por Alberto López Girondo | Mar 29, 2017 | Sin categoría
Dos gobiernos sudamericanos que por su posición ideológica deberían marchar juntos en el camino de la integración regional, se encuentran enfrentados por las consecuencias de una guerra que solo benefició a las empresas explotadoras de guano, salitre y metales a fines del siglo XIX. Y en estos días, cuando se cumplen 138 años de las primeras refriegas de aquella contienda, la detención de dos militares y siete civiles bolivianos acusados de haber cruzado 400 metros la frontera son el emblema de una escalada de imprevisibles consecuencias entre Chile y Bolivia.
Para el gobierno de Evo Morales, fueron carabineros chilenos los que pasaron el límite estatal, y dicen que se instauró una operación en venganza por el planteo que La Paz hizo en la corte de La Haya en reclamo de una salida al mar. «Sobre todo, porque ese reclamo está prosperando y hay muchas posibilidades de obtener resultados favorables», dicen en fuentes diplomáticas bolivianas.
El disparador de esta explosiva situación se produjo el lunes pasado, cuando desde Santiago se informó sobre la captura de nueve personas que según la presidenta Michelle Bachelet, «estaban en territorio chileno cometiendo delitos; querían robarse nueve camiones con productos y se robaron uno».
De inmediato, desde el Palacio Quemado replicaron que en realidad carabineros chilenos habían ingresado a territorio boliviano para apresar a dos uniformados y siete civiles que estaban haciendo un operativo para desbaratar una maniobra de contrabando con camiones que pretendían ingresar en el país del Altiplano. Para más datos, aseguran contar con los registros de los equipos de GPS de los militares donde se demostraría que el incidente se produjo en jurisdicción boliviana.
El hecho resulta llamativo, al conmemorarse el jueves pasado el Día del Mar, en recuerdo del 23 de marzo de 1879, cuando se desataron los primeros escarceos de la guerra de los tres nombres (del Pacífico, del Guano o del Salitre), que hasta 1883 enfrentó a tropas chilenas, peruanas y bolivianas y que culminó con la derrota de Bolivia, lo que implicó la pérdida de 120 mil kilómetros cuadrados de superficie y 400 kilómetros de costa.
Lo que ahora reclama el gobierno de Morales no es la restitución del territorio, ya que los chilenos se aferran a un tratado conseguido tras la rendición, en 1904, y que involucra también a Perú, sino «un acceso soberano al mar a través de una negociación diplomática y así garantizar una sana convivencia pacífica de los pueblos y la integración de nuestra región»; según los documentos presentados en La Haya.
Lo curioso es que este enfrentamiento se agudiza con un gobierno como el de Bachelet, del Partido Socialista chileno, y otro como el de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS). Más aun si se recuerda que el tema de la salida al mar estuvo a punto de ser resuelto entre dos dictaduras criminales como la de Augusto Pinochet y Hugo Banzer, en 1979.
Para mostrar las razones para el reclamo–además de su contenido simbólico, que los bolivianos comparan con lo que Malvinas representa para los argentinos- Bolivia aportó cifras frías: carecer de una ruta para la exportación a través del mar representa pagar un 31% más en fletes que el resto de los países de la región, un 55,7% más que las exportaciones chilenas, y un 60% más que las peruanas. Por otro lado, sostienen que desde el fin de aquella guerra nefasta para el continente, Chile recibió más de 900 mil millones de dólares por la exportación de cobre extraído de territorio que era de Bolivia.
Tiempo Argentino
Marzo 26 de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 21, 2017 | Sin categoría
Mackie Messer (El Navajas) pasó a la historia no solo por ser un personaje clave de la Ópera de tres centavos de Bertolt Brecht, sino por una frase con la que pretende justificarse minutos antes de ser ahorcado. «¿Qué delito es robar un banco comparado con fundarlo?» Y al menos desde la quiebra del Lehman Brothers, en septiembre de 2008, los grandes bancos no hicieron sino corroborar ese aserto por sus oscuros procedimientos para hacer dinero más allá de todo límite. La parábola podría cerrar con el escándalo de los Panamá Papers, donde claramente aparecen los mismos bancos que hace casi diez años llevaron al mundo a la mayor crisis económica desde 1930.
Pero últimamente grandes marcas industriales se encolumnan en las mayores investigaciones judiciales de varios países por manejos copiados del capitalismo financiero: manipulación de datos, sobornos, evasión y hasta lavado de dinero. Los que descuellan por estos días son la alemana Volkswagen, el segundo mayor fabricante de autos del mundo; Samsung, el coloso de la electrónica coreano; Odebrecht, la constructora brasileña; y Airbus, la trinacional europea productora de aviones comerciales. Pero no son los únicos, ni habrán de ser los últimos seguramente.
En el caso de las instituciones financieras, es bueno mencionar que desde aquel aciago 2008 pagaron la friolera de 321 mil millones de dólares de multas (la mitad del PBI argentino) por delitos detectados por organismos de control estadounidenses, según datos del Boston Consulting Group.
En la lista están el Deutsche Bank, el Credit Suisse, el JP Morgan Chase, el HSBC, el ING, el Lloyds, el ABN AMRO, el Barclays y, más recientemente, el BNP Paribasy el Commerzbank. Que hayan preferido pagar a las autoridades reguladores antes que someterse a juicio indica que el riesgo de pasar por el banquillo es mucho mayor, y no solo a nivel monetario.
Para tener una idea de lo que significa este proceder valga contar que en España hay más de 200 banqueros acusados de delitos económicos. Algunos, como los titulares del Santander, Emilio Botín –ya fallecido– o Emilio Yebra, expresidente del BBVA, fueron acusados de delitos fiscales, otros como el extitular del FMI y ministro de Hacienda español Rodrigo Rato, por utilizar tarjetas de crédito no declaradas cuando fue directivo del Bankia, aunque también enfrenta cargos por haber llevado esa entidad a la bancarrota.
Pero las empresas industriales, esas que se dedican a elaborar productos tangibles, se ven sometidas cada vez más a ese mismo tipo de escrutinios judiciales.
Un caso flagrante es el de Volkswagen, que también prefirió pagar 23 mil millones de dólares a organismos estadounidenses antes que explicar por qué había fraguado un equipamiento electrónico que aseguraba un nivel mínimo de contaminación en motores diesel para burlar los controles oficiales de emisiones. Cuando se detectó la maniobra, el presidente de la compañía, Martin Winterkorn, se cargó todas las culpas y renunció para no profundizar el escándalo. Ya se habían vendido 11 millones de vehículos en todo el mundo, 600 mil solo en EE UU. Este miércoles la canciller alemana, Angela Merkel, tuvo que pasar por una comisión parlamentaria para rendir cuentas, ya que la firma tiene participación estatal. Allí dijo que no supo nada del caso sino hasta que estalló en la prensa, a fines de 2015.
En América Latina el caso Odebrecht resuena en los despachos de cientos de dirigentes políticos, con o sin mandato actual, luego de la orden de los propietarios de la compañía brasileña, un gigante de la construcción que tiene intereses también en la industria química, para que los ejecutivos involucrados en la causa Lava Jato ingresen en el sistema de delación premiada . O sea, que prendan el ventilador en la fiscalía a cambio de morigerar las penas que le cabrían.
En estos días el fiscal Rodrigo Janot tiene en sus manos un frondoso expediente con las declaraciones de casi 80 directivos que salpican a prácticamente toda la dirigencia brasileña, sin distinción de lengua, raza o religión (ver página 23). Pero también involucra a dirigentes de una docena de países de la región e incluso del África lusoparlante. La empresa también pagó multas –2600 millones de dólares en EE UU, Suiza y Brasil– tras reconocer que pagó sobornos. De todas manaeras su presidente, Marcelo Odebrecht, continúa preso y difícilmente eluda el proceso judicial.
La operatoria también roza al expresidente peruano Alejandro Toledo y al colombiano Juan Manuel Santos. Todavía en Argentina no se conocen todos los alcances, aunque ya tocó al jefe de los espías, Gustavo Arribas y a la empresa del primo del presidente, Angelo Calcaterra.
Al mismo nivel presidencial, pero en la lejanía, descuella el hecho que le costó el cargo esta semana a la primera mandataria de Corea del Sur, Park Geun-hye y que llevó tras las rejas al vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, hijo y heredero del fundador de este enorme conglomerado orgullo de la tecnología de su país.
La mandataria tiene –o tenía, quién sabe– una amiga y confidente, Choi Soon-sil, maliciosamente apodada «la Rasputina». La investigación judicial determinó que Soon-sil le había pedido fuertes sumas de dinero a Jae-yong a cambio de facilitarle la resolución de ciertos asuntillos necesarios para el crecimiento de la empresa. Según parece, le habría dado unos 40 millones de dólares para, entre otras cosas, financiar en Alemania el entrenamiento de jinetes surcoreanos. Una de las amazonas es hija de Soon-sil. A cambio de tamaño altruismo, Samsung recibió el aval para la fusión de sus dos unidades de negocios, Cheil Industries y C&T.
Fiscales financieros de Francia y Gran Bretaña, a su vez, investigan desde hace algunas semanas el presunto pago de sobornos para «aceitar» la venta de aviones Airbus en distintas partes del mundo. Airbus Group integra el selecto club de miembros de la industria aeroespacial y de defensa y surgió en 2000 de la fusión de la alemana Daimler-Benz Aerospace AG, la francesa Aerospatiale-Matra y la española CASA.
A mediados de febrero, el gobierno de Austria se sumó a este embate judicial con una demanda por la venta hace 15 años de aviones caza Eurofighters. Argumenta que las autoridades fueron víctimas de un «engaño fraudulento» y reclaman el pago de 1100 millones de euros en daños. Por ahora Airbus dice que no hubo dolo y que no piensan pagar.
Tiempo Argentino
Marzo 19 de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 21, 2017 | Sin categoría
Cementos Mexicanos, más conocida como CEMEX, es una de las mayores productora mundiales de cemento, con 97 millones de toneladas anuales, y opera en 50 países de América, Europa, Asia y África. En la Argentina está inscripta como proveedora de concreto premezclado desde sus tres bases en la Ciudad de Buenos Aires. Nacida en 1906, está identificada como una insignia de los mexicanos y se dice que solo dejó de producir durante un breve período durante Revolución.
A principios de mes dio alguna señal de que aquella vieja frase que se atribuye a Lenin, el líder de la Revolución Rusa, acerca de que los capitalistas se pelearían por vender la soga con la que se los habría de ahorcar, tenía su fundamento: se ofreció a entrar en la licitación para la construcción del muro entre México y Estados Unidos que pretende terminar de levantar el presidente Donald Trump.
Así lo dijo claramente el presidente de la compañía, Rogelio Zambrano, al diario Reforma. «Si pudiéramos cotizar estaríamos en la mejor disposición; no es momento todavía (pero) si alguien nos pide una cotización con gusto lo haremos», dijo Zambrano, y nadie de la empresa lo desmintió cuando lo consultaron de la agencia AFP.
Se entiende, Cemex es el mayor proveedor de cemento y concreto premezclado de Estados Unidos y el presupuesto estimado para la obra es de unos 21.600 millones de dólares. Eso tienta a cualquiera. Por tal razón es que la presidenta de la Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas, propuso que las empresas que participen en la construcción del muro deben ser rechazadas en todos los contratos a los que aspiren con el estado mexicano.
La senadora, destaca un cable de Sputnik Novosti, presentó un petitorio ante la Cámara Alta que «exhorta a los Poderes de la Unión (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) y a los tres niveles de gobierno (federal, estadual y municipal) para que se abstengan de contratar o adjudicar bienes o servicios con las personas o empresas nacionales o internacionales que participen de manera directa o indirecta en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos».
El documento agrega que «el muro no facilitará el intercambio comercial de más de un millón de dólares que cada minuto se realiza en la zona fronteriza», sino que esta destinado a todo lo contrario. El proyecto es completar con un paredón los 3200 kilómetros de frontera, de los que ya fueron construidos 1000 durante las gestiones de Barack Obama y de George W. Bush. De acuerdo al anuncio que oportunamente presentó el gobierno de Estados Unidos, las estructuras deberán ser de hormigón y de no menos de nueve metros de altura.
Más de 60 empresas hispanas mostraron su interés en participar de la obra, según un informe de Telesur. «Honestamente, para nosotros sería antes que nada un trabajo más de infraestructura y creador de empleos, algo que tanto necesitamos en Nuevo México», cita el diario El Universal a Mario Burgos, de la constructora Burgos Group. «Alguien tiene que hacerlo, trabajo es trabajo, sin importar las afiliaciones políticas», señaló a su turno Ricardo Díaz, de Halbert Construction, de El Cajón, San Diego, California.
Tiempo Argentino
Marzo 19 de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 17, 2017 | Sin categoría
Desde mucho antes de que Donald Trump asumiera su cargo, el 20 de enero pasado, los medios y los voceros de Barack Obama –incluso él mismo– batieron el parche sobre las presuntos hackeos de espías rusos en el correo electrónico de Hillary Clinton. La filtración de esos mails a WikiLeaks justo en tiempos de campaña, según la versión de los demócratas, habría hecho perder la elección a la mujer que debía suceder a Obama.
El esquema es que el gobierno de Vladimir Putin pretendía influir en la elección estadounidense para beneficiar a su «pollo». Trump, que prometía cambios rotundos en la política exterior de su país y para ello buscaba acercarse a Moscú, tuvo que ceder un alfil cuando se publicó que su asesor en temas de seguridad, el general Michael Flynn, se había reunido con el embajador ruso y había ocultado esos encuentros. El mismo tipo de cuestionamiento se desplegó sobre su procurador, Jeff Sessions. Ahora se divulgó que al menos cinco miembros de su equipo se reunieron con el embajador ruso Sergey Kislyak antes de que Trump tomara oficialmente posesión de su cargo.
La importancia de estos encuentros es que van en contra de una política que mantuvo Washington por añares y que seguían al pie de la letra cada uno de sus departamentos: Rusia es el enemigo y Putin un personaje al que se debe fustigar de cualquier modo.
¿Cómo los medios y la dirigencia política se enteran de que un funcionario de Trump visitó al embajador? Pues porque todos están bajo vigilancia, aunque hayan formado parte del Pentágono como Flynn o sean correctos miembros del ala más derechista del partido republicano, como Sessions.
¿Cómo obtuvo WikiLeaks la información que publicó sobre Clinton y ahora sobre la CIA? La fuente no será revelada por Julian Assange, porque ese es el acuerdo explícito con el portal. Antes, el australiano refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres dijo que las fuentes eran de agencias estadounidenses y no de espías rusos. Ahora acusa de «incompetencia devastadora» a la CIA y desliza que, de puros incompetentes, dejaron que una cantidad impresionante de documentos sensibles hayan salido a la luz: sólo publicaron unos 8000, pero esa es solo la punta del iceberg.
«Es un acto histórico de incompetencia devastadora haber creado tal arsenal (de material secreto) y haberlo almacenado todo en un solo sitio», pontificó Assange, quien ahora dijo que va a colaborar con los fabricantes de IPhone y televisores Samsung para obturar los huecos en el sistema que permiten el ingreso de programas de hackeo.
Los fabricantes agradecerán el convite ya que las consecuencias para la imagen de sus productos puede ser letal. Samsung será la que más va a sufrir, teniendo en cuenta el fiasco con el modelo Galaxy Note 7, que debió ser sacado de circulación porque le explotaban las baterías, y la detención de su vice y heredero de la compañía, Lee Jae-yong, procesado por un escándalo de corrupción en su país.
«La CIA fue muy imprudente creando esos programas. ¿Acaso los cibercriminales los han conseguido ya? ¿Acaso los poseen las agencias de inteligencia extranjeras? Es perfectamente posible que mucha gente ya los tenga. Es imposible mantener el control de las armas de ciberespionaje», se ufanó el hacker australiano.
Trump, a su vez, se tomó revancha y consideró que los sistemas de la CIA son «obsoletos» y deben ser modernizados. «El presidente está muy preocupado por la publicación de informaciones confidenciales que debilitan nuestra seguridad nacional», declaró su vocero, Sean Spicer.
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