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Nilda Garré: «Aún hay militares que se resisten al cambio»

Dice que cuando Néstor Kirchner le ofreció el cargo, en 2005, se justificó recordando su trayectoria en el campo de los derechos humanos. Ahora, luego de cuatro años al frente del Ministerio de Defensa, Nilda Garré, la primera mujer en ocupar esa cartera, siente que una parte importante de su tarea está cumplida con los cambios logrados en el Código de Justicia Militar y en los planes educativos, y con la definición de ciclos de planeamiento, algo impensable para las Fuerzas Armadas argentinas a lo largo de su historia más reciente. Pero al mismo tiempo, lamenta no haber logrado que la información en manos de efectivos militares sobre el período más oscuro de su pasado haya salido a la luz. No haber podido romper con los códigos de silencio corporativos que aún imperan entre los militares.
«Yo no estaba en el círculo más íntimo de Kirchner –recuerda Garré– aunque había apoyado su candidatura. Por eso me sorprendió cuando me dijo: yo con vos sé que puedo jugar de memoria en cuanto a principios, valores, objetivos y además porque has tenido una actividad muy clara en el tema de los derechos humanos y creo que en esa área hay que dar una señal muy clara que tu solo nombre lo da».
–¿Qué cambios le produjo este tiempo de gestión?
–Fui diputada muchos años, después me tocó ser embajadora en Venezuela, por poco tiempo. Pero hay cosas que a una la tocan. Este me pareció un desafío impresionante, excitante y creo que había una gran responsabilidad de los civiles en el área. Nosotros, por muchos años, por los enfrentamientos con valores e ideas de las FF.AA., delegamos la defensa en los militares, como delegamos la seguridad en la policía. En general, en la institución. El Estado no se metía, como si esta no fuera una de las políticas públicas que el Estado debe manejar. Algo insólito. Había una especie de pacto tácito: «Mientras no haya insubordinación, está bien, manejen el área». Lo que determinó un gran nivel de corrupción, porque no había transparencia, autonomía de funcionamiento, autonomía en las decisiones. Una de las fuerzas podía decidir comprar tanques pero no en función de un planeamiento, que es lo que estamos haciendo ahora.
–¿Cómo es ese planeamiento?
–Hay un Ciclo de Planeamiento que está definido por un decreto que firmó Kirchner en 2006. La idea es planificar qué clase de FF.AA. queremos, para qué, con qué diseño, con qué organización y con qué medios. Uniendo las hipótesis de conflicto que podemos tener, si las tenemos, veremos qué elementos es necesario comprar. Son decisiones que después tienen un efecto práctico. No queremos que este Ciclo de Planeamiento salga del capricho de una fuerza. Lo tiene que hacer el Estado Mayor Conjunto, que debe tener todos los roles posibles para que finalmente haya un funcionamiento conjunto de las fuerzas. Malvinas nos mostró el desastre profesional de nuestras fuerzas en ese aspecto.
–¿Cual diría que fue la dificultad más grande que enfrentó desde que asumió el cargo?
–Lo más grave, creo que es obvio, es el problema estructural, de los valores, de los principios. La idea sobre la institución, su rol, su papel y su historia que tienen la mayoría de los militares. Creo que ese es el problema más complejo: producir cambios estructurales, profundos, cuando hay un esquema de valores, de principios, de objetivos que van un poco a contramano de lo que son los valores de la sociedad. Un proceso de democratización de las FF.AA. requiere una colaboración de ellos, en la medida que opongan una resistencia por todo lo que arrastran, se hace más complicado.
–¿Nota que se hayan ido produciendo cambios?
–Algunos, los vinculados con su organización, funcionamiento, despliegue, están referenciados con los cambios muy importantes que ha habido en el mundo. La desaparición del conflicto Este-Oeste, el destierro de la doctrina de Seguridad Nacional, la desaparición de todo el esquema normativo, las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, más todo lo que pasó con el terrorismo de Estado, fueron determinando algunos cambios significativos. Pero había otros que exigían un redespliegue, un re–análisis de la función de las FF.AA. y por consiguiente de la capacitación y la profesionalización.
–¿Como cuáles?
–Por ejemplo, si tengo hipótesis de conflicto con los países limítrofes, despliego unidades del Ejército en las fronteras con Chile y con Brasil. Si eso desaparece tengo que analizar cuáles son las posibilidades de conflicto que puede tener la Argentina, con la limitación que tienen hoy las FF.AA. Porque de acuerdo con la ley sólo puede intervenir en caso de agresión estatal externa. Como no se visualiza ningún país que nos pueda atacar, entonces las FF.AA. requieren otra organización, otro despliegue y otros medios materiales.
–¿Cuál sería hoy la hipótesis de conflicto?
–Hoy no hay hipótesis de conflicto, esta es una zona de paz. Pero el aparato de defensa debe estar preparado. La Argentina hoy no tiene hipótesis de conflicto y los militares lo saben. Obviamente que si ponemos las FF.AA. a dedicarse a nuevas amenazas, a migraciones, como hacen algunos países de la región, ellos volverían a tener hipótesis para las cuales adecuarse. Pero las nuevas amenazas no son aceptadas hoy como materia de competencia de las FF.AA.
–Hace algunas semanas en algún diario se hacía referencia al rearmamentismo de países de la región, como Chile, Brasil, Venezuela.
–Pero eso obedece a otros motivos, no a un ataque inminente de ningún país. Argentina no tiene hipótesis de conflicto, esto no quiere decir que no tenga su sistema de defensa organizado, aceitado y eficiente para lo que hemos elegido, que es una opción defensiva. Tenemos que estar preparados para defendernos de cualquier ataque y debemos tener capacidad para defender nuestros recursos naturales, que son muy codiciados en el eventual caso de que tengamos algún tipo de intento de limitar nuestra disposición de ellos.
–¿Esa no sería una hipótesis de conflicto?
–No es una hipótesis la de los recursos naturales, porque no nos están atacando. Tenemos que estar preparados para defenderlos, este es otro tema. Nadie va a venir a discutirnos si encontramos petróleo en la plataforma continental o agua en el sur. No se vislumbra. Estamos hablando de corto y mediano plazo, dentro de 50 años no sé lo que puede pasar. Pero en el corto y mediano plazo esta es una zona de paz.
–¿Cuáles serían esas previsiones defensivas con la situación actual de Latinoamérica, entonces?
–En la región hay un proceso de cooperación y de integración bastante significativo, que se está dando sin tropiezos. Esto no quiere decir que la región sea absolutamente pacifica, pero en grandes líneas es una zona de paz. Cierto es que hay reclamos territoriales pendientes. Concretamente Bolivia que reclama su salida al mar, Chile y Perú tienen disputas costeras. Pero Argentina no tiene problemas limítrofes. Y Chile no se está rearmando para enfrentar a Perú, ni Perú está comprando algunas cositas como se dijo por ahí… Chile se rearma porque los recursos materiales que tiene son muy viejos, obsoletos, hay nuevas tecnologías, obviamente…
–¿Hay información a nivel ministerial entre los países?
–No entre todos. Chile y Argentina tienen un sistema de aviso cuando van a comprar algo, porque hay medidas de confianza mutua muy desarrolladas, que queremos ver de desarrollar en toda la región. ¿Chile por qué compra armas? Porque acumula una gran cantidad de plata en función de una ley que dejó Pinochet, la ley de Cobre se llama vulgarmente, que le da un tanto por ciento de la recaudación por la exportación del metal a las FF.AA. Entonces modernizaron todas sus cosas; tenían barcos de más de 30 o 40 años. Su flota nueva fue comprada a los ingleses.
–¿Hay demandas de los militares por esas cuestiones?
–Se sabe que no está en la política argentina plantearse ninguna carrera armamentista. Que no es necesario porque no hay ninguna inminencia de conflicto. Que no hay recursos en Argentina, que tuvo un colapso económico financiero muy grave en el año 2001. Que hay otras prioridades, como resolver los problemas de la pobreza. Y que nuestra definición es defensiva, por lo cual muchas armas que son claramente ofensivas no entrarían en el diseño de nuestras FF.AA. Esto no quiere decir que no tengamos que considerar alguna renovación, como los aviones Mirage, cuya vida útil está por vencer y entonces hay que sacarlos de servicio en poco tiempo más. Alguna de estas situaciones habrá que contemplar en el futuro, pero en forma muy medida, y tratando de basarnos lo más posible en el desarrollo de las industrias de la defensa, nacionales o regionales. Ahí hay un gran esfuerzo por la vinculación, con Brasil sobre todo y con Chile, que son los que tienen algún desarrollo industrial de defensa.
–¿En que instancia están esos proyectos?
–Tenemos en este momento un patrullero oceánico, que es un diseño conjunto que se hizo con Chile. Lo hicieron ingenieros de las FF.AA. de los dos países. Brasil no entró en el diseño porque quería imponerle mayor velocidad a los patrulleros de la que estimaban Argentina y Chile. Los chilenos hicieron la ingeniería básica, que se la compraron a los alemanes y nosotros hemos comprado a Chile esa ingeniería de detalle para el año próximo comenzar a producir el primero de esos patrulleros. Tenemos la obligación de controlar el espacio aéreo y los mares. Así que también desarrollamos con la empresa Invap el primer radar militar que se produce en la región. Porque necesitamos tener radares y aviones para controlar el espacio aéreo y patrulleros, que no son buques de guerra, para mostrar claramente nuestra voluntad de ejercer nuestros derechos soberanos sobre las aguas oceánicas. Además hemos recuperado la fábrica de aviones de Córdoba.
–¿Son políticas de Estado a nivel regional? Porque en dos años los gobiernos de Chile, Brasil y Argentina van a ser otros.
–Estimo que estas políticas tendrán una continuidad. Puede haber un país que en un momento le dé más énfasis que en otro, pero son tratados que unen a los países. Yo descarto que los cambios puntuales que pueda haber, por las elecciones en los diversos países, modifiquen de fondo esta política. Puede haber matices, por supuesto. Mayor énfasis, entusiasmo, en alguna reunión de Unasur, pero en líneas generales uno podría decir que va a haber continuidad. Y en nuestro caso con Chile, son varios años de aplicación de estas medidas de confianza mutua. Hemos firmado una cantidad de convenios que las ratifican, eso está en pleno funcionamiento. Hemos hecho una fuerza conjunta binacional, la Cruz del Sur, para actuar en operaciones de paz. Una fuerza binacional exige que los militares de los dos países que la integran, compartan doctrina, entrenamiento. Es una demostración de mucha confianza. A nivel de las FF.AA. las cosas están mejor que en otras burocracias de los dos países, donde subsisten un poco más las desconfianzas. Ahora estamos haciendo algo similar, un batallón más limitado en sus objetivos, con Perú, para desarrollar tareas de ayuda a la comunidad en Haití.
–¿Cuántas mujeres hay en las FF.AA.?
–Hay entre un 10% y 15% según la fuerza. Acá había solamente mujeres en las áreas de enfermeras, médicas, en el cuerpo profesional. A medida que las FF.AA., no sólo de la Argentina sino del mundo, empezaron a ver que necesitaban incorporar el recurso humano mujer, empezaron a tener una situación nueva que requería cambios culturales, organizativos y de infraestructura. Desde prever el baño para mujeres hasta guarderías. En el viaje de instrucción de la fragata Libertad, hoy hay que aprobar camarotes para mujeres, toda una lógica de espacios diferenciados. No estaban previstas licencias por maternidad con todo lo que eso implica. No había ninguna flexibilidad en horarios ni licencias en los casos de las madres con hijos menores.
–¿Aceptan que mande una mujer?
–Todavía las mujeres no han llegado a jerarquías muy altas, y si han llegado algunas es del cuerpo profesional, porque este proceso es muy reciente. Comenzamos con un Observatorio de Género que diagnosticó los problemas, después hicimos un Consejo de Género, con mujeres de la universidad, de organizaciones civiles, del Estado, más oficiales o suboficiales mujeres. Es muy raro que los suboficiales hablen cuando hay oficiales presentes. Probamos juntarlos para ver si se podía romper eso y funcionó. Hoy es un ámbito que discute los problemas que tienen las mujeres. También hay dificultades para ascender, porque las juntas de calificaciones las integran hombres, lo que no garantiza los derechos de las mujeres. Ahora estamos haciendo Oficinas de Género en las tres fuerzas. Empezó la Fuerza Aérea, que la organizó con una supervisión mínima del Ministerio, y la propusimos como modelo a las demás fuerzas, porque salió bastante bien. Ahí se recogen una cantidad de reclamos, preocupaciones, dificultades. Y hemos ido solucionando medidas claramente discriminatorias para la mujer. Eran cuestiones culturales, pero perjudicaban. Como por ejemplo, las guardias. Una mujer embarazada tiene que tener una limitación en el horario de guardia por la naturaleza de su situación. Estamos haciendo un plan nacional para instalar jardines maternales, que lo hacemos, en general, en convenio con las autoridades educativas de la jurisdicción. Pusimos mujeres en la junta de calificaciones para garantizar una presencia, una voz. Todo cambio profundo lleva tiempo.
–¿Y en el plano de los derechos humanos, como se perciben los cambios?
–Está claro para las FF.AA. la absoluta determinación y voluntad política de los tres poderes del Estado y hemos tratado de llevar al máximo la posibilidad de informar a los juzgados, de buscar la información. Tuvimos bastantes problemas al principio. Hubo demoras, escollos, obstáculos, pero hoy en día estamos logrando un mejor nivel de información. Hemos desclasificado información sobre las áreas de inteligencia de las fuerzas y estamos tratando de contestar todos los oficios judiciales con la máxima información posible. Y en paralelo hemos iniciado una tarea de concientización, de divulgación a través de seminarios, de charlas, publicaciones de clases. Algo que ayuda también es que todos los oficiales que estuvieron comprometidos ya no están en la fuerza. Puede subsistir algún caso a nivel generalato o un coronel muy antiguo, el resto es oficialidad más joven.
–Pero persiste un esquema corporativo.
–La corporación es fuerte, el espíritu corporativo y cierto grado de solidaridad persisten. La prueba está en que, a pesar de que yo creo que hoy se asume en la gran mayoría de los oficiales y suboficiales la política de derechos humanos, no tenemos denuncias. Aun los procesados no hablan, no cuentan cómo fue todo y qué información tienen. Hasta el momento hemos ubicado cosas puntuales, algunas que estaban archivadas, porque en un momento se llevaron registros detallados. Las FF.AA. son muy minuciosas en sus papeles y trámites. Eso fue destruido, escondido. En algunos casos hemos localizado cosas y las hemos entregado a la justicia, aunque no todo lo que hubiésemos querido, ni siquiera una porción importante de lo que tendría que haber habido. Pero acá hay una lógica, que se ve y la pude corroborar en muchos casos, de silencio sobre el pasado, aún en el marco de las autocríticas sobre lo que pasó. Nadie se presenta a denunciar.
–¿Y las nuevas camadas que ahora están en los cargos altos y medios?
–Sobre el pasado la mayoría va a respetar un tácito pacto de silencio. En general, ante cualquier situación de infracción, de delito que sucede dentro de la fuerza, la idea es que los trapitos se lavan adentro. Es una cosa muy perversa y lo hemos experimentado en muchos casos. Es muy difícil romper con eso, es un tema que se debe seguir…
–¿Cómo reaccionan en relación con los juicios?
–Argentina avanzó mucho, somos una referencia en la región. Se ha dado un proceso de gran profundidad que no es todo lo rápido que querríamos, que no es todo lo eficiente, pero la señal es que tiene que haber justicia, verdad y memoria. Estas tres palabras están instaladas y yo creo que en las FF.AA. se comprende esto. Sobre todo en los oficiales más jóvenes. Y en los más viejos, que tuvieron un grado de convivencia mayor con algunos de los que hoy están procesados, pueden tener una actitud más de decir «bueno, está bien, ya como señal está, deberíamos terminar esto». Algunos dirigentes políticos también lo dicen. Están hablando de reconciliación, pero no hay reconciliación sin justicia. El Gobierno no está en contra de la reconciliación de los argentinos, pero no sobre la base de la impunidad. La reconciliación tiene que ser sobre la base de la justicia. Esta gente ha agotado el debido proceso, con todas las garantías. Es así como los países civilizados resuelven sus problemas. Yo creo que en los más jóvenes es un tema que les es absolutamente ajeno, aunque se debe tener en cuenta que es un área endogámica, son familias.
–¿Y cómo reaccionan ante las charlas, los debates que promueve el Ministerio?
–No hay una reacción única. Algunos consideran que las FF.AA. o se integran a la sociedad, dan el salto cuali y cuantitativo de modernizarse, hacerse más flexibles, más rápidas en sus reflejos, o pierden una oportunidad histórica fundamental de actualizar las instituciones a las necesidades del siglo XXI. No pueden ser ya esas fuerzas pesadas, desplegadas capilarmente como a mediados de la década del 50. Deben hacer su planeamiento por capacidades y no por hipótesis de conflicto, que es otro de los desafíos que hoy estamos concretando. En ese sentido, creo que hay una gran cantidad de oficiales que aceptan este desafío y que entienden que tanto en el tema de los derechos humanos como en modernización de la educación, como en análisis de los nuevos temas, como en pautas culturales, es fundamental ir en paralelo con la sociedad. Pero está todavía un grupo que resiste a esto.
–Pero hay civiles –incluso antiguamente perseguidos– que entraron en los cuarteles a dar cursos o charlas.
–En algunos ámbitos se han dado debates. El primero fue la Marina, que invitó a Adolfo Pérez Esquivel con todo el almirantazgo y estuvo también Stella Calloni, que escribió el libro sobre el Operativo Cóndor, nada menos, y Horacio Ravena de la APDH, y se fue dando una charla que comenzó siendo durísima. El clima se cortaba con una tijera, pero después de que se expusieron las cosas, el diálogo duró como cinco horas. Se dijeron todas las cosas. Supongo que cada uno se habrá llevado su pedacito de verdad, que no era la verdad total todavía, pero al menos se escuchó al otro. Y la experiencia fue considerada, al menos por las autoridades de la Marina, importante, porque la repitieron todos los años. Hemos hecho un seminario en Casa Amarilla y se hizo una publicación sobre el tema de los valores y los principios en sintonía con la sociedad. Nosotros trabajamos esta idea de Ciudadano – Servidor Público – Funcionario Público de Profesión Militar, en ese orden. Fundamentalmente que sea ciudadano, que tenga los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos; después de que se asuma a sí mismo como funcionario público, que tiene que manejar presupuesto, bajo un mecanismo de control, de transparencia, como todos los funcionarios del Estado, y finalmente que tienen una profesión. Esto es algo que tomamos de los alemanes, que tuvieron un proceso de reconversión muy complejo, y nos pareció muy interesante.
–Pero también toman aspectos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
–Creemos que hay más formas de avanzar en esto, y nos interesa mucho el modelo norteamericano que elige a los futuros aspirantes a oficiales en las universidades. No hay una academia como acá, como el Colegio Militar, modulador de todo un mecanismo simbólico muy importante de una cantidad de pautas, sino, al revés, las FF.AA., el sistema de defensa, va y les propone ingresar a los estudiantes y hacen un entrenamiento físico militar corto. Hemos viajado a Estados Unidos, hemos visto cómo funciona y les hemos pedido que vengan a hablarnos sobre la cuestión. Queremos instalar el debate el año que viene. En Alemania hacen al revés: ellos tienen una Universidad de la Defensa. Seleccionan gente que sigue una carrera y después hacen un convenio, por diez años mínimo, para prestar servicio en las fuerzas. Eligen a los mejores y les proponen seguir la carrera, pero hay otros que terminan sus diez años y se van.

Revista Acción, 15 de Noviembre de 2009

Paraguay: La disputa por la tierra

Fue la principal promesa de su campaña para llegar a la primera magistratura. Y, viniendo de un hombre de la Iglesia que había participado en los movimientos sociales de San Pedro, una de las regiones más pobres de Paraguay, era para creerle.
Justamente por eso, quizás, desde que Fernando Lugo llegó al poder, con una débil alianza política que le permitió derrotar al Partido Colorado, su principal lucha es contra un establishment decidido a no perder ninguno de los privilegios que construyó a lo largo de más de un siglo. Fundamentalmente desde la caída de Francisco Solano López, en 1870, que significó la destrucción del por entonces más desarrollado país de la América del Sur en manos de una coalición trinacional argentino-uruguayo-brasileña con apoyo de las potencias más importantes de la época.

Porque hasta ese momento, y desde 1810, Paraguay había ido construyendo, primero con José Gaspar de Francia y luego con los López, padre e hijo, una nación en que la tierra era un bien estatal, y su explotación se hacía en forma socializada.
Tras la derrota de Solano López, el país quedó devastado y los gobiernos que siguieron –absolutamente maniatados por sus vecinos más poderosos– fueron entregando las mejores tierras a inversores de todo el mundo a cambio de poco y nada. En 1880, por ejemplo, el 95% del territorio fue puesto a la venta para «honrar» deudas de la Gran Guerra. Y hacia 1900, 80 familias eran dueñas de la mitad del territorio cultivable.
Recién con la Revolución Febrerista, en 1936, se pondría en marcha un primer intento de reforma agraria, aunque no logró objetivos demasiado persistentes, ya que el general Rafael Franco duraría año y medio en el poder. En ese lapso se entregaron unas 200.000 hectáreas, apenas el 10% del plan original. Datos actuales indican que el 80% de las tierras están en manos del 2% de la población. Y que ese despropósito se terminó de consolidar durante los años de Stroessner en el poder, que «regaló» latifundios entre sus amigos.

La polémica
El presidente Fernando Lugo, en sus primeros seis meses de gestión, intentó cumplir su compromiso con la reforma agraria beneficiando inicialmente a 2.000 de las 300.000 familias campesinas pobres sin tierra. Su propuesta pasa por la compra de latifundios por el Estado a precio de mercado. En todo caso, a un precio que no implique considerarse que se trata de una expropiación y una enajenación de bienes, con lo que la controversia podría alcanzar peleas en estrados internacionales.
Alberto Alderete es el director del estatal Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), un ente encargado de poner en práctica la reforma agraria. Es, entonces, uno de los principales blancos de la crítica opositora, que lo sometió a una agresiva interpelación en el recinto de Diputados. Fue, por tal razón, el primer acusado luego del anuncio de que irían a comprar unas 22.000 hectáreas a un productor brasileño en algo más de 30 millones de dólares.
«En los departamentos de San Pedro y Kanindeyú fueron asentadas las familias más necesitadas con la asistencia gubernamental en salud pública y educación
–explicó el funcionario, de origen socialista– y para fines de este año tenemos previsto ubicar en sus propias tierras a 4.000 familias».
Cada familia recibió un terreno rural de 10 hectáreas a un costo total de 7.200 dólares cada uno. El Indert planea adquirir 1.150.000 hectáreas que actualmente están en manos privadas, principalmente de terratenientes brasileños que cultivan soja, el principal rubro de exportación.
El problema es que el Indert carece de los fondos necesarios para llevar a la realidad las promesas electorales. Y en eso no son ajenos los legisladores de la oposición, que traban cuanto presupuesto se presente en ese rubro. «Necesitamos realizar el catastro nacional de propiedades pero aún no tenemos el dinero suficiente para cubrir su costo», se queja Alderete.
«No son solamente ministros y funcionarios del gobierno quienes están metidos hasta la gorra en esta vergonzosa operación de sobrevaluación de tierras a ser adquiridas por el Estado, sino el mismísimo Fernando Lugo, porque él estuvo atestiguando las conversaciones iniciales», acusan sin demasiado preámbulo en los foros antiluguistas.
En poco tiempo las denuncias contra Lugo –primero por paternidades no reconocidas en su momento y luego por acusaciones de corrupciones en su gobierno– han logrado tensar la cuerda al máximo en su gestión, al punto que si uno se dejara llevar por lo que muestran los medios de comunicación paraguayos, el ex obispo tiene las horas contadas en el Palacio de los López.
Porque el enfrentamiento con su vicepresidente Federico Franco es total, al punto que éste declaró taxativamente estar dispuesto a hacerse cargo del poder en cualquier momento y que rechaza de plano la orientación política que Lugo pretende para su gestión. Franco, por supuesto, está en contra –ahora– de cualquier intento de reforma agraria y en cuanto micrófono encuentra manifiesta su rechazo a la política social que intenta el ex clérigo.
Por eso el anuncio de la compra de los campos de un brasileño, Ulises Rodríguez Texeira, generó polémicas en la Legislatura (dominada por partidos poco amigos de Lugo), la Justicia (un aparato consolidado durante los 61 años de coloradismo) y los medios de comunicación (garantes del status quo). «Se va a pagar por esos campos por lo menos tres veces más de lo que valen. Es un negociado de enormes proporciones a costillas del pueblo» despotricaron al unísono.
«El sector rural siempre estuvo al servicio del gobierno para salir de este atolladero, pero si no hay paz en el campo no vamos a salir nunca de esta problemática», declaró en tono amenazante el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Juan Néstor Núñez, cabeza visible de un enfrentamiento total por el reparto de los recursos. «No tiene ningún sentido que el Estado paraguayo compre una propiedad pagando casi 6.000 dólares por hectárea de terreno aprovechable para laboreo agrícola», argumentó.
Según el hacendado, por grandes productores no piden nada a cambio de su contribución al erario público, «solo que nos dejen trabajar, que nos den la seguridad y la paz en el campo». Luego añadió con precisión que entiende por paz: «Al decir la paz en el campo, estamos hablando de la reforma agraria, que termine de una vez por todas el circo este que tenemos hoy. Acá no hay quien quiera llevar la reforma agraria verdadera».
Como si no fuera suficiente con este frente de combate, en los últimos meses se conocieron varios operativos cometidos por una organización que se conoce como Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), con actividad centralizada en la región de San Pedro, Concepción y Amambay. El grupo habría nacido al calor de las luchas campesinas no mucho antes de que Lugo llegara al poder, pero para muchos su existencia real es un enigma.

Cuestión de armas
El 31 de diciembre de 2008, el EPP se atribuyó el ataque a un cuartel militar de donde robaron armas y provocaron un incendio. La activista Carmen Villalba, presa en la cárcel del Buen Pastor, dijo también que este grupo fue el que colocó una bomba en el Palacio de Justicia en abril pasado. Según estos indicios, el EPP se declara marxista-leninista y reivindica a Rodríguez de Francia y los López. Y reclaman que «Fernando Lugo no defraude la voluntad popular».
El obispo de Concepción y Amambay, Zacarías Ortiz, es otro de los que aseguran que el EPP es una realidad instalada en la región desde hace por lo menos 5 años. El cardenal se animó a denunciar, incluso que si el presidente no lo combate, «es porque no le interesa lo que sucede o también está dentro». Bueno es recordar que Lugo fue expulsado de la Iglesia cuando decidió participar en la lucha política.
Ahora, el EPP es acusado del secuestro de un productor agropecuario, Fidel Zavala, por el que se pidieron inicialmente 5 millones de dólares de rescate. Por supuesto que también esta factura fue para el presidente. Que no había hecho demasiado por evitar las actividades de una célula guerrillera que está acusada de varios secuestros extorsivos. Incluso lo acusaron de tener relación con las Farc colombianas. Que no se había preocupado como correspondía por la aparición del ganadero.
Lugo salió al ruedo de las críticas declarando que sabe muy bien que «Zavala representa una nueva clase de empresarios que con eficiencia y modernidad desarrolla su actividad económica y al mismo tiempo constituye una nueva camada de la dirigencia gremial dentro del sector de la producción pecuaria».
«Mi gobierno no es ni será indiferente ante esta situación, estamos radicalmente en contra de este tipo de acciones que no tienen ninguna justificación humana ni siquiera política», recalcó el presidente.
Mientras tanto, no tuvo la misma difusión un hecho que para las organizaciones de derechos humanos es trascendente. Por esos mismos días las Fuerzas Armadas de Paraguay entregaron a la Justicia sus archivos sobre el terrorismo de Estado y el Plan Cóndor. Son cerca de 200 carpetas que se encontraron en sótanos del ministerio de Defensa donde habría elementos para probar los vínculos de militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay en le represión ilegal durante los años 70.

Revista Acción, 1 de Noviembre de 2009

Uruguay para armar

Danilo Astori, el candidato a vicepresidente del Frente Amplio, ilustró con absoluta claridad la foto que se registró en Uruguay con los comicios del 25 de octubre. «Se miden dos modelos, el nuestro y el de los partidos tradicionales».
Curioso análisis, aún en caliente y luego de saberse que la coalición de partidos de centroizquierda había arañado el 48% de los votos pero que –a pesar de que le sacaban 20 puntos de distancia al partido Blanco, que lleva a Luis Alberto Lacalle a la cabeza de la fórmula– deberá ir a balotaje para definir la sucesión de Tabaré Vázquez.
Curioso porque proviene del economista, que fue ministro de la cartera hasta el año pasado en representación de Asamblea Uruguay y está considerado como del ala moderada del Frente. Y que añadió, por las dudas, que no encuentra «con qué comparar este proyecto nacional, porque sólo la izquierda lo tiene».
Ese domingo también se sometió a voluntad popular la Ley de Caducidad y una propuesta de enmienda constitucional para que puedan votar por correo los orientales de la diáspora.
Apenas el 38% se manifestó a favor de que los uruguayos del exterior puedan sufragar por correspondencia. Mientras que la ley que abriría la posibilidad de juzgar y castigar a los culpables de delitos de lesa humanidad –llevada por segunda vez a plebiscito– nuevamente fue desechada por las mayorías, esta vez por poco más de 3 puntos.
Por eso, quizás, el hijo del dictador, Pedro Bordaberry, fue el primero en apoyar al Partido Nacional para la segunda vuelta. «Es lo mejor para el país», explicó el candidato colorado, que con casi 17% duplicó la última performance de su partido. Lacalle calificó de «noble gesto sin condiciones ni documentos» al apoyo de Bordaberry; como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que el Partido Nacional perdió casi seis puntos desde 2004 y que para dar el batacazo necesita votos colorados.
Uruguay mostró un leve corrimiento hacia la derecha –Mujica perdió casi seis puntos en relación con los obtenidos por Vázquez–, el deseo de no revisar el pasado y de que los que decidan sobre su futuro sean los que viven en el paisito, y los que pueden viajar para cumplir con la obligación ciudadana.

Revista Acción, 1 de Noviembre de 2009