Dice que vino a Buenos Aires por dos razones: para participar en la Marcha del 24 de Marzo a la que define como «un acto de la lucha contra la impunidad», pero también para reunirse con la jueza federal María Servini de Cubría, que lleva adelante la querella por crímenes del franquismo. Aunque algo fugaz, la visita al país de Ana Miranda, eurodiputada del Bloque Nacionalista Gallego, rindió frutos: la emoción compartida junto a miles de ciudadanos argentinos en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, y la decisión de la magistrada argentina de volver a convocar a un exministro del régimen de transición por el asesinato de seis trabajadores durante una huelga en 1975. Más aun, Rodolfo Martín Villa, titular de Relaciones Sindicales de Adolfo Suárez, anunció en las últimas horas que vendrá al país en septiembre para declarar ante Servini.
En la redacción de Tiempo, Miranda destacó la influencia que tiene para los españoles y los europeos en general el «modelo argentino como referencia en materia de Memoria Histórica».
–¿Por qué razón es referencia?
–Lo que se hizo en la ex Esma, la recuperación de cadáveres, el acompañamiento a las víctimas, la justicia reparadora, el derecho a la no repetición, pero fundamentalmente la invocación de las personas, el reconocimiento. En España hay muchas víctimas del franquismo que no han sido reconocidas. El movimiento memoralístico tuvo un poco de apoyo durante el gobierno de (José Luis Rodríguez) Zapatero, pero luego vino el Partido Popular (PP) y anuló todo. Tampoco la ley de Memoria Histórica de Zapatero fue tan ambiciosa como la que tuvisteis vosotros. Aquí tendrá sus errores y virtudes y les gustará a algunos y a otros no, pero Argentina es una referencia a nivel internacional, con lo cual venir aquí y aprender de estas cosas es para nosotros muy importante.
–¿La causas de la querella argentina se están tramitando de manera individual?
–Hay muchas causas individuales, pero la jueza las admitió como causas conjuntas porque facilitan el trámite, aunque tengan que llamar a los familiares de cada caso. La jueza ha sido fundamental por la admisión de la querella, que fue en 2010. El problema es que en marzo de 2015 el gobierno de Mariano Rajoy niega la extradición del exministro Martín Villa, que fue clave en la represión contra obreros, el feminismo y movimientos políticos en esos tiempos (ocupó cargos entre 1975 y 1979). Ella estuvo en Bruselas hace dos años y nos gustaría que vuelva porque han sido admitidas tres querellas en tres juzgados de Valencia.
–Pero tras el encuentro con la jueza ella volvió a citar al exministro y él anunció que vendría a Buenos Aires…
–Le pedimos que haga lo posible para acelerar el proceso contra Villa y ella respondió con valor y valentía. Ahora esperamos que el gobierno estatal (español) no obstaculice su trabajo. Sin embargo, vemos que algo está cambiando. Nosotros le aportamos a la causa la «Resolución del Parlamento Europeo sobre el avance del neofascismo», aprobada el pasado 25 de octubre de 2015, de la que fui coponente, para que sea incorporada al expediente del franquismo. Creemos que es un momento muy especial para el futuro.
–¿Qué cambios hay en la sociedad civil española en relación con estos temas?
–Hay mucho movimiento memoralístico y han surgido muchos colectivos desde la Asociación de Recuperación para la Memoria Histórica, que desenterró las primeras fosas, hasta movimientos pequeños en pueblos que quieren reivindicar la memoria de familiares. Pasó con el tema de Paterna, en Valencia (donde los franquistas fusilaron tras la guerra a 2238 personas ante un muro junto al cementerio). Movimientos como el catalán, el valenciano. O en el tema del Valle de los Caídos, o en Galicia con el Pazo de Meirás (NdR: un palacio donde veraneaba Franco y su familia, ubicado en Sada, Coruña), que es muy cuestionado por la ciudadanía. Hace dos años empezaron a salir noticias de que recibía subvenciones millonarias. Es de la familia Franco y lo administra la Fundación Franco, que hace apología del fascismo y tiene relaciones con el partido Vox, de ultraderecha. A Servini le entregamos un libro de los investigadores gallegos Carlos Babío y Manuel Lorenzo, en el que se relaciona a ese sitio con la dictadura y el expolio económico, porque el Pazo de Meirás era el lugar donde se hacían grandes negocios. Babío y Lorenzo estudiaron relaciones de empresas, bancos, compañías eléctricas que se gestaron en esta casa y en consejos de administración hay gente del PP, pero también del PSOE.
–De pronto el tema de la Memoria Histórica se coló en la agenda política española…
–Estamos en un momento clave: en el Parlamento Europeo se ha constituido un grupo de Memoria Histórica al que nos hemos dirigido por el tema del Valle de los Caídos (NdR: el gobierno de Pedro Sánchez conminó a retirar el cuerpo del dictador Francisco Franco de allí), y otros casos de represión durante la Transición (el proceso político a la muerte de Franco, en 1975). Son casos que abren la querella argentina junto con la del gallego Darío Rivas (NdR: el hombre de 99 años que vive desde los 9 en Buenos Aires y reclama por el asesinato de su padre, que había sido alcalde de su pueblo de Lugo, fue secuestrado por militares y su cuerpo apareció baleado a un costado del camino). La sociedad ha cambiado, pero al mismo tiempo hay grupos neofascistas que salen a atacar en actos públicos.
–¿Cómo es eso?
–Lo que había en España era una «pax tranquila» que estaba institucionalizada como sistema. No aparecían los típicos nazis fascistas que se ven en otros lados. Pero estaban ahí y de repente aparecieron. Neonazis que van a romper actos, muy agresivos. Homófobos en metros (subterráneos), autobuses, con vestimenta neonazi. Eso era algo que no se conocía. Es un momento de avance del neofascismo y en España estamos en un punto de inflexión para decidir si queremos un gobierno progresista o si la gente quiere un gobierno trifachita.
–¿Que sería trifachita?
–Vox, Ciudadanos y el PP, el que a la vez tensa cada vez más para recoger su voto del extremo. Sí, en estas elecciones el tema de Memoria Histórica es un tema de campaña. Es curioso, pero hace cinco años en las elecciones europeas o hace cuatro en las estatales ese tema no estaba en la campaña. Ahora tenemos al franquismo en la campaña electoral de las locales, de las europeas y de las generales. ¿Quién nos lo iba a decir?
–¿El tema lo puso el presidente del gobierno al proponer sacar la tumba de Franco del Valle de los Caídos?
–No, no. Él recoge lo que defiende el movimiento memorialístico, recoge la querella argentina fundamentalmente, Ceaqua (Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo) y otros movimientos que han puesto otra vez el tema del Pazo de Meirás. Cuando Sánchez llega al gobierno la corriente se lo lleva. Con un grupo de compañeras logramos que el Parlamento europeo de octubre del año pasado emitiera una resolución contra el fascismo. Fue luego de que la diputada italiana Eleonora Forenza, de Refundazione Comunista, fuera agredida por un fascista en una manifestación. La resolución insta a sacar a Franco del Valle de los Caídos, quitar la simbología fascista, devolver el Pazo de Meirás, que se hagan los juicios.
–A romper el circuito…
–Eso. Desde Europa nos llaman a romper el circuito del fascismo, cosa que no se hizo en España.
–¿Si tuviera que establecer puntos de contacto entre lo que se está haciendo en España y Argentina, cuáles serían los hitos?
–La diferencia es que habéis tenido un gobierno que se ha implicado, que tomó cartas en el asunto y cumplió su palabra de lucha contra la impunidad. Ni socialistas ni del PP lo hicieron. Faltó coraje político. Yo formo parte del grupo de Memoria Histórica en el Europarlamento en el que estamos todos los partidos menos PP y Ciudadanos. Estamos el BNG, Podemos, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida, el PSOE, ICV (Iniciativa per Catalunya Verds), todo el elenco de la diversidad en el Estado más extranjeros como Die Linke, el Partido Socialista portugués. Todos citan la referencia argentina. Fuimos a cada lugar, mandamos una carta al Papa.
–¿Qué le pidieron?
–Que instara a que no llevaran a Franco a otra catedral, cosa que algunos habían propuesto, porque ese sería un templo del fascismo. Las cosas están así complicadas. La ultraderecha posiblemente va a tener muchos votos de público que hasta ahora estaba en silencio, o en el PP. Antes no se sacaban la careta y como ahora el PP se desmoronó, se muestran.
–¿Cómo fue que el Europarlamento votó la resolución?
–Estuvimos negociando… uh, lo que costó. Tuvimos que esforzarnos para que el PP votase esto, pero salió. La resolución insta a que los gobiernos tomen medidas de respuesta ante la violencia ultraderechista. Éramos cinco mujeres, una de ellas polaca; de derechas total, pero había sido atacada por neonazis. Soraya Post, que es del PS europeo. Sueca, hija de judío y de gitana, una mujer muy sensible. Luego yo, que ya se sabe que soy perseverante. También estuvo Eleonora Forenza. Éramos de cinco grupos distintos, pero conseguimos una resolución común.
–¿Cómo llegaron a integrar un frente de mujeres?
–Coincidió, fue una casualidad. Y tuvimos mucho éxito porque aparte de todo, en el momento de aprobarse se desató una bronca muy grande. Resulta que los neonazis del Parlamento, que son como 40, se levantaron a gritarnos y yo saqué dos carteles, en uno ponía «franquismo nunca más», un recuerdo a las Madres y al accidente del Prestige en la costa gallega, y en el otro pedía la ilegalización de la Fundación Franco. Me veía como un Jesucristo del antifascismo, con los brazos abiertos. La resolución le pide a España la retirada efectiva de todos los símbolos o monumentos que exalten el alzamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
–También hace referencia a una manifestación en el Pazo de Meirás…
–Sí, es el proceso abierto por la familia Franco contra 19 personas que ocuparon pacíficamente el Pazo de Meirás en 2017, y contra quienes piden 13 años de prisión por delitos de odio, contra el honor, daños y violación de morada. No son las únicas personas denunciadas. Vox son acusadores en el juicio a los presos políticos catalanes. Dos de esos presos fueron compañeros míos en el Parlamento, promovieron también el tema de las fosas, gente superdecente, Raúl Romeva, Oriol Junqueras, luchadores por los DD HH. Romeva y yo fuimos en 2013 de los pocos que nos posicionamos en favor del gobierno argentino cuando la nacionalización de YPF. Nos llamó Cristina para agradecernos. Por el Pazo de Meirás tenemos denuncias también contra Carlos Babío, autor del libro, por difamación.
–¿Qué esperás de las elecciones del 28 de abril?
–Por supuesto, que se cree un gobierno progresista. Pero no va a existir si no se tiene en cuenta la diversidad nacional, la soberanía de las naciones y sobre todo el tema catalán, algo que está condicionando toda la política. El gobierno tiene que dialogar con los catalanes. Pero en primer lugar debe liberar a los presos políticos. No podemos tener un vicepresidente de gobierno, ni consejeros ni líderes políticos y sociales en prisión preventiva año y medio. Porque se puede hacer un juicio por la causa que consideren pero no en prisión. Estamos muy preocupados porque la alternativa puede ser un trifachito, y eso sí que sería grave.
–¿Esos son los resabios del franquismo?
–Ciudadanos no fue capaz de condenar el franquismo, el PP tampoco. Y ahora se tienen que diferenciar de la extrema derecha. Pero tienen que subir el listón porque si no quedan afuera. Con la inmigración, con el feminismo. Han tenido declaraciones de quitar derechos y también con los migrantes, que es algo que me preocupa mucho. Están teniendo un discurso xenófobo, desde Vox al PP, que el otro día ha dicho que las mujeres extranjeras que se quisieran quedar tendrían que dar los hijos en adopción. Fascismo puro. Estamos en un momento muy delicado porque como no se hizo una transición realmente, ahora hay peligros reales, que no estaban tan visibles.
–¿Cómo se ubica el BNG en este escenario?
–Estamos con ERC y con el vasco Bildu y para las europeas presentamos la coalición Ahora Repúblicas en las cuatro lenguas. Yo encabezo en Galiza, como le llamamos a nuestra nación, y Oriol Junqueras en Cataluña desde la cárcel. La mayoría de nuestra sociedad no está con la independencia, pero nosotros creemos en la soberanía de los pueblos como principio de autodeterminación a nivel internacional, por eso no reconocemos a Juan Guaidó en Venezuela. Trabajamos por la justicia social, por la igualdad, desde el punto de vista del antifascismo, el feminismo, el ecologismo. De allí nuestras relaciones con América Latina y los otros pueblos del Estado español, como vascos y catalanes.
A 55 años del golpe militar que tumbó al gobierno de João Goulart, Brasil da una vuelta de campana y por instrucciones de Jair Bolsonaro, las Fuerzas Armadas festejan aquella movida que, consideran, obedeció al «clamor popular» y no fue ni un golpe, ni una dictadura, ni desplegó una feroz represión con miles de torturados, desaparecidos y asesinados. Para el presidente, esos apenas fueron «unos problemitas» y no un modelo criminal.
«El 31 de marzo de 1964 se inserta en el ambiente de Guerra Fría que se reflejaba en el mundo y penetraba en nuestro país. Las familias en Brasil estaban alarmadas y se pusieron en marcha. Frente a un escenario de grandes convulsiones, fue interrumpida la escalada hacia el totalitarismo», dice un mensaje del general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa, refrendado por la cúpula de las tres fuerzas.
Este regreso al pasado, ahora se da mediante el mecanismo eleccionario, pero guarda muchos componentes de aquella dictadura que se extendió de 1964 a 1985. El actual vicepresidente, el general Antônio Hamilton Martins Mourão, de estirpe militar, es sobrino nieto del general Olímpio Mourão Filho, que comandaba la 4ª Región Militar y junto con Carlos Luis Guedes iniciaron la Operación Popeye (así le decían a Olímpio), el pistoletazo de partida para la destitución de Goulart.
Es cierto que ese golpe se inscribe en la Guerra Fría. El Brasil que había dejado Getulio Vargas cuando se suicidó, en 1954, continuaba con el proyecto industrialista mientras iba dando cabida a otros sectores sociales en la discusión democrática. El 31 de enero de 1961, Janio Quadros recibe la banda presidencial en la recién inaugurada Brasilia.
Hombre aceptado por el establishment, pronto inicia una política alejada de los cánones que esperaban los dueños del país y Estados Unidos: estableció fuertes relaciones con la Unión Soviética y con la Cuba que comandaba Fidel Castro. Además, condecoró a Ernesto Che Guevara con la Orden de la Cruz del Sur. Demasiado para la época. El 25 de agosto de ese mismo año renunció ante las presiones militares y también civiles.
Hubo un pase de comedia porque el vicepresidente, Goulart, estaba de viaje por la China de Mao. Los militares no lo querían a Jango, como le decían los íntimos. Si bien era hijo de un rico hacendado de Río Grande do Sul, como ministro de Trabajo de Vargas había otorgado leyes que garantizaban derechos a los trabajadores. Goulart tuvo que aceptar nuevas reglas de juego. Debería gobernar en un sistema parlamentario sui generis, por el que renunciaba a poderes presidenciales y daría mayor intervención al Congreso.
Astuto, al cabo de dos años organizó un plebiscito para volver al presidencialismo. Tuvo un Gabinete de lujo, con el economista Celso Furtado en Planeamiento, Darcy Ribeiro en Educación y Ulysses Guimarães en Industria y Comercio. Profundizó el acercamiento al bloque soviético al punto de recibir en visita oficial al cosmonauta Yuri Gagarin. Su suerte quedó echada cuando anunció un impuesto a la renta y la obligación de que las multinacionales reinviertan su ganancia en Brasil.
El 13 de marzo de 1964, casi contra las cuerdas, Jango organizó una suerte de asamblea pública en la Plaza de la República, frente a la Estación Central de ferrocarriles de Río de Janeiro junto con el gobernador de Río Grande do Sul, Leonel Brizola. Frente a más de 200 mil personas, anunció la firma de dos decretos. Uno para la expropiación de las refinerías de petróleo que aún no pertenecían a Petrobras. El otro, declaraba la reforma agraria.
Los atemorizados sectores medios y altos, azuzados por una bestial campaña mediática, organizaron manifestaciones conocidas como Marcha de la Familia con Dios y por la Libertad.
Los militares, desde los cuarteles, ultimaban detalles para eliminar a ese fantasma que iba recorriendo Brasil y la asonada comenzó con el levantamiento de Mourão Filho y Guedes. Luego de un interinato, asumió el Mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, Goulart se exilió en Uruguay y luego pasó a la Argentina. Murió en Mercedes, Corrientes, el 6 de diciembre de 1976. Hay indicios de que fue asesinado en el marco de la Operación Cóndor.
Aquel Guedes no tiene relación familiar con el ministro de Economía de Bolsonaro. Pero es bueno recordar que Paulo Roberto Nunes Guedes, un Chicago Boy de 69 años, es un admirador de la dictadura chilena, a la que otorga como mérito haber aplicado las teorías de Milton Friedman en los ’70. Incluso a la vuelta de su doctorado en Chicago, en 1978, recaló en la Universidad de Chile, donde dio clases a principios de los ’80 en la Facultad de Economía y Negocios.
Bolsonaro, exmilitar exonerado de la fuerza hace 30 años, siempre reivindicó a los militares golpistas de ayer y en el juicio político a Dilma Rousseff, votó por su destitución recordando al coronel que la había torturado cuando ella era una joven militante de la guerrilla.
Tuvo un amplio apoyo desde los cuarteles para ganar la presidencia y en su Gabinete hay siete militares ocupando cargos clave. En 2015 Bolsonaro había afirmado que «Pinochet hizo lo que tenía que hacer… Tenía que actuar de forma violenta para recuperar a su país». Hace unos días, dijo que hace 55 años no se inició una dictadura. «¿Dónde has visto a una dictadura entregar el gobierno en forma pacífica? –interpretó–. Entonces, no fue una dictadura».
Cuando se cumplió el medio siglo del golpe, en 2014, O Globo, el mayor grupo de comunicaciones de Brasil, hizo un mea culpa por su participación en el clima que llevó a la interrupción constitucional. Le daba la razón a un cántico callejero: «La verdad es dura, O Globo apoyó la dictadura» y agregaba que «las Organizaciones Globo reconocen que, a la luz de la historia, ese apoyo fue un error».
Fue crucial también el apoyo de los medios hegemónicos para la destitución de Rousseff y la llegada de Bolsonaro al Planalto. Pero al menos O Globo ya parece estar abriendo el paraguas. «En estos casi 90 días de poder, si hay un método de gobernar del presidente Jair Bolsonaro, es el del enfrentamiento que ha producido en la política algo próximo al caos», dice un editorial de este jueves en relación a los ataques del mandatario al titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
Un nuevo apagón masivo sumió a Venezuela en la oscuridad en la noche del 25 de marzo. el gobierno difundió fotografías de un ataque en la principal central hidroeléctrica del país y acusó a un grupo no identificado de «criminales que generaron un incendio en el patio de 765 kva de Guri con la intención aviesa de dañar de modo definitivo la generación y transmisión de la carga», denunció el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez en su red social.
Luego, y también por Twitter, mostró el operativo para restituir el fluido eléctrico.
Es el segundo gran ataque que denuncia el gobierno bolivariano, que el 7 de marzo debió enfrentar otro corte de varios días hasta que pudo restaurar las conexiones. Desde la ofensiva contra la presidencia de Nicolás Maduro, que se intensificó desde que enero el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, un grupo de naciones con el libreto dictado desde Washington tratan de derrocar al mandatario chavista y provocar un cambio de régimen.
En ese marco, el apagón de principios de mes es visto como parta de la estrategia diseñada por el enviado de Donald Trump, Elliot Abrams, para socavar la base de apoyo a Maduro, que es una parte sustancial de la sociedad y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
De allí que Guaidó se apurara a declarar en la mañana del martes que «¿Cómo pretenden seguir repitiendo las excusas de la «guerra eléctrica» y el sabotaje? Son mentirosos y corruptos». Estuvo muy activo en la red el hombre que desde el 23 de enero espera la posibilidad e ingresar al Palacio de Miraflores con una banda presidencial.
Es el segundo gran ataque que denuncia el gobierno bolivariano, que el 7 de marzo debió enfrentar otro corte de varios días hasta que pudo restaurar las conexiones. Desde la ofensiva contra la presidencia de Nicolás Maduro, que se intensificó desde que enero el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, un grupo de naciones con el libreto dictado desde Washington tratan de derrocar al mandatario chavista y provocar un cambio de régimen.
En ese marco, el apagón de principios de mes es visto como parta de la estrategia diseñada por el enviado de Donald Trump, Elliot Abrams, para socavar la base de apoyo a Maduro, que es una parte sustancial de la sociedad y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
De allí que Guaidó se apurara a declarar en la mañana del martes que «¿Cómo pretenden seguir repitiendo las excusas de la «guerra eléctrica» y el sabotaje? Son mentirosos y corruptos». Estuvo muy activo en la red el hombre que desde el 23 de enero espera la posibilidad e ingresar al Palacio de Miraflores con una banda presidencial.
La situación venezolana, que tensa los nervios de quienes apostaban a una pronta resolución en favor de los intereses estadounidenses, entre ellos los gobiernos de derecha sudamericanos -el de Mauricio Macri en primer lugar- amenaza con extenderse habida cuenta de que en favor de Maduro se manifestaron reiteradamente sus pares de Rusia y China.
«Los intentos de Washington de organizar un golpe de Estado en Venezuela están violando la Carta de la ONU», insistió el canciller de Vladimir Putin, Sergei Lavrov. Fue tras un encuentro con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo. El hombre de Donald Trump, a su turno, enfatizó que no se quedarán «de brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones en Venezuela».
El otro halcón del gabinete de Trump, el consejero en Seguridad Nacional John Bolton había dicho que «Estados Unidos no tolerará la injerencia de potencias militares extranjeras hostiles en los objetivos compartidos del hemisferio occidental». Hablaba en relación con dos aviones de Rusia que llegaron el sábado al país caribeño. Pero es bueno recordar que por hemisferio occidental la Casa Blanca entiende al continente americano.
Por esa razón, el otro de los grandes jugadores internacionales, China plantó bandera en el debate. «América Latina no es propiedad de ningún país ni tampoco es el patio trasero de ningún Estado», dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Geng Shuang en una conferencia de prensa en Beijing.
Yuri Lutsenko descolló en lo que se conoció como la Revolución Naranja, aquella revuelta de fines de 2004, antecedente del Euromaidán, que diez años después terminó por convertir a Ucrania en un polvorín. El actual procurador general de esa Nación fue, junto con Yulia Timoshenko, uno de los líderes de las luchas contra la dirigencia ligada la época soviética. Ahora desde Kiev le tiende una mano a Donald Trump en la causa por injerencia extranjera en las elecciones de 2016, mediante una investigación que sin embargo complica a la Embajada de Estados Unidos en una maniobra de ocultamiento de pruebas. Todo esto cuando falta una semana para unas elecciones presidenciales atravesadas por un conflicto irresuelto con Rusia en las regiones de Donbass y Lugansk y el reclamo por la soberanía sobre Crimea.
Lutsenko, de 54 años, enfrentó al pro ruso Viktor Yanukovich, el presidente depuesto en 2014, y pasó tres años preso entre 2010 y 2013 en una causa por malversación de fondos públicos y abuso de poder cuando fue ministro del Interior, en 2005. Timoshenko también estuvo entre rejas por ese entonces en lo que se catalogó como una persecución política.
Desde mayo de 2016, bajo la presidencia de Petró Poroshenko, Lutsenko es fiscal general de Ucrania. Por esa época, el estadounidense Paul Manafort participaba en el equipo de campaña de Trump. Pero el consultor y experto en marketing político tuvo que renunciar cuando salió a la luz que había sido lobbista de Yanukovich en los países occidentales. Si bien había estado contratado por algunos personajes poco recomendables como el filipino Ferdinando Marcos o el congolés Mobutu Sesé Seko, el caso del ucraniano pegaba de lleno en el entorno de Trump, porque Hillary Clinton elevó las sospechas sobre presuntos espías rusos en el hackeo de los servidores donde tenían mails e información privada.
Ni bien asumió su cargo, Trump debió enfrentar una investigación del FBI por esa cuestión y todavía está contra las cuerdas. Manafort, en tanto, fue acusado por el FBI de conspiración contra EEUU, fraude fiscal y lavado de dinero. Hizo un arreglo con el fiscal y se declaró culpable de dos cargos criminales y purga una condena de siete años.
En explosivas declaraciones a The Hill, un medio muy influyente en Washington que dirige el periodista Bob Cusack, Lutsenko reveló que investiga filtraciones de los agentes ucranianos a la Embajada de EE UU de la gestión de Barack Obama sobre registros financieros de Manafort. Fueron claves para la renuncia del especialista y también para esta temporada en las sombras.
Esta pesquisa habla de injerencia exterior en las elecciones estadounidenses de 2016, pero en favor de Hillary.
Todo se inició a partir de una grabación de un parlamentario ucraniano,,, donde quedaría claro que la filtración fue parte de una suerte de «acto de campaña» para favorecer los intereses de la candidata demócrata. Conviene aclarar que en realidad Hillary Rodham Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que Trump en las urnas pero perdió en el colegio electoral.
Lo que causó más escándalo es que según Lutsenko, la embajadora designada por Trump, Marie Yovanovitch, le entregó una lista de personas que no deberá investigar.
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