El secretario de Estado Mike Pompeo puso en funciones a Elliott Abrams como coordinador de las operaciones para la destitución del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Halcón entre los halcones de la diplomacia de Estados Unidos, Abrams es un experto en golpes de Estado, invasiones y operaciones encubiertas, una característica que ya lo llevó a una condena por su participación en el escándalo Irán-Contras de la que luego fue indultado por George Bush padre.
Bush hijo lo designó en 2001 «ayudante especial del Presidente y Director para Democracia, Derechos humanos, y Operaciones Internacionales» del Consejo de Seguridad Nacional. Dos años más tarde se lució en la mesa chica para coordinar la invasión de Irak.
Con una mirada fría y penetrante que recuerda a Gargamel, el villano de Los Pitufos, Abrams ingresó a la política en el partido demócrata, pero pronto adhirió a Ronald Reagan, básicamente porque es un anticomunista furioso que alguna vez colgó en el despacho que ocupaba en la Casa Blanca una página enmarcada del diario cubano Granma con el título «Abrams es una bestia».
Desde entonces tuvo intervenciones claves en el apoyo a gobiernos derechistas en Honduras, Guatemala y El Salvador, y en la financiación de los grupos armados que combatían el gobierno sandinista en Nicaragua. Para burlar el control del Congreso, los fondos para esas operaciones salieron de la venta de armas a Irán –que ya estaba gobernado por los ayatolás– en su guerra contra el Irak de Saddam Hussein. El dinero obtenido fue utilizado para sustentar las actividades de los Contras. Todo esto mediante empresas truchas ligadas a los servicios de inteligencia.
Cuando estalló el escándalo, en 1986, hubo un terremoto político en Washington. Una de las esquirlas le pegó a Abrams, aunque dentro de todo la sacó barata ya que solo lo condenaron por ocultar información al Congreso. Así y todo, había tenido tiempo de organizar la invasión a Panamá, en 1989, para derrocar al presidente Manuel Noriega, a un costo más de 3000 muertos, en una operación bautizada «Causa Justa».
Cientos de miles habían sido masacrados en Centroamérica en los ’80 bajo esa mirada glacial. En esos años, militares argentinos tuvieron activa colaboración con los regímenes criminales. En ese contexto, Abrams testificó en 2012 por videoconferencia en el juicio de lesa humanidad que el gobierno de Reagan sabía que la junta militar había robado bebés de los militantes secuestrados y asesinados y los había entregado a familias cercanas a la dictadura.
Incluso su declaración confirmó que no habían sido casos aislados de apropiación de menores. «Sabíamos que no eran sólo uno o dos niños, sino que existía un patrón, un plan, porque había mucha gente que estaba siendo asesinada o encarcelada.»
En un mundillo en el que todos juegan sucio como ese en el que se maneja Abrams, no extraña que a pesar de su pasado sea figura reiterada en las gestiones republicanas. Incluso que tenga prestigio como especialista en Latinoamérica. Entre quienes en los despachos oficiales no lo quieren mucho está el almirante William Crowe, jefe del Pentágono en 1989 que se oponía a la incursión armada contra Noriega. «Esta serpiente es difícil de matar», dijo de Abrams.
Donald Trump está decidido a terminar con el gobierno bolivariano lo antes posible y aceleró las presiones en todo el mundo para conseguir apoyo internacional que le dé cobertura a sus deseos. Pero Nicolás Maduro resiste el embate y todo se encamina a un choque de trenes: por un lado, gran parte de los países latinoamericanos y de la Unión Europea encolumnados con EE UU; del otro Rusia y China, que ya mostraron los dientes en la ONU en torno a este embate. En el medio, un puñado de naciones, entre ellas México y Uruguay, que piden evitar un derramamiento de sangre, mientras que el Papa Francisco, que también mantiene una postura dialoguista a pesar de que la Conferencia Episcopal venezolana ya tomó partido contra el chavismo, dijo en Panamá, donde habló en la Jornada Mundial de la Juventud, que los pueblos de América Latina «no son el patio trasero de nadie». Una frase poco destacada en el marco de todo lo que está en juego en la región a partir de la embestida contra el gobierno bolivariano.
Maduro, a pesar del ímpetu mediático en darlo por muerto, conserva el poder formal del Estado y mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y las instituciones burocráticas del país. A tal punto esto es así que tras anunciar la ruptura de relaciones con Washington y ordenar el retiro de todos los funcionarios, hubo una primera declaración del secretario de Estado Mike Pompeo de rechazar la disposición. Pero desde el Palacio de Miraflores difundieron las imágenes de la evacuación de personal de la sede diplomática. La Casa Blanca dijo entonces que quedó una presencia mínima para apoyar al presidente de la Asamblea Nacional, al que consideran mandatario interino del país, Juan Guaidó.
Al mismo tiempo, la tendencia en la Unión Europea fue de aceptar las presiones estadounidenses. Así, el jefe de Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dio un ultimátum a Maduro para que convoque a elecciones en ocho días, caso contrario, anunció, reconocerá a Guaidó. La misma línea de la Unión Europea.
Venezuela volvió a ser en la península la mejor excusa para no hablar de los propios problemas del país, como en la época del gobierno del conservador Mariano Rajoy. Pero en el caso del PSOE cargan con la cruz de que uno de sus líderes, el expremier José Luis Rodríguez Zapatero, coordinó una mesa de diálogo en República Dominicana entre el oficialismo y la oposición para arreglar las condiciones para la elección de 2018.
«Yo he ido 33 veces, conozco la sociedad venezolana. Conozco los actores, lo que pasa. (…) En la hipótesis de que todas las críticas que le hacen a Maduro algunos gobiernos o algunos periodistas fueran ciertas, la respuesta no es, ni tampoco es lo que corresponde, aplicar sanciones, aislarlo, presionarlo y llevarlo a un bloqueo financiero más intenso que el que tuvo Cuba», declaró hace un año el exjefe de Gobierno español, cuando todo estaba listo para la firma de un documento final con lo acordado para el llamado a comicios. «De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición», declaró sorpresivamente Zapatero cuando, horas antes de la ceremonia, los antichavistas le dieron un portazo.
Las sanciones y el bloqueo financiero explican en gran medida la fenomenal crisis económica que sufre Venezuela desde hace años. El país, montado en la mayor reserva petrolera del mundo, está en algunos aspectos colapsado, lo que genera irritación en sectores tradicionalmente afines al chavismo. La táctica del cerrojo, a su vez, es la principal arma con que cuentan los estrategas del Departamento de Estado para generar condiciones para una intervención. Lo hicieron en Libia, Siria, Irak y, más allá en el tiempo, en el Chile de Salvador Allende.
Precisamente un experto en esta guerra entre bambalinas contra gobiernos populares, Elliott Abrams (ver aparte) fue designado por Pompeo como coordinador de un equipo encargado de «restaurar la democracia» en Venezuela. La designación de este viejo anticomunista declarado que fue indultado por George Bush padre tras haber sido condenado por el escándalo Irán-Contras durante el gobierno de Ronald Reagan, indica el nivel en que se desarrollará la ofensiva.
Pero el contexto no es el mismo que en la Guerra Fría, aunque ciertos personajes de Washington lo pongan en términos similares. Ayer, EE UU urgió a «unirse a las fuerzas de la libertad» en una sesión especial del Consejo de Seguridad para tratar el caso venezolano. «Ahora es el momento para que cada nación elija de qué lado está. No más atrasos, no más juegos. O se está con las fuerzas de la libertad o en la liga de Maduro y su caos», dijo Pompeo.
«Venezuela no supone una amenaza para la paz y la seguridad. En alguna medida, lo que representa una amenaza para la paz es el intento de Washington de orquestar un golpe de Estado en ese país», respondió el embajador permanente de Rusia, Vassily Nebenzia, tras denunciar «una injerencia flagrante» en el país sudamericano y votar en contra de Washington. También China se solidarizó con Caracas y rechazó el planteo estadounidense, con lo que no hubo resolución. Tampoco en la OEA la administración Trump logró el apoyo necesario para tomar medidas contra Caracas, aunque Argentina y Brasil intentaron forzar una condena. El nuevo gobierno mexicano se mantuvo en sus trece y, luego de haber invitado a Maduro a la asunción de Andrés Manuel López Obrador, ahora pidió sostener canales de diálogo para evitar un holocausto latinoamericano.
A su turno, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, se mostró sorprendido por las declaraciones de los países europeos, que siguieron un consenso entre España, Reino Unido, Francia y Alemania: «¿ Europa a la cola de Estados Unidos? No tanto de los Estados Unidos, ¿del gobierno de Donald Trump? ¿Europa, dándonos ocho días de qué? ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para darle plazos o ultimátums a un pueblo soberano?»
Sin necesidad de guardar las formas de la diplomacia, el número dos del chavismo y presidente de laAsamblea Constituyente, Diosdado Cabello, fue más lejos: «Por allá en la Unión Europea nos dan ocho días. ¡Váyanse bien largo al carajo, que a los venezolanos nadie nos da órdenes!».
Como parte de las medidas de asfixia económica, Washington presionó al Banco de Inglaterra para que bloqueara la entrega de 1200 millones de dólares en oro de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela. Pompeo pidió claramente que la comunidad internacional «desconecte los sistemas financieros del régimen de Maduro» de manera que los activos del país comiencen a fluir hacia las arcas del gobierno que considera legítimo, esto es, de Guaidó.
El viernes, John Bolton, el ultraderechista asesor en política internacional de Trump, confirmó que la Casa Blanca se está «enfocando en desconectar el ‘régimen ilegítimo’ de Maduro de las fuentes de sus ingresos» para dárselos a Guaidó. Lo que no queda claro de qué manera lo haría si el titular de la AN no cuenta con ninguna dependencia para funcionar, ni siquiera designó un Gabinete y hasta se ignora dónde se oculta. Tampoco se sabe bajo qué modalidad le entregarían los 20 millones de dólares que Pompeo anunció como ayuda a su gestión.
En todo este entuerto, el principal activo venezolano en EE UU, Citgo, con una cadena de estaciones de servicio en todo el país y unidades de refinación en Luisiana, Texas e Illinois, pertenece a PDVSA, la petrolera estatal. Desde 2017 y a partir del ahogamiento externo, Maduro logró un acuerdo para salir del atolladero con la rusa Rosneft, que se quedó con el 49% de las acciones.
La imagen de los mandatarios de Colombia, España, Costa Rica y Ecuador en el Foro de Davos hablando de la situación en Venezuela refleja el trasfondo del escenario en que se juega el futuro de la nación caribeña.
Al encuentro de los más ricos y poderosos del mundo en esa localidad suiza acudió un puñado de jefes de estado pero faltaron líderes de la talla del francés Emmanuel Macron o el estadounidense Donald Trump, dos de los más feroces antichavistas y cada uno envuelto en sus propias marañas.
El presidente galo, acosado por la protesta de los «chalecos amarillos»; el empresario neoyorquino por su controversia con los legisladores demócratas, que no le quieren aprobar el presupuesto para construir un muro en la frontera con México, y al mismo tiempo peleando como gato entre la leña por el avance judicial en torno a la presunta intromisión rusa en la campaña que lo llevó a la presidencia, en 2016.
En cualquier caso, Venezuela es una excusa fenomenal para cambiar de tema cuando esos mandatarios se ven acosados. Pero esta nueva intentona contra el chavismo tiene fecha de inicio y no es con Trump: el reloj golpista lo puso en marcha Barack Obama cuando en marzo de 2015 emitió una orden ejecutiva (DNU en términos argentinos) declarando «una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela».
El trasfondo de la ofensiva es por supuesto que el petróleo, en el país con las mayores reservas probadas del planeta, y no la libertad y la democracia, como lo señala irónicamente el premio Nobel de Economía Paul Krugman en un tuit en el que dice: «Acabo de escuchar que Trump ha retirado el reconocimiento a un brutal régimen que controla un petroestado. ¿O sea que finalmente comprendió que los sauditas son chicos malos?».
La alusión es oportuna porque hace apenas tres meses el periodista Yamal Khashoggi fue asesinado brutalmente y su cuerpo diluido en ácido en el consulado saudita en Estambul, con pruebas contundentes que fue por orden del príncipe heredero Mohammad bin Salman, y no solo no hubo pedido de intervención en Riad sino que el joven monarca estuvo en Buenos Aires sin que a nadie le moviera el espanto por semejante proceder de un régimen feudal como ese.
Se entiende que el acuerdo por la venta de armas a Arabia Saudita para la intervención en Yemen era un argumento oportuno para que Washington hiciera la vista gorda. Pero también es necesario entender si el dólar conserva valor como cambio y reserva internacional es porque la nación árabe, fuertemente exportadora, mantiene el compromiso de no vender en otra moneda su petróleo desde hace más de 40 años.
No es lo mismo que buscó hacer Muhamad Khadafi con el petróleo libio, al que había decidido comerciar en euros poco antes de que en 2011 se abrieran las puertas a una ofensiva que ahora se inició contra Venezuela. De la mano esa vez de la candidata que perdió la presidencia contra Trump, Hillary Clinton, a la sazón secretaria de Estado.
Se sabe cuál fue el fin de Khadafi y la actual situación Libia, un país partido y con dos gobiernos paralelos que se disputan las regalías de los pozos de crudo. Y se sabe que también sobrevuela como trasfondo de esta crisis la decisión de Maduro de vender el petróleo venezolano con una moneda virtual, el Petro, por las sanciones que sufre el país para comerciar en dólares.
Esos no son los únicos contrasentidos que hacen ruido de fondo en esta intentona destituyente que, como se ve, no es de Trump sino que se trata de una política de estado entre demócratas y republicanos que el polémico empresario no solo intenta mantener sino que incluso se decidió a profundizar.
Otros gobiernos se sumaron prestamente al deseo estadounidense y en el plano local dirigentes que no se definen como oficialistas se apuraron a reconocer al titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaudó. Es el caso de Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. No hubo declaración formal de la UCR, aliada de Mauricio Macri, pero algunos dirigentes nacidos y criados en ese partido recordaron la posición de Raúl Alfonsín en 1985 rechazando la invasión que pretendía Ronald Reagan a la Nicaragua sandinista.
Antecedentes
En abril de 2002 se produjo el primer golpe contra el chavismo, en la primera presidencia de Hugo Chávez. Por un par de días el líder bolivariano estuvo retenido en un cuartel hasta que la gente pobló las calles para reclamar su liberación. Esa vez el gobierno conservador del español José María Aznar y el de George Bush se apuraron a reconocer al autodeclarado presidente Pedro Carmona, que luego prefirió exiliarse para no ser procesado.
Ahora, el gobierno de España está en manos de Pedro Sánchez, del PSOE. Llegó al poder en junio tras un acuerdo con Podemos y otros partidos de izquierda para destronar al PP. El ex presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapateros había coordinado una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolanas a fines de 2017. Hubo acercamientos importantes y en ese marco Maduro aceptó adelantar las elecciones, que debían realizarse en diciembre de 2018. Pero a último momento los antichavistas no firmaron el acuerdo que ya se había logrado de palabra. En mayo, finalmente, ganó Maduro, con un ausentismo de 46%. Pero obtuvo 6.248.864 votos, el 67,84%.
Ahora, Sánchez muestra su ambigüedad. No reconoció a Guaidó, como hicieron las derechas latinoamericanas al compás de Washington, pero sí «la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana». Su canciller, Josep Borrell, sin embargo, fue enfático en ignorar a Maduro porque, dijo, «su legitimidad procede de unas elecciones que no reconocemos». Contradiciendo a su correligionario Rodríguez Zapatero.
Desconocer a Maduro, que reasumió el cargo el 10 de enero pasado, va a tener sus costos. Porque sería también ignorar a esa parte de la población que a pesar de todos los vientos en contra -y la crisis económica golpea en cada puerta- sigue fiel a los postulados bolivarianos.
La pregunta del millón, entonces, es qué puede ocurrir ahora en Venezuela. Se está a un paso de un baño de sangre y es obvio que cada muerto se lo van a cargar al chavismo, aunque el gobierno no tenga ninguna responsabilidad. Así están las cosas. Hay quienes perciben en la posición de la OEA que dirige el uruguayo Luis Almagro un copy-paste de la expulsión de Cuba en 1962. En tal sentido, la isla resistió con la ayuda de la Unión Soviética. Hoy día Rusia y China son respaldo de Maduro, habrá que ver si alcanza para sostener al gobierno
La clave, con todo, está en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El martes hubo un intento de copamiento en un cuartel. Una prueba de músculo y una invitación a grupos disidentes entre los uniformados, que se mantienen leales a la Constitución que juraron. Una constitución progresista de la que Chávez se sentía orgulloso y regalaba a sus visitantes en una versión en forma de un librito de tapas azules que cabe en una mano.
Si cuanto golpe de estado alrededor del mundo tiene olor a petróleo, como dicen los analistas políticos, la Cuarta Transformación que puso en marcha Andrés Manuel López Obrador mostró desde el inicio que también una renovación democrática puede apuntar a los hidrocarburos. Pero en su caso, la problemática va mostrando perfiles poco transitados en la región, como se vio en la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, que dejó un saldo de 98 muertos y medio centenar de heridos. Era una de las miles de perforaciones clandestinas de las que se toma combustible, luego vendido en el mercado negro bajo la denominación de «huachicol».
Si bien hay toda una industria ilegal que lucra con este procedimiento, las víctimas del estallido eran pobres de toda pobreza que como último recurso agujerean las cañerías para vender lo que puedan tomar antes de que trabajadores de las compañía vuelvan a obturar la fuga.
El presidente mexicano puso ahora en marcha un Plan de Desarrollo para 91 comunidades por donde pasan los ductos de Pemex para que más de un millón y medio de personas tengan un ingreso mínimo de unos 8000 pesos mensuales, cosa de que no deban recurrir al «huachicoleo» como forma de subsistencia.
Ya en su primer discurso desde que asumió el cargo, en diciembre pasado, AMLO puso en la mira al robo de combustible, que genera pérdidas de alrededor de 3000 millones de dólares al año a la petrolera estatal. Al mismo tiempo, anunció un «rescate» de la industria petrolera consistente en inversiones para nuevos yacimientos con el objetivo de aumentar la producción en cerca de un millón de barriles diarios al final del sexenio.
Su antecesor, Enrique Peña Nieto, había logrado en 2013 la aprobación de un plan energético con fuerte protagonismo privado que prometía el despegue de México como potencia económica, pero todo se quedó en promesas. Es así que la reforma en ese negocio que desde 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, está en manos del Estado, fue un verdadero bluf.
Como destacó el actual director de Pemex, Octavio Romero, EPN otorgó 110 contratos petroleros a empresas privadas pero la producción apenas creció 30 barriles diarios.
A poco de andar, sin embargo, se vio que el ambicioso proyecto «obradirista» chocaba con una práctica asentada desde hace años en territorios empobrecidos por donde la riqueza líquida pasa de las zonas de explotación a refinerías o a distritos de consumo. Una modalidad que encontró su manera de producir el «derrame» que el neoliberalismo propone como modelo de distribución pero nunca cumple.
Según los estudiosos de la lengua, tal parece que el término huachicol proviene del latín aquati, aguado, que se utilizaba para indicar una técnica en pintura a la moda en el siglo XVI y que en francés se conoció como «gouache». Tres siglos más tarde en México se solía «pintar a la guach». Así, aguados, o «a la guach», se vendían bebidas alcohólicas fraudulentas y por extensión, los combustibles.
Ahora, siete estados mexicanos -Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y el Estado de México- concentran el 80% del huachicoleo, que entre 2016 y 2018 creció de casi 350 tomas clandestinas a 2100. Es un negocio tan próspero que hay flotillas completas de camiones que transportan combustible robado. Solo el año pasado Pemex quitó la licencia de 130 estaciones de servicio que vendían huachicol.
AMLO señaló días pasados que se habían identificado bodegas muy cercanas a los ductos donde se almacenaba combustible ilegal. Y agregó que en no pocos casos, las perforaciones habían sido hechas por profesionales ya que tenían incluso medidas de seguridad para evitar estallidos. «Ordeñan a discreción», fue la síntesis presidencial.
No es el caso de las llamadas «tomas calientes», hechas a las apuradas para sacar lo que se puede antes de ser descubiertos, y por pobladores que tienen a la venta de combustible así expropiado como última salida. A ellos se dirige el plan que anunció AMLO. Son aportes de 8000 pesos mexicanos (unos 4000 argentinos) para las familias más vulnerables.
“Que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad, a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolinas y de otros combustibles que, como lo hemos visto, desgraciadamente, significa arriesgar la vida, perder la vida”, dijo el mandatario.
No es que México haya inventado el gran negocio de pinchar caños de combustible para venderlo en el mercado negro. Nigeria protagoniza cada tanto los noticieros con imágenes impactantes de algún estallido en las tuberías de petróleo. También allí son desesperados que perforan los caños para obtener algo de la riqueza de la tierra sobre las que están parados y que no derrama de otra forma que mediante arriesgadas maniobras penalizadas por la ley.
En mayo de 2008 murieron cien personas en el barrio periférico de Ijegun, en Lagos. Dos años antes habían muerto 350 también en las afueras de la capital nigeriana. En 1998 se habían registrado mil muertes.
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