieron desarrollar en 90 días los líderes del PSOE y de Unidas Podemos y que a esta altura puede hacer opacar la recuperación que había conseguido Pedro Sánchez para el socialismo español. De hecho, la última propuesta tras el fracaso del jueves en la nominación del actual presidente del gobierno español proviene de Izquierda Unida, uno de los partidos que se alió con Podemos, y da por tierra con la posibilidad de coaliciones a la alemana y se conforma con un programa común de centroizquierda y apoyar a Sánchez para no ir nuevamente a elecciones.
Analistas españoles ponen como ejemplo en eldiario.es que la Gran Coalición alemana entre la CDU de Angela Merkel y el SPD de Martín Schultz se consolidó luego de 136 días de arduas negociaciones. Y que ese acuerdo se fraguó en un documento de 177 páginas donde se detalla con pelos y señales el plan de gobierno que la canciller alemana debía poner en marcha desde su investidura.
España construyó tras la Constitución de 1978 un sistema bipartidario entre una centroizquierda (el Partido Socialista Obrero Español, heredero de la agrupación fundada en 1879 por el tipógrafo gallego Pablo Iglesias Possé) y una centroderecha encarnada en el Partido Popular (PP), fundado por otro gallego, Manuel Fraga Iribarne, en 1979.
Hasta que estalló la crisis de 2008 el sistema funcionó relativamente bien. España ingresó en 1985 a la Unión Europea y luego se incorporó al euro, tuvo un crecimiento explosivo de su economía en los ’90 gracias a la expansión de capitales hacia la América Latina neoliberal. Pero la economía se estrelló con la crisis de las hipotecas y paralelamente fueron creciendo las demandas independentistas en Cataluña.
Al mismo tiempo, fueron apareciendo denuncias de corrupción en el sistema político, sin distingos partidarios. Una mezcla letal para el sistema que provocó un desgajamiento de los dos bloques. Así, por derecha surgieron Ciudadanos y más acá en el tiempo, Vox, recogiendo los sectores franquistas aún existentes en la sociedad. Podemos nace también de un desprendimiento del PSOE, por izquierda. El partido de este Pablo Iglesias se unió a Izquierda Unida en Unidas Podemos y sus 42 diputados son claves para sumar ahora a los 123 del PSOE.
La competencia por el público más progresista implica un desafío para Sánchez y sobre todo para la dirigencia más tradicional de su partido, que no quiere cambios tan drásticos en el curso de los hechos. Tampoco la dirigencia empresarial acepta una coalición semejante. Ahora, en vista de que no hubo acuerdo en el reparto de ministerios y de sus incumbencias en el Gabinete de gobierno, el líder de IU, Alberto Garzón, se desmarcó de Iglesias y reclama el apoyo a Sánchez para salvar lo que podría ser el gobierno más izquierdista desde la II República.
Garzón pide que «apueste decididamente por un gobierno de izquierdas (…) en lugar de ceder ante las presiones de los poderes económicos que están trabajando sin descanso para evitarlo». «
Johnson: Trump ya festeja por el Brexit
Un llamado por teléfono y listo. El presidente de EE UU, Donald Trump, y el nuevo primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, acordaron iniciar conversaciones para un acuerdo de libre comercio una vez que tenga lugar el Brexit. El mandatario estadounidense ha descrito a Johnson como «un buen hombre» y «un amigo». Y agregó: «Reino Unido le necesitaba desde hace mucho». El intercambio podría tener un nivel «hasta tres o cinco veces» mayor. Trump señaló que hasta ahora existían «impedimentos» debido a la pertenencia del país a la Unión Europea. Por su parte, Downing Street confirmó la llamada y explicó que trabajan para lograr «un ambicioso acuerdo de libre comercio» una vez que el país abandone el bloque». Ambos mantendrán un encuentro en la ciudad francesa de Biarritz durante la cumbre del G7 en agosto y que durante la conversación han abordado las tensiones con Irán.
Ricky Martin, convertido en sorpresivo referente político, logró torcerle el brazo al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, que trató hasta el último minuto de aferrarse al cargo a pesar de las multitudes que poblaron las calles de la isla luego de la difusión de chats denigrantes contra sus opositores y la comunidad LGBT. Y de pronto ese país, que tiene una asociación particular con EE UU, mostró cuáles son las raíces que lo colocan más cerca de América Latina que del norte anglosajón.
Roselló tuvo que renunciar no sólo por usar un lenguaje ofensivo hacia miembros de la sociedad en mensajes de Telegram con sus allegados en la administración del gobierno. El crecimiento explosivo de la deuda externa de Puerto Rico y las denuncias por corrupción y los escándalos con desvío de fondos destinados a reparar los daños producidos por el huracán María, en 2017, ya venían caldeando los ánimos. La estocada final la dieron Martin y los músicos Daddy Yankee, Bad Bunny y René Pérez, de Calle 13, y el actor Benicio del Toro
¿Qué cambiará con la renuncia de Roselló? Para el activista independentista Luis Fidel Escalante Silvestre, «no se espera demasiado bajo el sistema colonial» que impera en la isla. En todo caso, es un golpe muy fuerte contra el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el poder. Se trata de una agrupación que aspira a la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de la Unión. «Retirar con una marcha popular al gobierno no es un logro menor», reconoce a Tiempo.
Escalante, agricultor en la zona central de la isla, considera que para completar totalmente este giro en la conducción del país, debería poder nominarse a otra persona en la sucesión y no la que corresponde por ley, la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien tiene denuncias por encubrimiento de hechos de corrupción.
Pero fundamentalmente lo que resulta imprescindible, según Escalante, es terminar con la Junta de Control Fiscal. Se trata de un organismo creado en tiempos de Barack Obama para gestionar los recursos públicos de manera de pagar la deuda con los bonistas.
«La JCF vigila todas las decisiones del gobierno y actúa imponiendo medidas de austeridad y autorizando privatizaciones para asegurar los pagos», recuerda el dirigente político. La deuda supera los 70 mil millones de dólares, algo así como el 103% del PBI. Entre las empresas privatizadas está la de energía eléctrica.
Como están las cosas, la JCF ejerce una férrea intervención de todos los estamentos de la gestión pública. Si no hay forma de cambiar esto, de nada serviría un cambio de gobernador porque cualquiera que quede en su lugar seguirá las reglas dictadas desde Washington. Lo que para los independentistas es una señal alentadora, y que el anticolonialismo no suele superar el 5% de los votos. Pero la situación es claramente diferente desde que la población le tomó el gusto a las calles para reclamar derechos o mostrar desacuerdos.
El ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, está decidido a sacarse de encima al periodista que publicó los mensajes que revelan las maniobras para condenar sin pruebas y sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva. Luego de haberse tomado licencia entre el 15 y el 19 de julio en medio del escándalo por la filtración en el portal The Intercept de sus chat en la red Telegram, el exjuez comenzó una serie de operaciones destinadas a desprestigiar al estadounidense Glenn Greenwald, y hasta a deportarlo bajo alguna acusación ligada el terrorismo o a una supuesta amenaza para la Nación.
La escalada comenzó ni bien Moro regresó de una intempestiva licencia. Primero, el hombre que persiguió y condenó a Lula por presunta corrupción en la causa Lava Jato denunció que habían hackeado su teléfonos celulares, luego se anunció que la Policía Federal había detenido a un par de informáticos a los que acusó de haber filtrado los chats a The Intercept. Finalmente este viernes publicó en el Diario Oficial de la Unión (el Boletín Oficial brasileño) una ordenanza por la cual dispone impedir el ingreso o la deportación sumaria de «personas peligrosas o que hayan practicado actos contrarios a los principios y objetivos dispuestos en la Constitución Federal».
La normativa incluye la repatriación o la cancelación del permiso de estadía a cualquier individuo «peligroso para la seguridad de Brasil». De ese modo califica acciones como terrorismo, asociación criminal armada, tráfico de drogas, personas o armas de fuego, pornografía o explotación sexual infantojuvenil, o barras bravas con historial de violencia en las canchas, entre otros indeseables.
La ofensiva había comenzado unos días antes. El diputado estatal bolsonarista Fernando Francischini pidió la expulsión de Greenwald porque, arguyó, «comete crímenes contra las autoridades del país». Otro legislador, Filipe Barros, reclamó que se le quitara el pasaporte. La congresista Joice Hasselmann fue más dura. «Su hora está llegando», amenazó por Twitter.
Greenwald vive en Río de Janeiro con su pareja, el diputado carioca David Miranda. Premiado con el Pulitzer por la publicación en el británico The Guardian de la denuncia del analista de la CIA, Edward Snowden, acerca del espionaje electrónico global que realizan las agencia estadounidenses, Greenwald fundó The Intercept para facilitar una plataforma donde recibir información sobre acciones que los gobiernos hacen a escondidas de la sociedad.
El caso Lava Jato fue su mayor filtración. Cientos de miles de documentos demuestran el nivel de manipulación para condenar al expresidente brasileño de un modo reñido con un sistema democrático de Moro y del fiscal del caso, Deltan Dallagnol.
Ni bien se conoció la Portaría, como se denomina en portugués, irónicamente la número 666, salieron la palestra quienes percibieron que la orden tenía básicamente un destinatario. «(Moro) quiere que tengamos miedo y que nos preocupemos porque nos están investigando (pero) no tenemos ningún miedo, vamos a continuar publicando porque la Constitución brasileña protege y da garantías a lo que estamos haciendo», dijo Greenwald. Desde EE UU salió en su defensa el Freedom of the Press Foundation, institución creada por Daniel Ellsberg, el exanalista de la Rand Corporation que en 1970 filtró los llamados Papeles del Pentágono, sobre las maniobras de los gobiernos estadounidenses en Vietnam desde 1945 y hasta 1969.
El lunes, el gobierno anunció que habían sido detenidos dos hackers a los que acusó de haber sido los que brindaron la información a Greenwald. El estadounidense negó rotundamente que sus fuentes hayan sido hackers y atribuyó esa información a una operación para desviar la atención. A The Intercept se le sumaron luego Folha de São Paulo y la revista Veja, lo que le da mayor cobertura incluso legal a su trabajo. «
(Foto: AFP)
Lula fue absuelto en otra causa
Poco a poco van cayendo las acusaciones contra Lula da Silva, mientras en todo el mundo crecen los apoyos al expresidente condenado por el actual ministro de Justicia brasileño por su presunta participación en actos de corrupción en la causa Lava Jato.
Esta semana, el juez federal Vallisney de Souza Oliveira, titular del décimo juzgado federal de Brasilia, retiró la acusación de asociación ilícita y lavado de dinero en una investigación por un expediente abierto presuntamente para haber favorecido negocios de la multinacional Odebrecht en Angola a cambio de dinero.
Lula era acusado de asociación ilícita junto con uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) otorgó los créditos para financiar las obras públicas en Angola que hizo Odebrecht durante el mandato de Dilma Rousseff.
El magistrado consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación contra el exmandatario de lavado de dinero de 20 millones de reales (unos 5,3 millones de dólares).
Lula fue absuelto en julio del año pasado en otro caso en el que se lo acusaba de obstrucción a la Justicia por supuestamente haber querido comprar el silencio del exdirector de Petrobras Néstor Cerveró para evitar que informara sobre la red de corrupción en la petrolera estatal.
Mientras tanto, líderes de partidos progresistas se reunieron en Caracas en el Foro de San Pablo y coincidieron en pedir por la pronta libertad de Lula, a quien consideran un preso político, acusado sin pruebas de delitos que no cometió.
El jefe del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo en un video difundido en el evento que «la prisión de Lula es completamente inaceptable».
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