por Alberto López Girondo | Ago 28, 2016 | Sin categoría
El presidente Evo Morales sostiene que el brutal asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, forma parte de un plan golpista alentado por la derecha en alianza con dirigentes de las cooperativas mineras. Cuando todavía Bolivia no sale de su estupor por la barbarie de la que fue víctima Illanes –un abogado de 58 años que fue torturado hasta la muerte durante por lo menos seis horas y cuyo cuerpo fue encontrado a la vera del camino de Oruro a La Paz, envuelto en una frazada–, la sensación es que el gobierno saldrá fortalecido en una disputa que superó todos los límites aceptables en un régimen democrático, pero tras pagar un costo altísimo.
El conflicto con los cooperativistas mineros nucleados en la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se fue potenciando luego de que se promulgara una ley que permite la creación de sindicatos en las unidades de explotación minera. Se trata de un reclamo de cientos de miles de trabajadores contratados que no gozan de ninguno de los beneficios de los asociados, y significa un resabio capitalista no admisible en el mundo del trabajo social. Pero el cooperativismo minero aparece cuestionado también por otros reclamos bien distantes del idealismo originario.
«No solamente tenemos la tarea de organizarnos para defender derechos colectivos, sino también recuperar el principio de lucha antiimperialista y anticapitalista para enfrentar la dominación externa”, dijo el mandatario al presentar la ley 149, hace un par de semanas. Morales estaba acompañado por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma.
La respuesta de la dirigencia cooperativista fue el corte de rutas, como la que va de Oruro a la capital boliviana. Illanes, viejo conocedor del mundo cooperativo y de la industria minera, quería dialogar para descomprimir una situación que complica el gobierno, que viene de sufrir la derrota en un referéndum a principios de año y el embate de una oposición que, sin un líder para disputar hegemonía, hace ruido mediático suficiente como para “embarrar la cancha”. En el marco de esa disputa, dos manifestantes cayeron baleados con proyectiles de plomo.
El gobierno aseguró que los efectivos tenían postas de goma y acusa de la balacera a “fuego amigo”. Pero esas muertes exacerbaron las protestas contra la represión y a su llegada, Illanes fue retenido bajo la amenaza de que, ante otra ofensiva policial, ya tenían un féretro destinado para él. Cuando se supo que otro cooperativista había sido baleado, el hombre fue apaleado y según la autopsia, murió de un derrame cerebral por aplastamiento.La policía no intervino porque los mineros, señalaron voceros que piden el anonimato, utilizan dinamita en sus acciones de protesta.
¿Qué reclaman los cooperativistas? La Ley 149 establece que los trabajadores contratados tienen derecho a sindicalizarse. Que una cooperativa tenga empleados no está contemplado en entidades que se forman para proveer trabajo a sus afiliados, sí en instituciones de servicios.
Los mineros han sido por décadas el motor de los grandes reclamos sociales en Bolivia. Pero en los ’80, al tiempo que el gobierno desactivó su empresa minera, las privadas se fueron alejando de los yacimientos menos productivos. Hay que tener en cuenta que el Cerro Rico, de Potosí, lleva casi cinco siglos de explotación. Hoy día, la minería aporta el 4,5% del PBI boliviano, representa el 25% de sus exportaciones pero ocupan a solo 1,5% de la población.
Se estima que hay unos 120 mil cooperativistas en unos 1700 emprendimientos que suman en empleos indirectos unas 300 mil personas, para un sector laboral donde también hay explotaciones privadas y estatales que tienen más rendimiento, según datos aportados por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB).
El régimen laboral en las cooperativas es de superexplotación personal y familiar en yacimientos desgastados que otorgan mineral de muy baja ley. Que además termina en gran parte malvendido a empresas privadas o multinacionales que pagan en función del precio internacional del mineral y no del costo productivo. Y que por otro lado tienen los elementos para “devaluar” el material por su baja concentración.
En las minas trabajan menores –tradicionalmente se dice que las mujeres “traen mala suerte”– y personal contratado. Los mineros fueron aliados de Evo y mucho hicieron para su llegada al poder, en 2006. Desde entonces hubo un aumento en los precios de los comodities que benefició también a las cooperativas, que lograron poner a algunos de sus representantes en el gabinete y hoy tienen un puñado legisladores propios en el Congreso.
Pero esos buenos tiempos parecen agotados. Lo que se verifica hoy día es que la dirigencia cooperativista se plantea asociarse a inversores privados o alquilar las concesiones que les otorga el Estado, algo que la ley no permite. Se estima que hay por lo menos 40 yacimientos que explotan privados por un acuerdo ilegal con cooperativistas.
Mientras tanto el gobierno fue implementando mayores controles ambientales, lo que repercute en un sector que es uno de los más contaminantes. Ante la baja internacional en los precios, los cooperativistas reaccionaron de un modo “neoliberal”.
Buscan mayores beneficios fiscales, rebajas en el costo de la energía eléctrica y rechazan destinar ingresos al cuidado ambiental, plantean la posibilidad de contar con socios privados y tampoco quieren que sus trabajadores tengan representantes gremiales. Tres cuestiones que, dicen desde La Paz, “un gobierno de izquierda no puede aceptar”.
¿Qué hará el gobierno? El asesinato de Illanes le obliga a endurecer el discurso contra los cooperativistas, que de inmediato levantaron los cortes de ruta. Ayer Evo habló desde Cochamba, el mismo lugar donde había anunciado la Ley 149. «Ahí estaba la derecha. Textualmente dijeron ‘apoyamos a las cooperativas mineras porque está defendiendo la capitalización’. Revisen los periódicos. Revisen las entrevistas», recomendó.
En su entorno confían en que la dirigencia cooperativista está detrás del golpe, pero que las bases están con el gobierno. Y son mayoría.
Tiempo Argentino
Agosto 28 de 2016
por Alberto López Girondo | Ago 25, 2016 | Sin categoría
Comienza el último tramo del juicio político contra Dilma Rousseff, que en la práctica se encamina a poner fin a 13 años de gobiernos populares. No se trata esta de una evaluación sobre el voto de los senadores que deberán resolver si las acusaciones contra la mandataria electa con 54 millones de votos son válidas para expulsarla del poder. Se trata más bien de tomar en cuenta lo que ya adelantaron muchos de los legisladores, como el pastor evangélico y senador Magno Malta, que llegó a decir que el resultado de la votación “está escrito en los salmos” y obviamente será no positivo.
La presidenta no se da por vencida y viene recorriendo el país para decir su verdad. En una carta a los senadores protestó que los cargos en su contra -maniobras contables para pagos de beneficios sociales mediante otras cuentas oficiales- no son delito, porque no faltó dinero, y que por otro lado fue una operación utilizada habitualmente por otros presidentes. “No fue delito antes, no lo es ahora”, resaltó. Pero el tramo más conmovedor fue ese en el que decía que “no existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente”. Ella, detenida y torturada por la dictadura en su juventud, bien sabe de qué habla.
La presidenta no se da por vencida y viene recorriendo el país para decir su verdad.
Este viernes el gobierno provisorio de Michel Temer cumplió 100 días y no puede mostrar sino malas señales. El índice de desocupación creció hasta el 11,3%, lo que representa alrededor de 11,3 millones de personas sin empleo. La imagen de una masiva manifestación en San Pablo frente a la planta de Mercedes Benz por el anuncio de nuevos despidos de metalúrgicos, el gremio de Lula da Silva, es todo un síntoma. La crisis se refleja también en una baja en la recaudación fiscal, que algunos atribuyen a la falta de confianza en las autoridades que asumieron el cargo en mayo, con una caída del 5,8% en el trimestre en relación con 2015.
Mientras tanto, el poder judicial sigue repartiendo acusaciones contra representantes del PT que replican los medios hegemónicos y luego quedan en la nada. Pasó con el caso de un triplex de Guarujá que suele utilizar el ex presidente Da Silva. Para la Policía Federal era motivo de sospecha y se deslizó en los medios que era propiedad de Lula a través de testaferros. Ahora la misma policía reveló que la verdadera dueña es una publicitaria y no hay motivo para dudar de ella. Pero el daño ya estaba hecho.
Queda pendiente un reclamo del PT en la OEA contra el impeachment, al que acusa de ser un complot golpista. El organismo regional ya dio aviso al gobierno de Temer sobre el reclamo, que difícilmente podrá tener influencia en decisiones “escritas en los salmos”. Dilma dijo que se presentará en el Senado para dar su testimonio el lunes 29. Una semana después del cierre de la Olimpiada de Río, ceremonia a la que no acudirá Temer para no recibir la silbatina que se oyó en la inauguración.
Ese es el Brasil de estos días.
Tiempo Argentino
Agosto 21 de 2016
por Alberto López Girondo | Ago 22, 2016 | Sin categoría
Escribir una historia del FMI es tarea ardua. Qué se podría decir sobre investigar acerca de la integración de América Latina. El que hizo la primera proeza y pasó por Argentina hurgando en archivos locales para la segunda es Oscar Ugarteche, economista peruano radicado en México y autor de otra infinidad de textos que desnudan la arquitectura financiera desde 1850 en adelante.
¿Por qué buscar documentación en Buenos Aires? “Pues porque salvo el primer intento integrador del chileno Diego Portales en 1835, todos los demás nacieron de la Argentina”, dice Ugarteche.
De estos asuntos habla con Tiempo, comenzando por la pregunta obligada de si algo cambió en el FMI desde el 2001 a esta parte: «Lo que cambió es que hay un nivel de autocrítica sorprendente sobre su política fiscal, sobre su política cambiaria, sobre lo que sucedió en Argentina en la década del ’90».
–Este gobierno parece deseoso de volver al FMI.
–Argentina nunca se fue del todo del FMI. Se suspendieron las visitas artículo cuarto, que son visitas regulares para levantar información y allí el Fondo da una opinión que es no vinculante. En los ’90 había acuerdos de condicionalidad que ahora no hay. El Fondo puede decir lo que quiera pero eso no es vinculante.
–Pero en Europa no parece registrar esas críticas.
–Es cierto, en Europa hemos visto que no le permitieron a Grecia reducir el sobreajuste al que la sometieron. Tengo la impresión de que su política cambiaria tampoco cambió, aunque después de la autocrítica sobre Argentina creo que no tienen política cambiaria.
–¿Cuál fue la autocrítica sobre Argentina?
–Desde el año ’71 siempre el FMI abogó por el cambio flexible pero en el ’90 aceptaron cambio fijo. Luego dijeron que se habían equivocado con la política cambiaria y fiscal. Otra cosa que no cambia es cómo el FMI se relaciona con Tesoro estadounidense. El Fondo es el brazo extendido de la política exterior del departamento de Estado. Christine Lagarde hizo bastante por lavar la cara del FMI, pero el Tesoro jamás va a dejar de lado un instrumento de política exterior como ese. Si ellos quieren darle condiciones benéficas a alguno el FMI las dará y si no quieren, pues no las dará.
–¿La inquina de Estados Unidos con los Kirchner tiene que ver con su planteo ante el FMI?
–El gobierno de los Kirchner desafió las leyes de la gravedad, ellos tuvieron un papel muy importante en la política exterior latinoamericana y Argentina apareció en un primer plano con iniciativas muy importantes en Naciones Unidas en el tema del capital financiero. Eso ha producido una reacción en Washington y la represalia la estamos viendo en la forma en que están cambiando gobiernos. No se trata de que un candidato pierda unas elecciones el nivel de revancha que yo veo.
–¿Ese revanchismo estará relacionado con la temor del poder financiero a perder influencia?
–Yo creo que el poder financiero internacional se está afirmando en el control. Seguimos con la tendencia que ya viene de hace 20 años de que los jefes de Estado y ministros provienen de la banca, algo que ahora en Argentina es evidente. Tendría que haber alguna ley contra esos conflictos de intereses.
–¿Qué se puede decir del Tratado Transpacífico (TTP) que impulsa Barack Obama?
–Hay una paradoja de que hoy Estados Unidos busca un sistema de tratados bilaterales que crea una discriminación positiva a favor del comercio intrarregional de la Cuenca del Pacífico y con Europa. Eso es lo que EE UU combatió en 1932, cuando Gran Bretaña firma el Tratado de Ottawa y hace tratados de libre comercio con los 65 Estados miembros de la zona esterlina. Entonces EE UU argumentaba que había un principio de comercio a respetarse que era el de la no discriminación. Los británicos decían que no, “lo que yo quiero es darle preferencia al comercio intrarregional y no quiero extender esa preferencia al espacio de los que no han firmado ese acuerdo”. Esa discusión terminó en el año ’45 cuando EE UU puso como condición para otorgar créditos durante la guerra la apertura de la cuenta capitales. Pero el debate duró desde el ’32 al ’45, y hoy resulta que tenemos el debate a la inversa, solamente que ahora nadie habla de que eso es comercio discriminatorio.
–Ese acuerdo en Argentina devino en el tratado Roca-Runciman, que ató la economía local a la británica.
–El TPP es como el tratado de Ottawa, el Roca-Runciman sería como un tratado bilateral con Estados Unidos dentro del TPP. Argentina quedó en la zona esterlina y por eso acumuló reservas en libras durante toda la guerra y como los ingleses no tenían convertibilidad no había forma de saldar esa deuda. Por eso pagaron con los ferrocarriles. Visto desde el otro lado fue la nacionalización del servicio.
–¿El TTP es un tratado defensivo en relación con China y los BRICS?
–Lo ha escrito Obama, es un tratado “para evitar que China escriba las reglas internacionales del comercio”. Todo eso se podría evitar volviendo al Organización Mundial del Comercio, pero ellos no quieren reducir sus subsidios y entonces están creando un pequeño monstruo, que además hay muy poca evidencia de que se vaya a firmar. Porque a estas alturas, ¿a quién le interesa que se firme el TPP dentro de EE UU? A (Donald) Trump no y a Hillary Clinton tampoco.
–¿A nadie interesa?
–A los únicos que interesa es a las trasnacionales farmoquímicas, por el tema de las patentes. También a la banca, porque a partir de un banco permite crear sucursales usando esa sede como back office, es decir, la central donde se hará el papeleo. Con lo cual universalizan la ley estadounidense. Eso también preocupa a Europa, porque ellos tienen leyes bancarias más severas y además la banca europea no está en su mejor momento.
–Usted que investiga los procesos de integración, ¿cómo ve la situación del Mercosur?
–El Mercosur tiene problemas desde el momento en que se aplicaron medidas proteccionistas en un espacio común de integración. Ahí la dinámica de integración se paró, y eso fue hace años. Otro problema es la incorporación de Venezuela, porque como país monoexportador energético no tenía una estructura económica para entrar al Mercosur, que es un mercado de bienes industriales. Lo que se pensó en ese momento es que ellos podrían aportar energía y el resto industria. Los sistemas de integración no están hechos para replicar los viejos sistemas de comercio de productos primarios por productos complejos, pero así fue como se incorporó a Venezuela, y se lo hizo por la presión política de (Hugo) Chávez, que encontraba su pertenencia a la Comunidad Andina como falsa porque allí Colombia y Perú habían cambiado de rumbo hacia tratados de libre comercio con EE UU. Por otro lado, estos tratados tienen el defecto de que eres parte de algo y entonces te miran a ver cómo estas. Y en los últimos años las cosas han ido mal a nivel económico en Venezuela y eso ha tenido un impacto a nivel político evidente. Con el cambio político del resto del Mercosur es un vecino incómodo. Y por otro lado, Uruguay ya dijo que quiere ingresar a la Alianza del Pacífico. La denuncia contra Brasil de estos días va al mismo tiempo que el anuncio de que quiere firmar un acuerdo con la AP. Para los fines del caso, Uruguay se está saliendo del Mercosur.
–¿Qué es lo que falló en el Mercosur?
–Hay siete procesos de integración en los 200 años de independencia latinoamericana y todos se desinflaron. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre una parte de la élite vinculada al sector interno y la otra vinculada al sector exportador. Se trunca porque hay una alianza de EE UU con el sector exportador en contra del sector interno pero además hay una intervención abierta de EE UU, que dice «no queremos tal cosa» y termina proponiendo un tratado unilateral de libre comercio con alguno de los países.
–¿Qué otros intentos hubo de integración?
–El primero es de Chile, Cuyo, Bolivia y Perú en 1835. En 1877 el argentino Ricardo Napp hizo una propuesta que quedó dormida. Entre uno y otro, (Juan Bautista) Alberdi promueve una Conferencia análoga a la de Viena de 1820 para obtener derecho de libre navegación en torno del continente para los países de la región, cosa de fabricar un espacio de integración. A Alberdi lo pararon los ingleses en 1861. Después se hizo la Unión Aduanera del Sur, a impulso de Alejandro Bunge, con Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que deriva en el Tratado de Montevideo en 1941. Yo estoy un poco desenterrando esa historia que fue olvidada especialmente.
–¿Y el ABC de Perón-Vargas-Ibañez?
–El ABC nunca fue un tratado. Lo que se formalizó después fue la ALALC, de 1958, que se trunca en 1965 y de ahí nace el grupo subregional andino, luego Pacto Andino.
–Paradójicamente, ya están circulando autos con patente de Mercosur y hace años están los pasaportes.
–El problema es que mientras todo esto se ha atrancado, sí hay evidencias de un proceso de integración y la gente de a pie quiere la integración, no así las élites. Hay una búsqueda popular por la integración, ese es el conflicto a lo largo de la historia. Algún día terminaré con este tema en mi libro La integración trunca de América Latina. Encontré mucho material en la Biblioteca Tornquist del Banco Central y también en la Biblioteca de Relaciones Exteriores.
Tiempo Argentino
Agosto 21 de 2016
Fotografía: Eduardo Sarapura
por Alberto López Girondo | Ago 13, 2016 | Sin categoría
El macrismo apuró negociaciones políticas con la intención de fortalecer políticamente a su gobierno frente a las protestas que se van incrementando a medida que el esperado resurgimiento económico anunciado para el segundo semestre se hace rogar. Así fue que en un mismo día convocó, en actos separados, a gobernadores y a sindicalistas de la CGT en la Casa Rosada.
La propuesta del 2 de agosto, cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con jefes de gobierno provinciales para anunciar el compromiso de devolver el 15% de coparticipación federal, fue recibida con beneplácito por cada uno de los presentes, a pesar de que al mismo tiempo los obliga a un pacto de «responsabilidad fiscal» por el que en los próximos tres años se debería reducir a cero el déficit en cada uno de los distritos. Además, y aunque no esté escrito en el texto suscripto, el oficialismo espera colaboración de los senadores que responden a los mandatarios «beneficiados».
Asimismo, en el marco de lo que fuentes oficiales denominaron un «amplio acuerdo de estabilidad», el gobierno también avanzó en el frente gremial. El presidente Mauricio Macri anunció, ante buena parte de la conducción de las tres CGT, la implementación de un nuevo plan de salud integral y la entrega de bonos y dinero en efectivo a las obras sociales sindicales por un total de 29.000 millones de pesos.
Se entiende el gesto, ya que por esos días el papa Francisco había emitido un mensaje destacando el alto nivel de desocupación –en lo que va del año, más de 150.000 personas perdieron su empleo– justo unos días antes de la tradicional celebración del santo patrono del trabajo. «Que en esta fiesta de San Cayetano todos sepamos acompañar a los hermanos que piden por pan y trabajo. Que nunca nos falte trabajo, ese trabajo que nos confiere el Señor y que tanto dignifica», expresó Jorge Bergoglio, y levantó quejas del oficialismo por lo que consideraron una intromisión poco feliz del Vaticano en asuntos mundanos.
Voces disonantes
La pregunta era, en ese contexto de seducción oficial, qué harían los dirigentes de la CGT, que se preparan para la unificación que se concretaría el 22 de agosto mediante la conformación de una conducción tripartita. El metalúrgico Antonio Caló resaltó que mientras el kirchnerismo había retaceado el giro para las obras sociales, el macrismo había cumplido con una vieja aspiración sindical. «Tuvimos que esperar 12 años para esto», dijo el líder de la UOM. Pero la suya no fue la última palabra.
La unidad, como diría en un reportaje a Tiempo Argentino el líder del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio, Carlos Acuña, no surgió al calor del deseo de limar diferencias entre los sectores ligados a Hugo Moyano, Caló y Luis Barrionuevo. «El mismo gobierno potenció esa unidad –dijo Acuña, cercano a Sergio Massa–, ya que las medidas tomadas son todas a favor de los poderes económicos».
Es así que el viernes 5, en un plenario al que asistieron representantes de 147 gremios afiliados a la CGT, se emitió un documento titulado De mal en peor. Allí se fustiga duramente la política del gobierno: «El tan mentado sinceramiento de la economía se ha reflejado con la peor cara hacia los trabajadores y la gran mayoría de los argentinos», reza el escrito. Detalla luego con cifras y datos las desventuras de una capa importante de la población afectada por la pérdida de valor adquisitivo de su salario, o peor aún, por la pérdida del empleo. «No hay que ser graduado en Harvard o en otra prestigiosa universidad para darse cuenta de que vamos de mal en peor», resume el texto.
Algunos se remontaron al programa de los 26 puntos de Saúl Ubaldini, de 1986, para encontrar un documento tan crítico hacia un gobierno. Otros, quizás más memoriosos, señalaron que hubo documentos más comprometidos, como los programas de La Falda de 1957, de Huerta Grande de 1962 y el del 1º de Mayo de 1968 de la CGT de los Argentinos.
Error de cálculo
¿La sangre llegará al río? Si es que desde Balcarce 50 se esperaba que la CGT fuera todavía condescendiente a la espera de ver finalmente una luz al final del túnel, al decir de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el documento fue un duro mentís. La oferta de devolverles el dinero de las obras sociales podría haberse pensado como un anzuelo para dominar al sindicalismo cegetista, del mismo modo que en el período anterior lo pudo ser la retención de fondos, pero hubo un error de cálculo.
Puede pensarse que el futuro triunvirato no romperá lanzas con el macrismo, sin embargo, tampoco puede esperarse una pasividad completa ya que la realidad sociopolítica se muestra más dura que las previsiones y la protesta no para de crecer. Para colmo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no parece sintonizar con el momento. Y si al documento de la CGT respondió que era una visión exagerada de la situación que se vive en el mundo laboral, su tuit del domingo 7 de agosto no fue precisamente una joya de la diplomacia. «Hoy es San Cayetano. Que Dios nos acompañe cuidando el trabajo de los que lo tienen y abriendo oportunidades para los que lo buscan», publicó, como si la gestión estatal no tuviera ninguna responsabilidad en esa área vital para cualquier sociedad.
Acrecentó de ese modo la preocupación que comparten también empresarios pequeños y medianos que ese día acompañaron la multitudinaria marcha desde Liniers hasta Plaza de Mayo, si no presencialmente, desde la desconfianza hacia un gobierno que no ofrece soluciones a los afectados por sus políticas.
Revista Acción
Agosto 15 de 2016
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