La Justicia en debate

por Alberto López Girondo | Jun 3, 2016 | Sin categoría

Que el sistema de justicia está entre los principales reclamos de la sociedad parecería una exageración. Sería más aceptable decir que la inseguridad o el empleo figurarían el primer lugar en cualquier encuesta. Porque los casos de robos violentos ocupan la mayor parte de los noticieros; aunque últimamente, la ola de despidos a todo nivel preocupa a los argentinos a nivel personal, aunque los canales llenan espacios con casos de corrupción vinculados especialmente al gobierno anterior. Sin embargo en cualquiera de estas situaciones el ciudadano de a pie reclama justicia. Tanto la víctima de un hecho violento como el despedido sin justa causa o el espectador impávido frente a una maquinita que cuenta desaforadamente billetes o ante la revelación de cuentas en paraísos fiscales.

Y precisamente esta es uno de las fallas más flagrantes en el sistema político argentino. El Poder Judicial está en crisis y como fruto de esa crisis, su credibilidad está entre las más bajas de la historia. «¿Entran por una puerta y salen por la otra?» dice el comentarista con los labios fruncidos de indignación. «Es una operación mediática en mi contra», se queja el dirigente envuelto en una causa judicial. «Que la justicia investigue», se desentiende el funcionario acosado por denuncias. La sensación es que un buen abogado y sólidos contactos con el Poder Judicial garantizan impunidad. Y los intentos por dar transparencia y efectividad a uno de los tres poderes del Estado chocan con una realidad contundente: si hay un consenso en la sociedad es que los jueces investigan solo a los que dejan el poder, que un empresario que evade impuestos y vacía una empresa nunca paga y que el habitante de un barrio privado con dinero no suele quedar preso por homicidio. ¿Habrá forma de resolver la cuestión?

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó reformas al Código Penal y pudo ponerle punto final al Código Civil y Comercial. En el primer caso ese intento se frenó porque el diputado Sergio Massa logró colar la cuestión de la punitividad de delitos ligados al narcotráfico como eje de su campaña y ante un escenario en que arreciaban mediáticamente los casos de inseguridad, muchos de los mismos que habían apoyado la reforma se echaron atrás y se obligaron a bajar el tema de la agenda.

Donde sí hubo avances fue en el Código Procesal Penal, que montado en el cambio de paradigma hacia un sistema de acusación para dejar atrás el sistema inquisitivo, puso a la defensiva al establishment mas tradicional del Poder Judicial. «La idea de un sistema acusatorio con un fiscal protagonista del proceso, con un juez que no investigue y con un defensor que pueda defenderse de la contraparte y no también de los jueces, nunca pudo cumplirse porque lógicamente estamos ante jueces omnipotentes que no quieren resignar su poder», dice Felix Crous, fiscal de la Procuración General de la Nación y uno de los fundadores de la Asociación Civil Justicia Legítima, quien acota que el actual sistema inquisitivo resulta en la práctica ser «muy útil para aquellos que quieran conseguir la simpatía, hospitalidad y beneplácito» de esos magistrados.

Este comentario genera tres apuntes al margen: que modelo judicial es mejor, por un lado, y qué jueces integran ese club del rechazo a la reforma y quiénes son los encargados de conseguir las simpatías judiciales. A la primera pregunta se puede responder que, como suele ocurrir en derecho, hay media biblioteca de un lado y media del otro.

Inquisición
El sistema inquisitivo, que por su nombre despierta inmediato resquemor, proviene del Derecho Romano Germánico y luego de una institución católica de triste fama como lo es la Inquisición. Un juez se arroga el derecho de iniciar una investigación sin necesidad de que hubiera denuncia o acusación previa alguna. Es el sistema que rigió desde la colonia en los países que estuvieron bajo el dominio español o portugués y por eso integraba el corpus legal instituido.

El proceso acusatorio, en cambio, tiene su origen en los países británicos y nació en el marco de una cultura que buscó formas de impedir los abusos del poder monárquico sobre los ciudadanos. A primera vista parece un modelo más amigable con el ejercicio de la democracia. Sin embargo, hay quienes sostienen que en países como los sudamericanos -donde desde hace un par de décadas se viene imponiendo en sus sistemas judiciales a instancias de las reformas propuestas por el Banco Mundial- puede encerrar la paradoja de que si la víctima de un hecho no tiene dinero para investigar o no encuentra eco en la fiscalía, su caso puede quedar impune. El ejemplo que se pone es que en ninguno de estos países la investigación de los crímenes de lesa humanidad se inició a instancias del Poder Judicial. «El secreto es que tanto en un sistema como en el otro, algún estamento debe investigar, caso contrario, no estamos haciendo justicia», sería el resumen de esta posición.

De todas maneras, en el derrotero hacia un sistema acusatorio no parece haber escollos. Tanto Justicia Legítima como el proyecto que quedó en el freezer y el que ahora impulsa el gobierno de Mauricio Macri, se basan en el nuevo rol que se les asigna a los fiscales. De allí que muchos crean que la efervescencia que se vive en el edificio de Comodoro Py 2002, la sede de los tribunales federales, sea la manifestación de la resistencia tenaz a cualquier cambio. Una trinchera desde donde esos doce magistrados que llevan adelante los casos de corrupción del sistema político nacional buscan que todo siga como está. Para mantener en sus manos vidas y haciendas de todos los funcionarios, electos y no, de los gobiernos que han sido, de los que son, y eventualmente de los que vendrán.

Lealtades
Pero desde fines de 2014 el sólido sistema de lealtades creadas en torno a los 12 jueces federales asentados en Buenos Aires crujió de un modo inesperado a partir del desplazamiento del patriarca de los espías nacionales, Jaime Stiusso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que el ex jefe de la SIDE era el hombre que durante décadas había canalizado la necesidad del sistema político en encontrar respuestas en el Poder Judicial, un método que la exmandataria decidió cercenar de cuajo.

El cambio de gobierno podía haber implicado nuevas relaciones con el poder de los irónicamente llamados «doce apóstoles» de Retiro. Pero la diputada Elisa Carrió, seguramente la principal gestora del acuerdo entre la UCR y el PRO que dio vida a Cambiemos, sostiene con fervor una tesis contraria. Para la dirigente chaqueña, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, es la cabeza de un equipo de operadores judiciales que mantiene las riendas del poder político dentro del sistema judicial, «Los jueces de la servilleta» se los llamó en aquellos tiempos.

«El presidente de Boca Juniors interfiere en la Justicia con el consentimiento del Presidente”, dijo Carrió en un programa de televisión, para agregar luego, mirando a cámara con el ceño fruncido: «Angelici, no maneje la Justicia Federal porque voy a ir contra usted. Yo tengo una relación excepcional con el presidente Macri, pero nunca voy a acordar con nadie la impunidad ni el manejo político de la búsqueda de la justicia».

La legisladora señala no solo al titular del equipo xeneixe en ese entorno oscuro de presiones, sino al vicepresidente 3 de Boca y ex vicerrector de la UBA, Darío Richarte, y al secretario de Finanzas de la actual AFI, Juan José Gallea. Todos ellos estuvieron el la SIDE de Fernando de la Rúa, terminaron salpicados con el pago de sobornos en la llamada causa Banelco y nunca se fueron del todo de los organismos de inteligencia nacional, a los que ahora volvieron oficalmente.

Pero hay coincidencia en que si bien la denuncia de Carrió, un tema que era vox populi antes de que ella lo difundiera, se basa en hechos reales, lo que se verifica en estos momentos es una suerte de rebeldía del Poder Judicial. Una rebeldía que pone en jaque a la dirigencia política y para algunos, incluso, al modelo de convivencia democrática. «Comodoro Py es como un Estado libre asociado a la República Argentina», deslizan las lenguas más afiladas en los tribunales federales.

Enrique Zuleta Puceiro es uno de los impulsores de este ambicioso plan de reforma judicial que el gobierno de Macri envió al Congreso, el proyecto Justicia 2020. El docente universitario y encuestador reconoce el ambiente levantisco entre los jueces más conservadores, pero al mismo tiempo cree que este proyecto tiene muchas posibilidades de llegar a buen puerto.

«Son cuestiones que se vienen debatiendo en la sociedad desde la época de Raúl Alfonsín y que ahora se pueden poner en marcha porque este es un gobierno sin amplia mayoría legislativa», considera. Para Zuleta Puceiro, los proyectos que se presentaron el tiempos del kirchnerismo «resultaron conflictivos porque hubo ciertos puntos álgidos que fueron exacerbados al extremo» y eso volteó los consensos que se habían alcanzado. En esto, Crous difiere: «resulta en algún punto hasta contradictorio uno con el otro». El tema de controversia más dramático, cree, es en la reforma del Ministerio Público.

DIsparen sobre la Procuradora
La Constitución de 1994 creó una Procuraduría General como un órgano extrapoder en el Estado nacional. Pero las leyes constitutivas quedaron para resolver en el futuro. En estos 22 años hubo algunos avances hasta que la ley del kirchnerismo definió una institución con un poder ahora cuestionado por el propio presidente y su ministro de Justicia. Germán Garavano es hombre de la Fundación Fores, el Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia, un think tank creado en tiempos de la dictadura para elaborar proyectos sobre el único de los poderes que no se presenta a comicios en los sistemas democráticos occidentales. En Fores y con la dirección de Garavano se elaboró el proyecto 2020.

«En lo que hace a los fiscales, el proyecto busca recortar el poder de Alejandra Gils Carbó», se queja Crous, haciéndose eco de las protestas de toda la oposición a las fuertes presiones que sufre la procuradora por parte de Cambiemos . Tanto Macri como Garavano no se anduvieron con vueltas: pidieron públicamente que Gils Carbó diera un paso al costado y ante la negativa enviaron un proyecto ley que literalmente desguaza su cargo en cuatro subprocuradores.

Zuleta Puceiro no coincide en que ese plan tenga como único objetivo forzar al renuncia de la funcionaria, pero señala que en todo caso «es una propuesta, y para que salga aprobada deberá contar con consensos legislativos. Toda reforma que en ese área se establezca deberá contar con consensos, es la única forma de que permanezcan en el tiempo». La mesura del encuestólogo tiene un fundamento: el proyecto no cuenta con un apoyo contundente entre los radicales, los principales socios políticos del macrismo, pero no lo pueden decir abiertamente para no crear fisuras puertas adentro de la alianza gobernante. Ya tenían bastante con Carrió y ahora margarita Stolbizer se sumó a las críticas en este hecho puntual.

Nuevo corpus
Pero el proyecto Justicia 2020 apunta a algo más que la Procuraduría. Se trata de un corpus legal que integran 140 leyes dividido en 7 ejes y que incluye al Consejo de la Magistratura, el organismo también creado en 1994 para el control y la designación de jueces y que nunca cumplió debidamente su función. La última reforma de 2013 fue cuestionada porque «torció» la balanza hacia un lado que el establishment leguleyo y la oposición de entonces no aceptaron. Es otra de las deudas pendientes de la democracia que no termina de consolidar un funcionamiento adecuado a las necesidades de la ciudadanía.

En las últimas semanas dos magistrados severamente cuestionados como Norberto Oyarbide y Raúl Reynoso renunciaron a sus cargos cuando sus casos estaban en la mesa de entradas del Consejo de la Magistratura. El caso de Oyarbide es más conocido: era uno de los «jueces de la servilleta» y lleva años de denuncias por actuaciones irregulares, cuando no escandalosas. Reynoso pareció como un adalid de la lucha antidrogas en Salta hasta que se descubrió su connivencia con las bandas de narcotraficantes. La renuncia no evitaría una investigación por su responsabilidad penal, pero como en el caso de su par porteño, le deja a salvo una onerosa jubilación, lo que despertó las quejas de algunos de los integrantes de ese cuestionado organismo. Un editorial del diario La Nación previo a conocerse esa definición dejaba muy en claro la sensación que despertaba en los sectores incluso afines a Cambiemos. Una definición a la que no sería ajeno el titular de Boca Juniors: «(Si se acepta su renuncia, Oyarbide) se habrá burlado una vez más de la ley y de la ética judicial. Se reirá de todos los ciudadanos y será un pésimo ejemplo para todos los corruptos, empezando por muchos de sus pares». El editorialista buscaba que Macri dejara seguir el curso de los hechos en el Consejo de la Magistratura. Pero aceptó la renuncia al otro día de enviada.

Luego, Garavano dijo en un reportaje a Clarín que esperaba que hubiera nuevas renuncias en el Poder Judicial. Así podría entenderse el apuro en los casos Oyarbide y Reynoso. Podría entenderse como una señal para que otros se bajen sin necesidad de derramamientos de sangre.

Custodios del poder real
Una de las características del sistema judicial en los países democráticos occidentales es que, según define el académico Roberto Gargarella, «se trata de un poder contramayoritario».

El modelo actual nace de la Revolución Francesa y de la independencia estadounidense. En ambos casos, cuenta la historia, los jueces hicieron lo posible para bloquear cualquier reforma. Una cosa era cambiar el sistema político y otra amenazar la propiedad privada. Y una democracia verdaderamente reivindicativa no solo proclamaría la igualdad ante la ley sino también la igualdad de oportunidades y la justa distribución de la riqueza.

Un gobierno de mayorías que siguiera sin cortapisas la voluntad de los votantes que lo llevaron al poder estaría impulsado a avanzar sobre las inequidades en que la sociedad está inmersa. Un espinoso asunto, sobre todo en tiempos de revulsión social. El Poder Judicial fue el encargado de impedir que este tipo de justicia se consumara.

«Desde entonces se aplicó una interpretación de la división de poderes basada en un paradigma diferente -señala Gargarella en un trabajo académico-: el de los sistemas de contrapesos». Es decir, el concepto de que cada uno de los poderes observe el comportamiento de los otros de un modo vigilante. El problema es que una verdadera mayoría es efectiva, y por tanto más peligrosa para los poderes fácticos, cuando logra controlar el Ejecutivo y el Legislativo. Es entonces cuando se juega la carta del Poder Judicial. El único que en el país no se somete al escrutinio de las urnas, que dura en su cargo en forma vitalicia y que incluso mediante una acordada de los tiempos del menemismo, no paga impuesto a las ganancias.

Este rol que se atribuyen los magistrados podría servir para explicar el hecho de que los gobiernos populares se terminan enfrentando al Poder Judicial en la medida en que pretenden avanzar en reivindicaciones sociales. Lo sufrió Franklin D. Roosevelt, que forzó la renuncia de jueces de la Suprema Corte que se oponían a sus reformas keynesianas. Lo sufre el PT en Brasil, a manos de un juez que se mostró como militante en contra de la presidencia de Dilma Rousseff y al mismo tiempo , sin que se le ocurriera que podría ser incompatible, ordenó llevar por la fuerza pública el ex mandatario Lula da Silva. Como para demostrar que es más poderoso que el líder más carismático de su país en más de medio siglo.

De allí el peso que tienen el toda América Latina las ONG que tratan las cuestiones judiciales y la importancia que se da a la formación de cuadros judiciales a través de organismos fomentados desde Estados Unidos.

Revista Acción
Mayo de 2016