por Alberto López Girondo | Abr 23, 2018 | Sin categoría
Que Daniel Ortega no es amigo de Estados Unidos se sabe desde que en su juventud se unió a los grupos antisomocistas que se manifestaban en la Universidad Centroamericana, donde estudiaba derecho. Fue uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que puso fin a la dictadura en 1979 y ejerció la primera magistratura en dos tramos: hasta 1990 y desde 2007 hasta ahora.
Que los sucesivos gobiernos estadounidenses lo tienen en la mira a él y a todo lo que huela a sandinismo se sabe desde antes de que los rebeldes tomaron el poder.
Las revueltas que se vienen registrando en estos días en Nicaragua y que causaron unos 28 muertos, para Ortega, tienen como fin desestabilizar a su gobierno y si prosperan, a derrocarlo con un ¨golpe suave¨.
El presidente, reelecto con 2016 con más del 70 % de los votos y con su esposa Rosario Murillo como vice, ve en estas movidas la mano de los servicios de EEUU y de ONGs financiadas desde Washington.
Pero algunos de los ex aliados del FSLN, al igual que varios países, se sumaron para reclamar ¨democracia¨. Lo dijo quien fuera su vice en los 80, el flamante premio Cervantes Sergio Ramirez, y la escritora Gioconda Belli.
El papa, incluso, pidió pacificar los ánimos para evitar más derramamientos de sangre, y desde Managua, Ortega aceptó el convite y desechó una reforma a la ley previsional que había desatado las protestas.
El 16 de abril pasado, el gobierno había aprobado una modificación a la ley que regula el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que establecía nuevas tasas de aporte a las jubilaciones. En primer lugar, se planteó una suba en la tasa que aportan las empresas de un 3,5 puntos porcentuales hasta llegar al 22,5% en 2020. Paralelamente, los trabajadores pasaban a pagar del 6,25 al 7%.
Pero las protestas se montaron sobre un impuesto del 5% a las jubilaciones.
Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los empresarios, pero no por lo que les tocaba en su propio bolsillo sino que alertaron de los retoques a los asalariados o los pensionados.
De inmediato las redes sociales se sumaron en cuotas de indignación crecientes.
El viernes hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías o grupos afines al gobierno que dejaron un saldo, según las autoridades, de 10 muertos, y según los opositores, de al menos 28, que es la cifra que establecieron los medios hegemónicos.
Hubo lo que en Venezuela se llama ¨guarimbas¨, dicen en el oficialismo, y saqueos, atribuidos a grupos de encapuchados financiados desde el exterior. En ese marco, un grupo de personas tumbaron un monumento en honor del líder bolivariano Hugo Chávez.
Ante el cariz que iban tomando las cosas, el domingo Ortega anunció que quedaba descartada la reforma y llamaba a sectores de la oposición y a la iglesia católica a sumarse a una mesa de diálogo para resolver la cuestión.
Para Ortega, es indispensable meter mano en el sistema previsional porque está colapsado. Así lo había hecho saber el Fondo Monetario Internacional en 2017. Según el FMI, para el año que viene todo va a estallar a menos que el gobierno suba la edad jubilatoria o el tiempo necesario de trabajo para obtener un retiro. Ortega señaló que prefería una suba porcentual de aportes porque la consideró más equitativa.
Luego del triunfo arrollador en las últimas elecciones, Ortega viene padeciendo una merma en su poder, en gran medida como consecuencia de la situación económica internacional. Por un lado perdió velozmente apoyos políticos como los del kirchnerismo en Argentina, del PT en Brasil o de Rafael Correa en Ecuador.
Además, al tiempo que avanza la recesión de las mayores economías del mundo, tuvo un traspié con el proyecto para construir un canal interoceánico para buques de gran calado.
Pensado como una alternativa al de Panamá, es una vieja aspiración de los nicaragüenses, que a fines del siglo XIX ya habían tenido la posibilidad de convertirse en el paso obligado para los buques que comercian entre Europa y Asia. Pero así como entonces el proyecto panameño resultó ganador, esta vez la competencia era entre los capitales chinos que se presentaron para construir esa obra de ingeniería monumental y los que pretendían solucionar el asunto ampliando Panamá.
El gobierno chino terminó firmando un convenio con Panamá mientras que el empresario que prometía las millonarias inversiones el costo se estimaba en 50 mil millones de dólares- Wang Jing, parece haber perdido todo en la bolsa de Shanghai. O al menos esa es la información que circuló en los medios.
El gobierno asegura que si bien hay demoras, el proyecto seguirá firme pero los plazos para el comienzo no están claros.
En estas circunstancias, los grupos más derechistas del congreso de Estados Unidos vienen saboreando la posibilidad de una venganza que se la tienen jurada a Ortega desde hace 38 años por lo menos.
En 1981, ante la escandalosa ofensiva del gobierno de Ronald Reagan para derrocar al sandinismo con el apoyo a fuerzas terroristas ¨financiadas en forma irregular por la CIA derivando fondos de la venta encubierta de armas y hasta de narcóticos, en lo que se llamó el «escándalo Irán Contras»- el FSLN denunció el caso en la Corte de La Haya.
El Tribunal internacional falló en 1986 en favor del país centroamericano y condenó a Estados Unidos a pagar una fuerte indemnización se calcula que debían ser 17.000 millones de dólares- por los daños ocasionados al pueblo nicaragüense debido a la intromisión de ese país en los asuntos nacionales.
Ningún gobierno estadounidense reconoció el fallo y hasta desconocen la exisencia misma de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En 1990 el sandinismo perdió el poder en elecciones libres y la nueva presidenta, Violeta Chamorro, desistió del reclamo, pero al volver al poder en 2007, Ortega volvió a la carga.
En 2016, desde el Congreso de Estados Unidos comenzaron a elaborar un plan para evitar la reelección de Ortega y dieron lugar a la iniciativa Nica Act. De la mano de Ileana Ros-Lehtinben, notoria líderesa de cuanta propuesta en contra de gobiernos populares surja en el Capitolio, la normativa (NICA es el acrónimo en inglés para Ley de Condicionamiento de la Inversión en Nicaragua) es la vieja receta de bloquear cuentas y dificultar transacciones a gobiernos no amigables con Washington.
De entrar en vigencia, el país quedaría virtualmente estrangulado ya que Estados Unidos es el destino principal de las exportaciones nicaragüenses y de los emigrados proviene el 6% del PBI mediante las remesas. El argumento de la represión de Ortega puede ser una excusa formidable para acelerar ese nuevo bloqueo a un país latinoamericano que no comulga con la Casa Blanca.
Tiempo Argentino, 23 de Abril de 2018
por Alberto López Girondo | Abr 21, 2018 | Sin categoría
La imagen del teólogo de la liberación Leonardo Boff a un costado de la puerta de ingreso a la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde está alojado el expresidente Lula da Silva, es como para un cuadro naturalista. De campera roja y sentado en un asiento de calle, sus brazos apoyados en el bastón y la mirada perdida, ilustran el desasosiego de un hombre que ya había sido condenado al silencio por Joseph Ratzinger, un futuro Benedicto XVI, por su interpretación de la Iglesia católica en favor de los pobres.
Al igual que el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, debieron quedarse a esperar un permiso que nunca llegó para ver al mandatario brasileño detenido el 7 de abril. Lula no sólo está detenido en el marco de una acusación que considera injusta, sino que el líder político más importante de la historia brasileña está a merced de la voluntad de la jueza federal Carolina Lebbos, que es quien autoriza las visitas.
Había ocurrido ya con nueve gobernadores que intentaron abrazar al exdirigente metalúrgico y debieron esperar el permiso de ingreso.Lo que sirve de demostración para los partidarios del político que encabeza todas las encuestas para las elecciones de octubre de que castigan a Lula, tratan de bloquear su posibilidad de presentarse como candidato, pero sobre todo lo quieren mantener aislado.
Pérez Esquivel había tratado de ver a Lula el miércoles y el jueves, pero en ambas ocasiones la puerta del penal permaneció cerrada. El Nobel argentino había hecho dos pedidos, una visita como amigo del exmandatario y la otra como presidente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
En este caso, pidió inspeccionar las condiciones de la prisión para que se cumplieran las «Reglas de Mandela», un protocolo de la ONU para el tratamiento de presos que establece principios como el respeto a la dignidad humana y la prohibición de la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o degradante. «Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad», dice en uno de sus puntos centrales.
Pero Lebbos, jueza sustituta de la 12ª Circunscripción Federal de Curitiba, que también se encargó de supervisar la ejecución de la condena al empresario Marcelo Odebrecht, sostiene que ¨no hay indicios de violación de los derechos de los custodiados en el establecimiento que se pretende inspeccionar¨.
La magistrada respondió que no desprecia las Reglas de Mandela pero se escuda en que son solo recomendaciones, ¨no imposiciones¨. Más aún, indica que Serpaj no es un organismo fundado en el tratado de Derecho Internacional y no integra la ONU.
Genéricamente, Lebbos se excusa de otorgar el permiso de inspección en que ¨la repetición de esas verificaciones (de las que ya se hicieron tres petitorios) es incompatible con el funcionamiento de la PF y dificulta la rutina de la Superintendencia en relación con los presos¨.
Por tal razón, informó que autoriza visitas de familiares y de abogados los jueves que sean días hábiles y fines de semana. En cuando a los que intenten hablar con Lula para testimoniarle su afecto y su apoyo, responderá caso por caso y a voluntad, ya que entiende que la pena implica una restricción a visitas de políticos.
La situación procesal de Lula, mientras tanto, está pendiente de nuevos recursos en estrados judiciales. Pero sorpresivamente un juez del Supremo Tribunal de Justicia, Marco Aurelio Mello, dio lugar a un pedido del Partido Comunista do Brasil para declarar anticonstitucionales las prisiones con fallos de cámara, antes de una sentencia firme fundada precisamente por la Corte.
De haber una acordada en tal sentido, esto implicaría la liberación de Lula y de varios detenidos por la causa Lava Jato. Y también de un reo muy vinculado al exmandatario, José Dirceu. El que fuera jefe de Gabinete en el primer gobierno del metalúrgico luego de haber articulado las alianzas que le permitieron llegar al gobierno en 2003, había sido condenado a 20 años y diez meses acusado por delitos de corrupción. Ahora una cámara de segunda instancia aumentó la sentencia a 30 años, nueve meses y diez días.
Aecio Neves, hasta las manos
Los mismos que colaboraron especialmente para la destitución del Dilma Rousseff y la demonización de Lula da Silva, operaciones para las que el excandidato del PSDB AecioNeves fue una pieza clave en el Congreso, ahora cuestionan ácidamente al senador. No por moralistas, sino porque como ocurre con la revista Veja, temen que su complicada situación procesal termine por afectar la campaña presidencial del exgobernador Geraldo Alckmin, del mismo partido y el crédito de los medios hegemónicos para suceder a Michel Temer.
Neves perdió por poca diferencia contra Rousseff en 2014 y desde entonces participó de la estrategia de desgaste sobre su gobierno. Luego encabezó el voto para su destitución en el Senado. Ahora, acusado por haber solicitado una coima de dos millones de reales (unos 590 mil dólares) al empresario de la carne Joesley Batista, será juzgado por el Supremo Tribunal brasileño en causas por corrupción y por obstrucción a la justicia.
La ironía es que el dinero, según cuenta en la grabación subrepticia que le hizo Batista, de la familia propietaria del mega-frigorífico JBS, era para pagarles a los abogados que lo estaban defendiendo en otras siete causas por corrupción.
Tiempo Argentino, 21 de Abril de 2018
por Alberto López Girondo | Abr 18, 2018 | Sin categoría
El viernes que viene, cuando los mandatarios de las dos Coreas se vean las caras por primera vez, le pondrán punto final a una guerra que comenzó en 1950 y por la que en los campos de batalla dejó de combatirse en 1953 pero que hasta ahora, por increíble que parezca, sigue vigente. La revelación del diario Munhwa Ilbo, citando a un funcionario surcoreano no identificado, le pone un marco al encuentro que mantendrán el primer ministro norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in y adelanta la reunión que a fines de mayo, se supone, tendrán Jong Un con el presidente estadounidense Donald Trump. Mientras que muchos entienden la escalada bélica en Siria como el prolegómeno de una nueva Guerra Fría, un acuerdo de paz entre los dos países en que quedó dividida la península asiática sería el cierre de la que precisamente comenzó allí a diseñarse a poco de haberse producido la revolución china.
Es que el triunfo definitivo de las milicias lideradas por Mao Zedong en la guerra civil, el 1 de octubre de 1949, provocó un cataclismo en el tablero político de la región que habían establecido en Yalta algunos años antes el británico Winston Churchill, el estadounidense Franklin Roosevelt y el soviético Josif Stalin.
Esos acuerdos para el reparto del mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial incluían la partición de la península coreana en dos naciones, una al norte del paralelo 38 bajo la influencia soviética y otra al sur, con preeminencia de las potencias occidentales emergentes de aquella contienda.
Pero un gobierno comunista en Beijing cambiaba todo. Corea fue reconocida como país independiente por la ONU en 1947 y al año siguiente se plasmó la división entre el norte comunista y el sur capitalista.
Fue en ese contexto que tropas del norte acudieron en auxilio de militantes gremiales y políticos perseguidos por el gobierno anticomunista y pro-estadounidense de Syngman Rhee. Hubo un acelerado avance de las tropas comunistas pero luego un tambièn veloz repliegue ante efectivos del sur que recibieron el apoyo de fuerzas al mando del mítico general Douglas MacArthur, el mismo que había logrado al rendición de Japón y había instaurado la nueva constitución japonesa, aun vigente.
De pronto entró en escena el nuevo jugador, la China de Mao. MacArthur propuso el gobierno de Harry Truman arrojar bombas atómicas sobre territorio chino. El alocado general fue destituido y enviado a casa. No era la primera vez que MacArthur se convertía en parte del problema y no de la solución para Washington. Fue la última.
Hay un diálogo espeluznante entre un representante del gobierno de Truman y Mao que reproduce Henry Kissinger en su libro más que recomendable (hay que decirlo) del instigador de las dictaduras genocidas en América Latina sobre China. Ese profuso y bien documentado material fue la base sobre la que convenció a Richard Nixon de reunirse con el líder chino para restablecer relaciones diplomáticas y regresar al milenario país al concierto de las Naciones Unidas, en 1972.
El negociador norteamericano le dice a Mao, según Kissinger, que tienen bombas atómicas, como se pudo comprobar en Nagasaki e Hiroshima, capaces de arrasar con China en pocos minutos.
El jefe de Estado comunista, sin inmutarse y quizás con un tono de rosna, comentó: «Pueden matar a 100 millones, 200 millones de personas, tenemos 400 millones más».
Como parte de aquel conflicto en Corea, las naciones occidentales forzaron a la ONU a apoyar una intervención total en para volver a las fronteras del paralelo 38 que habían acordado con Stalin. En ese incipiente organismo internacional las tensiones y las trampas ya habían dado comienzo y a la reunión del Consejo de Seguridad (del que formaba parte la URSS y Taiwán como gobierno reconocido de toda China) no fueron representantes soviéticos, porque no las habían avisado. De modo que se aprobó la intervención militar sin el veto del único que lo hubiese hecho.
Al cabo de una feroz contienda de tres años y un mes, quedaron el los campos de batalla casi cuatro millones de muertos. Fue técnicamente un empate, ya que luego de las embestidas y retrocesos iniciales de cada uno de los bandos, se produjo un estancamiento que a menos que la guerra se extendiera -algo que ninguno quería- no hubiese producido resultados.
El 27 de julio de 1953 se firmó el Armisticio en Panmunjong entre el gobierno del abuelo del actual mandatario norcoreano, Kim Il-sung, y representantes del presidente Dwight D. Eisenhower. Un simple tratado de no agresión que dejó afuera a Surcorea. Para Seul y Pyongyang, la guerra en realidad continúa.
A partir de entonces, las dos naciones crecieron de un modo dispar. El sur, convertido en una potencia industrial de primera magnitud, el norte en una potencia nuclear de riesgo para sus enemigos. Al mismo tiempo fueron registrándose acercamientos y diferencias entre Washington y Pyongyang.
Los pocos avances diplomáticos fueron seguidos por fuertes controversias y amenazas de desatar una apocalipsis nuclear que anotó a cada uno de la dinastía Kim como el «loco de turno» para Washington. La posición más clara sobre esta cuestión fue seguramente la de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quien trató por todos los medios de bloquear cualquier posible unidad de Corea. «Un país con el desarrollo industrial del Sur y armamento nuclear del Norte sería peligroso», era su lema.
Donald Trump siguió esa línea, quizás porque montarse en el perfil de un personaje tildado de loco por los medios occidentales lo podría hacer parecer cuerdo, por comparación. Pero sorpresivamente anunció que iba a aceptar una entrevista con Kim Jong-un que se llevaría a cabo a fines de mayo. Kim también abrió el juego a una cumbre con el jefe de Estado sureño, Moon Jae-in.
Seul enfrenta una crisis política de importancia. Moon asumió su cargo en mayo del año pasado. Ganó las elecciones adelantadas de ese año por la destitución de Park Geun-hye, envuelta en un escándalo de corrupción y detenida. En ese affaire aparece involucrado el presidente y heredero del gigante electrónicoSamsung, Lee Jae-yong, condenado a cinco años de prisión.
Kim Jong-un, en tanto, fue acusado por organismos extranjeros de ser autor intelectual del envenenamiento de su hermanastro Kim Jong-nam en Malasia, en febrero de 2017. También lo acusan de haber ejecutado a su tío, Jong Song-thaek, y a otros 15 oficiales de las Fuerzas Armadas desde que llegó al poder por la muerte de su padre, en diciembre de 2011, cuando tenía 28 años.
Tiempo Argentino, 18 de Abril de 2018
por Alberto López Girondo | Abr 17, 2018 | Sin categoría
Cuba está a horas de ponerle fin a toda una era, la de la generación que tomó el poder el 1 de enero de 1959. Este miércoles, la Asamblea Nacional elegirá al nuevo presidente de la República, el que sustituirá a Raúl Castro y será un representante de las nuevas camadas formadas en el período revolucionario.
La fecha para la elección sorpresivamente se adelantó un día y se mantiene la incógnita sobre quién será el nuevo mandatario cubano. Estos días los cubanos celebraron el 57º aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, y precisamente este jueves se recuerda la invasión a Playa Girón. Fueron dos acontecimientos no casuales que templaron el proceso iniciado con el asalto al Cuartel Moncada, en julio de 1953.
La Asamblea Nacional estaba convocada para sesionar en febrero, luego de la apertura del período electoral, en noviembre de 2017. Pero los destrozos causados por el Huracán Irma obligaron a poner todos los recursos en la reconstrucción antes que en la elección.
Fuentes diplomáticas sostienen que el nuevo cambio de fecha implica extender las sesiones un día más para llegar al 19 ya con un presidente, un consejo de Estado y todos los nuevos funcionarios nombrados. De este modo, se puede dedicar ese día para iniciar esta nueva etapa con las bendiciones de aquella gesta histórica del 19 de abril de 1961, cuando milicianos y efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias derrotaron a las tropas irregulares entrenadas y financiadas por el gobierno de Estados Unidos.
Con el juramento de los 605 diputados que resultaron electos en 11 de marzo pasado, este miércoles quedara constituida la IX Legislatura. Una vez cumplida esta ceremonia, los presentes elegirán al titular del parlamento y del Consejo de Estado.Esta institución está conformada por el primer mandatario (el cargo es Presidente del Consejo de Estado) , el primer vicepresidente, cinco vicepresidentes, un secretario y 23 integrantes del gabinete.
Como se dijo, el proceso se inició en noviembre de 2017, cuando fueron electos 11.415 delegados en 12.515 circunscripciones municipales. Esos delegados fueron los encargados de aprobar en cada Asamblea Municipal del Poder Popular las candidaturas a delegados provinciales y diputados.
En las elecciones generales de marzo depositaron su voto más de siete millones de cubanos, alrededor del 85% de los ciudadanos, según la Comisión Electoral Nacional (CNE).
La presidenta de ese organismo, Alina Balseiro, indicó que la nueva Asamblea Nacional está integrada por un 47,44% de dirigentes de base; el 53,22% de sus miembros son mujeres y el 13,22% tienen menos de 35 años.
Esta vez, se producirá una separación de cargos entre el partido y el gobierno. Castro ya había anunciado que este era su último mandato cuando asumió su segundo turno, en 2013. Pero se mantendrá como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba hasta 2021.
La pregunta del millón es quién será el nuevo Presidente del Consejo de Estado en lugar de Raúl, el hermano del líder histórico de la revolución, Fidel Castro, quien murió el 26 de noviembre de 2016.
El nombre que todos los analistas occidentales tienen en mente es el del actual primer vicepresidente, Miguel Díaz Canel, quien dada la avanzada edad del presidente (86 años) está al frente de los temas cotidianos en la conducción del país desde 2012. Este ingeniero electrónico de 58 años es un cuadro político de relevancia que ya ocupó cargos en el área de Educación.
Pero la elección es secreta y obedece a inclinaciones que no pueden ser tan fácilmente evaluables, destacan los expertos. En ese sentido, es bueno aclarar que no hay encuestas, como en el resto del mundo, que adelanten o yerren en el pronóstico, de modo que podría haber sorpresas, agregan.
Así es que la figura de Mercedes López Acea tomó fuerza en las últimas semanas. También ingeniera, que en su caso forestal, tiene 54 años, es vicepresidenta y para algunos poner una mujer el frente del país no sería una opción a desechar en esta etapa.
Los otros dos nombre que están en el candelero son nacidos apenas antes de la revolución, aunque todos fueron formados desde que Fidel, Raúl, el Che Guevara y el ejército rebelde lograron terminar con la dictadura de Fulgencio Batista.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla tiene 60 años y está en su cargo desde 2009, cuando fe designado por Raúl Castro. Especialista en derecho internacional, es un hombre calmo pero firme en la defensa de los intereses cubanos en el exterior. Es hijo de un dirigente de la primera camada revolucionaria y nació en México.
Otro nacido antes del 59 es Lázaro Espósito Canto, de 63 años. Primer secretario del PC de Santiago de Cuba, protagonizó fuertes cambios en su región a tono con las directivas del gobierno nacional y tiene mucho prestigio en el interior del país. Un haber que también cuenta en un congreso tan amplio y representativo como ese.
Entre los desafíos que deberá enfrentar el futuro mandatario figura profundizar las reformas económica iniciadas por Raúl desde que sustituyó a Fidel, en 2006. Pero además, se encuentra con un clima adverso con Estados Unidos, que a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca tiró por la borda con el acercamiento que Barack Obama había comenzado en diciembre de 2014 en una histórica conversación telefónica que buscaba poner fin a más de medio siglo de ruptura de relaciones.
El polémico empresario estadounidense reforzó medidas contra el gobierno, entre ellas el bloqueo económico, que tantas dificultades causa en la isla ubicada a apenas 90 millas de territorio norteamericano. Y extendió un bloqueo a Venezuela, uno de los amigos más leales de Cuba desde la llegada de Hugo Chávez a Miraflores, en 1999.
Tiempo Argentino, 17 de abril de 2018
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