por Alberto López Girondo | Dic 6, 2013 | Sin categoría
El 30 de septiembre de 2010, el presidente ecuatoriano Rafael Correa permaneció casi todo un día a merced de policías amotinados por demandas salariales y gremiales. En junio de 2012, el gobierno de Evo Morales y representantes de policías de baja graduación refrendaron un acuerdo para solucionar un conflicto que llevaba varias semanas en torno de demandas similares y por el régimen disciplinario en la fuerza de seguridad boliviana. Unos meses más tarde, gendarmes argentinos daban la nota con un autoacuartelamiento que dio mucha tela para cortar a los medios y los dirigentes opositores.
Desde que las democracias institucionales se fueron recuperando en América Latina, y tras el período más oscuro para la región, con los golpes criminales encabezados por militares entrenados en la temible Escuela de las Américas, las Fuerzas Armadas prácticamente dejaron de ser un factor desestabilizante en casi todos los países latinoamericanos. Un poco porque aprendieron la lección en vista de juicios como los que se sustanciaron en la Argentina por delitos de lesa humanidad, y otro poco por la condena social donde lograron esquivar a la justicia. Pero en gran medida, porque el desprestigio de los uniformes verde oliva es tan alto que ya no tientan a ningún golpista.
Desde entonces, sin embargo, la opción desestabilizadora corre por cuenta de policías y de estamentos varios dentro del sistema judicial. Como bien recuerdan los especialistas en la cuestión, son los «azules» la parte de cualquier Estado más cercana al hombre común. Por tanto los que más pueden servir en caso de necesidad para crear condiciones o prevenir situaciones de conflicto.
Había una escena de la excelente película argentina Tiempo de valientes, de Damián Szifrón, en la que uno de los personajes, el psicoanalista que interpretaba Diego Peretti, en discusión permanente con un policía bastante desencantado como Luis Luque, le cuestionaba que los reclamos de esa fuerza siempre resultaban complicados para la sociedad, aun cuando en verdad son agentes estatales como un maestro o un médico. «El detalle es que nosotros estamos armados», era la respuesta cínica, dura, pero condenadamente cierta del personaje.
El experto en seguridad Marcelo Saín explicó, en un trabajo donde proponía medidas para democratizar a esa fuerza en América Latina, que el llamado «policiamiento regulatorio del delito» estableció «un circuito estable de autofinanciamiento ilegal de la policía, originado en un conjunto de dádivas y fondos provenientes de diversas actividades irregulares o delictivas permitidas, protegidas o llevadas a cabo por los propios agentes policiales». El detalle de esas formas irregulares de financiación caben perfectamente en el listado de delitos que se atribuyen a las cúpulas destituidas en Córdoba y en Santa Fe estas semanas, desde el «peaje» por el robo de autos, la prostitución o cualquier actividad ilegal hasta el tráfico de narcóticos.
Esta podría ser una respuesta para que tomara en cuenta el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, que terminó cerrando un acuerdo salarial literalmente con una pistola en la nuca. Luego de varias horas de descontrol en la capital, asolada por bandas que «casualmente» se dedicaron a saquear con la tranquilidad de saber que tenían zona liberada.
Como se difundió en este medio, el clima policial en Córdoba se fue tensando en las últimas semanas, y desde un desconocido grupo Anonymous se fue alentando una operación «Juanes en Marcha», por el nombre que reciben los suboficiales del más bajo rango y la tropa rasa.
La situación se profundizó luego de que a raíz de una denuncia periodística, De la Sota tuvo que descabezar la cúpula policial e incluso al ministro de Seguridad, que para colmo es un comisario general, Alejo Paredes. En 2011, el legislador «juecista» Roberto Birri había presentado un pedido de informes para que las autoridades aclararan si Paredes había hecho un curso de adiestramiento en la International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador.
Para esa misma época, la entonces ministra Nilda Garré y el canciller Héctor Timerman planteaban sus protestas ante el gobierno porteño por haber enviado a agentes de la Policía Metropolitana a entrenarse en esa institución, a la que ambos funcionarios compararon con la conocida como «escuela de dictadores» de Panamá. «Con estas decisiones, Macri muestra que está dispuesto a ser heredero de las políticas represivas que el pueblo argentino rechazó desde 1983, cuando concluyó la dictadura», decía entonces Timerman, que aprovechaba para recordar que en 2006 Néstor Kirchner había prohibido que miembros del Ejército y la Policía Federal recibieran cursos en cualquier institución sucesora de la Escuela de las Américas.
La ILEA, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, según su traducción al castellano, «nace con la filosofía de unir esfuerzos, entre las agencias gubernamentales, instituciones, capacitadores y estudiantes, para lograr una política externa común de aplicación internacional de la ley», según señala en sus fundamentos. En la página web reconoce, sin mencionarlo, el desprestigio de su antecesora, al admitir que «desde principios de 1997, el gobierno estadounidense comenzaba a buscar un país anfitrión para el establecimiento de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica».
La estrategia de penetración y control social, paralela entonces al Consenso de Washington en el plano económico, comenzó con la primera ILEA, en Budapest, en el año 1995. La siguieron otras en Bangkok, Tailandia; en Gaborone, Botswana; y en Roswell, en Nuevo México –el mismo centro donde presuntamente alguna vez capturaron a seres de otro planeta.
La sede de San Salvador nació en 2005 y desde entonces se dictaron allí 117 cursos a los que concurrieron 4954 participantes de la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos argentinos. Los cursos de ILEA están dirigidos a directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados de la aplicación de la justicia criminal. «Este curso –se indica– hace enfoque en el liderazgo, administración personal y financiera, ética, regla de derecho y el manejo del proceso de investigación.» La ILEA imparte también instrucción sobre crimen organizado, cumplimiento de la ley financiera, contrabando nuclear, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
El canadiense Jean-Guy Allard apunta que la ILEA es ni más ni menos que una academia para desarrollar un nuevo Plan Cóndor. Y dice que en una sede de capacitación que tienen en Perú, «se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia». Allard agrega que los policías «regresan a sus respectivos países a reprimir y torturar a su pueblo».
El director por la parte salvadoreña de la academia es Andrés Alexander Ramírez Medrano; y el estadounidense, Michael Von Perkins. Como suele suceder con los funcionarios norteamericanos, Perkins no se guarda nada en su presentación. Policía de carrera oriundo de West Monroe (nombre premonitorio si los hay), el hombre escribió en su presentación que «la delincuencia no conoce fronteras» y que «la colaboración entre los organismos policiales de todo el mundo es crucial para proteger los intereses estadounidenses».
El organismo de Derechos Humanos School of Americas Watch (SOAW) también compara a la ILEA con la escuela panameña, a la que recuerda como un centro de «entrenamiento en represión, espionaje político, tortura física y psicológica, que garantizó la Doctrina de Seguridad Nacional». Y no tiene drama en tildarla de «Escuela de Asesinos».
Alguien le recordó al gobernador de la Sota el Navarrazo. En febrero de 1974, el gobernador Ricardo Obregón Cano relevó de su cargo al jefe de la policía, Antonio Domingo Navarro, porque lo consideraba «poco confiable» y sin mucho apego a la democracia. Navarro le acuarteló a 7000 efectivos y acusó de «infiltración marxista» al gobierno asumido menos de un año antes. No duraría mucho la primavera democrática cordobesa, en lo que fue un prolegómeno de lo que ocurriría en el país. Obregón Cano y su vice, Atilio López, fueron destituidos por la asonada policial.
Los tiempos no son los mismos y ya no hay lugar para otro Navarrazo. Pero la forma en que De la Sota cree haber solucionado la rebelión es un antecedente peligroso para la democracia del país. Convendría haber mirado un poco hacia lo que ocurre en otros países de la región y no aislarse del mundo intentando tirar culpas para otro lado, cuando el trasfondo de sus cuitas puede estar en cuestiones que escapan incluso a los que plantearon la protesta, que quedaron inmersos en una operación en la que no es tanto lo que al fin del día pueden ganar. Los gobiernos amenazados nunca terminan bien. Los amenazadores, tampoco.
Tiempo Argentino, 6 de Diciembre de 2013
por Alberto López Girondo | Dic 1, 2013 | Sin categoría
Acaba de cumplir 77 años y se lo ve juvenil, aunque un exceso en el color y la rigidez del cabello le dejan una imagen decadente. En todo caso, no se resigna al paso del tiempo, una verdadera obsesión que lo acompaña desde que comenzó su fulgurante carrera política, allá por 1994, cuando fundó su primer partido, al que bautizó con el nombre de los cantitos de aliento tribuneros a la escuadra italiana: Forza Italia.
Para entonces, Silvio Berlusconi ya se había convertido en el hombre más influyente en los medios italianos, al punto que desde 1974 era dueño de canales de televisión en su país natal, en Francia y en España. De hecho, fue el primero en darse cuenta de que era hora de apropiarse de las señales cuando en Europa se fue abriendo a manos privadas el espectro televisivo hasta entonces estatal.
Ávido no sólo de dinero sino básicamente de poder, este abogado recibido en la Universidad de Milán «cum laudem» con una tesis sobre las implicancias de la publicidad, extendió sus tentáculos a la prensa escrita y las editoras de libros. Así se fue quedando con la mayoría accionaria de diarios como Il Giornale o incluso, a través del grupo Mondadori, del más prestigioso La Repubblica, los semanarios L’Espresso y Epoca y decenas de otras publicaciones.
Una lista detallada de sus participaciones económicas sería demasiado extensa. Baste decir que su fortuna, según la revista Forbes, supera hoy los 6.000 millones de dólares y está en el puesto 7 en Italia y 194 entre los «billonarios» del mundo (los que tienen más de 1.000 millones según la denominación sajona).
Algunas de esas adquisiciones lo llevaron a los estrados judiciales y específicamente en uno de esos casos, el de la compra del Fininvest, uno de los conglomerados financieros más importantes de Italia, luego integrada al grupo audiovisual Mediaset, implicó el principio de su caída final. Pero ese no es su único inconveniente judicial. Lo curioso –o simbólico si se quiere– es que quienes le dieron la estocada final son sus más cercanos dirigentes políticos. Uno, incluso, diseñó una ley para protegerlo de terminar preso por sus múltiples problemas judiciales aunque luego le dio la espalda de una manera tan ruidosa como definitiva.
Forza Italia
Con Forza Italia, Berlusconi fue presidente del Consejo de Ministros de Italia en tres ocasiones: de 1994 a 1995, de 2001 a 2006 y de 2008 a 2011. Todas ellas resultaron atravesadas por escándalos a granel, especialmente por cuestiones económicas y de faldas. El hombre se mostraba como un latin lover y disponía de todo el poder. En primer lugar su propia fortuna, pero al mismo tiempo utilizaba las ventajas de un cargo de relevancia para organizar fiestas que hacían recordar a la Roma imperial. Por si fuera poco, además de sus propios medios televisivos, aprovechaba los estatales a su favor, como la RAI. Siempre tuvo que dejar el gobierno por algunos de estos «excesos».
Pero la última vez quería aprovechar la experiencia acumulada en tantos años de disputas en los entresijos de la política italiana, a la que había llegado con la promesa de ser una nueva brisa en un país que en aquellos tiempos se debatía en los coletazos de la crisis de mani pulite y la tangentópolis (casos de corrupción en los gobiernos de la Democracia Cristiana).
Así fue que, otra vez premier con una nueva agrupación derechista creada en 2007, el Partido del Pueblo de la Libertad (PdL) designó como ministro de Justicia a una joven promesa destinada a sucederlo. Se trata de Angelino Alfano, nativo de Agrigento, actualmente con 43 años y una imagen de funcionario ejecutivo para un momento particularmente complicado en la historia moderna de la península.
Con Berlusconi en el Palazzo Chighi, Alfano pergeñó una normativa destinada a proteger de acusaciones judiciales a la máxima dirigencia política el país. En realidad, el único que estaba en problemas era su tutor. La llamada ley Alfano, aprobada en 2008, prevé la suspensión de cualquier tipo de proceso penal contra el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara o el presidente del Consejo de Ministros.
La crisis económica y el hastío por la frivolidad de Il Cavaliere terminaron sepultándolo en noviembre de 2011. Pero pudo seguir siendo una suerte de árbitro de la política italiana porque la situación no mejoró con los que lo sucedieron, primero el tecnócrata Mario Monti y tras unas elecciones que no hicieron más que desnudar la orfandad de soluciones dentro del sistema político, Enrico Letta, quien comenzó una gestión totalmente debilitada por la falta de consensos fuertes en la legislatura.
En agosto pasado, Belusconi, luego de varias chicanas legales, resultó condenado a cuatro años de prisión por contabilidad fraudulenta masiva en la cadena de televisión Mediaset. Sólo deberá cumplir un año de arresto en virtud de una ley que también oportunamente dictó en su gestión en 2006. Y por otro lado, debido a su edad, ese año lo podrá pasar en su casa o brindando servicios comunitarios. Pero el asunto lo deja fuera del Senado.
Casi en simultáneo, en otro estrado judicial se condenó al holding familiar a pagar una multa de 494 millones de euros en concepto de daños por la amañada adquisición de la editorial Mondadori. Le hicieron precio, porque por la primera sentencia debía pagar 564 millones. Se trata de un escándalo que incluye una disputa con otra empresa, CIR, a la que debe abonar el resarcimiento por las comprobadas maniobras para quedarse con la editorial. Para lo cual Berlusconi habría recurrido a sobornos a jueces y a funcionarios judiciales y de la entidad recaudadora de impuestos.
Presiones y amenazas
Acostumbrado a la presión mediática y política, el magnate amenazó con hacer caer al gobierno de Letta. Surgido en condiciones de debilidad, y frente al rechazo de los legisladores enrolados con el cómico Beppe Grillo en apoyar una coalición gobernante, el Pdl le dio sustento a Letta, que colocó como Ministro del Interior al mismo Alfano.
Pero entonces ocurrió lo impensado: un grupo de partidarios de Berlusconi se negó a crear otra crisis política para salvarle el pellejo a su líder, que había sido condenado por la causa Mediaset. Quizás les pareció desmesurado en vista de la situación por la que atraviesa la nación. Quizás entrevieron que Berlusconi ya es pasado y decidieron acompañarlo sólo hasta la puerta del cementerio. Como sea, Alfano, «con todo el dolor y la amargura del alma» encabezó una rebelión a los deseos de Il Cavaliere y no sólo no renunció al cargo junto con los demás Pdl sino que le dio un voto de confianza a Letta el 2 de octubre. No tardaría mucho en sellar su alejamiento también de las filas del partido que integraba.
A mediados de noviembre anunció la creación de un grupo parlamentario al que denominó Nueva Centroderecha. Son 30 senadores y 27 diputados que le dieron una oportuna dosis de aire fresco a la gestión de Letta, que parecía destinada a un nuevo fracaso. Es bueno señalar que parte de este entramado de gobernabilidad fue una de las últimas contribuciones que le puede haber hecho a Italia el presidente de la República, Giorgio Napolitano, un antiguo dirigente del Partido Comunista de 88 años que debió dejar su cargo en abril pero aceptó ser reelegido porque era el único político con cierta aceptación entre los italianos. Como nunca antes en la república nacida tras la caída del fascismo, en la Segunda Guerra Mundial, un presidente decidió olvidar que se trata de un cargo meramente formal y metió «las patas en el barro» para apurar a los dirigentes a no caer en chiquilinadas.
El caso es que Berlusconi, que si algo tiene es un orgullo a prueba de misiles, el mismo día que su delfín anunciaba la creación de un nuevo movimiento de derecha, dictaba la sentencia de muerte del PdL y anunciaba con toda la pompa la vuelta de Forza Italia. Ante más de 800 delegados dio un emotivo discurso en que se cuidó de denostar a los que abandonaron el barco. Sabía que no iba a poder evitar la expulsión pero tampoco podía encender nuevos incendios, fundamentalmente para no quedarse aún más solo.
La imagen final de un médico llamado al escenario para verificar si todo estaba bien con Berlusconi fue un símbolo. El facultativo lo ayudó a bajar las escaleras como a un anciano jubilado.
Otras causas
Además del año de prisión domiciliaria que lo alejó del Senado, Silvio Berlusconi tiene abiertas otras condenas que lo inhabilitan de por vida para ejercer cargos públicos. Con lo que si soñaba con un venerable cargo de presidente a la manera de un Napolitano de la derecha, deberá dejarlo para otra ocasión.
Il Cavaliere tiene sobre sus espaldas el caso Ruby sobre abuso de poder e instigación a la prostitución de menores de edad. La agraciada joven marroquí Karima el Mahroug fue noticia luego de un incidente con la policía en mayo de 2010, cuando se comunicó para decirle que la habían apresado por robo. De gira por Francia, Berlusconi llamó a la comisaría central de Milán para decirles que Ruby, apodada «Robacorazones», era sobrina de Hosni Mubarak y la detención le generaba un incidente diplomático. Durante el juicio dijo que solo quería ayudar a una jovencita que buscaba abrirse camino en un mundo hostil. De tal modo, justificó pagos de 45.000 euros para la compra de un equipo laser destinado a un centro de belleza . «Lo hice para que no cayera en la prostitución», explicó.
Luego de 27 meses de investigación y medio centenar de audiencias, un tribunal condenó al ex premier a siete años de prisión e inhabilitación perpetua. El caso, en apelación, se suma a la causa por Fininvest, pero lo principal es que destapó lo que hasta entonces era comidilla en los centros del poder italiano: que Berlusconi organizaba verdaderas orgías en su residencia privada de Arcore a las que invitaba a políticos y empresarios de todo el continente. Berlusconi iniciará 2014 con otro proceso judicial derivado de esa agitada dolce vita. Este caso involucra a empresarios acusados de proveer adolescentes para esas recepciones pantagruélicas. Testificarán 26 mujeres y entre los reos figura Gianpaolo Tarantini y seis cómplices que, se sospecha, se habían granjeado la amistad del jefe de Gobierno con esa metodología tan afín a Berlusconi para conseguir beneficios en sus negocios particulares en el rubro de la salud. Berlusconi dice que espera una amnistía del presidente Napolitano.
Revista Acción, 1 de Diciembre de 2013
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