por Alberto López Girondo | May 19, 2018 | Sin categoría
Belgas, españoles y franceses ya mostraron su repudio a la reforma al sistema de pensiones que se plantea en cada país en consonancia con las directivas de la Unión Europea (UE). El jueves, unos 70 mil manifestantes recorrieron las calles de Bruselas, la sede de la mayoría de los organismos políticos de la institución regional, en reclamo por «jubilaciones dignas». Lo mismo hicieron, aunque en mucha menor cantidad, jubilados españoles por las calles de La Coruña, donde se viene gestando un gran movimiento nacional para exigir una reforma. Sí, pero de la Constitución de 1978, para que las jubilaciones sean reconocidas como uno de los derechos fundamentales a garantizar por el Estado. En Francia todavía los ferroviarios mantienen el fuego de la lucha contra la reforma del servicio de trenes que plantea el gobierno y que entre otras cuestiones establece un aumento en la edad de retiro para los trabajadores del sector. Pero el proceso de reformas de Emmanuel Macron también afectará a millones de trabajadores de otras ramas en los próximos meses.
La Unión Europea viene planteando reformas en el sistema de jubilación de todos sus países miembro en forma insistente desde la crisis económica de 2008. La salida neoliberal fue la estrategia que eligieron los líderes europeos para defender al euro en un momento crítico para la continuidad del bloque por la tormenta que se había desatado desde los países que se llamó PIGS, por las siglas en ingles de Portugal, Italia, Grecia y España.
En 2011 se comenzó a delinear los primeros proyectos para esas naciones más debilitadas por la crisis, con los primeros esbozos de aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes necesarios para acceder a ese beneficio. En 2013 se planteó directamente la aplicación del llamado Factor de Sostenibilidad y un Índice pomposamente denominado de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (IRSPSS).
El Factor de Sostenibilidad comenzará a ponerse en práctica el 1° de enero de 2019 y determina un ajuste en las jubilaciones de acuerdo «a la evolución de la esperanza de vida». Esto es, si se estima que un nuevo jubilado va a vivir más años, es claro de acuerdo a esta óptica que por lo tanto va a cobrar su ingreso por más tiempo. De modo que en lugar de incrementar los ingresos proponen estirar el existente repartiendo la suma total en menos pagos mensuales.
«La aplicación del factor de sostenibilidad en 2019, que vincula la pensión a la esperanza de vida, es una herramienta adecuada para conjugar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento de la población», afirma el documento que cuestionan sindicatos de todo el continente. Y no es para menos: en ningún lugar de ese texto se plantea el ideal de construir un sistema solidario de reparto de pensiones en función de los aportes de los trabajadores activos.
Por tal razón, se establece que gradualmente ese Factor se modificará, con revisiones cada cinco años, y regirá para cada nuevo jubilado al momento del retiro. El índice IRSPSS, mientras tanto, corre en paralelo y determina que las jubilaciones sólo van a subir si aumentan los ingresos del sistema de pensiones por encima de una tasa de crecimiento del número de pensiones.
El primer Factor, según algunos analistas como el español Raúl Jaime Maestre en el Blog Salmón, aventuran (ya que oficialmente aún no se dijo nada) que debería ser del orden del 0,47%. Esto implica que una jubilación que con el cómputo actual debería ser de 1000 euros pasará a ser de 995,3 euros desde 2019.
El índice, a su vez, se estima que rondará en torno a un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC (Índice de Precios del Consumidor) + 0,5 por ciento.
Un dato a tener en cuenta es que en el caso español, según marca Maestre, los jubilados perdieron 235 euros de poder adquisitivo durante 2017, tras una revalorización de un 0,25 por ciento. Por ese ínfimo aumento, en marzo miles de ciudadanos salieron a protestar en las principales ciudades de la península. Para la UE, sin embargo, fue un aumento excesivo.
Disparidad en el Viejo Continente
Un reporte de Gonzalo Velarde para la Radio Televisión Vasca (Euskal Irrati Telebista, EiTB) muestra la disparidad entre lo que cobran los jubilados de cada país europeo. Los suecos están a la cabeza del ranking, con 1500 euros, y los portugueses en apenas 400, casi lo mismo que los griegos. Desde de este marco, los españoles promedian los 900 euros y en algunos casos es mayor que la de un joven que comienza a desempeñarse en alguna actividad en relación de dependencia.
También hay disparidad en cuanto a la edad de retiro, desde un promedio de 63 años pero con tendencia a extender la etapa laboral.
En estos años hubo recortes en todas las pensiones, pero los que más padecieron fueron los helenos. Nada menos que 13 rebajas desde que el país entró en bancarrota y la troika -la temible alianza entre el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea- diseñaron el plan «salvador» para toda la economía. Un plan que los ciudadanos reprobaron en referéndum, pero que el mismo gobierno que había llamado a consulta terminó por aplicar en 2015.
Tiempo Argentino, 19 de Mayo de 2018
por Alberto López Girondo | May 17, 2018 | Sin categoría
El Papa Francisco envió dos fuertes señales que lo colocan en la vereda de enfrente de los tiempos que corren por el país, la región y el mundo. Por un lado, a través de un documento elaborado por dos órganos del Vaticano que condena la especulación financiera y las off-shore. Al mismo tiempo, desde una homilía que dio en la capilla de la Casa de Santa Marta, su residencia romana fustigó el tratamiento de los medios en la creación de los golpes de Estado.
«La cháchara es una actitud asesina», dijo Jorge Bergoglio. Y luego aclaró: «En la vida civil, en la vida política, cuando se quiere hacer un golpe de Estado, los medios comienzan a hablar de la gente, de los dirigentes, y con la calumnia y la difamación los ensucian».
Comparó este procedimiento y su resultado con el que se aplicaba en la antigüedad contra los primeros cristianos. «La gente en el circo gritaba para ver la lucha entre los mártires y las fieras o los gladiadores», consideró, para luego aleccionar a los feligreses: «sucede lo mismo en nuestras comunidades parroquiales, cuando dos o tres comienzan a criticar a otro (…) después se separan y hablan mal, uno contra el otro, porque están divididos. Por esta razón la cháchara es una actitud asesina, porque mata, elimina a la gente, arruina la ¨fama¨ de la gente¨.
El documento «Oeconomicae et pecuniariae quaestiones» (sobre cuestiones económicas y financieras), por su parte, cuenta con 34 puntos donde se realiza un profundo análisis de la situación actual y de la crisis que atraviesa el mundo desde 2007.
En el ítem 29 dice específicamente que «no es posible ignorar fenómenos como la expansión en el mundo de los sistemas bancarios paralelos (shadow banking system), los cuales (…) han determinado de hecho una pérdida de control sobre el sistema por parte de diversas autoridades de vigilancia nacionales, favoreciendo de forma imprudente el uso de la llamada financiación creativa, en la cual la principal razón para invertir recursos financieros es predominantemente especulativa, cuando no depredadora, y no un servicio a la economía real».
Sobre las cuevas fiscales, el documento dice que si bien las «off shore también ofrecen otros servicios legales, a través de los ampliamente difusos canales de elusión fiscal la evasión y el lavado de dinero sucio constituye otra razón de empobrecimiento del sistema normal de producción y distribución de bienes y servicios». Y detalla las consecuencias para el sistema económico de estas actitudes que «substraen injustamente linfa vital a la economía real» y a los que el texto reprueba porque «difícilmente pueden encontrar una justificación, ya sea desde el punto de vista ético, ya sea en términos de la eficiencia global del mismo sistema económico».
Este documento fue elaborado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, (heredera de la vieja Inquisición y el cargo previo de Joseph Ratzinger antes de ser coronado papa Benedicto XVI) y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, un organismo creado por Francisco en 2013 con el objetivo de atender a las necesidades más urgentes de la comunidad actual. Allí confluyen los Consejos Pontificios Justicia y Paz, la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y la Pastoral de la Salud.
Lleva las firmas, por lo tanto, de monseñor Luis Francisco Ladaria, un arzobispo jesuita nacido en Mallorca, y prefecto de la Congregación; y de Peter Kodwo Turkson, un cardenal ghanés que lidera el Dicasterio. También estamparon la rúbrica monseñor Giacomo Morandi, secretario de la Congregación, y Bruno Marie Duffé, por el Dicasterio, quien tambièn es represetante de la Santa Sede ante Conferencia del Cambio Climático.
Tiempo Argentino, 17 de Mayo de 2018
por Alberto López Girondo | May 16, 2018 | Sin categoría
En un escueto mensaje de televisión, el presidente Mauricio Macri confirmó los trascendidos que habían comenzado a circular días antes, mientras el dólar trepaba en su cotización aun con las tasas del 40% que fijó el Banco Central: Argentina vuelve a buscar financiamiento en el Fondo Monetario Internacional. En el breve discurso, el presidente culpó de la situación al «desastre» que dijo haber heredado del gobierno de Cristina Fernández, pese a que transcurrieron ya dos años y medio de su llegada a la Casa Rosada, y dijo que se había «metido» en la política «para que cada argentino pueda vivir mejor». Macri reconoció que Argentina es uno de los países que «más dependemos del financiamiento externo», y que las condiciones exteriores habían cambiado de un modo contraproducente para conseguir más crédito en un escenario en que Argentina no maneja ninguna variable económica. Y dijo que el apoyo del FMI será aplicado «de manera preventiva» y para «fortalecer el programa de crecimiento y desarrollo».
Analistas de todas las tendencias venían advirtiendo a las autoridades que el país se encaminaba a una encrucijada por el aumento del precio del petróleo y de las tasas que fija el Tesoro de Estados Unidos, que más temprano que tarde iba a causar que una política basada en el endeudamiento se quedara sin el combustible que la venía alimentando desde el 10 de diciembre de 2015.
Además, el clima social venía complicado luego de la reforma previsional, con la secuela de represión y un impensado –hasta no hace mucho tiempo– acercamiento entre los distintos sectores de la diáspora peronista. Todo se aceleró al ponerse en marcha los aumentos desenfrenados de las tarifas de los servicios públicos y los transportes.
En ese contexto, el gobierno impidió una sesión en Diputados para tratar alguna medida que le pusiera un tope a los precios de los servicios, lo que no hizo sino agigantar el rechazo entre los no votantes de Cambiemos y entre esos sectores de la sociedad que le habían dado un cheque en blanco para poner fin al ciclo kirchnerista. Incluso medios amigos y dirigentes del radicalismo pidieron moderar ese brutal zarpazo que afecta sobre todo a los bolsillos de las familias más humildes y a las pymes.
Como un juego entre un gato y un ratón, a medida que las señales políticas indicaban que el Congreso iba a poner algún techo en las aspiraciones de las empresas energéticas y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguraba que el presidente vetaría cualquier iniciativa para moderar las tarifas, la corrida cambiaria generó el clima que se asocia tradicionalmente a los planes de ajuste más feroces.
Lejos quedó aquel 28 de diciembre cuando desde una mesa compartida por Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se anunció una meta de inflación para este año de 15%, casi el doble del piso de la banda estipulada anteriormente, de entre 8 y 12%. El marketing de Jaime Durán Barba dictaba que, para aventar los fantasmas que se estaban despertando en la economía nacional, convenía presentar a todo el equipo del área trabajando al unísono con Sturzenegger, mientras el presidente Mauricio Macri seguía insistiendo en que el crecimiento, aunque invisible, estaba a la vuelta de la esquina.
Objetivo final
Cuatro meses más tarde, las señales fueron diametralmente opuestas. Dujovne y Caputo fijaron recortes en el presupuesto y desde la «ventanilla» del BCra, Sturzenegger anunció tasas astronómicas para intentar detener la corrida bancaria que en pocos días se había llevado cerca de 7.000 millones de dólares (ver página 18).
El gobierno y los periodistas y medios afines, en tanto, se unieron para culpar del mal momento a la oposición en su conjunto, dejando de lado las abismales diferencias que existen entre los distintos sectores que no comulgan con el macrismo, e incluyendo en la descalificación a aquellos que fueron muchas veces funcionales a las iniciativas del oficialismo. Funcionarios de primera línea del gobierno calificaron de «irresponsables» y demagógicas a las bancadas opositoras, y el propio Macri insistió en esta calificación en su mensaje del 8 de mayo, en el que sugirió que si no fuera por los «palos en la rueda» todo estaría mucho mejor.
Desde algunos sectores de la oposición se criticó al gobierno argumentando que no había generado herramientas para contener la fuga de capitales y defender la economía local de los ataques especulativos. Para el dirigente cooperativista Carlos Heller, en cambio, «el gobierno no está cometiendo errores, sino que está cumpliendo con sus objetivos», entre los que destaca la baja del salario real en dólares y el cierre de paritarias al 15% y sin cláusula gatillo, a lo que se suma la enorme transferencia de ingresos hacia las grandes empresas de servicios públicos.
El llamado al FMI, que pretende ser un alivio para el gobierno, no augura buenas noticias para los argentinos. La relación del país con el organismo comenzó en 1956, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, y su primera etapa puede decirse que terminó el 3 de enero de 2006, cuando Néstor Kirchner ordenó transferir 9.810 millones de dólares para liquidar de una sola vez toda la deuda con el FMI. Era la forma, para el patagónico, de liberarse de una institución a la que acusó de exigir a cambio de préstamos, «políticas que perjudican el crecimiento». Fue una decisión concertada con el entonces presidente brasileño, Lula da Silva, quien había pagado cada dólar que su país debía al Fondo pocas semanas antes.
En años que van de 1956 a 2006, el organismo forzó sucesivos planes de ajuste. Fue también promotor de las privatizaciones en la década del 90 y quedó muy desprestigiado internacionalmente con la caída de la convertibilidad. El 2001 había comenzado con el anuncio de un blindaje del FMI para apuntalar al gobierno de Fernando de la Rúa. El final es conocido.
Revista Acción, segunda quincena de Mayo de 2018
por Alberto López Girondo | May 16, 2018 | Sin categoría
Unos 70.000 manifestantes recorrieron la capital de Bélgica y de la Unión Europea, Bruselas, en reclamo de «jubilaciones dignas», convocados por las tres centrales obreras -la izquierdista FGTB, la cristiana CSC y la liberal CGSLB- y el sindicato del transporte, UBT. Entre los reclamos figura volver a la edad de retiro a los 65 años y no los 67 proyectados para el 2030, llegar al 75% de ingreso medio como base en lugar del 60% actual, y una pensión garantida de 1500 euros, «que es el mínimo necesario para vivir» en esa nación. Actualmente el promedio es de 883 euros para las mujeres y 1181 los hombres, recuerdan los gremios, para una línea de pobreza que estiman en 1157 euros al mes.
Portando carteles que exigían pensiones justas, dice la crónica de RTL, un canal belga de capitales alemanes, los manifestantes emprendieron su caminata desde el Boulevard Albert II para culminar en la Gare du Midi, la estación central ferroviaria de Bruselas.
«El gobierno se acostumbró a atacar a los más débiles, los desempleados, los enfermos y los jubilados y debe abandonar esta reforma hasta que hayamos discutido el sistema a fondo», declaró a RTL Robert Vertenueil, titular de la Federación General de Trabajadores de Bélgica (FGTB).
«Queremos un sistema de pensiones que sea digno y suficiente para vivir», agregó a su turno Marie-Helene Ska, secretaria general de la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC). «Tenemos la impresión de que el gobierno quiere hacer un sistema más barato, sin financiación alternativa, y así las personas que sigan trabajando tendrán una pensión más baja», remató Olivier Valentin, de la Central General de Sindicatos Liberales de Bélgica CVGSLB).
La Unión Europea viene planteando reformas en el sistema de jubilación de todos sus países miembro en forma insistente desde hace años y específicamente el primer plan fue establecido en 2011. En algunos casos, como en Portugal, España y Grecia en su momento, a raíz de la crisis del 2008, de un modo prácticamente compulsivo. En otros mediante mecanismos más políticos, pero siempre direccionados a la baja de beneficios y al aumento de la edad de aportes o de retiro. Así fueron entrando en ese régimen Francia, Italia y Gran Bretaña, ahora con un pie afuera de la UE.
Del mismo modo, los sindicatos belgas se vienen movilizando para frenar esta embestida demoledora contra los derechos de los trabajadores en actividad y letal contra los pasivos. El 19 de diciembre pasado habían movilizado a unas 30 000 personas y desde hace un mes venían organizando esta marcha de hoy.
El hecho relevante de la reforma jubilatoria que impulsa la UE pasa por el llamado Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, aprobados en 2013 y que deben entrar en vigencia a partir de enero de 2019.
Estos artificios determinan un ajuste en las jubilaciones de acuerdo «a la evolución de la esperanza de vida». Esto es, si se estima que un nuevo jubilado va a vivir más años, es claro que por lo tanto va a cobrar su ingreso por más tiempo. El concepto de «justicia» que manejan los que idearon este modelo es que el monto a percibir debe bajar para que la prestación global pueda repartirse entre todos los que contribuyeron a lo largo de más tiempo.
«La aplicación del factor de sostenibilidad en 2019, que vincula la pensión a la esperanza de vida, es una herramienta adecuada para conjugar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento de la población», afirma el documento que cuestionan sindicatos de todo el continente y que este miércoles expresaron los belgas en las calles de Bruselas, como lo habían hecho hace algunas semanas los españoles y los franceses.
Gradualmente ese Factor se modificará, con revisiones cada cinco años, y regirá para cada nuevo jubilado al momento del retiro. El primer índice, según algunos analistas -ya que oficialmente aún no se dijo nada- debería ser del orden del 0,57%. Esto implica que una jubilación que debería ser de 1.000 euros pasará a ser de 994,3 euros .
Precisamente el gobierno de Mariano Rajoy, que viene soportando palos por su política de ajustes en general y por los escándalos de corrupción que estallan cada rato en su partido, el conservador PP, recibió a fines de abril un tirón de orejas desde Bruselas -claro que de parte de la UE- por no haber hecho los recortes que se le exigen en el sistema previsional.
Rajoy había aceptado un aumento en las jubilaciones de 0,25 % en marzo, lo que despertó la ira de los españoles, que salieron como hace años no lo hacían a protestar en la naciente primavera madrileña. La UE reconoce que «la mejor situación de los jubilados en España se debe al hecho de que las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. durante la crisis». Pero exige»medidas para garantizar un aumento adicional de ingresos y medidas para garantizar que el gasto en pensiones sea eficaz y efectivo».
O sea, que apliquen la tijera sin más demora, que enero del 19 está a la vuelta de la esquina.
Tiempo Argentino, 16 de Mayo de 2018
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