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Colombia va a las urnas con el ruido de fondo de la guerra

Colombia va a las urnas con el ruido de fondo de la guerra

Que este domingo se juega la posibilidad de alcanzar una paz duradera en Colombia no es un secreto para nadie. Ni para el presidente Juan Manuel Santos, que representa el ala más acuerdista dentro del establishment colombiano, ni del lado de Óscar Iván Zuluaga, el uribista que espera desplazar al mandatario en la segunda vuelta y echar tierra sobre el diálogo que se desarrolla en La Habana.
Tanto es así que luego del triunfo en primera vuelta con un discurso deliberadamente «antipacifista», Zuluaga ahora dice que no es cierto que fomente la guerra eterna. Sólo que pretende imponer condiciones muy duras a la guerrilla para integrarse a la vida política. Un discurso que no da garantías para resolver una disputa que ya lleva 50 años en la tierra de García Márquez, como la propia cúpula de las FARC se encargó de señalar: «No quieren la paz, quieren que nos sometamos.»
El cambio de perspectiva del uribismo obedece no tanto a un enfoque diferente como a la necesidad de sacarse de encima el brulote de que no quiere la paz, algo que parece haberse registrado en las últimas encuestas. Por eso Santos duplica la oferta y anunció el inicio de conversaciones también como el ELN, la otra fuerza irregular que controla parte del territorio colombiano.
Los acuerdos de paz son un trabajoso proceso para poner fin a un conflicto bélico que en 50 años costó más de 220 mil muertos, 25 mil personas desaparecidas y casi cinco millones desplazados, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia. Como toda guerra civil, más allá del precio en vidas humanas y bienes materiales, están las secuelas para una sociedad que quiera encaminarse a la reconciliación. Aquí es donde aparecen los aspectos más miserables de esta cuestión, como es quiénes son los que lograron ventaja en estos años y por lo tanto perderían si el país alcanzara normas de convivencia civilizadas. O sea, quiénes perderían con la paz.
Zuluaga es el delfín del ex presidente Álvaro Uribe, uno de los más interesados en una respuesta militar sin concesiones. Como se recordará, Uribe fue un fuerte defensor de la mano dura contra la guerrilla y sostuvo a rajatabla el llamado Plan Colombia, un acuerdo firmado en 1999 por su antecesor Andrés Pastrana con Bill Clinton para militarizar el país siguiendo los planes estratégicos del Pentágono.
El argumento político para presentar este modelo de ocupación territorial consentida fue la lucha contra los grupos guerrilleros y el narcotráfico. Era un reconocimiento de que el Ejército formal de Colombia no era capaz de derrotar a los insurgentes, de allí que esta ronda de negociaciones que abrió Santos –bueno es recordar que también fue delfín de Uribe, pero luego cambió de postura– haya sido boicoteada por los vestigios de uribismo que circulan entre los pliegues de la burocracia estatal y de seguridad colombiana.
Con la consolidación de las instituciones regionales como Unasur y Celac, la alianza EE UU-Colombia se convirtió en un hueso duro de roer para el resto de las naciones, que rechazan la permanencia en el continente de tropas foráneas y sobre todo de bases con la mayor tecnología que permiten vigilar «y castigar» en muy poco tiempo cualquier movimiento en alguno de los países de la región. Pero también permiten controlar los recursos, un tema que se debatió en Buenos Aires en estos días en un foro de la Unasur.
Como parte de los convenios del Plan Colombia, Estados Unidos se comprometía a aportar 3500 millones de dólares y el gobierno sudamericano otros 4000 millones. En 2007 se firmó una suerte de Plan Colombia II, que implicó luego el asentamiento de siete bases militares en territorio de ese país. Estudios recientes del estadounidense Adam Isacson – integrante de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, en castellano) y uno de los mayores expertos en temas de defensa, relaciones cívico-militares y asistencia estadounidense hacia la región– señalan que el aporte de Estados Unidos para este proyecto se redujo, por los recortes presupuestarios en el norte, a 400 millones de dólares anuales. De todas maneras, el aparato militar colombiano suma la friolera de casi 500 mil hombres para un continente que desde el encuentro de la Unasur en Bariloche de 2009 se define como zona de paz. ¿Serían necesario tantos el día de mañana?
Otros que perderían con la pacificación son los terratenientes surgidos del abandono de tierras por parte de campesinos corridos por la violencia o directamente amenazados en un contexto de «todo vale». Por eso uno de los puntos más ríspidos de los acuerdos ya logrados en La Habana fue el de la tierra. Y es sin dudas uno de los más resistidos por la oligarquía bélica.
En cuanto al combate del narcotráfico, también en este aspecto hubo acuerdos en el diálogo en Cuba y si existen acusaciones de vínculos con los productores instalados en la selva, lo cierto es que las FARC se comprometieron a romper todo tipo de relación ni bien se seque la tinta con que se firme el documento final de la paz. De todas maneras, según el grupo Colectivo contra el imperialismo, nunca desde que comenzó el Plan Colombia «se persiguió a las grandes empresas transnacionales que trafican los componentes químicos como el permanganato de potasio», un compuesto básico elemental para producir cocaína.
Otra cuestión en danza es la participación política de los guerrilleros. La historia de Colombia es particularmente clara sobre lo que ocurrió en otros tiempos con los milicianos que intentaron reincorporarse a la vida civil: fueron eliminados sin misericordia. Unión Patriótica en los 80 sufrió la baja de dos candidatos presidenciales, decenas de legisladores y unos 4000 militantes. Marcha Patriótica, otra agrupación de izquierda, denunció que una treintena de integrantes fueron asesinados desde la fundación del partido, en 2012. En este caso, es claro que quienes debieran analizar ventajas y desventajas son los milicianos.
Pero incluso si los guerrilleros se insertaran institucionalmente, también deberían hurgar en la historia para decidir los pasos a seguir. Que les cuente el alcalde de Bogotá, el ex miembro del M19 que fue destituido por «desprivatizar» el servicio de recolección de residuos de la capital colombiana. Gustavo Petro se metió con otro de los fabulosos negocios que se reparten los oligarcas colombianos.
La basura es una manera muy eficaz para hacer fortuna en todo el mundo, que fructifica en manos de corporaciones mafiosas de aceitados contactos con el Estado. En Italia, sin ir más lejos, menos de 200 familias controlan la mitad de la gestión de los residuos urbanos en el sur de Italia y gran parte de Albania Bulgaria y Esolovaquia.
En el caso de Colombia, uno de los principales afectados por la decisión de Petro fue William Vélez Sierra, un hombre que amasó su riqueza recostado en el poder y al que se vincula con grupos paramilitares. De hecho quienes lo denunciaron son líderes de grupos fascistas creados para combatir a la guerrilla con armas poco amigables con las convenciones de Ginebra, como Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche.
En el negocio no está solo la recolección de la bolsita familiar anudada en la puerta de cada casa. Está fundamentalmente en el reciclado de material aprovechable en las ciudades y el retiro de contaminantes industriales. Y los Uribe, una familia donde cada uno de sus integrantes tiene al menos alguna denuncia por sus relaciones con el tráfico de drogas o los grupos paramilitares, no se quisieron perder esa veta.
Todavía es recordada la batalla de dos hijos del ex presidente, Tomas y Jerónimo, contra al menos 70 mil familias de cartoneros a los que desplazaron cuando formaron la empresa Residuos Ecoeficiencia SA. «Un grupo de recicladores llevaba cinco años haciendo la recolección de basura en las zonas francas, pero en un mes llega una empresa a hacer ese trabajo, y a las 40 personas que trabajaban les dicen que no vuelvan. Así nos damos cuenta directa de que es la empresa de los hijos del presidente», se quejó entonces Nora Padilla, miembro de la Asociación de Recicladores de Bogotá.
Y si, la cercanía con el poder de los muchachos –laboriosos emprendedores, según los describe el padre– les abrió puertas. Lo mismo le ocurrió a Vélez Sierra. Dos más de las posibles «viudas» que dejaría un acuerdo de paz.
Este contexto se entiende que para los sectores más progresistas de esa sociedad, Santos sea la mejor opción. Será derechista, tendrá un pasado indefendible por los métodos que usó para combatir a la guerrilla cuando ministro de Defensa de Uribe. Pero es lo mejor que hay para cambiar la historia de Colombia por la vía civilizada.

Tiempo Argentino, 13 de Junio de 2014

Europa debate cómo tratar al Oso Ruso

Europa debate cómo tratar al Oso Ruso

Horas antes de la ceremonia de celebración del 70º aniversario del Desembarco en Normandía, representantes de Estados Unidos y la Unión Europea se vieron en la obligación de amenazar al gobierno de Vladimir Putin por lo que catalogan como «actos de agresión» de Rusia en Ucrania. Moscú se apuró a decir que la declaración, en la que además amenazan con más sanciones, es «cínica». El encuentro del grupo G-7, que burlonamente podría denominarse G-8 menos 1, sirvió para mostrar los dientes de cara al encuentro que no podrán evitar hoy en París para recordar la invasión a territorio galo, el inicio de la recuperación de territorios que habían caído en manos del nazismo en la Segunda Guerra Mundial.
Luego de la caída de la Unión Soviética, es la primera vez que los mandatarios de los países que participaron de la contienda llegan al encuentro con un cuchillo bajo el poncho. Y esa es precisamente la novedad desde que la Guerra Fría comenzó a ser recuerdo. Más de dos siglos después de haberse acuñado el término «Oso Ruso» para alarmar a la población europea atribuyéndole a Rusia unas peligrosas ansias de dominio sobre el resto del continente, Putin se convirtió en el nuevo cuco de medios y dirigencias europeas. Y si fuera por el estado en que se encuentran las relaciones –al menos en el plano visible– Barack Obama, François Hollande, David Cameron y Angela Merkel hubieran debido esquivar el festejo a Putin. Principalmente porque desnuda sus propias contradicciones.
Y ese es justamente un detalle importante para entender por qué, luego de todo lo que se vienen diciendo y de las continuas amenazas de represalias bajo la batuta de Washington, se dan la mano protocolarmente en Normandía como si nada ocurriera.
Es que no haber invitado a Putin luego de que en esa guerra, que se desarrolló en las regiones donde ahora se juegan en gran parte los destinos europeos, hubiese sido una declaración de hostilidades. La última gran guerra unió más por espanto que por cariño a Stalin con Roosevelt, De Gaulle y Churchill. Pero las mayores bajas estuvieron en campos de batalla de la ex URSS –se calcula que hubo allí 20 millones de muertos– y en menor medida en Francia, donde por otro lado gobernaba el régimen pro nazi de Vichy. Salvo los bombardeos a Londres con cohetes V2, Gran Bretaña no padeció ataques en sus territorios. Estados Unidos directamente no sintió el olor a pólvora dentro de sus fronteras.
La OTAN, desde 1991 en adelante, avanzó hacia la frontera de la Federación Rusa con un escudo de misiles en Polonia y los países bálticos y amenazaba con extenderse a Ucrania, otra razón de queja para los rusos. En estas jugadas de ajedrez, el encuentro del G-7, que debió haberse realizado en Sochi, donde se hicieron los juegos olímpicos de invierno, pasó a Bruselas. No era el momento y mucho menos el lugar de mostrarse amigos, cuando en Crimea la situación se ponía cada vez más tensa.
Es así que Rusia, que se había sumado ininterrumpidamente hace 17 años al G-7+1, fue deliberadamente excluida ahora como forma de mostrar el disgusto por su reacción a los acontecimientos en Kiev. «Que les aproveche», dijo despectivamente Putin cuando le preguntaron sobre esa fiesta a la que no fue invitado.
El primer ministro Dmitri Medvedev, en tanto, replicó un documento del G-7 que apoya «operaciones moderadas para el restablecimiento de la ley y el orden» de Kiev en el este del país. «Los llamados siete se refieren a las «acciones moderadas» del Ejército ucraniano sobre su propio pueblo: esto es un cinismo que apenas se puede superar», dijo. Y bastante de razón tiene, ya que entre las tropas que se envían a las regiones pro-rusas hay un alto componente de mercenarios que según las denuncias tienen bastante poco apego a los Derechos Humanos.
La postura anti-rusa de Obama, por otro lado, para algunos suena a impostada, luego de que el año pasado tuvo que recular en su intento de intervención en Siria. Pero dentro de Estados Unidos son muchas las voces que se van sumando en contra del perfil que le está imprimiendo a la relación con Rusia. En uno de los sitios donde se difunden estas críticas, washingtonblog, se anota un detalle a tener en cuenta: «Dick Cheney ha dominado la política de EE UU hacia Rusia durante décadas, y Obama está siguiendo el libro de estrategias de Cheney». Maik Withey, un analista que publica en Information Clearing House, señala a otro estratega de esta política de condena al «Oso Ruso», el ex asesor del presidente Jimmy Carter, el conocido Zbigniew Brzezinski, quien viene repitiendo desde hace décadas que «la cuestión que la comunidad internacional enfrenta ahora es cómo responder a una Rusia que se involucra en el uso flagrante de la fuerza con mayores objetivos imperiales: reintegrar el antiguo espacio soviético bajo control del Kremlin y cortar el acceso occidental al Mar Caspio y a Asia Central».
Cheney había comenzado su carrera en la administración pública con el gobierno de Gerald Ford, el que sucedió al renunciante Richard Nixon. Luego fue secretario de Defensa con Bush padre y más tarde vicepresidente de Bush hijo. Entre una y otra gestión, y como para no quedarse de brazos cruzados, consiguió empleo en Halliburton, una de las proveedoras de servicios para la industria petrolera más grandes del mundo. Cuando Cheney –uno de los halcones republicanos– volvió a tareas gubernamentales, recibió una indemnización de 36 millones de dólares. Pero siguió percibiendo compensaciones por casi 400 mil dólares, aun cuando era vicepresidente. Los millonarios contratos que consiguió Halliburton tras la invasión a Irak seguramente lo justifican.
La «doctrina Cheney» tiene dos pilares, por un lado la Guerra preventiva, que popularizó George W Bush, y por el otro lo que se llamó la estrategia «del lado oscuro». Esto es, de las operaciones encubiertas de inteligencia hechas de tal modo que si algo falla, el presidente pueda decir sin ponerse colorado que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo.
El caso Brzezinski es algo más profundo, ya que el ex asesor presidencial es uno de los teóricos en estrategia política más reputados del mundo. Él mismo se considera un discípulo de Henry Kissinger. Ambos comparten una visión y están atravesados por un sentimiento similar sobre lo que debería ser el centro de Europa. Kissinger, nativo de Alemania, tuvo que huir del nazismo con sus padres. Los Brzezinski, huyeron de Polonia y se refugiaron en Canadá. Zbigniew haría carrera posteriormente en Estados Unidos. Cheney y Brzezinski creen en la política de equilibrio de las potencias que pergeñó en el siglo XIX el conde austríaco Klemens von Metternich y la estrategia de la contención que elaboró el estadounidense George Frost Kennan en 1946. En tal sentido, Cheney va un paso más allá y desarrolló la idea del ataque preventivo que popularizó luego George W. Bush. En cualquiera de estos contextos, Rusia es presentada como un enemigo a contener. Un temible Oso a punto de atacar.
Sin embargo, hay algunas particularidades en este análisis. En principio, Putin cuestiona la forma en que la Unión Europea forzó un acuerdo con el gobierno de Viktor Yanukovich y luego lo destituyó –violando acuerdos previos– cuando no pudo avanzar con su propuesta originaria.
Por otro lado, una estrategia de contención a lo Metternich debería implicar el compromiso de los socios europeos hacia un fin común.
Ocurre que la celebración de Normandía servirá de excusa para que Merkel y Putin busquen limar asperezas en torno de la provisión de gas ruso antes de que llegue el invierno boreal. Con Hollande, Putin tiene pendientes contratos para la compra de buques de guerra tipo Mistral por unos 1200 millones de euros. Ni qué decir las críticas que recibió Hollande, que se justifica en que la crisis no permite lirismos.
Mientras tanto, Putin firmó con las autoridades chinas un convenio para proveer de gas durante 30 años al gigante asiático a partir de 2018. El contrato implica un monto de 400 mil millones de dólares, pero en monedas locales. La «desdolarización» del mundo también es una forma de lucha, y de las más contundentes.

Tiempo Argentino, 6 de Junio de 2014