por Alberto López Girondo | Mar 27, 2015 | Sin categoría
El 10 de noviembre de 2007, en plena Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado en Santiago de Chile, el líder bolivariano Hugo Chávez increpó en forma persistente al presidente de gobierno español por la injerencia de un ex jefe de estado hispano en la situación interna de Venezuela. La incomodidad del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero era evidente. ¿Cómo defender al PP José María Aznar, que viajaba con frecuencia para asistir a encuentros en ONG de la derecha y en contra del gobierno chavista? La frutilla del postre fue el ya famoso «¿Por qué no te callas?» con que el rey Juan Carlos I intentó silenciar las denuncias del mandatario venezolano.
Pasaron casi ocho años. España ya no es la orgullosa nación que se pretendía faro para las naciones latinoamericanas, donde había desembarcado una década comprando a precio de ganga bancos, medios de comunicación y empresas proveedoras de servicios. La crisis que se desató en 2008 golpeo fuerte en España y paralelamente al abrupto crecimiento del desempleo se fue destapando una extendida trama de corrupción en la dirigencia política. Las denuncias también llegaron hasta el Palacio de la Zarzuela y Juan Carlos de Borbón eligió abdicar a favor de su hijo Felipe antes que seguir enfrentado el descrédito de la casa real.
El PP llegó con su receta de recortes al poder en 2012 y ambos partidos terminaron envueltos en las críticas más feroces de la sociedad. Hasta que un grupo de jóvenes irreverentes se calzó la protesta al hombro, elaboró el concepto de que todos forman parte de una casta y se convirtió en una amenaza para el bipartidismo que se enseñoreaba en la península desde la Constitución de 1978.
La crisis política hace temblar al PP, en el gobierno, pero también a la oposición socialista. Rápida de reflejos, la presidenta de la Junta de gobierno de Andalucía, un feudo del PSOE, adelantó elecciones. Enric Juliana, periodista de La Vanguardia, sostiene con bastante buen criterio que la jugada de Susana Díaz apuntaba a poner en un aprieto a Podemos, el partido de los irreverentes fundado por Pablo Iglesias y un grupo de intelectuales muy cercanos al populismo latinoamericano. Y fundamentalmente a no seguir perdiendo adeptos. Juliana ve detrás de esta movida a un gran titiritero, Felipe González Márquez. La estrategia funcionó bastante bien: el domingo pasado el PSOE mantuvo la misma cantidad de bancas que tenía, 47; el PP se desbarrancó y de 50 escaños le quedaron 33, al tiempo que Podemos sumó 15. Para un debut no está mal, pero la expectativa era mayor. El PSOE, a su vez, salvó los papeles, aunque en realidad perdió 118 mil votos en relación a 2012.
No espero nada Felipe González para anunciar un viaje a Venezuela donde asumiría la defensa de dos dirigentes opositores presos por conspirar contra el gobierno, Leopoldo López y Antonio Ledezma. Hombre de mirada gatuna como lo definen los analistas españoles, el ex jefe de Estado que más duró en su cargo desde la vuelta de la democracia a ese país apuntaba a sostener a sus amigos latinoamericanos. Pero en medio de una campaña mediática que hostiliza a Podemos con los peores brulotes –entre los cuales figura en primer término el de «chavistas» porque efectivamente colaboraron en trabajos con el gobierno bolivariano– Felipe no se iba a perder la ocasión de embestirla contra el presidente Nicolás Maduro para pegarle a Pablo Iglesias.
Alguna vez Felipe González Márquez fue Isidoro. Eran los últimos años del franquismo y el joven abogado laboralista sevillano utilizaba ese «nom de guerre» como clandestino en sus tiempos de militancia en el socialismo, un partido que todavía mantenía entre sus premisas el marxismo. A los 32 años, en Suresnes, Francia, los exiliados lo eligieron secretario general del PSOE. Dicen que con el apoyo explícito de sus aliados de la Internacional Socialista, el italiano Pietro Nenni, el sueco Olof Palme y el alemán Willy Brandt entre ellos. Un año más tarde, a la muerte del dictador, Isidoro pasó a ser Felipillo, el joven e impetuoso líder de la izquierda admitida por el régimen. El poder le llegaría recién en 1982. Ocupó el cargo hasta 1996.
Se fue envuelto en cuestionamientos por el combate a ETA con un grupo parapolicial llamado GAL, una rémora de la Triple A de Argentina. También por haber instaurado modalidades de contratación de trabajadores que fueron cada vez más a la baja.
Fuera del gobierno también lo esperaba una carrera brillante. Sería personaje habitual de consulta de gobiernos y empresas por sus relaciones con gobiernos de todo el mundo, especialmente de América Latina. Y sería sumado al Comité de Sabios de Europa, un grupo de celebridades que se supone que piensan el futuro del continente.
La palabra lobista, con que lo definió Maduro estos días, ya le cabía en la era del neoliberalismo, y en 2010 González fue designado oficialmente consejero de la empresa Gas Natural Fenosa, con intereses incluso en Argentina.
Cuando el modelo privatista entró en crisis, González también salió a defender al establishment. Así fue que viajó de urgencia a Buenos Aires a fines de diciembre de 2001. Quería convencer a Fernando de la Rúa de que no renunciara. Sabía que con el representante aliancista iba a caer la Convertibilidad y con ello las increíbles ganancias de las empresas españolas durante esos tiempos. Llegó tarde, cuando aterrizó De la Rúa ya se había tomado el helicóptero. Eso no impidió que intercediera ante sus sucesores, con menor suerte a medida que el kirchenirsmo se fue consolidando con otro proyecto. Para colmo, en el resto del continente surgieron gobiernos menos proclives a recibirlo.
A Felipe González, sin embargo, todavía le quedan amigos en la región. En diciembre pasado, Juan Manuel Santos le otorgó la nacionalidad colombiana. «Es un ser extraordinario», lo definió Santos. «He estado vinculado una parte de mi vida política muy importante a América Latina y dentro de ese vínculo ha tenido un lugar siempre especial Colombia», respondió el sevillano, tras calificarse de tan español como colombiano.
En la vida privada tampoco le fue mal. Separado de su primera esposa luego de 39 años de matrimonio, se volvió a casar con una mujer 17 años más joven, María del Mar García Vaquero. Con ella compraron un campo de 49 hectáreas en Extremadura donde construyó una mansión de 600 metros cuadrados. Un artículo de la revista Vanitatis asegura que el terreno donde se erigió la finca El Penitencial costó 425 mil euros. Para adquirirla, recuerda el magazine de chismes de ricos y famosos, vendió una casa en Tánger de 5000 metros cuadrados a orilla del mar que tenía con su ex esposa, Carmen Romero. La compradora es la familia real saudita. La ocupante, señala la publicación, es la «princesa Lalla Meryem, la hermana díscola del rey de Marruecos».
Tentado de hacer otra alianza continental, González quiere sumar a su cruzada en tierras de Bolívar a los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Luis María Sanguinetti, de Uruguay, y Ricardo Lagos, de Chile. El canciller español, José García Margallo, le deseó suerte porque, declaró, «defender las libertades, los derechos humanos y el estado de derecho es una tarea muy digna».
Pero no sólo de lo que la dirigencia española –»la casta, diría Podemos– considera Derechos Humanos o democracia viene a hablar. También, según el corresponsal en Washington del diario El Mundo de España, va a dar lecciones de economía. Anota Pablo Pardo en el periódico madrileño que en una charla en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS por sus siglas en inglés) Felipe González Márquez estimó que el problema más grave que padece la Venezuela de estos días es económico. «Tienen que sentarse a hablar gobierno y oposición y después hablar con los sectores productivos y hacer un plan de ajuste porque, con el 15% de déficit de la Administración central –que no incluye los de las provincias–, es imposible que el país salga adelante, y menos aún con el petróleo a la mitad de lo que valía hace 4 meses.»
Más claro…
Tiempo Argentino
Marzo 27 de 2015
Ilustró Sócrates
por Alberto López Girondo | Mar 20, 2015 | Sin categoría
En medio de la escalada de Estados Unidos contra Venezuela, los países americanos le encargaron al ex canciller uruguayo Luis Almagro un desafío de proporciones titánicas: reanimar un cuerpo que agoniza lentamente como es la Organización de Estados Americanos (OEA). Un esfuerzo que a pesar de las mejores intenciones quizás resulte inútil.
Como se sabe, la OEA nació en 1948 en el marco de la Guerra Fría. Un año antes, en 1947, los países reunidos en Río de Janeiro habían aprobado la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Se trataba de un acuerdo de tipo militar defensivo destinado a impedir amenazas de países fuera del continente contra cualquier miembro de la organización. La OEA tenía como objetivo la defensa de la paz, la seguridad, los valores democráticos y los Derechos Humanos. En realidad siempre fue un foro donde Estados Unidos planteaba los niveles de debate continental y fijaba el rumbo de lo que significan cada uno de esos términos en cada situación concreta.
Los tratados de Yalta y Postdam, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, establecían un mundo de dos bloques, uno capitalista y el otro comunista. Con las diferencias dentro de cada uno de ellos que cualquier analista medianamente despierto podía avizorar.
No era esperable en esos primeros años que la Unión Soviética intentara «cruzar el charco» para una aventura bélica. Pero ambos tratados, más otros adicionales elaborados con el tiempo, sirvieron para acomodar los trastos en el «patio trasero» de la potencia imperial.
Pero los pueblos nunca aceptaron ese estado de cosas decidido por gobiernos que respondieron ante la presión de la Casa Blanca para ponerlos a todos en el mismo redil. Brasil en esos tiempos era un aliado firme de Estados Unidos. Había mandado tropas para combatir al nazismo y de hecho tradicionalmente abre la Asamblea General de Naciones Unidas cada año. La realidad exterior tal vez no daba para mucho más.
Sin embargo, Argentina y Brasil –con Juan Domingo Perón y Getulio Vargas– eran un problema para los estrategas de Washington a fines de los años 40. Luego surgiría otro díscolo, el guatemalteco Jacobo Arbenz, desalojado en forma humillante del poder en junio de 1954. Acusado de pro-comunista por sus políticas sociales progresistas, marcó una época para todas las luchas reivindicativas que vendrían posteriormente.
La crisis que llevó al suicidio de Vargas, en agosto de ese mismo año, fue otro duro golpe a mandatarios que intentaban un camino independiente de los dictados del norte. Otros terminaron expulsados abruptamente por sectores oligárquicos, con el brazo armado de las cúpulas militares impulsadas desde Estados Unidos a través de las embajadas y de la CIA.
En setiembre se cumplirán 60 años del derrocamiento de Perón, otro golpe artero contra la voluntad popular. Tampoco aquí la OEA actuó en defensa de los deseos de la mayoría ciudadana. El poder, como algún presidente estadounidense llegó a reconocer, era ocupado por «hijos de puta, sí, pero nuestros hijos de puta». Ante la vista gorda del organismo que debía defender la democracia y los derechos humanos. Y que argumentaba que cuando no eran filocomunistas, los derrocados eran filofascistas.
Cuba fue expulsada de la OEA en la reunión de Punta del Este de 1962. Según el dictamen que forzó Estados Unidos, porque el gobierno revolucionario se había declarado marxista leninista y eso contradecía los fundamentos de la organización. Puede decirse que el golpe contra Arturo Frondizi fue una consecuencia de esa decisión, ya que se había reunido en secreto con el Che Guevara. Dos años más tarde, otro gobierno acusado de pro-comunista, el de Joao Goulart, sería apartado violentamente del poder en Brasil.
La historia más reciente de la barbarie desatada en el cono sur en los ’70 es otra muestra de lo que representaba la OEA. Que jamás expulsó de la organización a ninguno de los tiranos sanguinarios que ocuparon el poder en esos años oscuros.
Un hecho inesperado de uno de los hijos predilectos del Pentágono, el presidente de facto Leopoldo Galtieri, demostraría fehacientemente la otra cara de las estructuras panamericanas. Porque la respuesta bélica de Gran Bretaña a la recuperación de Malvinas, en 1982, era un caso testigo que ameritaba la intervención de la TIAR: un ataque de una potencia extracontinental contra un país miembro. No lo hizo y bueno es recordar que el TIAR comenzó a morir en ese instante. A manos de una de las dictaduras más feroces y amigas de Washington.
La OEA tuvo mejor suerte, porque entonces la Casa Blanca se dio cuenta de que resultaban más convenientes las salidas constitucionales. Tuteladas bajo legislaciones que dificultan y hasta impiden el ejercicio de la voluntad plena de la población, pero con participación ciudadana.
Hasta que en el siglo XXI, primero el venezolano Hugo Chávez y luego otro grupo de gobiernos en la misma sintonía se fueron convirtiendo en un «grano en el patio trasero». Un poco porque venía declinando el poderío estadounidense, y otro porque el neoliberalismo se mostró incapaz de dar respuesta a las demandas populares. Así crecieron la Unasur y la Celac como organizaciones que pudieron sustentar la democracia y los derechos humanos sin injerencia de Estados Unidos. Mejor dicho, porque Washington quedó puntualmente al margen.
Cierto que no se pudieron evitar los golpes en Honduras y en Paraguay, pero los golpistas se vieron obligados a negociar salidas democráticas. No pudieron perpetuarse. Algo por lo que la OEA no se caracterizó jamás.
Desde 2009 los países miembro decidieron la reincorporación de Cuba. El acercamiento entre el gobierno de Barack Obama y el de Raúl Castro, luego de un pedido de disculpas histórico del estadounidense por 53 años de una política errada, marcan una nueva etapa para esa entidad.
¿Volverá Cuba a la organización panamericana? Que representantes estadounidenses y cubanos se reúnan para restablecer relaciones diplomáticas es una buena señal. Pero todavía falta levantar el bloqueo económico y sacar a Cuba de la lista de naciones que apoyan al terrorismo. Dos cuestiones de gran relevancia a las que los cubanos no van a renunciar.
La cumbre americana de Panamá del 10 y 11 de abril próximo promete ser trascendente. Allí Obama se cruzará con Castro. Pero también con Maduro, presidente del país al que acaba de poner en la lista de amenazas para la seguridad de Estados Unidos.
Contar con un organismo que junte a todas las naciones del continente es un objetivo estratégico que se viene demorando desde los tiempos de Simón Bolívar. El tema es con quién y a qué precio. Unirse en condiciones de igualdad permitiría resolver cuestiones como las que Almagro señaló en sus propuestas «de campaña»: actuación conjunta ante desastres naturales, interconectividad tecnológica e iniciativas regionales para el cambio climático. Pero si hay una nación –o dos, teniendo en cuenta la posición de Canadá– que se creen «más iguales» que el resto, no se percibe cuál sería el negocio.
Almagro lo sabe, por eso se cuida de pretender competir con la Celac o Unasur. En unos días se verá el talante de lo que está en juego en Panamá. El uruguayo asumirá en mayo; Insulza, que estuvo en el cargo los últimos diez años, no tiene mucho más para dar, desde que encabezó la debacle de la OEA. Es evidente que otros vientos soplaran en la institución.
¿Será mejor dinamitarla y armar otra OEA entre pares, que no tenga sede en Washington ni como objetivo una interpretación sesgada de los valores de la democracia? Son varios los gobiernos que proponen sacar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la capital estadounidense. El principal argumento es que Estados Unidos nunca refrendó el tratado. Para tener en cuenta.
Tiempo Argentino
Marzo 20 de 2014
Ilustró Sócrates
por Alberto López Girondo | Mar 15, 2015 | Sin categoría
Una escena de Tiempo de valientes, filme de Damián Szifron, resulta una revelación sobre lo que ocurría en los servicios de inteligencia argentinos. El personaje que interpreta Diego Peretti, Silverstein, un psicoanalista circunstancialmente envuelto en una trama entre policías y agentes secretos, se las rebusca para ingresar al edificio de la SIDE, en la porteña esquina de 25 de Mayo y Rivadavia. Cae en manos del siempre eficiente Oscar Ferreiro, un «malo» de antología que interpreta al jefe de la organización, de apellido Lebonian. En busca de defenderse, Silverstein-Peretti argumenta razones por las que no conviene que lo maten.
–Conozco mucha gente, no le va a resultar tan fácil –sostiene, inocente.
–Yo saqué y puse presidentes, ni te imaginás lo fácil que va a ser –es la fría respuesta de Lebonian-Ferreiro.
La película es de 2005, la misma época en que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) perdió las últimas dos letras de su sigla para quedar en SI. Un año antes, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, había revelado públicamente una imagen de Antonio Horacio Jaime Stiuso, al que acusó de ser el arquitecto del encubrimiento en la causa por la voladura de la AMIA y de encabezar una trama de operaciones para mantener bajo control al poder judicial y político.
Una década más tarde, la imagen en blanco y negro del misterioso Stiuso que difundió Beliz sigue siendo una de las pocas que se conoce de ese personaje que, raleado de la Secretaría de Inteligencia por la presidenta Cristina Fernández, aparece en el centro de cuanta trama se revela desde la denuncia del fiscal Alberto Nisman y su posterior muerte. Esa fotocopia se funde ahora con la imagen de Lebonian y parece recordar desde las sombras que no solo puede haber puesto y sacado presidentes –estuvo en los servicios desde 1972– sino que conserva poder de fuego.
Poner bajo control democrático ese poder es la razón que subyace en la reforma a la ley que aprobó el Congreso Nacional, por iniciativa del Gobierno, mediante la cual se crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se disuelve el organismo tan cuestionado desde la recuperación de la democracia, hace 32 años.
Según cuenta Gerardo Young, autor de SIDE, la Argentina secreta, editado en 2006, Cristina Fernández nunca tuvo simpatía por Stiuso ni por quienes lo secundaban en la institución desde que su esposo llegó al poder, en 2003. Cuando la mandataria decidió reorganizar la SI, a fines de diciembre, cambiando a la cúpula y forzando el retiro de Stiuso –un personaje que había atravesado el tramo final del general Alejandro Lanusse, los gobiernos peronistas del 73 al 75, la dictadura más sangrienta que vivió el país y todo el período democrático desde 1983 en adelante–, los medios develaron una feroz interna en el servicio de inteligencia y se puso el foco en los vínculos de los espías con los funcionarios del Poder Judicial y autoridades políticas.
El tiempo demostró que todavía estaba todo por contarse. Porque a mediados de enero el fiscal de la causa AMIA pateó el tablero presentando, en plena feria judicial, una denuncia por encubrimiento contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman y una serie de presuntos operadores acusados de negociar la impunidad de Irán en el atentado a la AMIA mediante la firma del Memorándum de Entendimiento. La muerte de Nisman pocos días después de hacer pública su acusación no hizo sino apurar definiciones del Gobierno en torno de una reforma profunda del servicio de informaciones estatal. Lo que pareció revelar una guerra subterránea entre las autoridades y los espías vernáculos.
La oposición se puso a la cabeza de las demandas contra el kirchnerismo. « ¿Por qué ahora cambian a la ex SIDE (nunca se terminó de incorporar al imaginario popular la sigla SI)?». «Hace 12 años que están en el poder, ¿por qué no lo hicieron antes?», fue uno de los puntos más repetidos. La respuesta oficial se basó en una verdad irrefutable: salvo la izquierda trotskista, que coincide en la crítica pero que nunca ocupó el Ejecutivo, a los dirigentes partidarios les cabían las generales de la ley. Marcelo Sain, experto en la cuestión y uno de los dos especialistas que se presentaron en el Senado para proponer modificaciones al texto original del proyecto (ver «Una reforma…»), indicó que «este tema no ayuda electoralmente a nadie, estas son las razones de la falta de disposición de la clase política argentina a tratarlo». Esto puede explicar por qué, si de poner un personaje como emblema se trata, Stiuso haya sobrevivido a Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y a Eduardo Duhalde.
Algunas usinas oficialistas incluso recordaron que desde las arcas de la SIDE salieron los dineros con que se pagaron las coimas para aprobar la Ley de Flexibilización Laboral, el mayor escándalo que envolvió al Gobierno de la Alianza, cuando una de las más acérrimas críticas de la nueva Ley de Inteligencia, principal defensora de la denuncia de Nisman, Patricia Bullrich, era nada menos que ministra de Trabajo del presidente De la Rúa.
El historial de la SIDE en democracia incluye personajes como Raúl Guglielminetti, fotografiado como custodio de Alfonsín, y Aníbal Gordon; ambos estaban en el «lado oscuro» desde la dictadura cívico-militar, cuando formaron parte de grupos de tareas, pero también participantes de operativos «menores», como la rotura de vidrieras de un local de la cadena Modart de la avenida de Mayo durante un acto de la CGT en 1988, o determinantes como el encubrimiento del atentado a la embajada de Israel, en 1992 y de la AMIA dos años más tarde. Agentes de la SIDE tuvieron un rol importante en los incidentes que terminaron con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación Avellaneda en 2002. Ni qué decir de la red armada desde el gobierno de Menem –de la mano de quien fue «Señor 5», como se denomina al secretario en la jerga de los servicios, Hugo Anzorreguy– en torno a los juzgados federales que ahora están en la picota a partir de los proyectos de reforma judicial que Cristina Fernández impulsa desde hace dos años.
El problema de los controles
«Las actividades de espionaje en el país han crecido tanto que se han vuelto difíciles de manejar, al punto de que nadie sabe realmente cuánto cuestan, cuánta gente participa en ellas ni a qué se dedican». No se trata de un informe sobre la situación de la ex SIDE. Es el resultado de una investigación que el diario estadounidense The Washington Post publicó en julio de 2010. Fue un trabajo en la línea del realizado con el caso Watergate, aquella vez a cargo de un equipo especial que investigó durante dos años para revelar un submundo que en Estados Unidos empleaba para la época a 854.000 personas en varios países y que sirvió para alertar sobre un tema que para los sectores que en esa nación defienden la transparencia resultaba preocupante. Conviene no olvidar que en Estados Unidos no solo sacan y ponen presidentes, sino que los servicios estuvieron involucrados, por caso, en el asesinato del presidente John Kennedy, y tienen responsabilidad en otros crímenes de estado tanto dentro como fuera de ese territorio.
Un descontrol con ciertas similitudes subsistía en la agencia nacional, con un adicional difundido cuando se conocieron los cables filtrados por el sitio Wikileaks: los responsables de la investigación de la causa AMIA recibían datos y literalmente obedecían las directivas de la CIA estadounidense y del Mossad israelí. Datos inútiles para llegar a la verdad, ya que, si la causa no avanzó, en gran medida se debe a que las pruebas recolectadas son escasas y poco contundentes, según lo que desliza el juez a cargo del proceso, Rodolfo Canicoba Corral.
La injerencia en el país de los organismos de espionaje internacionales incluyó, desde los 90, y en medio de un incremento de eso que se llama genéricamente «inseguridad», la presencia de agencias de seguridad privadas ligadas con policías y afines, muchas de ellas con «tecnologías» provistas por sus socios retirados de la CIA o de agencias internacionales… si es que un espía alguna vez deja de serlo.
El problema de la seguridad y la investigación en manos privadas y asociadas a «expertos internacionales» no es solo un tema de soberanía, sino también de defensa de los derechos individuales. Sin embargo, en muchos sectores de la sociedad las siglas foráneas tienen un cariz seductor. Por caso, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, justificó en su momento la decisión de poner al frente de la Policía Metropolitana a Jorge Alberto Palacios: «La DEA, la CIA, la SIDE y el Mossad, todos recomendaron al Fino Palacios» como el mejor para ese puesto. Macri, además, está implicado en una operación de espionaje armada bajo su gestión contra familiares de víctimas del atentado a la AMIA pero también contra sus propios parientes en el marco de disputas por dinero de las sociedades que integran. Sin embargo, como dice la periodista Clarisa Ercolano, autora del libro Escuchas ilegales, «Macri está procesado junto con Ciro James y Palacios pero durante toda la etapa de instrucción del juicio no se pudo comprobar que haya sido el jefe de una banda de espías que escuchaban para él». En todo caso, el asunto ofrece más aristas oscuras sobre los vínculos entre espías, policías y magistrados. Al respecto, la fiscal federal Mónica Cuñarro comentó, sin tapujos, que «es hora de terminar con esta relación promiscua entre algunos jueces y fiscales con sectores de los servicios de inteligencia que viene desde los 90».
La discusión se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sistema judicial, que no es nueva. El kirchnerismo impulsó los juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos contra la voluntad de muchos representantes del Poder Judicial. Y desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el clima se espesó aún más a partir de las trabas que el Grupo Clarín logró interponer en distintos tribunales.
Una prueba de este enfrentamiento la dio el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, en un cruce con el fiscal general Ricardo Sáenz en un programa de TN, cuando daban su interpretación del 18F. Para Jozami, había que entender la marcha en homenaje a Nisman en el contexto de que muchos de los fiscales que la habían organizado estaban acusados de encubrir la causa AMIA y, en el caso concreto de Sáenz, había considerado en 2003 que las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final eran constitucionales. Sáenz dijo que no tenía nada que ver con eso, pero junto con otro fiscal polémico, José María Campagnoli, consideraron, en lugar de fundamentar una respuesta, que las palabras de Jozami eran como un «carpetazo».
Internas siniestras
Gran parte del poder omnímodo que detentaba la SIDE consistía en la acumulación de información personal de los principales actores de la política, la Justicia y el periodismo. A la manera del mítico John Edgar Hoover, que dirigió el FBI durante 37 años acopiando datos comprometedores sobre los ocho presidentes que se sucedieron en ese lapso, los espías locales están acusados de haber difundido carpetas al rojo vivo sobre los personajes más variados. Uno de los escándalos más resonantes fue el del juez Norberto Oyarbide, filmado en un prostíbulo masculino en 1998 en una operación de servicios y policías federales nunca aclarada del todo.
El 23 de diciembre pasado, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le solicitó a la jueza interviniente, Sandra Arroyo Salgado, a la sazón ex esposa de Nisman, el envío a juicio oral y público de la causa por espionaje y asociación ilícita y encubrimiento a 8 personas. La investigación determinó que agentes de la SIDE hackeaban correos y conversaciones de funcionarios públicos, dirigentes políticos y sociales y hasta la presidenta para luego vender la información a periodistas y empresarios de medios. Los acusados son: quien fue titular de la SIDE en el inicio de la gestión de Menem, Juan Bautista Yofre; los periodistas Carlos Pagni –uno de los principales columnistas de La Nación–, Edgar Mainhard y Roberto García; el director del portal Seprin, Héctor Alderete; el militar retirado Daniel Reimundes; el empresario mediático santiagueño Néstor Carlos Ick y Pablo Alfredo Carpintero, un espía relacionado con otro ex agente, prófugo de la Justicia, Iván Velázquez. El 6 de marzo la jueza firmó el procesamiento de los 8 imputados sin prisión preventiva.
Yofre, uno de los procesados, no se privó de convocar a la marcha del 18F, y en ese marco reprendió a jueces y fiscales que habían permitido los juicios por violaciones a los derechos humanos. Señaló que esa «flaqueza» estaba en el origen de esta puja con el Gobierno.
Para muchos analistas, la llegada al máximo cargo en el Ejército del general César Milani, en julio de 2013, obedeció al cambio de rumbo en la relación entre el Gobierno y la SI, bastante dañada desde que se aprobó el Memorándum de Entendimiento con Irán y de los proyectos de modificaciones al sistema judicial. En el caso concreto de Stiuso, además, por la muerte de uno de sus hombres de confianza, Pedro Tomás Viale, más conocido como El Lauchón, acribillado por agentes de la bonaerense en un vidrioso operativo antidrogas, para la misma época.
Milani es un especialista en Inteligencia que, en medio de semejante interna del espionaje, venía a tomar el control del área. Fue entonces que se difundió que sus primeros pasos en el Ejército fueron en el Operativo Independencia y luego en La Rioja, entre 1976 y 1978. Y que estaba implicado en la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, en Monteros, Tucumán.
Con todos estos antecedentes como telón de fondo llegó al Congreso el proyecto de ley que dispone la creación de la AFI. La iniciativa enfrentó un fuerte rechazo opositor. La propuesta entró por la Cámara Alta y los únicos que se presentaron a debatir en la comisión fueron el mencionado Sain y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), encabezado por su presidente, el periodista Horacio Verbitsky. Ellos fundamentaron críticas a la propuesta original, parte de las cuales fueron incorporadas en el proyecto definitivo. En Diputados la situación fue otra: Elisa Carrió «pateó» el tablero y fue a las comisiones donde se trató la propuesta para cuestionar a Milani. Su presencia fue suficiente para que el resto de la oposición entendiera que debía estar presente en el debate, aun siendo minoría, porque era un tema sensible para la sociedad. La ley, sancionada con los votos del kirchnerismo y sus aliados, está vigente desde su promulgación, el 5 de marzo.
Origen militar
En julio de 2004, en su programa A fuego lento, el periodista Herman Schiller, contó parte de la historia de los servicios de inteligencia y su vinculación con el aparato militar. Según Schiller, todo comenzó en 1949, cuando el gobierno de Juan Perón creó, en medio de la huelga de ferroviarios, un organismo denominado «Control de Estado», que luego mutó en Coordinación de Informaciones de Estado (CIDE). El objetivo, relató, era «neutralizar los bolsones opositores y combativos que aun quedaban entre los trabajadores». Schiller detalló que los organizadores primigenios de esos servicios fueron los militares Ramón Solveyra Casares y Jorge Osinde. Este último sería indicado con los años como uno de los responsables de la Masacre de Ezeiza cuando Perón regresó definitivamente al país, en mayo de 1973. De él diría el tres veces presidente, tiempo después, que «era un hombre de los servicios de inteligencia, es decir, un animal». Todavía bajo la sigla CIDE, el organismo aparece en escena en el asesinato del abogado Marcos Satanovsky, en 1957, en una disputa por acciones del diario La Razón y cuya trama reveló Rodolfo Walsh. Fue con la dictadura de Juan Carlos Onganía que la CIDE pasaría a ser SIDE. Pero las costumbres no cambiaron demasiado.
Marcelo Sain: «Una reforma sustantiva»
Marcelo Sain, licenciado en Ciencias Políticas y experto en temas de seguridad, fue interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y actualmente es diputado provincial bonaerense por Nuevo Encuentro. Participó del debate del proyecto de ley de inteligencia y aportó sus conocimientos para recomendar modificaciones en la ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
– ¿Qué va a cambiar con la creación de la AFI?
–Es una reforma parcial pero extremadamente sustantiva porque reconfigura todo el sistema. Se mantiene la función de la AFI de órgano rector del sistema para establecer las políticas y las estrategias del sistema de inteligencia en defensa nacional y seguridad interior. Pero se le incorpora la función de producir inteligencia en materia de delincuencia compleja, terrorismo, crimen organizado y atentados contra los lugares públicos y el orden institucional. Implica un reconocimiento de que la Argentina no tenía inteligencia a nivel de crimen organizado. Diría que la única inteligencia más o menos seria en materia de narcotráfico la llevaba adelante la DEA y a partir de allí ejercía influencia sobre las fuerzas federales de seguridad. A nivel terrorismo había un contubernio entre la CIA y la SIDE, detrás del cual eclosiona esta crisis. El segundo gran eje de cambio es la transferencia de la dirección de Observaciones Judiciales.
–Al área de la Procuración, ¿verdad?
–Exactamente. Ese traspaso tiene dos esferas, una es que no esté más en el órgano de inteligencia y la otra es el destino del material, que en este caso es la Procuración General. No hay razón para que un órgano que tenía como objetivo la ejecución de decisiones judiciales esté en manos de un organismo administrativo ajeno a las tareas jurisdiccionales. El único sentido que tenía era inconfesable desde el punto de vista institucional: monopolizar las escuchas legales para tener conocimiento de lo que ocurría en las causas más importantes para la SI. Pero eso encubría una gran red de espionaje político a través de la utilización de escuchas ilegales. Que deje de estar en la sede central del organismo de inteligencia nacional es un avance institucional enorme. Un tercer punto es la obligación de que el Gobierno someta a la consideración del Senado la designación de las autoridades de la AFI, porque eso lo obliga a establecer políticas y estrategias que deberán ser explicadas por los candidatos en el Senado, que será quien deba convalidar la decisión del Ejecutivo.
–Pero se dice que el control parlamentario nunca funcionó.
–La dirigencia política argentina debería estudiar la ley, las reformas que se introdujeron, porque lo que hemos visto en este debate es que son muy pocos los que conocían no solamente las bases legales del sistema sino cómo funcionaba realmente. Las facultades del control parlamentario de la comisión bicameral son amplísimas y no fueron llevadas a cabo por ningún sector político. Siempre se anteponía la resistencia de la SI a ser controlada pero eso era una excusa, porque fue muy poco el accionar tendiente a garantizar control parlamentario. Cuando se deja en manos de los espías el manejo de la inteligencia inevitablemente termina en una situación de crisis, de la misma manera que cuando se deja la política de defensa nacional en manos de generales, o la política de seguridad en manos de comisarios. Esta crisis debe enseñarnos que se tienen que formar cuadros políticos de gestión especializados, porque si no, inevitablemente, quienes terminan gobernando la defensa nacional, la seguridad pública y la inteligencia son los generales, los comisarios y los espías.
–La otra crítica es por qué no se hizo antes.
–Yo comparto esa crítica, pero creo que hay una equivocación por parte de la oposición. Con la excusa de que, como no se hizo antes, ahora no voy a apoyar, lo que se esconde es la disposición a mantener el sistema tal cual estaba. Esto sería algo así como «mirá, yo no estoy de acuerdo con el desembarco de Normandía porque nunca estuve de acuerdo con que se lo dejara crecer tanto a Hitler en la década del 30, la culpa es que las potencias europeas no se dieron cuenta de lo que el nazismo iba a producir». Esto es lo mismo.
Revista Acción Marzo 15 de 2015
Colaboró en la producción Facundo Alé
por Alberto López Girondo | Mar 13, 2015 | Sin categoría
Tras el encendido discurso de Nicolás Maduro pidiendo poderes especiales para enfrentar la amenaza esbozada por el gobierno de Barack Obama, surgió un chisporroteo con la flamante administración frenteamplista en Uruguay. Un malentendido entre el presidente venezolano y el vice oriental, Raúl Sendic, sobre la injerencia estadounidense en el país bolivariano retrasó la reunión de cancilleres de la Unasur para tratar esa suerte de declaración de guerra estadounidense. El entuerto alentó esperanzas de quiebre entre los opositores a esta sólida unidad regional que se observa en la última década en el sur americano. El desafío es mantener el principio de asociación y no caer en la tentación que se les ofrece desde el establishment basado en Miami.
La controversia era sobre el cariz que cada uno le da a la intromisión de Estados Unidos en Venezuela. Como para aclarar las palabras que cuestionó Maduro por timoratas, bien que sin nombrar al hijo del mítico líder guerrillero tupamaro, el ex presidente y actual senador José Mujica señaló que no necesita mayores evidencias de la actitud estadounidense: «No necesito pruebas de que los norteamericanos se meten, ¡si se meten en todos lados! Acá estamos podridos de que se metan.»
Otro que salió a respaldar a Maduro fue el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa. «Parece una exageración del gobierno norteamericano afirmar que Venezuela sea una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos. Esa afirmación es inaceptable por las consecuencias que puede tener para todos los venezolanos, no solamente para el gobierno nacional.» El cardenal primado de Venezuela condenó que justo cuando Cuba y Estados Unidos abrieron un diálogo para normalizar sus relaciones diplomáticas, se tensen las relaciones entre Caracas y Washington. Y por una declaración del gobierno de Obama que Urosa no dudo en calificar de «deplorable».
Es bueno detenerse en el contexto en el que se despliega esta escalada belicista. El 10 y 11 de abril próximos se desarrollará en Panamá, la VII Cumbre de las Américas. La gran novedad de ese encuentro de mandatarios de países de la Organización de Estados Americanos será la asistencia de Cuba, por primera vez desde que fuera expulsada por presión de Estados Unidos en 1962. Antes, el miércoles que viene, la OEA deberá elegir a su nuevo secretario general, en remplazo del chileno José María Insulza.
El seguro remplazante será el uruguayo Luis Almagro, canciller durante la gestión de Mujica y gestor de una buena relación con la administración Obama, al punto que fue el encargado de llevar adelante la negociación para el traslado de presos de Guantánamo y también colaboró para abrir canales de diálogo entre La Habana y Washington.
Para tener una dimensión de lo que se juega conviene ver lo que piensan no en el Salón Oval sino entre los que le «pasan letra» acerca de la relación con América Latina. Y sin dudas uno de los más caracterizados voceros de la derecha proestadounidense es el argentino Andrés Oppenheimer, quien reside en ese país desde 1976 y editorializa desde el Miami Herald y el canal CNN hacia el resto del continente. En una columna que reprodujo el porteño La Nación, Oppenheimer fustiga a Almagro, pero sobre todo a los gobiernos, por no tener otros candidatos para ofrecer. Fundamentalmente porque para el autor de La hora final de Castro, un libro que en 1992 se pretendió premonitorio –sin éxito como demostró la historia– Almagro no es un personaje confiable para la OEA.
¿Lo ve poco apto para ocupar el cargo? Nada de eso. Se sincera el columnista que cuando lo consultó sobre si una vez electo pediría «la liberación de (Leopoldo) López y otros presos políticos venezolanos, como lo han hecho (…) Insulza y las Naciones Unidas», la respuesta lo sacó de eje. Almagro le dijo simplemente: «Nosotros hemos trabajado este tema en el marco de la Unasur (y) en el marco de la Unasur vamos a ajustar las variables.»
Y aquí viene lo sustancioso de alguien que vale la pena seguir por su «sinceridad brutal». Por un lado, Oppenheimer sostiene que «la OEA sigue siendo una institución más grande y potencialmente más importante que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un grupo que fue creado para excluir a los Estados Unidos y México de las decisiones regionales.» A continuación apunta que «la OEA tiene una Carta Democrática y una respetada Comisión de Derechos Humanos. Además, cuenta con más de una docena de agencias especializadas en drogas, seguridad ciudadana y educación», pero, reconoce, «en los últimos años, ha sido eclipsada por la Unasur en las principales crisis regionales».
Parte de esta argumentación es seguida por personeros de la derecha a pie juntillas. Sin embargo hay un par de cuestiones que explican por qué Unasur sí y la OEA no. Desde la ominosa expulsión de Cuba en 1962 en adelante, ningún golpe de Estado de los tantos que hubo en América Latina implicó una respuesta drástica en defensa de la democracia de ese organismo.
Es bueno recordar que las deliberaciones para la creación de la OEA –cuyo nacimiento se produjo en mayo de 1948 en Bogotá– son coincidentes con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril, que desató el Bogotazo, un levantamiento popular que dejó un saldo de entre 500 y 3000 muertos por la represión, según las fuentes que se consulten. Son pocos los que creen en la casualidad de ambos acontecimientos, sobre todo porque según algunos historiadores, en la agenda de Gaitán para el día en que lo mataron figuraba una entrevista con un líder estudiantil cubano: Fidel Castro.
Hay analistas de sectores progresistas que no ven a Almagro con buenos ojos. Interpretan que su llegada a la Secretaría de la OEA forma parte de un acuerdo macro entre Montevideo y Washington que incluye no sólo el traslado de presos de Guantánamo sino un puente que a través del acercamiento Cuba –EE UU lime asperezas con el resto de la región, ostensiblemente opuesta a los pasos que da Obama y sobre todo su secretario de Estado.
Es que todavía resuena la frase de John Kerry ante el Congreso hace justo dos años, calificando a sus vecinos del sur como el «patio trasero» de Estados Unidos. Si a esto se agrega la declaración de Venezuela como «una amenaza para la seguridad nacional» no parece el mejor comienzo para una «bella amistad».
Puede entenderse que la afrenta del premier israelí Benjamin Netanyahu en el Capitolio fustigando la negociación por el plan nuclear con Irán haya golpeado en el orgullo del mandatario demócrata. También que aceptar el reingreso de Cuba puede herir susceptibilidades de los exiliados en Miami. Pero atacar a Venezuela en represalia suena a justificación infantil. El problema es que los halcones que se afilan los dientes para desgarrar el país bolivariano no son criaturas fastidiadas. La historia latinoamericana que detalló Maduro ante la Asamblea Nacional recuerda el carácter criminal de los golpistas.
La crítica de Oppenheimer a Almagro pasa por otro lado. «No estoy seguro de que la OEA podrá recuperar un rol de liderazgo con un secretario general según el cual la crisis de Venezuela deberá resolverse ‘en el marco de la Unasur'», dice el también autor de Cuentos chinos, de 2005.
Este sábado, en Quito, los 12 cancilleres de la Unasur buscarán consensos para armar una cumbre presidencial. El ecuatoriano Ricardo Patiño activó el encuentro frustrado en Montevideo desde su cuenta de Twitter, donde refrendó al «viejo luchador Eloy Alfaro», otro liberal asesinado, en 1912, quien decía que «en la demora está el peligro». Y sí, conviene apurar una reunión de mandatarios en la que se dará la formal respuesta que la mayoría de los presidentes ya expresó en forma individual.
Se sabe que Tabaré Vázquez no es Mujica, y que su canciller Rodolfo Nin Novoa tampoco es Almagro. Pero Montevideo, además de estrechar vínculos con Washington, quiere a Almagro en la OEA. Una respuesta contundente de la región podría ser no asistir al cónclave de Panamá. O, en su defecto, ir para armar lío, como pide el Papa Francisco. Maduro dijo que no va a tener problema en viajar, Cuba, por ahora, tampoco.
Las cartas están echadas, y el reconocimiento de que Unasur –una creación de Hugo Chávez– tiene peso en la región es, de por sí, un triunfo para los latinoamericanistas. Tal vez en el nerviosismo que genera esta certeza haya que buscar la grosera declaración de Obama. En el fondo puede que esta sea, en realidad, la verdadera amenaza que Venezuela entraña para Estados Unidos. Que le da sentido a la integración.
Tiempo Argentino
Marzo 13 de 2015
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