por Alberto López Girondo | Mar 14, 2014 | Sin categoría
No es casual que el primer viaje de la flamante presidenta chilena sea a Buenos Aires y Brasilia. Es cierto que comparte 5300 kilómetros de frontera con la Argentina y que Brasil es la potencia económica regional. Pero no es menos cierto que en los últimos cuatro años esos parámetros fueron los mismos y Sebastián Piñera hizo poco y nada para acercarse a los vecinos del Mercosur. Más bien aceleró el impulso para desarrollar lazos «neoliberales» con la Alianza del Pacífico, ese grupo más afín a la estrategia del Departamento de Estado puesto en marcha el 28 de abril de 2011, esto es, el presente griego con el que Alan García le entregó el poder a Ollanta Humala, justo dos meses más tarde.
Es interesante observar las movidas políticas de estos días en América Latina para comprender mejor el momento que vive la integración regional. Y también desempolvar algunas cuestiones que por sabidas no viene mal tener presentes, por eso de que el negocio de los medios es sacarlas de contexto para mostrarlas como hechos puntuales e irrelevantes.
El domingo pasado, Colombia fue a las urnas para elegir al nuevo Parlamento. El que debería aprobar eventuales acuerdos de paz con las FARC, que aceptaron sentarse a una mesa de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos ante un pedido muy fundamentado de Hugo Chávez. Venezuela y Colombia estuvieron a punto de trenzarse en una guerra unas semanas antes de que Álvaro Uribe entregara la banda presidencial a Santos. Si no llegaron a las armas fue por la intervención de Néstor Kirchner, por entonces secretario general de la Unasur, que logró acercar a Santos y Chávez, desde entonces dos nuevos mejores amigos, según palabras del líder bolivariano.
Uribe, como el peruano García, le quiso dejar un presente griego muy difícil de digerir a Santos, que la oportuna reacción regional pudo evitar a tiempo. Uribe se presentó este domingo como candidato a senador. Las encuestas lo daban como ganador seguro de su banca, cosa que ocurrió. Pero aspiraba a un resultado importante para, desde su escaño, controlar el Congreso y desde allí trabar cualquier acuerdo pacifista y, de paso, condicionar la reelección de Santos este 25 de mayo. Ante el resultado puesto, Uribe no tuvo mejor idea que denunciar fraude.
Un triunfo rotundo o más o menos impactante de Uribe hubiese significado, además, una muy mala noticia para Venezuela, que tiene también una larga frontera común, de 2200 kilómetros. Como ocurre entre todos los países de la región, ese confín no es un verdadero límite, ya que a través de esa línea cruzan bienes y haciendas, al punto que hace un par de meses, ambos gobiernos firmaron acuerdos para perseguir el contrabando. Pero también cruzan paramilitares que se inmiscuyen en la crisis que desató la oposición derechista venezolana.
Santos mantuvo una posición de una relativa ambigüedad en torno al conflicto vecinal. No salió a defender a todo trapo a Nicolás Maduro, y habló elípticamente de mantener el diálogo entre las partes y respetar a las instituciones. Pero en la reunión de la OEA de la semana pasada en Washington, apoyó la posición mayoritaria a favor de respaldar la democracia y el espacio de diálogo que abrió el gobierno. Lo que levantó las esperables quejas de Uribe. En Perú, por haber adoptado una posición igualmente intermedia, García acusó a Humala de estar pagando las deudas de su campaña con Chávez. Ambos «ex» aspiran a una intervención que nadie aceptaría por estos lados.
Mientras tanto, en Chile asumía Bachelet y se conformaba una comisión de cancilleres de Unasur para que «acompañe, apoye y asesore en un diálogo político amplio y constructivo para recuperar la convivencia pacífica en Venezuela». Coincidieron los ministros de Relaciones Exteriores en que este comité fue propuesto a pedido del gobierno de Maduro y que de lo que se trata es de buscar una salida a una crisis que atenta contra la democracia y la Constitución. Y como dijo Bachelet, que no se aceptarán golpes de estado en esta parte del mundo. Que lo haya dicho la hija de una víctima de la dictadura pinochetista, que recibió la banda presidencial de la hija del mandatario constitucional que murió antes que dejar el poder en manos de golpistas y criminales, algo significa.
A Juan Domingo Perón, conocedor del alma humana tanto como de las mañas de la política, se le atribuye una frase que dejó huella: «Cuando quieras que algo no funcione, creá una comisión.» Sin embargo, la realidad del Mercosur desmiente ese aserto. La Unasur nació como un deseo de los presidentes que coincidieron en el poder en 2004 –fundamentalmente Chávez, Kirchner y Lula da Silva–, pero su nacimiento se oficializó el 23 de mayo de 2008. Por una cuestión orgánica –se quiso crear una instancia que tuviera el mayor consenso–, sólo alcanzaría estatus institucional cuando al menos nueve de los parlamentos de los 12 países lo hubiesen refrendado. Y eso ocurrió recién en marzo de 2011, cuando lo ratificó Uruguay. Luego lo harían Colombia y Paraguay.
Unasur era como quien dice un sello de goma cuando Bachelet se hizo cargo de la primera presidencia pro témpore del organismo. En ese 2008, la Argentina padecía el embate de la Mesa de Enlace, que el 12 de marzo había desensillado con la primera reunión para oponerse a las retenciones móviles. Paralelamente, el gobierno de Evo Morales sufría la embestida de la derecha de la Media Luna Fértil del Oriente, que buscaba directamente la secesión de los ricos territorios donde ahora fructifica la soja.
Como resultado de las protestas contra Evo –al que descalificaron básicamente por ser el primer presidente aymara en la historia de un país mayoritariamente indígena–, el 11 de setiembre hubo una matanza de campesinos en la localidad de El Porvenir, cerca de Cobija, la capital de departamento de Pando. Grupos ultraderechistas habían atacado la sede de las oficinas del Instituto de la Reforma Agraria donde estaban depositados los títulos de propiedad de los campos. Eliminando los registros, se demoraba la política de repartir tierras estatales a campesinos pobres. Tierras que la oligarquía sojera aprovechaba para su usufructo.
Ese 11 de setiembre hubo una marcha de campesinos que fue baleada y apaleada, tanto por efectivos policiales como por paramilitares. El gobierno local estaba –como en el resto del Oriente boliviano– en manos de la derecha, a través del prefecto Leopoldo Fernández. En la matanza cayeron 20 campesinos y otros cinco fueron desaparecidos. El gobierno de Evo ordenó detenerlo una semana más tarde, cuando los testimonios indicaban la responsabilidad de las autoridades de Pando por haber ordenado parar la marcha a como diera lugar, o por no haber hecho nada para impedir la masacre.
De más está recordar lo que se publicó sobre la detención del mandatario departamental. La sensación generalizada era que se venía un golpe en Bolivia. El problema es que para voltear al gobierno se necesita de las fuerzas armadas, y los uniformados ya habían dado muestras de que no querían más aventuras golpistas. Por otro lado, en este caso puntual podría haber implicado terminar fomentando una secesión, cosa que ningún militar habría aceptado.
Rápida de reflejos, Bachelet estrenó su cargo poniéndose en contacto con los demás presidentes e impulsó la creación de una comisión investigadora de lo que se llamó la Masacre de Pando. Al frente de ese organismo, y a sugerencia de Cristina Fernández, se nombró a Rodolfo Mattarollo, un militante por los Derechos Humanos desde la dictadura de Alejandro Lanusse que luego tuvo que exiliarse en Francia y posteriormente participó en investigaciones sobre delitos de lesa humanidad en varios países del mundo, con organismos dependientes de la ONU. En diciembre de ese año, Mattarollo, que fue acompañado por expertos de nueve países, entregó el informe donde se corroboraban las denuncias previas y se indicaba al gobierno de Evo Morales la necesidad de investigar a fondo. «La comisión expresa la convicción intelectual y moral según la cual el 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir y otros sitios de Pando, Bolivia, se cometió una masacre», sentenciaba el documento, de 63 páginas.
La situación en Venezuela se asemeja mucho. Otro Leopoldo, López, fue detenido acusado de instigar las guarimbas, esas marchas violentas que ya se cobraron 28 víctimas. Cada una de esas vidas perdidas, la prensa concentrada se las imputa al gobierno, aún cuando entre las víctimas hay no pocos chavistas. La derecha boliviana se quedó sin argumentos y casi sin posibilidades políticas luego de aquel ataque. Con que esta comisión creada bajo la indudable influencia de Bachelet repita el accionar de su antecesora, también desmentirá la frase que se atribuye a Perón.
Por lo pronto, la presión mediática se acelera por estas horas y también las emboscadas criminales. Y es que mucho más que el gobierno nacional se juega en las calles venezolanas.
Tiempo Argentino, 14 de Marzo de 2014
por Alberto López Girondo | Mar 7, 2014 | Sin categoría
Pronto se cumplirá un siglo del 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria era asesinado en Sarajevo, hoy capital de Bosnia-Herzegovina. Esa fecha aparece en los libros como el inicio de la Primera Guerra Mundial. Si alguien hubiese consultado al Oráculo de Delfos, como hizo en la antigua Grecia Creso, el rey de Lidia, antes de dar batalla a los persas en el año 546 antes de Cristo, la respuesta podría haber sido incluso más clara: «Si entras en guerra, no uno sino cuatro imperios caerán, uno quedará al borde de la desaparición, otro buscará venganza y un tercero se esparcirá por el mundo.» La respuesta para Creso fue que uno solo caería, y no lo pensó dos veces. La profecía se cumplió, pero a favor de los persas. Si lo hubieran pensado mejor hace 100 años, tal vez muchos de los horrores que se vivieron entonces en Europa podrían haberse evitado. Pero los intereses económicos, como se sabe, suelen ser más poderosos que las razones.
Esa contienda que envolvió a las mayores potencias europeas es, al decir del historiador británico Orlando Figes, una suerte de continuación de otra que se había iniciado en 1854 en las costas de Crimea, y que comenzó como una lucha de tintes religiosos por el acceso a los lugares sagrados de Jerusalén, entre el Imperio de los Zares y el de los Otomanos. Aquella vez también hubo enfrentamientos en los Balcanes, pero la batalla central, la que todavía hoy conmueve al espíritu ruso, fue en Sebastopol, donde hoy está la principal base rusa en el Mar Negro. Del lado de los turcos estuvieron franceses y británicos, y los zares fueron derrotados, pero pudieron sostenerse todavía medio siglo más en el poder, lo mismo que los sultanes en Estambul.
A comienzos del siglo XX, los jugadores seguían siendo los mismos, pero Alemania e Italia, ya unificadas, buscaban su lugar bajo el sol. Fue así que el Imperio Austro-húngaro –el archiduque era el heredero de la casa los Habsburgo– se alió con el Reich del káiser Guillermo II y la Italia de Víctor Manuel III, en lo que otro historiador inglés, Eric Hobsbawn, clasificó como Triple Alianza –junto con la Turquía imperial– en contra de la Triple Entente, conformada por el Reino Unido, el Imperio Ruso y la Francia de la Tercera República.
Durante esos cuatro años terribles, en los que murieron quizás hasta 30 millones de personas, fueron devastadas Francia e Italia, y en el camino Turquía perdió sus territorios en los Balcanes y los zares fueron eliminados por la Revolución Soviética de octubre de 1917. Ucrania jugó entonces un papel importante, porque por un corto período quedó en manos de Alemania, que la necesitaba desesperadamente como proveedora de alimentos.
La consecuencia geopolítica de la guerra fue el rediseño del mapa europeo, con el nacimiento de varios países, como Hungría o la primera república polaca, y de otros ya inexistentes como Yugoslavia y Checoslovaquia. Pero también emergería un imperio de carácter global, Estados Unidos, que entró en la contienda cuando las cartas ya se jugaban a favor de los aliados, en abril de 1917. La Gran Bretaña que quedó era un fantasma ajado de sus épocas de esplendor.
Alemania, destruida en1918, terminó devorada por los ganadores y se fue deslizando hacia el partido nazi, que finalmente llegó al poder en 1933. Italia, si bien había resultado triunfante en los papeles, no «aprovechó» las ventajas del éxito y acabó en manos del fascismo, en 1922. Turquía se encaminó a una república ceñida a Anatolia y una punta de Europa, más allá del estrecho de Bósforo, y buscó estabilizarse al precio del genocidio del pueblo armenio. Un antecedente de lo que comenzaría 21 años más tarde en Europa, en otro capítulo, más brutal aún, de esta batalla nunca resuelta por el control del continente.
La caída de la Unión Soviética fue un nuevo punto de inflexión para el mundo y particularmente para la utopía socialista. Nuevas naciones aparecieron incluso en territorios más lejanos como los asiáticos. La última guerra de los Balcanes, en los ’90, fue el epílogo no menos cruento del asesinato del archiduque. La desaparición de Yugoslavia se llevó millones de vidas y nuevos genocidios enlutaron el centro de esa Europa que se jacta de portar el faro de la civilización y los Derechos Humanos.
Pero como la historia nunca se detiene –cosa de volver a desmentir a Francis Fukuyama–, continuamente siguen aflorando hilachas de viejos conflictos. Y Crimea vuelve a estar en el eje de las preocupaciones mundiales. Basta fijarse en un mapa para ver que Rusia no tiene otra salida al Mar Mediterráneo que no sea a través del Mar Negro, cruzando el Bósforo. Caso contrario, un barco debe dar la vuelta por el Mar del Norte. La península de Crimea cumple allí un rol fundamental como puerto de control, vigilancia y salida ágil de cualquier armada.
No se está hablando de geopolítica pasada de moda. Por barco se sigue haciendo el 80% del comercio mundial, y más aún, por mar circulan los cargamentos de combustible que mueven la economía y, además, se desplazan pertrechos bélicos de todas las potencias con aspiraciones. Si no que lo digan los británicos, que mientras pudieron controlar los mares, fueron imperio. La base rusa de Sebastopol articula con la de Tartus, en Siria, territorio que, como los de Asia Menor, formó parte del Imperio Otomano hasta el fin de la Primera Guerra.
La dirigencia rusa sabe que si quiere volver a jugar en las grandes ligas, debe impedir el cerco de bases que la OTAN desplegó en la Europa del Este tras la implosión de la URSS. En este esquema, Ucrania vuelve a representar un punto crucial para Moscú. Más aún si se tiene en cuenta que atraviesan ese territorio un par de gasoductos por los que circula el 20% del gas que entibia a los europeos en sus crudos inviernos.
Rusia, el gran proveedor, bombea a través de tres grandes tuberías, la Nord Stream, que va directo a Alemania; la Yamal, por Bielorrusia; y la Soyuz, que atraviesa Ucrania. Por este acosado país cruzan 175 mil millones de metros cúbicos cada día; por las otras dos tuberías, 95 mil millones. No hace falta mencionar la importancia que tiene para Europa contar con el control de esos caños prodigiosos. Ni tampoco el enorme poder de presión que le da a Moscú, cosa que ya probó en dos ocasiones en lo que va de este milenio.
El derrocado presidente, Víktor Yanukovich, primero se mostró dispuesto a aceptar un acuerdo con la UE que lo alejaba de Moscú. Putin le puso los puntos sobre las íes y los vaivenes del mandatario terminaron por enardecer a una capa de la población que no sólo es proeuropea, sino que tiene terribles recuerdos de la época estalinista –se recomienda leer Tierras de Sangre, del historiador Timothy Snyder– y alimenta aún rencores contra todo lo que suene a ruso. Una condición ideal para alimentar un golpe blando, ciertamente, sobre todo si se repara en que Yanukovich no tiene un historial demasiado presentable y, además, sólo aprendió a hablar ucraniano a los 52, cuando se perfiló para dirigir al país.
El exiliado presidente forma parte de una oligarquía que, crecida al calor de la URSS, estaba en el lugar justo y en el momento adecuado para quedarse con las riquezas que el estado soviético había creado y dejó a la iniciativa privada a principios de los ’90. Es de la región de Donéts, una de las más industrializadas y con fuertes riquezas mineras y carboníferas. Cuentan que en su pasado pasó un par de temporadas en prisión por robos al estado socialista y que sus amigos movieron los hilos para borrarlo de su legajo cuando fue ascendiendo en la burocracia. Los negocios lo llevaron más lejos y terminó enfrentado con los intereses de quien ahora aparece como la ganadora en esta puja por el control del país, Yulia Timoshenko.
La mujer, por vía de un matrimonio ventajoso, se acercó al poder soviético en los ’80 y luiego mostró sus dotes de empresaria, primero con una cadena de alquiler de videos y luego en el negocio más seguro y rentable que pueda pensarse en esa región: una compañía proveedora de gas. Su marido, Alexandr Timoshenko, fue uno de los oligarcas del Dniéper, pero terminó escapando del país envuelto en una serie de escándalos. Ella fue sentenciada a siete años tras la firma de un cuestionado contrato con Rusia cuando era premier. Por supuesto, todo es según el cristal con que se mire y, por lo demás, ninguno en este juego es inocente ni mucho menos impoluto.
La legislatura de Crimea apura un referéndum para la anexión a Rusia, echando más leña al fuego de una confrontación que viene creciendo desde hace meses. Crimea, poblada por habitantes de origen ruso, perteneció al imperio zarista desde 1783. El ex mandamás soviético Nikita Kruschev la cedió a la República de Ucrania en 1954, cuando se cumplía un siglo de aquella guerra.
Kruschev había nacido en una zona fronteriza, había crecido al amparo del Partido Comunista Ucraniano y necesitaba de esa fortaleza para emprenderla contra el estalinismo justo a la muerte del líder. La cesión no fue inocencia socialista; más bien parece un gesto de alguien que también creyó, a su manera, en el fin de la historia.
Tiempo Argentino, 7 de Marzo de 2014
por Alberto López Girondo | Mar 1, 2014 | Sin categoría
Favorito para la reelección, el presidente Juan Manuel Santos está enfrentado con quien fue su mentor, Álvaro Uribe, y con la derecha, que sabotea los acuerdos con las FARC. A menos de cien días de las elecciones presidenciales –que se llevarán a cabo el 25 de mayo y en las que aparece como favorito para lograr la reelección– Juan Manuel Santos tuvo que reemplazar la cúpula de las fuer-zas armadas tras un nuevo escándalo
dentro de las filas castrenses. Esta última turbulencia comenzó a desplegarse luego de que a principios de febrero la revista Semana publicara información muy detallada y documentada sobre espionaje de miembros de Inteligencia del Ejército colombiano a los negociadores por la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en La Habana, y luego continuó con la publicación de contratos amañados y coimas para jefes militares.
Detrás de esta nueva ronda de chuzadas (pinchaduras telefónicas, como se las conoce en el país de García Márquez), está la mano siempre presente del ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, y, junto con él, de todos los que tienen mucho más por perder que por ganar con el fin de una guerra civil que ya lleva cuatro décadas, más de 100.000 muertos y cerca de 4 millones de desplazados.
La primera vez que se levantó polvareda con el espionaje telefónico fue durante los últimos meses de la gestión Uribe, cuando el mismo semanario publicó que desde una oficina del Departamento Administrativo de Seguridad, la temible policía secreta DAS, se había vigilado al sucesor de Uribe, el propio Santos, y a sus allegados más íntimos.
Si bien Santos había sido ministro de Defensa del ultraderechista Uribe y le cabe su responsabilidad en el cuestionado ataque a un campamento de las FARC en Ecuador que costó la vida del entonces líder guerrillero Raúl Reyes y otros 16 integrantes del grupo el 2 de marzo de 2008, desde que llegó al poder dio un giro hacia posiciones políticas más «civilizadas». Por empezar, asumió en medio de una escalada belicosa de Uribe contra el venezolano Hugo Chávez, que, gracias a la intervención del ex secretario de Unasur, Néstor Kirchner, pudo saldarse con un encuentro entre ambos el mismo día del cambio de mando, el 7 de agosto de 2010.
Desde entonces, con sus altibajos, no solo mejoró la relación entre Colombia y Venezuela, sino que el propio Chávez fue un factor determinante para el inicio de conversaciones de paz serias y positivas con las FARC, primero en Oslo y desde setiembre de 2012 en La Habana. Pero la espada siempre afilada de los uribistas y de los grupos más reaccionarios dentro del espectro político-militar colombiano pende sobre todo este proceso de un modo dramático.
El procurador
En este contexto es que se deben enmarcar las actitudes de un personaje tan controvertido como retrógrado: el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado. Miembro convencido del Partido Conservador, es un militante católico desde su más tierna infancia. Por ejemplo, participó, cuando todavía no tenía 24 años, el 13 de mayo 1978 –día de la Virgen de Fátima– de una quema de libros organizada por la sociedad San Pío X en su Bucaramanga natal. El abogado y jurista lo explicó cuando tuvo que dar cuenta de su pasado ante la comisión del Senado que debía aprobar su designación como Procurador, en setiembre de 2009. Dijo, entonces, que efectivamente, con un grupo de compañeros de escuela, habían salido a quemar libros y publicaciones que consideraban pornográficos. Alguien rescató la octavilla de invitación a ese acto, que catalogaba a ese material de «revistas pornográficas y publicaciones corruptoras» y convocaba al acto incendiario para las 8 de la noche de ese día en el parque San Pío X «en desagravio a Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra». Su tesis doctoral en la Universidad Santo Tomé, de Bogotá, del año 1979, tenía el sugestivo título de «Presupuestos fundamentales del Estado Católico». No hace falta agregar que es un ferviente opositor al matrimonio igualitario y a la legalización del aborto.
Pero al margen de extremismos, la cuestión no es tanto cómo y por qué un fundamentalista accede a un puesto tan delicado en cualquier sistema democrático. El tema de fondo es que, tras la reforma constitucional de 1991, el cargo ofrece la oportunidad de deshacerse de enemigos políticos o ideológicos con precisión quirúrgica y pasando por sobre la voluntad de los ciudadanos. Porque, oculto bajo el argumento de que un régimen político democrático debe contar con una institución que vele por la transparencia y la ética públicas, se le dieron a la Procuraduría las potestades no sólo de destituir al más encumbrado dirigente ejecutivo o legislativo, sino de inhabilitarlo para cualquier cargo público sin derecho a una demanda en una instancia superior.
En tal sentido, el récord que acumuló Ordóñez es impactante: desde 2009 se «sacó de encima» a 981 alcaldes, 709 concejales, 59 gobernadores, 18 diputados, 12 senadores y 10 representantes. Argumenta que los hay de todos los partidos. Sin embargo, los casos más sonados fueron el de la senadora Piedad Córdoba, destituida en 2010 e inhabilitada por 18 años a raíz de sus contactos con las FARC, y el de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, acusado de «desprivatizar» el servicio de recolección de residuos de la capital.
Córdoba sigue siendo una de las más enconadas luchadoras por la pacificación en el país y, en ese sentido, mantuvo reuniones con representantes de la guerrilla para acordar condiciones de de diálogo con el gobierno. Algunos de esos contactos, según el enfervorizado fiscal, estaban registrados en la computadora que había pertenecido a Raúl Reyes y que fue encontrada en el ataque a territorio ecuatoriano.
Desprivatizador expulsado
El segundo caso de relevancia fue el que en diciembre pasado recayó sobre el alcalde de Bogotá. Petro fue exonerado del cargo en el que lo había puesto el electorado bogotano e inhabilitado para la función pública por 15 años. ¿Su delito? Se habían vencido los contratos para la recolección de basura, y Petro decidió implementar un sistema público. Las empresas contratistas –alguna de ellas incluso de origen argentino– que según contrato debían dejar el servicio pero también los camiones que estaban utilizando, hicieron una chicana judicial para demorar la entrega de los vehículos. Durante una semana de transición, el gobierno capitalino no tuvo cómo recoger los desperdicios y la bella ciudad amaneció con montañas de basura acumulada en las calles, hasta que la cosa se solucionó contratando otros camiones privados. Para la Procuraduría, la «desprivatización» fue motivo suficiente para considerar como desastrosa la administración de Petro y expulsarlo del gobierno. Y, además, para alejarlo de cualquier pelea posterior en la arena política por tres lustros.Si la expulsión de Córdoba era leída como un ataque a la posibilidad de acuerdos con la guerrilla para poner fin a más de cuatro décadas de matanzas, la causa contra Petro lo terminó de confirmar: el alcalde había sido militante del grupo M-19 y pasó dos años preso hasta que, nuevamente en libertad, fue uno de los firmantes de los acuerdos que permitieron en 1987 el primer proceso de pacificación en ese país. Convertido en partido político como Alianza M-19, el grupo fue diezmado por ataques que le costaron la vida a la cúpula partidaria; entre ellos, a un candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, en 1990. Un año más tarde, sin embargo, Petro y el resto de los militantes que quedaban fueron partícipes de la reforma constitucional que, paradojas mediante, elevó el cargo de Procurador poco menos que al de un dictador sin posibilidades de ser vetado.
De allí que, ni bien se supo de la destitución del alcalde, los negociadores de la guerrilla en La Habana, de la mano de Iván Márquez, amenazaron con retirarse de la mesa de diálogo. No era para menos: entre la amplia agenda de debate, uno de los puntos más relevantes para cualquier acuerdo es el de la reinserción de los guerrilleros en la arena política. Si dejan las armas es, obviamente, para continuar su lucha por medios de una agrupación política. Si desde un estamento del Gobierno como es la Procuraduría se sabotea esta posibilidad, no queda mucho más por discutir. Por otro lado, los antecedentes de lo que había pasado con el M-19 y los ataques sufridos por los movimientos políticos afines (ver recuadro) no son cuestiones menores.
Para colmo de males, la prensa reveló que desde la tapadera de un restaurante en Bogotá se espiaban las conversaciones de los negociadores del gobierno ante las FARC. Podría haber resultado entendible que lo hicieran con los guerrilleros; después de todo, el aparato montado con apoyo del Pentágono para combatir a los grupos insurgentes –hay otra pata que es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que quiere entrar también en el diálogo– cuenta con los elementos más sofisticados para vigilar los menores intersticios de la sociedad en su conjunto. Entre ellos están los dispositivos para rastrear o interceptar cualquier comunicación electrónica, como demostró Edward Snowden sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense en todo el mundo.
Lo curioso es que también «chucen» a los enviados del gobierno de Santos; una prueba de que el actual presidente no es confiable para los que manejan los hilos detrás del poder en Colombia, y una señal de preocupación para quienes esperan acuerdos de paz duraderos y respetados en ese país.
Antecedentes a tener en cuenta
La ex senadora Pilar Córdoba, una de las fundadoras de Marcha Patriótica, una agrupación que busca canalizar las expectativas de la centroizquierda y de quienes aspiran a pacificar el país y terminar con la sangría que sufre la población desde hace décadas, denunció la muerte de una treintena de militantes sólo en 2013.
Cuando a fines de los 80 el M-19 firmó un acuerdo de paz con las autoridades colombianas, también hubo una masacre contra quienes pretendían insertarse en un sistema político que dejara espacio para todas las ideas.
Pero el antecedente más grave de lo que puede ocurrir si los acuerdos de las FARC y el gobierno de Santos no resultaran respetados por los grupos más extremistas de la derecha datan de mediados de los 80. Para esa época se había creado el partido Unión Patriótica (UP) como el canal para que los grupos guerrilleros pudieran integrarse al sistema democrático. Formaron parte de él miembros del movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), del ELN y de las FARC pero también participó el Partido Comunista Colombiano (PCC). Grupos ultraderechistas asesinaron en un corto lapso a dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 militantes de base.
Cualquier acuerdo implica, hoy día, una amplia amnistía para los guerrilleros, que cargan con procesos judiciales de toda laya. En este contexto, el presidente Santos logró aprobar una ley denominada Marco Jurídico para la Paz. El inefable procurador Ordóñez declaró que esa normativa «es un instrumento mediante el cual se privilegia al victimario y se sacrifica a la víctima en el altar de la impunidad». No pudo evitar que se aprobara, pero sabe cómo hacer para boicotearla.
Revista Acción, 1 de Marzo de 2014
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