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Rusia exige a Trump pruebas de que Siria atacó con gas sarín en Idlib

por | Abr 12, 2017 | Sin categoría

El gobierno de Vladimir Putin exigirá a Donald Trump que presente pruebas de que Siria atacó con armas químicas en la ciudad de Jan Sheijun, provincia de Idlib, la excusa para ordenar la andanada de misiles que descargó sobre una base militar en Homs y que puso en vilo a la comunidad internacional. Será este martes cuando el secretario de Estado Rex Tillerson visite Moscú. «Que venga y que nos explique lo que hicieron. Le vamos a decir todo lo que pensamos», señaló a la cadena NTV la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.

El sorpresivo ataque ordenado por Trump con misiles Tomahawk, según deslizan cerca de Putin y coinciden analistas internacionales, tenía como objetivo demostrar –mediante una peligrosa exageración de recién converso- que para nada es amigo del presidente ruso, principal sostén internacional de Bashar al Assad. Y que detrás de ese bombardeo sobre la base de Shairat, en la provincia de Homs, está el interés de realinear a la coalición occidental.

En ese sentido, en las últimas horas Bélgica y Alemania adelantaron un paso al costado de la coalición militar destinada a combatir al grupo yihadista Estado Islámico (ver aparte). Los últimos atentados en Suecia, Bélgica, Alemania y antes Francia tienen mucho que ver con esta decisión, pero también que no les queda claro hacia dónde quiere ir Trump o hasta dónde lo dejará el establishment, que desde que ganó la elección viene fustigando su pretendido acercamiento a Putin.

En la madrugada del jueves pasado, fueron lanzados 59 misiles de crucero Tomahawk desde el portaaviones USS George H. W. Bush, de la Sexta Flota apostada en el Mediterráneo, contra la base aérea siria de Shairat, causando al menos siete muertos, dos de ellos civiles.

La ofensiva unilateral estadounidense fue, según Trump, en respuesta a un supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad de Jan Sheijun que causó 84 muertes y más de 500 heridos y había sido denunciado tres días antes por la opositora Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria, una ONG con sede en Londres.

Las imágenes de niños y adultos bajo los efectos del gas sarín conmovieron a todo el mundo y levantaron quejas en los grandes medios contra el gobierno de Al Assad, acusado de haber vuelto a viejas prácticas de utilizar químicos prohibidos por los protocolos de la guerra. Desde Damasco respondieron que todas las armas no convencionales en manos del gobierno sirio habían sido destruidas con supervisión de Naciones Unidas, tal como marcaron los acuerdos entre Barack Obama y Putin en 2014. Y que el ataque en Jan Sheijun fue contra una base del EI, que si eso desencadenó una nube letal es porque los terroristas tenían esas armas atesoradas en el lugar.

El canciller ruso, Sergei Lavrov, insiste en la posición de Moscú: no hay pruebas de que las tropas de Al Assad hayan usado armas químicas. «Esto recuerda a 2003 cuando Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliado, invadieron Irak sin autorización del Consejo de Seguridad usando como excusa que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva » que, por otro lado, nunca se encontraron. Este martes, Lavrov y el secretario de Estado Rex Tillerson se verán los rostros en Moscú, y el ruso ya adelantó que le piensa decir en la cara todo lo que piensa de esta peligrosa movida.

¿Esta maniobra implica un giro copernicano de Trump sobre su planteo inicial de cambiar de cuajo las relaciones internacionales de Estados Unidos? Se recordará que el empresario dijo en campaña y anunció desde que se mudó a la Casa Blanca, el 20 de enero, que la política de Obama había sido errada, que era necesario coordinar con Rusia la forma de manejar las relaciones internacionales. Además, que EE UU no iba a seguir haciendo el mayor gasto para sostener a la OTAN en Europa, y que los europeos debían hacerse cargo de cuidar de sus propias espaldas.

De cara al frente interno, Trump quiso representar la demanda de sectores afectados por la globalización, como los asentados en el «cinturón de óxido», la región del medio este donde prosperó la industria automotriz. Un cambio radical en relación al crecimiento de áreas como Silicon Valley, con su ultrasofisticado desarrollo tecnológico, y el aparato militar industrial, que hace negocios con la guerra. Esto bastó para enfrentarlo a la dirigencia política, la burocracia estatal (el llamado Estado Profundo) y los servicios de inteligencia y los medios hegemónicos.

Obama dejó el gobierno despotricando contra una presunta injerencia de Putin en la campaña a favor de Trump, culpando a espías rusos de haber hackeado cuentas de correo de su candidata, Hillary Clinton, quien sin embargo logró 3 millones de votos más en el conteo final. La embestida creció desde el 20 de enero al punto de que obligó a la renuncia de su designado asesor en Seguridad Nacional, el general Michael Flynn. El sucesor del puesto que alguna vez ocupó Henry Kissinger fue «acusado» de haber mantenido reuniones con el embajador ruso en Washington. El mismo cargo pesa sobre varios de los funcionarios designados por Trump.

El viernes, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, expresaba su preocupación por la escalada bélica en Siria, Trump celebraba en Florida el «formidable avance» de sus relaciones con China, durante el segundo día de visita oficial del presidente chino, Xi Jinping. En la Bolsa de Nueva York, en tanto, las acciones del fabricante de los misiles Tomahawk, Raytheon, subían el 1,72 por ciento. Mucho en los términos en que se manejan las acciones en el centro del poder financiero internacional. Raytheon, para los fundadores de la compañía, quiere decir “Luz de los dioses”.

Tiempo Argentino
Abril 9 de 2017

 

 

 

 

Marcha atras del gobierno en Caracas y del Mercosur en Buenos Aires

por | Abr 8, 2017 | Sin categoría

En menos de 24 horas, la intervención de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desactivó una decisión del Tribunal Supremo de Justicia arrogándose funciones legislativas, con el simple expediente de decir que, como planteaban en fila los sectores opositores y la derecha internacional pero también muchos dentro del chavismo, esa medida atentaba contra la Constitución.

Lo que vino después aceleró un trámite que se percibía intrincado: el Consejo de la Defensa de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro –sin la presencia de Ortega Díaz ni del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges– determinó que el polémico fallo debería volver atrás, cosa que el TSJ cumplió de inmediato. Así, los cancilleres de los países fundantes del Mercosur, convocados de urgencia a Buenos Aires, también recularon en lo que apuntaba a la aplicación de alguna sanción grave contra Venezuela, ya suspendida por la adecuación de normativas burocráticas para la incorporación plena al organismo regional.

Las controvertidas decisiones numeradas como 155 y 156 del TSJ se referían a dos cuestiones concretas. Una quitaba la inmunidad legal a los integrantes de la Asamblea Nacional, la otra derivaba en el propio tribunal funciones legislativas reconocidas para el Parlamento. Desde el oficialismo defendieron esta medida como un modo de garantizar la gobernabilidad en el marco de un continuo hostigamiento de la Asamblea, dominada por la oposición, que bloquea cualquier intento de encauzar la difícil situación económica por la que atraviesa el país.

La diputada Tania Díaz, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la agrupación política creada por Hugo Chávez, recordó en un reportaje al programa Ida y Vuelta, de Radio Cooperativa, que «el 9 de enero la Asamblea Nacional decretó el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, un acuerdo aprobado solo que no hubo escándalo ni denuncia de golpe de Estado, porque los medios están alineados a los grandes capitales que quieren venir a apropiarse de la renta petrolera».
Para explicar cómo se llegó hasta acá se debe señalar que la Asamblea se negaba a aprobar la posibilidad de que el gobierno constituyera empresas petroleras mixtas, una forma de obtener recursos mediante PDVSA ante la baja de ingresos por los valores del casi exclusivo producto de exportación del país. La sentencia 156 de la Sala Constitucional del TSJ le daba esa facultad al Ejecutivo sin pasar por el Legislativo.

El enfrentamiento entre la Asamblea y el Palacio Miraflores se hizo habitual desde que la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática, (MUD) ganó las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015. El triunfo fue abrumador pero generó una controversia ya que la elección de tres diputados de la región amazónica fue impugnada por el TSJ a raíz de denuncias de fraude. Esas tres bancas le permitían a la MUD contar con más del 66% de los curules, lo que daría pie incluso a una reforma constitucional.

La Asamblea, decidida a capitalizar el resultado de las urnas, de todas maneras les tomó juramento. Las diferencias se fueron acentuando y de poco sirvió la intervención del Papa Francisco, que envió a un representante para abrir una mesa de diálogo con participación de expresidentes de varios países. La oposición quería un referéndum revocatorio que el gobierno fue demorando a la espera de mejores momentos políticos.

A esta altura, los gobiernos derechistas regionales apuraban definiciones contra Venezuela para consolidar sus políticas neoliberales y así fue que en el Mercosur, los gobiernos de Argentina, el golpista de Brasil y el de Paraguay forzaron a retirarle la presidencia pro témpore a pesar de que Uruguay había planteado su voluntad de seguir las normativas en vigencia.

Por otro lado, un uruguayo que había sido canciller del Frente Amplio, Luis Almagro, comenzó a desplegar desde la OEA una ofensiva antichavista que lo llevó a ganarse la enemistad de líderes de su propia agrupación, como el expresidente José Mujica. El crecimiento de la OEA desde el oriental que llegó a la Secretaría es paralelo al «ninguneo» que sufre Unasur, la creación de Chávez que impulsa una salida negociada para la crisis.
En los primeros días de este año la MUD dio por terminado el diálogo y decretó el abandono del cargo de Maduro. El TSJ respondió declarando en desacato a la Asamblea ya que la Carta Magna no contempla el impeachment.

«Desde que la oposición ganó, la Asamblea Nacional ha desconocido a los demás poderes y se niega a acatar la última palabra en materia de ordenamiento jurídico que garantiza el cumplimiento de la Constitución», sostuvo la diputada Díaz, que hace hincapié en que el Parlamento no hizo nada para investigar el fraude que rodea la elección de los tres diputados amazónicos.

¿Cómo sigue la historia? Por el momento, los países del Mercosur pidieron garantizar la independencia de los poderes y el sistema democrático en Venezuela. «Estamos abogando porque se cumpla el cronograma electoral, para las elecciones a gobernadores, que fueron postergadas en 2016, a autoridades comunales previstas para 2017, y a las presidenciales de 2018», dijo ayer la canciller argentina, Susana Malcorra. Habrá que ver qué hace Almagro, que la semana pasada no logró consenso para imponer a aquel país la cláusula democrática del organismo regional con sede en Washington.

Tiempo Argentino
Abril 2 de 2017