Jair Bolsonaro sigue con su cruzada para denostar a las luchas contra la dictadura y a justificar la tortura y las desapariciones de personas, en un giro hacía las épocas más oscuras de Brasil y del continente. Y lejos de pedir disculpas o guardar silencio luego de la arremetida contra el presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, ahora declaró «sobre la situación del 64, hay documentos de que se mató o no se mató. Eso es una bobera».
Luego agregó ante un grupo de periodistas en Brasilia, sin inmutarse: «¿Usted le cree a la Comisión de la Verdad? ¿Cuál fue la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Fueron siete personas nombradas por quién? ¡Por Dilma Rousseff!». Lo que sugiere la frase es que esa institución carece de credibilidad porque fue creada por alguien que fue presa y torturada por la dictadura por su pertenencia a un grupo armado.
La brutalidad del ataque a Santa Cruz, que desde principios de este año dirige el colegio de abogados más importante de Brasil, generó fuertes apoyos al hijo de Fernando Santa Cruz, desaparecido en Río de Janeiro en febrero de 1974, cuando tenía 26 años.
La solidaridad llegó incluso del expresidente Lula da Silva, preso en Curitiba por una causa muy cuestionada a raíz de la revelación de las maniobras del exjuez Sergio Moro para condenarlo sin pruebas en un proceso de corrupción.
«Solo quien soportó el sufrimiento de perder a un ser querido sin tener siquiera el derecho de velar su cuerpo podrá entender lo que usted siente en este momento. Es como si violentasen a su padre otra vez, junto con todas las víctimas de la dictadura», dice Lula en una carta abierta a Santa Cruz.
En otro tramo de la misiva, el dos veces presidente le dice que «Brasil no merece oír las palabras de odio de quien, por el cargo que ocupa, debería referirse con respeto a quienes sacrificaron la vida por la libertad de nuestro país». Luego acusa, sin nombrarlo, a Bolsonaro, de quien afirma que «al atacar a los más frágiles y los que no se pueden defender, ese mal presidente revela su carácter cobarde».
Más adelante, Da Silva asegura tener «la certeza de que la inmensa mayoría del pueblo brasileño ama la paz y la democracia», y añade: «siempre vamos a reverenciar a nuestros verdaderos héroes, y eso es lo que los tiranos no consiguen soportar».
El excapitán, devenido primer mandatario tras la detención y proscripción de Lula, criticó en a la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada durante el mandato de Dilma Rousseff, que emitió en 2014 un informe donde revela que en los 21 años de dictadura se cometieron 434 asesinatos, hubo cientos de detenciones arbitrarias y se practicó regularmente la tortura.
Bolsonaro insinuó en 2011 que Fernando Santa Cruz murió al cabo de una borrachera durante el carnaval carioca de 1974. Ahora deslizó que murió por rencillas dentro de la agrupación política a la que pertenecía, Acción Popular Marxista Leninista (AP). «No fueron los militares quienes lo mataron. Es muy fácil culpar a los militares por todo lo que ocurre», insistió.
Pero desde todos los rincones del país salieron a exigirle pruebas de lo que afirma. Hasta el gobernador del estado de San Pablo, el derechista Joao Doria, consideró inaceptables esas palabras, al recordar que su padre fue destituido de su cargo de diputado por la dictadura en 1964 y tuvo que exiliarse.
Marco Aurelio Mello, uno de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, le recomendó al presidente de la nación «una mordaza para controlar su lengua», mientras que diputados de la oposición trataban de juntar voluntades para abrir un juicio político.
Miles de brasileños se hicieron presentes en un acto en favor del periodista estadounidense Glenn Greenwald, amenazado por el presidente brasileño Jair Bolsonaro después de que filtraran conversaciones privadas que mostraron las irregularidades con que el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato condenaron a Lula da Silva. El acto se realizó en el local de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI por su siglas en portugués) en Rio de Janeiro y contó con la presencia de los actores Camila Pitanga y Wagner Moura y el compositor y cantante Chico Buarque.
Greenwald, casado con el diputado carioca David Miranda, dijo ante el auditorio que colmó la sala y se agolpó en las calles de los alrededores, que aún sabiendo que estaría mucho más seguro si se muda a otro país, no piensa en dejar Brasil. «Decidimos que nunca vamos a hacer eso, no me importa si viene la policía a mi casa; no voy a huir de este país, me voy a quedar aquí», dijo.
Bolsonaro había declarado que Greenwald cometió un delito al divulgar informaciones obtenidas por presuntos hackers de forma ilegal, ingresando a celulares de funcionarios judiciales del Grupo de Tareas de Lava Jato, y señaló que debería ser detenido. El fundador del portal The Intercept se acogió a su derecho de no divulgar la fuente de las informaciones.
El viernes el ministro de Justicia Sergio Moro publicó una ordenanza que permite echar a extranjeros a los que se acuse de terroristas o narcotraficantes, una normativa que parecía escrita para el periodista estadounidense.
Al otro día, el primer mandatario acusó a Greenwald de «malandra» porque se casó y adoptó chicos en Brasil, lo que de acuerdo a las leyes impide que las autoridades puedan expulsarlo del país.
«Es surrealista ser condenado moralmente por haber estado casado durante 15 años y por haber adoptado a dos niños en un país donde hay 47.000 niños en orfanatos, sin familia, sin amor», dijo el periodista, que estuvo acompañado de sus hijos y de su marido, visiblemente emocionados todos ellos.
«(Con la filtraciones) se demostró que el superhéroe (por el rol que los medios hegemónicos le dieron a Moro) en realidad es un corrupto y abusó de su poder para amañar las elecciones», dijo Greenwald. El público presente gritaba consignas del tipo «Ningún paso atrás, dictadura nunca más» y pedía el juicio político de Bolsonaro.
Greenwald recibió la solidaridad de agrupaciones de periodistas de Brasil y del exterior. También de la dirigencia política encolumnada con la oposición, a la que se sumó el presidente de la Cámara de diputados, Rodrigo Maia, quien indicó que «en un Brasil democrático, con estado democrático de derecho, el secreto de la fuente es una cuestión constitucional».
Además, unos 800 abogados y juristas firmaron un manifiesto en defensa de la libertad de prensa y pidiendo la renuncia del ministro Moro por la ,manipulación de la causa contra Lula que revelan los chats publicados por The Intercept y luego el diario Folha de San Paulo y la revista Veja.
Masivas movilizaciones contra un acuerdo secreto entre los gobiernos de Abdo Benítez y Jair Bolsonaro que retrotraía el reparto de energía eléctrica de la represa de Itaipú a las actas firmadas por las dictaduras militares, provocó una crisis política y el pedido de impeachment contra el primer mandatario paraguayo.
El convenio se firmó en mayo pero recién este fin de semana se filtró a la prensa la parte más controvertida de los cambios a un trabajoso acuerdo al que habían llegado Fernando Lugo y Lula da Silva en 2009 y que otorgaba la energía a los paraguayos a un precio mucho más adecuado a las necesidades de la población guaraní y a su proyecto de desarrollo y pagaba de regalías dos veces más que hasta entonces.
El documento firmado hace dos meses estipula, según el diputado paraguayo del Frente Guasú Ricardo Canese, que Brasil se quedará con entre el 84 y el 89 % de la producción a precio más barato. «Este abusivo acuerdo ocasionaría perdidas al Paraguay conquistadas años antes y reafirmadas con el acuerdo Lula – Lugo», dijo el parlamentario en una entrevista con Diario Contexto.
La difusión de estos cambios provocó la protesta de la oposición y el pedido de juicio político contra Benítez, del Partido Colorado, que llegó a la presidencia en agosto del año pasado. Las movilizaciones llenaron las calles de Asunción y de las principales ciudades del país y el lunes el jefe de Estado aceptó al renuncia del canciller Luis Alberto Castiglioni; el titular de la Administración Nacional de Energía (Ande) Alcides Jiménez; y el embajador en Brasil, Hugo Saguier.
Horas antes, Benítez anunció que se dejaba sin efecto el acuerdo y la apertura de negociaciones para acordar un cronograma de compras hasta 2022. Al mismo tiempo, el renunciante ministro de Relaciones Exteriores se atajó: «Hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las Altas Partes para que vuelva a las instancias eminentemente técnicas, donde siempre se ha decidido y tratado». De tal modo no continuarían los diálogos diplomáticos en privado.
El diario paraguayo Última Hora destacó que «uno de los puntos más cuestionados del acuerdo establece el aumento de la potencia contratada por la Ande para el año 2019 y de manera gradual hasta el 2022. Según los expertos, los incrementos repercutirían en sobrecostos de unos 250 millones de dólares o más para la institución», añadió. Ande es la empresa distribuidora de electricidad de Paraguay.
Benítez dio su versión de los hechos. «Por años Paraguay accedía a la energía excedente de Itaipú por encima de lo que le correspondía en el contrato», aseguró, lo que para él ubicaba al país en la posición de «pillo y poco serio», según la agencia noticiosa estatal IP. «Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación», agregó.
Sin embargo, Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la Ande, explicó en un cable citado por Télam que con el acuerdo bilateral se obliga a Paraguay a comprar más energía segura (a mayor costo), lo que, en consecuencia, implica adquirir menos excedentes (energía barata). “Los brasileños consiguieron algo que desde hace 10 años buscaban”, aseguró.
Fue entonces que el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, empezó a levantar los ánimos en contra de este a su juicio ruinoso acuerdo. El dirigente opositor indicó que según el acuerdo de construcción y aprovechamiento establecido en 1973 entre los dictadores Emilio Garrastazu Medici y Alfredo Stroessner que finalizará en 2023, el 50% de la energía de la represa corresponde a Paraguay. Con la nueva acta se entregan derechos a Brasil hasta un año antes. Y además, se incrementarán los precios de la electricidad para los paraguayos.
Según este análisis, Paraguay deberá comprar toda la energía que necesite precio de potencia instalada, 26 dólares aproximadamente el Megawatt por hora (Mw/h), pero no disponer de la energía excedente, cuyo precio ronda los 5 dólares.
El caso se reveló tras la renuncia del presidente de la Ande, Pedro Ferreira, que se negó a convalidar el acta firmada entre ambos gobiernos.
En un tuit, Castiglioni , acérrimo enemigo de Fernando Lugo y antichavista declarado -fue uno de los que encabezó la oposición al ingreso de Venezuela al Mercosur en su momento- lamentó que se hubiera malinterpretado el convenio y luego de despidió de sus correligionarios con otro mensaje en la red social.
El 25 de julio de 2009 Lula da Silva y Fernando Lugo había firmado las notas reversales de un acuerdo que modificaba el original de 1973. Allí se reconocía el derecho de Paraguay a un precio mayor por la energía que le vendía a Brasil. De un plumazo, el país guaraní pasaba de recibir 120 millones de dólares al año a 360 millones. En ese entonces, el acta provocó críticas a Lula en su país ya que fue visto como una renuncia a derechos adquiridos.
“¿Quién construyó Itaipu? ¿Por qué el Paraguay tiene derecho a 240 millones más, por qué tiene derecho al final del contrato el 50% en el 2023? Todo eso es brasilero. Lo que ustedes van a hacer es la traición a la patria”, dijo esa vez Mario Couto, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los gestores de la destitución de Dilma Rousseff en 2016.
La lucha por la Soberanía energética fue uno de los lemas de campaña de Lugo, ex obispo de San Pedro, quien asumió la presidencia de Paraguay en 2008 y fue derrocado por un golpe institucional en 2012.
Los sectores más ligados al nacionalismo paraguayo entendieron desde siempre que si bien es cierto que Brasil había hecho el aporte más importante para la construcción de Itaipú, al arrogarse el derecho a disponer prácticamente a voluntad de la energía por 50 años iba a mantener por ese lapso la relación de dominación existente desde el fin de la guerra de la triple alianza (1865-1870), y como había ocurrido en aquellos años, eso impediría el desarrollo de Paraguay.
Los choques entre el presidente Jair Bolsonaro y el titular de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz Oliveira Scaletsky, no son nuevos. Pero el mandatario brasileño superó todo límite este lunes, al afirmar en tono displicente que si quiere le contará cómo fue que desapareció el padre del jurista durante la dictadura militar. Más aún, le dijo que «no va a querer saber la verdad» de lo ocurrido con Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira en febrero de 1974, cuando fue apresado durante el carnaval de Rio de Janeiro. Y todo porque la OAB se opuso a una investigación de la Policía Federal (PF) sobre los defensores del hombre que había atacado con un cuchillo al entonces candidato presidencial durante la campaña electoral de 2018.
Adélio Bispo de Oliveira, oriundo de Montes Claros, en Minas Gerais, tiene 40 años y el 6 de setiembre de 2018 la emprendió con un puñal contra Bolsonaro, que hacía un acto publico en la ciudad «mineira» de Juiz de Fora. El ex capitán del ejército estuvo internado un par de semanas y tras asumir la presidencia, en enero pasado, debió ser operado nuevamente por las secuelas de la cuchillada.
Detenido pocas hora más tarde del ataque, Bispo de Oliveira fue declarado insano y un juez lo declaró inimputable hace algunas semanas, aunque ordenó su internación en un instituto psiquiátrico hasta que los especialistas determinen que ya no es peligroso para sí ni para terceros.
El caso es que Bispo de Oliveira contó para su defensa con un equipo de abogados que terminaron investigados por la PF, el órgano de investigación del poder Judicial. Allí es donde nace una nueva disputa con Santa Cruz Oliveira (sin ningún parentesco con el autor de la puñalada).
Porque la OAB presentó una demanda para impedir que la PF tuviese acceso a los teléfonos de los letrados, amparada en el secreto profesional y las garantías de la constitución para la defensa en juicio. A través de las redes sociales, trolls bolsonaristas ya habían cuestionado a los defensores de Bispo de Oliveira al señalar que no se sabía quiénes habían pagado sus honorarios, que según ellos, eran tan abultados como para que no estuvieran al alcance del bolsillo del reo.
«No quise recurrir la decisión del juez (que absolvió a su atacante) y entonces él será considerado loco hasta morir -declaró Bolsonaro- Va a quedar en un manicomio judicial (…) pero yo quiero que abra la boca y de allí salga el hilo de la madeja», en torno a quiénes, según el presidente, estarían detrás de él.
Pero la ira de Bolsonaro se desató contra el principal colegio de abogados de Brasil. Y arremetió contra sutitular. «¿Por qué la OAB impidió que la PT entrase en el teléfono de uno de los carísimos abogados? ¿Cuál es la intención de la OAB? ¿Quién es esa OAB? Un día, si el presidente de la OAB quisiera saber cómo el padre de él desaparició en el período militar, se lo puedo contar. Él no va a querer escuchar la verdad. Se lo contaré».
El padre de Felipe Santa Cruz era integrante de un movimiento estudiantil cuando se produjo el golpe militar de 1964. Nativo de Olinda, en Pernambuco, en 1967 fue detenido durante una marcha en Recife y liberado a los pocos días. Casado con Ana Lúcia Valença, se mudó a Río de Janeiro y encontró un empleo en una dependencia del Ministerio del Interior. En 1972 nace su hijo Felipe, así bautizado en recuerdo al nombre que usaba en la clandestinidad Humberto Cámara Neto, desaparecido por la dictadura meses antes.
Ese mismo año ingresa en la Compañía de Aguas y Energía Eléctrica de San Pablo y vuelve a mudar a la familia. A esta altura ya formaba parte de Acción Popular Marxista Leninista, (AP) una organización en la que confluyeron militantes de la Juventiud Universitaria Católica y de la Acción Católica Brasileña, entre otras organizaciones, de la que llegó a formar parte José Serra, ex senador y candidato a la presidencia contra Lula da Silva y Dilma Rousseff por el PSDB.
El 23 de febrero de 1974 fue con su mujer y su niño a Río de Janeiro y en una reunión con Eduardo Collier fue apresado por fuerzas de seguridad. Nunca más se supo de él. Felipe, presidente de la OAB desde principios de 2019, tenía dos años, su padre, 26.
Su caso fue investigado por la Comisión de la Verdad que instauró Dilma en 2016. Allí se juntó la información recabada por los familiares de Santa Cruz Oliveira. Cuando acudió a la cita con Collier le dijo a su esposa que si en 18 horas no se sabía nada de él, tomaran precauciones porque lo habrían detenido. Todos coinciden en su militancia contra la dictadura y en que no participaba de la lucha armada.Como prueba alegan que tenia un empleo formal en entidades estatales.
El Ejército negó haberlo detenido, y eso que la madre del joven llegó hasta el ministro de Justicia, Maurício Corrêa, en busca de datos. Los indicios apuntaban a la DOI -CODI (Destacamento de Operaciones de Información -Centro de Operaciones de Defensa Interna), la policía secreta que se ocupaba de las más bárbaras torturas de opositores al régimen militar.
En 2012, Claudio Guerra, un ex comisario represor convertido en pastor evangélico, les contó a Rogério Medeiros y Marcelo Netto detalles de aquellos tenebrosos años en Memorias de una Guerra Sucia. Allí relata que Fernando de Santa Cruz Oliveira y otros nueve presos políticos fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el horno de la Usina de Azúcar Cambayba, del municipio de Campos en Río de Janeiro. De acuerdo al relato de Guerra, el propietario del ingenio, Heli Ribeiro Gomes, que murió en 1992, era un furibundo anticomunista dispuesto a colaborar en cualquier faena que sirviera a su causa.
No es la primera vez que Bolsonaro habla de este caso. En 2011 había afirmado en una charla en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro que el padre de Felipe Santa Cruz había muerto borracho durante los festejos del carnaval carioca de 1974.
Tampoco es la primera vez que el presidente de la OAB enfrenta a Bolsonaro, Lo hizo siendo titular de la OAB-Rio en 2016, cuando denunció por apología de la tortura al entonces diputado porque justificó el voto contrario a Dilma en el impeachment recordando al sádico ex director de la DOI-CODI de San Pablo en los años de plomo.
En ese lugar estuvo detenida la todavía presidente de los brasileños cuando en su juventud integró el grupo guerrillero Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR Palmares). Bolsonaro le dedicó su voto a «la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff» y dijo que su voto era por el sí al juicio político «por el ejército de Caxias (en relación a Luís Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, comandante de las tropas imperiales en la guerra de la triple alianza contra el Paraguay de Francisco Solano López) por las Fuerzas Armadas, por Brasil encima de todo e por Dios encima de todo».
Santa Cruz Oliveira Scaletsky también reclamó al Supremo Tribunal de Justicia brasileño por la pinchadura de teléfonos a los abogados de Lula da Silva ordenada por el aún juez Sergio Moro como violatoria de los derechos civiles de acusado y sus defensores.
Comentarios recientes