por Alberto López Girondo | Dic 28, 2012 | Sin categoría
El 1º de enero de 2003 se iniciaba un proceso político que marcaría profundamente la historia de Brasil y de América Latina. Ese día, un obrero metalúrgico surgido de las capas más pobres de su país, juraba como presidente en el Palacio del Planalto. Su discurso inaugural era toda una definición y todavía conmueve desde Youtube: «Yo, que tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República de mi país.» Como una puñalada fríamente calculada, sin embargo, este décimo aniversario encuentra al líder sindical ante la encrucijada de terminar juzgado por delitos de corrupción de los que no hay pruebas. Pero que por esas cuestiones de la política, tampoco parece relevante que las haya. Después de todo, hombres de su más estrecha confianza en el Partido de los Trabajadores ya fueron condenados sin que las evidencias fueran un detalle que frenara al Supremo Tribunal de Justicia.
A lo largo de su historia, Brasil nunca se había vinculado mucho con el resto de los países de la región. Más bien, puesto como un freno al poderío de la corona española en el continente americano, siempre se había mantenido al margen. Cuando las tropas napoleónicas invadieron la península ibérica, en 1808, Juan VI de Braganza huyó a Río de Janeiro, donde instauró la capital provisoria de su reino. Las demás naciones americanas, mientras tanto, comenzaban el movimiento revolucionario que devino en cruzadas independentistas. Para 1822, en plena guerra contra la restauración del absolutismo, el hijo de Juan, Pedro I, se declaraba independiente y anunciaba la creación del Imperio del Brasil. La República nacería en 1889, un año después de que se aboliera la esclavitud.
El gobierno del PT siguió una tradición integracionista que los gobiernos populistas del continente y de su propio país habían intentado sin éxito, y que encuentra su pico en Getulio Vargas en los 50. Lula vino a poner fin a ese aislamiento que perjudicaba tanto a los brasileños como al resto de los latinoamericanos, y fue artífice a la vez de este momento tan particular que vive la región desde entonces, a partir de que Hugo Chávez profundizara su modelo tras la intentona golpista de 2002 y la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en marzo de 2003.
Pero la gestión de Lula estaba contaminada por una contradicción original difícil de eludir. Cuando la dictadura se fue, en 1985, había dejado un par de leyes fundamentales para cuidarse las espaldas y mantener los privilegios de la clase dirigente a resguardo de cualquier cambio democrático. Entre ellas, estableció una ley de amnistía que todavía hoy traba el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de estado de 1964. Crímenes que padecieron algunos de los creadores del PT junto con Lula, como José Dirceu, e incluso la actual presidenta Dilma Rousseff.
Lula, en cambio, no había padecido la persecución de los militares porque estaba ocupado en otros temas: había terminado sus cursos de tornero y se recuperaba de un accidente con una prensa hidráulica que le había destruido el dedo meñique de la mano izquierda durante un turno nocturno en la fábrica de carrocerías Fris Moldu Car.
Esos sectores de izquierda revolucionaria se encontraron con la dirigencia gremial que hacia fines de los años’70 se nucleaba alrededor del líder nacido en el nordeste de Brasil. En 1980, Lula fue artífice de una huelga de 40 días en el cordón industrial de San Pablo y fue detenido y procesado por las autoridades de facto. Pero, obedientes de Washington, los dictadores lo dejaron en libertad. Podría ser todo lo peligroso que aseguraran los uniformados, pero cuando el sindicalista polaco Lech Walesa era la avanzada occidental en el corazón del imperio soviético, que un aliado de Estados Unidos mantuviera preso a un gremialista no estaba nada bien visto.
Nueve años después, Lula fue candidato a presidente por primera vez. Una feroz campaña mediática que no ahorró miserias, al punto de acusarlo de racista porque le habían descubierto una hija no reconocida con una mujer negra, el favorito de los medios Fernando Collor de Mello asumió en 1990. A los dos años renunció en medio de un juicio iniciado en el Congreso por corrupción. El PT –que ya había probado un nuevo modo de gestión al ganar varios municipios, como Porto Alegre y San Pablo –fue entonces uno de los principales acusadores.
Lula perdería dos veces más la presidencia, contra un otrora intelectual progresista devenido en defensor de las ideas neoliberales, Fernando Henrique Cardoso. Fue José Dirceu, un perseguido político de la dictadura, quien se dio cuenta de que debía traspasar otra traba impuesta por los militares y aceptar sumarse a un sistema de alianzas si querían que el sindicalista combativo pudiera al fin calzarse la banda presidencial. Pero algunas de esas alianzas a la larga se convirtieron en letales.
Porque Dirceu, jefe de gabinete de Lula, resultó acusado en una causa abierta a raíz de las denuncias de un oscuro diputado de uno de los partidos que se sumaron a la coalición gobernante, Roberto Jefferson.
La conservadora y muy influyente revista Veja desnudó en 2005 un escándalo de desvío de fondos y lavado de dinero en la empresa de Correos, dirigida por un miembro del partido de Jefferson, designado como parte de los acuerdos electorales. Con tal de salvar el pellejo, Jefferson no dudó en denunciar a la misma revista que en el Congreso había recibido algo así como cuatro millones de dólares a través de un esquema de pagos mensuales (mensalão) para votar las leyes del PT. Jefferson admitió no tener ninguna prueba, pero siguió con el ventilador prendido apuntando al resto de los aliados del PT.
Jefferson resultó condenado a diez años de reclusión, pero fue beneficiado por lo que en Brasil se conoce como «delación premiada» con una reducción de un tercio de la sentencia. La denuncia le costó entonces la cabeza a Dirceu y al entonces presidente del PT, José Genoino. En la volteada caía también otro personaje oscuro, ligado al mundo de los negocios, Marcos Valerio, sospechado de haber facilitado los pagos a través de su agencia publicitaria.
Este año la causa despertó de su letargo, acicateada por los medios que pedían «una condena ejemplar» para «limpiar» la política brasileña, en coincidencia sospechosa con las elecciones regionales en las que el PT logró imponerse en distritos clave como San Pablo, gracias a la crucial incursión de Lula a favor de su candidato Fernando Haddad.
Hubo disidencias entre los jueces supremos, porque no había pruebas concretas de delito: según los acusados el dinero girado a los legisladores era el pago de deudas contraídas por sus partidos durante la campaña, como ha sido habitual desde la vuelta a la democracia en Brasil. Alguno de los magistrados, como Carlos Ayres Britto, reclamó cambiar el modelo de negociación en vigencia. «El sentido de las alianzas es el de su transitoriedad», sostuvo, para criticar lo que llamó las alianzas ad aeternum, «que implican un condicionamiento material a la hora de las votaciones». Otro juez desestimó una acusación proveniente de un testigo tan poco creíble.
Pero el primer juez negro en la historia de la Corte Suprema brasileña, Joaquim Barbosa, se ganó su momento de gloria mediática al sostener la acusación hasta sus últimas consecuencias con el argumento de que si ese sistema corrupto existió, la máxima dirigencia del partido no lo podía ignorar.
Dirceu fue condenado a siete años y once meses de cárcel, Genoino a seis años y once meses. Sobre Valerio recayó la mayor condena: 40 años a la sombra. Por eso no extraña que a pocas semanas de la sentencia se decidiera a prender el ventilador. ¿Y dónde lo iba a hacer sino ante Veja? Allí declaró que Lula no solo sabía en qué consistía el mensalão, sino que se benefició en forma personal. En busca, claro está, de reducir su sentencia en premio a su delación. O de que el PT haga algo para evitarle su ominoso futuro. Barbosa ya dijo que corresponde investigar al ex tornero. La falta de pruebas no parece un obstáculo.
Rodeado de sudorosos trabajadores de la industria, en el cordón paulista donde encontró su lugar en el mundo, Lula dijo lo suyo. «Un canalla (por Valerio), hablando mal de mí en una sala con aire acondicionado, va a perder. Hay gente que piensa que soy un burro. Pero yo sé el juego que plantean. Ellos (el establishment) gobernaron Brasil desde que Pedro Alvares Cabral llegó aquí (en 1500) y no aceptan pacíficamente lo que logramos en ocho años de gobierno».
Después atribuyó los ataques al éxito de su gestión, que por otro lado es innegable. «Sólo existe una posibilidad de que me derroten –desafió–, que trabajen más que yo.» Algo poco probable en gente que mantuvo la esclavitud hasta las puertas del siglo XX.
Tiempo Argentino, 28 de Diciembre de 2012
por Alberto López Girondo | Dic 21, 2012 | Sin categoría
Existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de sacar provecho (…) Ahora el vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente (…) Por este motivo, hemos decidido castigar con penas muy severas a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el fin de poner término definitivamente a la propagación de este vicio.» Para las autoridades chinas, esa carta de Lin Hse Tsu a la reina Victoria era toda una revelación. No por la monarca británica, la mayor potencia del mundo en ese año de 1839, sino porque la dinastía gobernante, Qing, no estaba acostumbrada a dar explicaciones.
Pero era el imperio más poderoso hasta entonces y China estaba probando el amargo sabor de la decadencia, al punto de que para la milenaria nación se iniciaría con esa primera Guerra del Opio lo que se llamó el Siglo de las Humillaciones. La cosa había comenzado así: China tenía mucho para ofrecer a los anglos, como el té, la seda y la porcelana. Pero no había muchos productos que interesaran a los asiáticos, que mantenían sus mercados cerrados al comercio con Occidente y no permitían la instalación de embajadores. De modo que Londres tenía un déficit permanente que sólo podía equilibrar con la venta de la adormidera que se cultivaba en regiones cercanas.
La primera guerra fue entre 1839 y 1842, la segunda y definitiva, entre 1856 y 1860. Confrontar las fechas con la historia argentina puede ser todo un desafío: en 1858 el emperador Daoguang tuvo que aceptar condiciones de paz severísimas con Inglaterra y sus aliados por las cuales tuvo que permitir el comercio del narcótico, cedió territorios como Hong Kong al Reino Unido y Macao a Portugal, permitió la apertura de puertos para el comercio irrestricto y, como frutilla de postre, abrió la libre navegación por el río Yangtsé. Esto fue a seis años de que Urquiza derrotara a Rosas con ayuda extranjera y acordara la libre navegación de los ríos interiores, y a trece de la Batalla de Obligado.
Pero la historia de las adicciones y su estrecha relación con las prohibiciones y el equilibrio fiscal no empezó con ese incidente. Ya a principios de 1600 el comercio del tabaco enfrentaba a prohibicionistas –cuando aún no se conocía su relación con el cáncer– con los recaudadores. El paradigma tal vez sea Jacobo I de Inglaterra, que escribió «A Counterblaste to Tobacco», un alegato contra el consumo de la planta americana en sus versiones fumables o aspirables en rapé. «Su desaprobación no le impide aumentar los impuestos que pesaban sobre el tabaco cuarenta veces por encima de los precios fijados por la Reina Isabel I», según indica en su página web la British American Tobacco , una de las multinacionales predominantes en el actual mercado mundial.
Para la época de la Guerra del Opio, los grupos puritanos de Estados Unidos comienzan su prédica contra el consumo de opio, según recuerda el español Antonio Escohotado. El especialista anota en uno de sus textos que ya en 1832 la Rosengarten and Co –origen de la Merck, Sharpe & Dohme– fabrica morfina y poco más tarde Parke-Davis y Bayer producen gran parte de los opiáceos y la cocaína que se vende en ese país. Para 1869 el negocio es floreciente y parece no tener techo. Fue el año del nacimiento del Partido Prohibicionista, creado por Toby Davis en Michigan.
El lobby que ejerce el PP hace que en 1905 Theodore Roosevelt pida al Departamento de Estado la creación de tres comisiones para investigar «el mal», destaca Escohotado. Los debates fueron feroces, porque involucraban la vida privada de las personas y el derecho a la privacidad, uno de los pilares de la sociedad estadounidense. El demócrata Francis Burton Harrison llegó a proponer, incluso, que se prohibiera la Coca Cola, la Pepsi-Cola y «todas esas cosas que se venden a los negros del sur». La Asociación Médica Americana, mientras tanto, advertía que el abuso de drogas sólo se podría controlar a través de la educación. «Con ese criterio –dijeron– habría que prohibir los automóviles, porque pueden matar a las personas.»
El momento de gloria del PP fue en 1919, cuando lograron imponer la XVIII Enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, que prohibía el consumo de alcohol.
«Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación», dijo en ese momento el senador Andrew Volstead, el principal impulsor de la a norma que, por tanto, llevó su nombre. «El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno», se ilusionó.
Para 1932, en plena crisis económica posterior al crack de 1929, Franklin Delano Roosevelt prometía en su campaña presidencial terminar con la desocupación, poner el país nuevamente en marcha… y terminar con la Ley Seca, que ya había demostrado no sólo que era ineficaz, sino que además había generado una camada de gángsters que había lucrado con la venta ilegal de licores. Cuando asumió, en 1933, las arcas del Estado estaban exhaustas, de modo que se juntaron las dos coincidencias para conseguir voltear la XVIII Enmienda y ponerle un impuesto importante a las bebidas alcohólicas. La misma medida que Jacobo I aplicó a los tabacos.
La lucha contra las drogas se convertiría más tarde en uno de los más formidables argumentos con los que el nuevo imperio extendió sus tentáculos por todo el mundo y diseñó políticas represivas «para combatir el nuevo flagelo de la humanidad». En 1982 el presidente Ronald Reagan declaró la guerra a las drogas y seis años más tarde la Convención de Viena, a instancias de Naciones Unidas, endureció medidas de control en todo el ciclo de la elaboración. Lo que no figura en ese expediente es la relación entre ocupación militar estadounidense y aumento de la producción, teniendo en cuenta que el Pentágono tiene tropas desplegadas en Afganistán y Colombia. Pero esa es otra historia.
Luego de la matanza en la primaria de Newtown, Connecticut, la clase dirigente de Estados Unidos se ve en la obligación de dar alguna respuesta a esa otra adicción de los Estados Unidos –el gran consumidor de droga de Occidente– como es el uso de armas. Adicción protegida en este caso por una enmienda constitucional. La Segunda, para más datos. Posterior solamente a la que asegura la libertad de culto y de prensa.
El presidente Barack Obama prometió crear una fuerza de tareas al mando de su vicepresidente, Joe Biden, para estudiar medidas que impidan muevas masacres. El debate repite argumentos de la Ley Seca, sólo cambia el «mal», que ya no es el consumo sino los «límites a la libertad y las garantías constitucionales». Esta vez el mandatario promete llegar hasta el hueso, con una comisión que realmente llegue a algo, aunque sin modificar la sacrosanta Segunda Enmienda. «El hecho de que se trate de un problema complejo no puede seguir siendo una excusa para no hacer nada –dijo Obama–, el hecho de que no podamos evitar todo acto de violencia no significa que no podamos reducirla progresivamente y evitar la peor.»
Los temas en análisis por este equipo –que como especificó, el presidente tendrá que hacer un informe que sirva y no un dossier para «cajonear»– incluyen el acceso a la salud mental, la seguridad en las escuelas y la educación. El corolario debería ser alguna forma de prohibición de venta de armas semiautomáticas o de asalto.
César Gaviria fue presidente de Colombia y uno de los fundadores de la Comisión Global sobre Drogas. «Yo era prohibicionista», admitió recientemente en un congreso científico, como si fuera un adicto recuperado, para concluir: «Debe cuestionarse si la prohibición no genera corrupción y violencia en la sociedad.» En esa misma línea, el uruguayo José «Pepe» Mujica piensa que si el Estado se convierte en proveedor de marihuana, esas miserias pueden ser combatidas con mayor provecho. Pero las críticas que levantó su propuesta lo hicieron bajar un cambio y ordenó debatir más las cosas. La sociedad aún no está madura para entender su propuesta, evaluó.
Cuando hay tanto dinero y poder en juego, las adicciones generan respuestas contradictorias. Y las prohibiciones se terminan acomodando según como soplan los vientos.
Tiempo Argentino, 21 de Diciembre de 2012
por Alberto López Girondo | Dic 16, 2012 | Sin categoría
Se conocieron con Rafael Correa cuando eran estudiantes. Pero no por compartir aula, sino porque ambos eran dirigentes estudiantiles. Luego, Pedro Páez Pérez, doctor en Economía por la Universidad de Texas y máster en Desarrollo y Políticas Públicas por la Flacso, ocupó los más altos cargos en el área económica con el presidente ecuatoriano. Fue Ministro Coordinador de Política Económica y Plenipotenciario para temas relacionados con la Nueva Arquitectura Financiera Regional. Desde ese lugar, participó íntimamente en el diseño del Banco del Sur –que se fundó oficialmente en Buenos Aires el último día de gestión de Néstor Kirchner, 9 de diciembre de 2007–y de la «moneda común pero no única», el Sucre. Ahora, a cargo de la Superintendencia contra los Monopolios ecuatoriana, habla con Tiempo Argentino a su paso por Buenos Aires de las ventajas para cualquier inversor en apostar al lugar más seguro del mundo, que es Latinoamérica, de los nuevos paradigmas económicos y de soberanía popular, en una verdadera clase de economía alternativa.
–¿Cuál es la diferencia entre el Banco del Sur y el BID o cualquier banco de desarrollo tradicional?–Una diferencia es que se trata de impulsar necesidades básicas, prioritarias para el continente, para la construcción de la Patria Grande más allá de que sea, entre comillas, deficiente desde los criterios financieros. Nosotros creemos que es necesario sentar los fundamentos de lo que tiene que ser la nueva integración latinoamericana…–¿Quiere decir que perdería plata?–No necesariamente, pero la lógica del flujo de caja cortoplacista que exigen los proyectos de desarrollo y la banca comercial no se ajustan a los ciclos productivos, y lo que necesitamos es crear las condiciones generales que permitan un sistema de integración más profundo, lo que requiere de lógicas diferentes. Esa es la primera gran parte: poner primero lo primero. Un concepto nuevo de soberanía supranacional que no está en contradicción con la soberanía nacional, como en el caso europeo, sino un reforzamiento de la soberanía nacional con la construcción de una soberanía popular al nivel del territorio, de la comunidad. Y en ese sentido es que está planteado el tema de la alimentación, de la salud, de la energía, del conocimiento, recursos naturales, la infraestructura, es decir el tema de la soberanía popular. La segunda gran diferencia es que el BdS está propuesto como un instrumento de construcción de soberanía desde la perspectiva democrática. El BdS es el instrumento financiero de los órganos representativos electos democráticamente. No es el BID o el Banco Mundial, que le dicen «mire, me parece que este proyecto no le conviene, o nuestro proyecto de prioridades es este, o tiene que cumplir primero con estas condiciones», sólo por decir algunos casos que pueden plantear. Las negociaciones de lo que es prioritario hacerse en cada uno de los países las deciden en el Consejo de Ministros, que tienen las rendiciones de cuentas que corresponden en cada país. Y eso pasa a ser financiado por el BdS como un proyecto continental.–La pregunta es de dónde sale el dinero.–La propuesta del banco no es lo que pueda financiar por sí solo, sino que sienta en la mesa de negociaciones a los demás bancos, incluyendo el BM y al BID y entidades nacionales o privadas. Es un concepto anterior de un banco de inversión. Ahora lastimosamente se tiene la idea de que un banco de inversión es Goldman Sachs, y esos son bancos especuladores. El BdS es un banco que se encarga de organizar el financiamiento de los proyectos de inversión, que los deciden los órganos democráticamente elegidos. Esto cambia radicalmente la lógica de la dictadura financiera que ha estado imperando en nuestro continente. –¿Quiénes son los que están frenando la concreción del BdS?–Es claro que hay intereses de la vieja arquitectura financiera, asustados por la existencia no sólo del banco sino de la propuesta de la Nueva Arquitectura Financiera, que incluye la moneda regional, el Sucre, y la necesidad urgente de tener una alternativa regional al FMI sobre la base de los recursos propios del continente (ver recuadro). Son gente muy hábil que aparece inclusive financiando proyectos a nivel de organizaciones sociales, de ONGs, de investigación, con agenda posmoderna y hasta con ropajes marxistas. Esto no nos debería sorprender, la habilidad de quienes han conservado el poder les permite tener una ductilidad muy… sutil, digamos. Ellos, primero quisieron ignorar, luego cuando ya estuvo posicionado en los movimientos sociales, lo ridiculizaron, y cuando vieron que esto iba en serio han tratado de secuestrarlo para desnaturalizarlo. El proceso actual es esa disputa por convertir el BdS en un banco insignificante, porque hoy no tiene un musculo financiero en dólares como la banca tradicional de desarrollo. Así, sería un BID chiquito ¿qué sentido tendría? Por eso quieren cambiar el concepto que se ha venido trabajando durante todo este tiempo, con esos tres pilares: banco de desarrollo de nuevo tipo, una red de seguridad financiera alternativa al FMI y una moneda común pero no única. –¿Qué es esa moneda “común pero no única”? –Sucre refiere a Antonio José de Sucre, el prócer de la independencia, el que comandó las tropas en la batalla final de Ayacucho. El acrónimo salió de un desayuno entre Chávez y Correa: Sistema Unitario de Compensación Regional. El Sucre inaugura un frente de batalla nuevo en el plano de la soberanía monetaria, que además es un tema muy poco tratado por la economía ortodoxa y por los propios economistas críticos. Para poner un ejemplo que decía el otro día Adolfo Pérez Esquivel: EE UU y la Otan tienen 1100 bases militares en todo el mundo. La evidencia muestra que esas 1100 bases no pueden ser financiadas con la partida presupuestaria que aparece en la discusión en EE UU. Buena parte del financiamiento viene de la Reserva Federal, del señoriaje, que es el privilegio que tiene EE UU de imprimir la cantidad de dólares que les dé la gana, porque el resto del mundo valida esa emisión de dólares que desde 1971 no tiene ningún respaldo. Tanto las aventuras militares de EE UU como el salvataje sin límite a los bancos que han llevado a esta crisis se dan por ese monopolio. Por ejemplo, si un importador de Argentina quiere comprarle a un exportador de Colombia, tiene que contratar primero a un banco que compre en el mercado de divisas local los dólares para hacer la transacción con un banco corresponsal en EE UU, pasar por un mecanismo privado monopólico que se llama Swift, a través de la Reserva Federal, hacia el banco agente del banco del exportador, ese banco le gira al banco colombiano en dólares y recién ahí el vendedor recibe su paga en Colombia. Estamos hablando de mayores costos porque ninguno de ellos es filántropo, mayores trámites, más tiempo. El Sucre corta los intermediarios, es una conexión directa entre los bancos centrales de los dos países.–¿Cómo sería esa misma operación en Sucres?–Si es que Argentina y Colombia estuviesen en el Sucre, que por ahora sólo funciona dentro de los países del ALBA, lo que tendrían es una conexión directa intranet entre el Banco Central de Argentina y el de Colombia, que contacta a los operadores financieros del exportador y del importador y ya está hecho. En el caso del Ecuador ni siquiera hace falta que sean bancos, pueden ser cajas de ahorro, cooperativas locales.–¿Yo compro en pesos?–Ese es un problema de cada país. Opera como un convenio entre bancos centrales y entonces los bancos se abren una tarjeta de crédito recíproca por seis meses al cabo de los cuales se cambia la diferencia a dólares. En el momento en que se hace la exportación el país recibe una cuenta, una acreditación real en Sucres, que son títulos que inmediatamente pueden ser comerciados. El pago dependerá de lo que negocie, si será en dólares o moneda local. Es un diseño totalmente nuevo para condiciones nuevas y utilizando al máximo las nuevas plataformas informáticas, que ya tienen todos los países de América Latina y son no sólo homologables sino que han sido provistos por la misma firma. –¿No terminaría como el euro?–El euro fue la locura de poner el carro delante de los caballos. Se sacrifica en el altar de la moneda todas las otras políticas. El euro está diseñado para robar soberanía, capacidad de decidir a cada uno de los países y ponerlo bajo la dictadura monetarista, algo simplemente insostenible. Lo que estamos haciendo en América Latina un poco marca la pauta. Supongamos que Colombia le compra a Argentina 1000 millones y Argentina le compra 3000 millones a Colombia. La suma es de 4000 millones de una demanda totalmente artificial que está impactando sobre el mercado regional de divisas, porque EE UU no participa de esas negociaciones. Sin embargo estamos todo el tiempo en esa necesidad de comprar los dólares y esa demanda incide sobre las decisiones de inversión inclusive de un ahorrista común y sobre los precios internos, debilita el manejo de la economía fiscal y el sistema financiero. En lugar de comprar los 4000 millones nosotros decimos “paguemos solamente la diferencia”, con lo que habría que comprar nada más que 2000 millones de dólares. Un alivio significativo sobre el mercado local de divisas. En el caso del Sucre, las transacciones van y vienen durante seis meses y el ahorro es todavía mayor. Con esto estamos aumentando la capacidad de decisión nacional, pero además como ya no toca manipular las tasas de interés para lograr un objetivo cambiario, también estamos dando más grados de libertad, más soberanía en la política monetaria y financiera. Por otro lado, podemos tener un manejo de las tasas de interés más estables, el servicio de la deuda para los hogares, las empresas y el Estado sería más bajo. El diseño es totalmente distinto del euro, porque nosotros estamos fortaleciendo la soberanía nacional y la soberanía popular, familiar, de los distintos actores sociales y al mismo tiempo construyendo un nuevo espacio de decisión que no existía, que es el espacio supranacional que ojala sea pronto Unasur y Celac. El continente se va constituyendo en un espacio nuevo de decisiones de ejercicio de la soberanía, que es precisamente por lo que pelearon los Libertadores de hace 200 años. «
Una nueva arquitectura financiera
“La tercera pata de esta Nueva Arquitectura Financiera Regional es el Fondo del Sur, que es un sistema y una red financiera, un nuevo tipo de operación de los bancos centrales para poder reciclar todos los recursos propios. Sólo en reservas monetarias internacionales, tenemos cerca de 800 mil millones de dólares. La teoría de las reservas dice que hay que ponerlas en un lugar seguro por cualquier contingencia interna. ¿Cuál es el lugar seguro? ¿EE UU, Europa?… hombre, hasta el JP Morgan Chase, con todas las ventajas que le dieron para que dibuje su contabilidad, ahorita parece que está perdiendo plata. ¿Cómo puede decirse que el activo libre de riesgo está en EE UU? Hasta el BID tuvo que reconocer que perdió un quinto de su capital por inversiones especulativas ¿Qué hace un banco de desarrollo poniendo su plata en el casino del señor Maddox? ¿Acaso no hay otras prioridades en América latina? En la teoría del Portafolio se supone que hay una compensación entre la rentabilidad y el riesgo que se corre. Pero poner las reservas en el Norte es un riesgo gigantesco, porque Europa no se salva y además las tasas están cerca de 0,25%, apenas más del 0 por ciento Como inversionista y desde la perspectiva del capital, si hay algun área libre de riesgo en muchos sentidos inclusive en el geopolítico, es precisamente América latina. Y nosotros no estamos aprovechando la coyuntura y el potencial enorme que tiene. Necesitamos crear condiciones y movilización de recursos propios, y para poder avanzar en la inversión productiva sostenible necesitamos trabajar con las monedas nacionales de los países hermanos. Necesitamos crear incentivos para que los países que están dando un préstamo en su moneda nacional tengan un complemento de los países que están tomando el préstamo, cosa de que el problema de la balanza de pagos pueda ser sostenible. Hay que hacerlo lo más pronto, posible así podemos liberar recursos que ahora están puestos debajo del colchón para reciclarlos a través a proyectos productivos.”
El desequilibrio del euro
–El euro se basa en una construcción teórica que no tiene ningún fundamento porque la teoría de las zonas monetarias óptimas se basa en la noción del equilibrio general, cosa que no ha sido probado ni matemáticamente ni doctrinariamente. –Pero las universidades siguen formando economistas en la otra línea, que son los que luego hablan desde los medios sin inmutarse a pesar de lo que indica la realidad de esta crisis mundial.–Eso forma parte de una trasformación epistemológica y axiológica. Pero también es un tema de valores, hombre. En muchos casos hay mala fe, pero otros simplemente están prisioneros de una epistemología antigua y de un lavado de cerebros del pensamiento único neoliberal que se basa sobre una situación absolutamente insostenible. Toda la teoría neoclásica tiene como presupuesto que existe un equilibrio general. León Walras, a finales siglo XIX, hace una construcción matemática de un sistema de ecuaciones lineales en que demuestra que si los precios se construyen con ecuaciones lineales es posible tener una solución, pero no demuestra que haya una solución. El hecho de que exista desempleo, que no haya un trabajo para todos los que están buscando trabajo, te demuestra que no existe el equilibrio.–Pero ese no parece un problema para esos economistas.–Ehhh, ahí viene el tema del oportunismo teórico. Te encoges de hombros y dices «si no me conviene me hago el opa, como si no existiera el problema». Sobre esa base se ha construido todo, y por eso es que se desmorona todo este sistema.
Tiempo Argentino, 16 de Diciembre de 2012
por Alberto López Girondo | Dic 15, 2012 | Sin categoría
La llegada de Mariano Rajoy al gobierno hace justo un año estuvo enmarcada en ese proceso de caída libre, que se inició con la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos pero que repercutió de un modo letal en la península, habida cuenta de que el modelo que el neoliberalismo presentaba como exitoso se basaba en la cultura «del ladrillo» con fines especulativos. Y al estallar la burbuja nada había detrás de qué agarrarse.
El PSOE, que había tenido notorios avances en materia social con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa en 2004, se fue enmarañando en soluciones a la crisis financiera pergeñadas en Bruselas que terminaron por poner en controversia hasta las raíces del Estado de Bienestar que representaba el socialismo democrático ibérico.
Hubo una semana clave en su gestión, con una cadena de hechos simbólicos que dejaron entrever el futuro español: a mediados de mayo de 2010, el principal grupo de medios, propietario del diario El País, uno de los emblemas de la España posfranquista, dejaba su mayoría accionaria en manos de un grupo inversor con capitales de Estados Unidos. El anuncio se hizo el mismo día en que el juez Baltasar Garzón era suspendido por el Supremo Tribunal a raíz de su intento de juzgar los crímenes del franquismo y Zapatero anunciaba el primer recorte presupuestario para reducir el déficit fiscal. Fue como un tiro en el pie.
Un año más tarde las protestas y el incremento en la desocupación lo obligaban a adelantar los comicios. Que fijó para el 20 de noviembre: justo el día en el que se cumplían 36 años de la muerte del Caudillo. Ganó, como todos los pronósticos anunciaban, el líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, quien asumió su cargo el 21 de diciembre, con promesas de llevar adelante un plan económico que sacara al país de la encrucijada. Un regalo de Navidad que finalmente luego de un año demostró no sólo que era un programa de recortes sin fin, sino que además, tenía como trasfondo la restauración conservadora de España.
Todo peor
En este año de gestión, las variables de la economía no paran de empeorar, a lo que se suman las respuestas que van tomando diferentes sectores de la sociedad ante las escasas perspectivas en un plazo previsible. Así, las calles de las principales ciudades del país son el reflejo de las tensiones que se acumulan. De manera que, entre reclamos de discapacitados por los recortes en el sistema sanitario y una votación que podría encaminar hacia un referendo independentista en Cataluña, terminaba el período para un amplio y «generoso» blanqueo de capitales que, como suele suceder, beneficiaba largamente a los que evadieron sus responsabilidades fiscales en detrimento de los que o no tienen más remedio que pagar los impuestos o consideran que es una obligación moral hacerlo, que no son pocos en ninguna parte del mundo.
En tal sentido, incluso, el gobierno de Rajoy tocó –a pedido de Bruselas– una de las variables que desencajó otro clavo en la maquinaria económica. Aumentó el IVA de 18 a 21%, lo que repercutió negativamente en el índice de precios de setiembre. Por ley, el gobierno tenía que incrementar las jubilaciones y pensiones en una cifra equivalente, pero no lo hizo «por cuestiones presupuestarias».
El IVA es más fácil de cobrar que otros impuestos porque en algún momento de la cadena económica siempre hay alguien que termina aportando, por más mecanismos de evasión que se inventen. Por otro lado, reducir ingresos a los jubilados es casi un deporte para economistas neoliberales, como bien lo saben los retirados argentinos que lo padecieron en tiempos no tan pretéritos. El problema, como marcaron los dirigentes de las dos principales centrales obreras españolas, Comisiones Obreras (CCOO) y la UGT, es que con una desocupación que supera holgadamente el 25% y mantiene a casi 5 millones de personas sin trabajo, hay miles de familias que viven del sueldo del jubilado.
A todo esto se suman los recortes, en general en el sistema de salud, que pusieron primero la mano en el bolsillo de los beneficiarios porque obligan a un copago de servicios que hasta abril eran gratuitos, y se dejaron afuera del sistema de protección a extranjeros e ilegales. Con decir que hasta las ambulancias de los traslados deben pagarse no hace falta agregar mucho más. De allí la masividad de la manifestación de discapacitados que el 3 de diciembre llenó las calles céntricas de la capital española en reclamo por lo que también ellos perdieron en este año.
Regiones alzadas
Pero no sólo de variables económicas se trata el modelo que viene desarrollando el Partido Popular desde que recuperó el poder a fines del año pasado. Así es que a principios de diciembre la noticia era el rechazo de Cataluña al proyecto de reforma educativa que lleva adelante Madrid de la mano del ministro José Ignacio Wert, que mediante la reforma de la ley educativa, con el archiconocido propósito de adecuar la enseñanza a un mundo que necesita jóvenes preparados en nuevas especializaciones, impone como idioma prioritario el castellano en todo el país.
Sobre llovido mojado: a pocos días de una elección clave en Cataluña que abre paso –aunque no tan velozmente como pretendían sus impulsores– a un referendo independentista, el remarcado centralismo madrileño se parece bastante a una provocación. La región más rica de España sufre recortes y la sociedad protesta porque aporta casi el 20% de los ingresos totales de de la administración central y recibe un poco más del 14%. Según la perspectiva catalana, allí reside el colosal déficit que llevó a la región a pedir salvataje a Madrid y a ser la segunda región más endeudada del país.
La ola independentista podría arrastrar al País Vasco, que tiene viejos reclamos independientistas aunque no tan teñidos de aroma impositivo porque logró en su momento lo que se llama el sistema de concierto, que le permite recaudar y girar al gobierno central una cuota para la coparticipación. Para el resto de las comunidades, el sistema es más parecido al argentino: el Estado nacional recauda y luego distribuye. Con el adicional de que lo hace con un prudencial retardo, que se alarga mucho más en tiempos de crisis.
Tampoco para Rajoy son buenas épocas en política exterior. Al principio de su gestión, el canciller José Manuel García-Margallo declaró con un tono nacionalista que el nuevo gobierno iba a luchar por el Gibraltar español. El peñón es para España una espina clavada en el corazón de su orgullo. Y a pesar de tratados y acuerdos que permitieron construir una organización como la Unión Europea, al igual que en Malvinas, los británicos se niegan a hablar de soberanía con sus vecinos amparados en el Tratado de Utrecht de 1713. El ímpetu nacionalista de García Margallo a poco del tercer centenario de aquella afrenta se fue opacando a medida que el primer ministro, David Cameron, también buscó untarse de una pátina patriótica en medio de ajustes presupuestarios ordenados desde Bruselas y con la mano rigurosa de los alemanes. Así que un viaje oportuno del príncipe Eduardo de Inglaterra y su esposa, Sophie Rhys-Jones, sirvió para apaciguar las cosas y sólo quedó el reclamo de que los pescadores españoles puedan seguir su faena en aguas que los ingleses consideran suyas, como hasta entonces.
Cuestión de códigos
La recuperación argentina de la petrolera YPF también fue un golpe al orgullo herido de los españoles. Al menos así lo entendieron los medios de comunicación y el gobierno, que primero amenazó con las peores consecuencias por el desafío. Pero andando el tiempo la temperatura fue bajando tanto en los despachos oficiales como en la ex compañía matriz, Repsol, que ahora decidió hacer reclamos económicos más que imponer trabas políticas. Mucho no pueden alardear los empresarios hispanos en vista de la detención del que fue el titular de la principal cámara patronal del país, nada menos que por lavado de dinero y ocultamiento de bienes para evitar hacerse cargo de millonarias deudas de su empresa Marsans. Gerardo Díaz Ferrán fue en su momento presidente de la privatizada Aerolíneas Argentinas y tanto de este lado del Atlántico como del otro, siempre tuvo micrófonos a mano para protestar por el «despojo» al que lo habría sometido el gobierno argentino cuando nacionalizó la compañía de bandera sin pagarle nada en retribución, argumentando que el español había vaciado la línea de bandera.
Cierto es que la España que tomó Rajoy no estaba en su mejor momento. De otro modo la derecha no se habría alzado con el triunfo electoral aquel 20N. Pero el PP no hizo más que empeorar los índices económicos, con lo que justificó la aplicación de una política de shock que aceleró el desguace del Estado de Bienestar y abrió la posibilidad de terminar de destruir todo lo que de progresismo dejó Zapatero tras su paso por la presidencia del gobierno. Además lo hace con verdadero deleite.
Por ahora el PP no puso el foco en la reforma de la ley del aborto, una de las promesas electorales, ni en el matrimonio gay. Pero sí reformó el Código Penal para endurecer aún más las de por sí impiadosas penas (que para los delitos más graves pueden llegar hasta 40 años). Además, introduce la figura de la «Prisión permanente revisable», que en teoría permite reducir condenas a cadena perpetua, pero luego de haber pasado no menos de 25 años entre rejas.
Añade luego la llamada «Custodia de seguridad», una medida por la que se suman hasta 10 años más de prisión a un preso que haya cumplido su condena cuando el tribunal sentenciador crea que se trata de un individuo de «especial peligrosidad».
Mientras tanto, y a pesar de que crece exponencialmente la cantidad de víctimas de desalojos por deudas hipotecarias impagas (ya hay más de 350.000 familias que lo perdieron todo en estos 4 años) no hubo acuerdo para cambiar la legislación que reglamenta la dación en pago, es decir, que el banco o el acreedor se quede con la propiedad del deudor, que de este modo se liberaría de su compromiso. Esto es, si al momento de entrar en mora la propiedad vale menos que cuando el incauto la compró, la diferencia se le sigue computando como deuda. En una sociedad con crisis laboral, eso significa que deberá pagar hasta el fin de sus días.
Revista Acción, 15 de Diciembre de 2012
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