por Alberto López Girondo | Jun 19, 2016 | Sin categoría
Mencionaba estos días la analista Isabella Thomas en Huffinton Post que ya hubo un Brexit, una salida británica. Fue en 1530, cuando el papa Clemente VII le negó el permiso para divorciarse a Enrique VIII. El monarca apeló en esa ocasión a esa parte rebelde e insolente de los ingleses para salirse de la Iglesia Católica Romana y concretar la reforma anglicana. Luego, el rey se divorció de Catalina de Aragón y se casó con Ana Bolena, como era su voluntad.
Otro especialista, el ex oficial del Real Cuerpo de Rifleros Gurkas, Emile Simpson, inscribió este referéndum que se llevará a cabo el jueves como “una pelea entre dos interpretaciones de la identidad de nuestro país”: entre la Pequeña Inglaterra y la Gran Bretaña. El ministro de Economía George Osborne fue más lejos y caratuló al hecho como una batalla por el alma de la nación.
El asesinato de la diputada laborista a manos de un desquiciado es un buen símbolo de esta dicotomía. Los británicos, que hace dos años estuvieron a punto de ver disminuido su territorio por la posible salida escocesa, ahora enfrentan otro desafío, el de dejar la Unión Europea. Es la posibilidad de otro cambio de rumbo decisivo en el que se juega no sólo el futuro sino el perfil del reino que están dispuestos a construir los nativos del archipiélago.
Vaya otra frase, del poeta alemán Novalis, en relación con el carácter insular de esos territorios: “Cada inglés es una isla”. Y como tales, nunca estuvieron demasiado cómodos en un continente que les tenía desconfianza aunque los necesitaba para incrementar el poder de fuego frente al peso específico de Estados Unidos en el mundo bipolar de 1973, cuando se produjo el “Brincome”, el ingreso.
El Brexit implicaría riesgos impensados para la integración regional de los europeos y también para los negocios en común. Nada es fácil y mucho menos lo sería si la tercera economía europea deja el redil.
¿La sangre llegará al Támesis? Es decir, ¿el Reino Unido se irá de la UE o sólo presionan por mayores beneficios? Tras el crimen de Jo Cox todo queda en la neblina. Una característica bien británica es negociarlo todo. Así crearon un imperio políticamente estable sin una constitución escrita. Y sigue habiendo monarquía, pero limitada por acuerdos parlamentarios. El mencionado Simpson señala otro rasgo definitorio al recordar que el cuerpo de Oliver Cromwell, muerto de una enfermedad, fue exhumado en 1661 para ser ejecutado, “pero su estatua permanece en las afueras del Parlamento”.
Ironizaban los medios europeos en una de las cumbres en Bruselas donde el primer ministro David Cameron planteó la posibilidad de un referéndum. «Hace como quien va a un club de swingers, pero solo», decían.
Quizás sea de eso que se trata el Brexit. De repartir las barajas en forma más conveniente. Pero también hay una demanda social contra todo lo que venga de afuera. Especialmente los refugiados que llegan por el Eurotúnel desde las naciones árabes o norafricanas.
El problema adicional es que un Brexit en un escenario como este alentaría otras xenofobias continentales, que tambien fueron creciendo. De allí la preocupación regional por el resultado.
Tiempo Argentino
Junio 19 de 2016
Foto Agencia Xinhua
por Alberto López Girondo | Jun 16, 2016 | Sin categoría
Por si hiciera falta alguna señal más de que hay un cambio de rumbo en el país, tres hechos concretos muestran este nuevo escenario nacional: el proyecto de ley ómnibus para el pago de deudas a jubilados, el fallo de la Corte que limita el derecho de huelga y el pedido de Argentina de ingresar como observador en la Alianza del Pacífico, impulsada por Estados Unidos. Todas estas iniciativas representan un giro de 180 grados en relación con la postura del anterior gobierno en cada uno de los planos.
El más controvertido es seguramente el voluminoso texto de casi 100 carillas que prevé aplicar dinero proveniente del blanqueo de capitales al pago de los juicios de miles de jubilados y a la devolución del 15% de coparticipación a las provincias, lo que generó rechazo de legisladores y exfuncionarios kirchneristas y hasta de la exmandataria. Cristina Fernández calificó la propuesta como «un Caballo de Troya» para desfinanciar el sistema previsional y en el futuro justificar la vuelta de las administradoras privadas de fondos de retiro.
Para el diputado nacional Carlos Heller, del Partido Solidario, el proyecto «mezcla un montón de cuestiones que llevan a suponer que en realidad lo que pretenden es crear una protección y justificación a la idea del blanqueo de capitales y también a la venta de las participaciones del Estado en el fondo de garantía de sustentabilidad».
Es que, precisamente, el planteo de la iniciativa, bautizada con ánimo de vencer planteos opositores como la Ley de Reparación Histórica a los Jubilados, es una amplia moratoria para el blanqueo de capitales en el exterior que se destinaría a financiar el pago de montos que la Justicia estableció a jubilados que recurrieron a los tribunales al ver afectados sus ingresos por medidas de anteriores gobiernos. Pero también permite la venta de acciones de empresas privadas en poder de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las acciones que estaban en manos de las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) cuando se reestatizó el sistema, en 2008, pasaron al Estado.
El gobierno de Cristina Fernández no ignoraba el deseo de esos conglomerados económicos de recuperar sus acciones, fundamentalmente por la incomodidad que les produce tener a representantes del Estado en sus directorios. Por eso, en setiembre del año pasado, impulsó una ley que solo permite la venta de esas acciones si la vota una mayoría especial de los dos tercios del Congreso Nacional.
Además, la iniciativa macrista tenía otros detalles que motivaron críticas y protestas, como el artículo 85, que preveía un castigo penal para quien publicara información sobre detalles del blanqueo. La pena podía ser de cárcel y una multa similar al monto legalizado. O sea que si alguien blanqueaba 100 millones de dólares, el que revelara ese dato debería pagar esa cifra en concepto de multa.
En la misma sintonía, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, había dictado –casi como una irónica celebración del Día del Periodista– un decreto que condena hasta a dos años de prisión a quienes difundan el contenido de la declaración jurada de bienes de los funcionarios. La mandataria provincial, ante el cariz de las protestas que levantó, aseguró que había sido un «error» involuntario que pronto se iba a subsanar. Al cierre de esta edición, el decreto seguía en vigencia. También el presidente Mauricio Macri había bajado el irritativo artículo 85 de la ley ómnibus para que el massismo y los diputados del exjefe del ANSES, Diego Bossio, apuraran el voto en comisión.
Protestas en la mira
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo sorpresivo porque va en contra de la jurisprudencia que se venía siguiendo en los últimos años en torno del mundo laboral. El tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti, en realidad los tres integrantes que quedan sobre un total de cinco que deberían conformarlo, se puso de acuerdo para sostener que los trabajadores sin representación sindical no tienen derecho a dictar un paro. «Las medidas de acción directa resultan un derecho colectivo concedido a las organizaciones representativas de los trabajadores», argumentan los magistrados y aclaran que «la Constitución hace referencia a la palabra gremio y no a grupos de trabajadores no conformados como tales» como los únicos en condiciones de sostener una medida de fuerza semejante.
Esto levantó protestas en los representantes gremiales de los sectores que rechazan con mayor énfasis el rumbo económico en curso. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, tildó la sentencia como «un fallo de época». Para Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, el veredicto tiene como objetivo «poner coto a futuras protestas» en un contexto de ajustes y conflictividad social. Porque básicamente dejan sin cobertura legal a las asambleas de los trabajadores, que son las que aprueban medidas de fuerza, en relación con los sindicatos, que pueden no compartir esa decisión, tal como muestra un sinnúmero de experiencias recientes. Por otro lado, el fallo parece olvidar la situación de los trabajadores no sindicalizados, que en muchos lugares son la abrumadora mayoría.
El pronunciamiento de la Corte le viene como anillo al dedo al gobierno de Macri no solo porque despeja una traba que los empresarios y los dirigentes gremiales más acuerdistas ansiaban, sino porque representa un signo de los tiempos hacia los nuevos socios estratégicos que Macri busca en el exterior.
El fallo se produjo unos días antes de que por primera vez la Argentina se siente en la cumbre de la Alianza del Pacífico como miembro observador. El gesto de pedir un lugar más allá de la pertenencia al Mercosur, justo cuando en Brasil hay un gobierno temporario que muestra inquina a ese organismo regional, es una imagen que despierta los brulotes más ácidos en los defensores del concepto de integración regional y de Patria Grande que planteaba la anterior gestión.
La Alianza, formada como contrapartida del Mercosur y otros procesos de integración autónomos de Estados Unidos, como la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), está formada por Chile, Perú, Colombia y México y era apenas la punta de un iceberg que pretendía resucitar el ALCA. Ahora es la punta de lanza de nuevos espacios de integración afines al establishment, que busca imponer un tratado como el TTIP, que entre otras cosas, reduce sustancialmente los derechos laborales.
Revista Acción
Junio 15 de 2016
La foto es de Jorge Aloy
por Alberto López Girondo | Jun 5, 2016 | Sin categoría
El último tramo del proceso de destitución de Dilma Rousseff no estará exento de las turbulencias que arrastró el segundo mandato de la presidenta brasileña. La debilidad de Michel Temer, su infiel compañero de fórmula, es tan patente que las soluciones desesperadas que está proponiendo lo dicen todo. Por un lado, la revelación de grabaciones a dirigentes de su partido y a por lo menos dos ministros, que debieron renunciar tras dos semanas de gestión, pusieron sobre el tapete que el objetivo final del derrocamiento de Rousseff era más cortar de cuajo con la causa por corrupción en Petrobras, en el que todos están inmersos, que cuestionar la ética de la representante del PT.
Eso determina el apuro por concluir lo antes posible el procedimiento que la aleje definitivamente del poder, ya que cada día que pasa el escándalo enchastra cada vez más a Temer y sus secuaces. Por eso Renan Calheiros -uno de los implicados en las «bandas de sonido» que el ex directivo de la petrolera Sergio Machado grabó con anuencia de la fiscalía- se niega a acelerar el trámite: no quiere quedar más expuesto aún. Los senadores que se necesita para echar a Dilma están demasiado justos y con un par que cambie de idea la mandataria vuelve al Planalto. Y eso es una amenaza latente hoy día.
Temer, en tanto, como ha venido sucediendo en la política brasileña desde el fin de la dictadura, trata de comprar voluntades en la administración pública, los uniformados y el poder judicial. Contra la presión mediática para que el PT aceptara ajustes, ahora se incrementa en 58 mil millones de reales el presupuesto para destinarlo incluso a los bolsillos de miembros del Ejército. Además se crearon más de 14 mil cargos en el gobierno federal cuando la promesa «a los mercados» era reducir 4000 puestos.
por Alberto López Girondo | Jun 5, 2016 | Sin categoría
El ex canciller uruguayo Luis Almagro es el hombre clave en la embestida de la Organización de Estados Americanos contra el gobierno de Venezuela. Desde el miércoles, tras una declaración final alejada de su deseo, recibe los ataques de los sectores progresistas pero también de la oposición venezolana porque no logró imponer la Carta Democrática que reclamaban los más acérrimos antichavistas. Primó, al fin de una jornada muy acalorada en Washington, la mesura –sustentada por los representantes argentinos, al principio los más duros– y el texto final recomienda negociaciones entre todos los sectores para calmar los ánimos en un momento que muchos temen podrían desembocar en una guerra civil.
El presidente Nicolás Maduro fue especialmente enérgico contra el secretario general de la institución acaudillada por Estados Unidos: «Venezuela no es dominada por la OEA ni por la basura del secretario general Almagro», dijo. El documento final, una salida consensuada promovida por los ex jefes de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, de España, Panamá y República Dominicana respectivamente, fue desairado por la oposición. «Nosotros no podemos sentarnos allí en esa mesa con los ex presidentes y mediadores (…) hasta tanto aquí en nuestro país las señoras rectoras del Consejo Nacional Electoral no respeten la Constitución y le pongan fecha a la validación de las firmas» para el referéndum revocatorio que busca para poner fin al mandato de Maduro.
El tema de fondo es el procedimiento de destitución que contempla la Constitución de la República Bolivariana, promulgada en el primer gobierno de Hugo Chávez. Desde que la oposición derrotó ampliamente al oficialismo en diciembre pasado, la crisis que ya arrastraba el sucesor de Chávez se profundizó porque los líderes de la derecha se propusieron avanzar con el viento de cola hacia el cambio de régimen en ese país, alentados por el triunfo de Cambiemos en Argentina y por el rol que tomó la nueva cancillería local en contra de Caracas.
En Buenos Aires, el diputado del PSUV Héctor Rodríguez Castro, quien fuera ministro del Poder Popular con el líder bolivariano, explicó el dilema en que se debate en estos momentos la democracia venezolana. «Ellos (por la nueva mayoría en la Asamblea Nacional) quisieron hacer una ley de amnistía que liberaba a presos comunes, incluso por delitos de narcotráfico, por eso la rechazó el Tribunal de Justicia», señaló en una rueda de prensa.
Rodríguez también explicó la posición del gobierno sobre el tema del referéndum. «Es una figura que está en la Carta Magna y que nadie discutió antes». Pero, resaltó, el reglamento tiene características que no se han cumplido aún. En principio, estaban en condiciones de pedir el revocatorio desde el 11 de enero, cuando pasó la mitad de mandato de Maduro, «pero no lo hicieron porque entre ellos no están de acuerdo en si la mejor forma de derrocarnos era esa o la presión social». Esto, apunta el legislador, provocó una demora en la junta de firmas del 1% de la ciudadanía, que están el la etapa de revisión que la ley permite. Luego faltaría, si esa instancia es avalada por la justicia, recolectar adhesiones del 20% del electorado para avanzar otro escalón. «Así se hicieron 15 referendos, uno de ellos presidencial, y nunca hubo rechazo al procedimiento. Sucede que los tiempos esta vez se les escapan. Eso los desespera». Ese ventarrón de la derecha continental, calcula Rodríguez, podría amainar luego del golpe en Brasil y finalmente también bajaría la presión contra Maduro.
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