por Alberto López Girondo | Ene 31, 2021 | Sin categoría
Activistas y militantes de diversas organizaciones de Derechos Humanos y movimientos sociales y hasta hinchadas de clubes internacionales preparan para este domingo una nueva versión del Stop Bolsonaro Mundial, una manifestación que tiene como objetivo denunciar al gobierno brasileño de genocidio por la falta de política sanitaria para combatir el coronavirus. Al mismo tiempo, agrupaciones políticas presentaron un nuevo pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, el número 64, por crímenes de responsabilidad en torno a la escasez de oxígeno en hospitales de Manaos, atestados de pacientes de Covid19.
Todo esto ocurre mientras Bolsonaro enfrenta el escándalo por sobreprecios en leche condensada que dejaron al descubierto que para gobiernos neoliberales como el suyo, ese insumo básico es primordialmente una fuente de ingresos privados con base en recursos públicos.
El gobierno de Carlos Menem resultó implicado en 1991 en una maniobra por la compra de leche en polvo en mal estado. En los papeles, era un producto destinado al Plan Materno Infantil, pero se encontró que estaba contaminada con Escherichia coli. La firma que había ganado la provisión pertenecía al empresario Carlos Spadone y la partida cuestionada había sido elaborada en una planta de Miguel Angel Vicco, secretario privado del presidente.
En el caso de Bolsonaro, la leche estaba destinada a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el Ministerio de Defensa. Pero no hubo modo de explicar razonablemente por qué se habían gastado 15 millones de reales en ese producto. La respuesta que ensayaron los hijos presidenciales es que debía trasladarse a zonas de Brasil donde no es posible enviar leche fresca.
La explicación de Bolsonaro fue más estrepitosa. En una reunión con partidarios y algunos funcionarios íntimos en una churrasquería de Brasilia mandó a los periodistas a la PQLP y dijo que los tarros eran “para metérselos en el trasero”. El ministro de Turismo, Gilson Machado, bautizó al mandatario como “Jair Condensado” porque dijo que “condensa la voluntad de trabajar, el patriotismo y la fe en Dios”.
Las risas de sus acompañantes no alcanzaron para acallar el escándalo que, incluso, llevó a algunos de sus ex adláteres a tomar distancia. Es el caso del general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que fue ministro jefe de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República hasta junio de 2019. “Bolsonaro no tiene noción institucional del cargo que ocupa, es una vergüenza nacional e internacional” tuiteó el otrora austero militar.
El presupuesto de 2020 de gastos en alimentos muestra un 20% más de erogación que el de 2019. Entre ellos destaca un incremento en alfalfa de más de un millón de reales, y el de la leche condensada, de 15.641.777,49 de reales.
Otros gastos cuestionados son los 3000 millones que repartió en el Congreso para lograr la elección de Arthur Lira para la presidencia de Diputados y Rodrigo Pacheco para el Senado. Una forma de frenar los intentos de impeachment.
Tiempo Argentino, 31 de Enero de 2021
por Alberto López Girondo | Oct 4, 2020 | Sin categoría
Con una fuerte señal favorable a las políticas neoliberales del gobierno de Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal de Federal de Brasil (STF) avaló la venta de ocho de las once refinerías de Petrobrás sin autorización del Congreso. La decisión de permitir la enajenación de las joyas más valiosas de la abuela sin ningún control parlamentario ocurre en coincidencia con los 67 años de la fundación de la petrolera estatal, el 3 de octubre de 1953, lo que generó el rechazo de sindicatos y dirigentes que llamaron a un abrazo a la sede de la empresa en el Día Nacional de la Lucha en Defensa del Pueblo Brasileño. Los expresidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff y diputados federales de las bancadas del PT, del partido PSol y del PC do Brasil junto con el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos (CNNBB) Walmor Oliveira de Azevedo, se hicieron presentes de manera virtual.
El Plenario del STF falló este jueves en un reclamo de legisladores que cuestionaron la creación de subsidiarias de Petrobras encaradas por el Ministerio de Economía, a cargo del Chicago Boy Paulo Guedes, como un subterfugio para ir desmembrando a la empresa que supo estar entre las “top five” del mundo en exploración y explotación de crudo hace menos de diez años. Fue en aquellos tiempos en que había invertido miles de millones de dólares hasta encontrar petróleo debajo de una gruesa capa de sal en el Océano Atlántico.
El yacimiento conocido como Presal, una prospección que abandonó Shell porque se necesitaban ingentes recursos para llegar al núcleo de donde mana el oro negro, colocó a Brasil en el selecto club de países productores, algo impensado hasta ese momento. El hallazgo se confirmó en 2003, justo cuando Lula da Silva inauguraba su primer mandato. El mandatario dijo entonces que ese filón podía pavimentar el camino hacia la “segunda independencia de Brasil”.
El Presal es un enorme yacimiento debajo de una capa de 2000 metros de sal, frente a las costas de Rio de Janeiro, Espíritu Santo, San Pablo, Paraná y Santa Catarina, con un estimado de reservas de 273 mil millones de barriles. Equivalentes al consumo total del planeta durante cinco años.
Una fortuna semejante despertó la codicia de las principales multinacionales y de los estrategas del departamento de Estado. El primer paso fue cuando en abril de 2008 se anunció la reactivación de la Cuarta Flota Naval de EE UU. Creada en 1943 para controlar el tráfico marítimo en el Caribe y los mares adyacentes a América central y Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial, había sido disuelta en 1950.
No era solo por el petróleo brasileño que se esparcía la amenaza naval, por cierto. El caso es que el gobierno de Lula sancionó en 2010 la llamada Ley de Partilha (de Reparto), que obligaba a que Petrobras tuviera una participación mínima del 30% en cada área de explotación del Presal. El 70% restante podría contratarse directamente con la empresa estatal o licitar por empresas nacionales o extranjeras.
Lo interesante era que las regalías aumentaban al 15% del valor del petróleo extraído, la obligación de utilizar en las plataformas y maquinaria utilizada productos hechos en Brasil y a que parte de las ganancias conformaran un Fondo Social para programas de educación y salud, con preeminencia en los estados costeros al yacimiento.
La sucesora de Lula, Dilma Rousseff, había sido ministra de Minas y Energía y, por lo tanto, integraba el directorio de Petrobras. En 2013, la codicia de la Casa Blanca era tal que el entonces vicepresidente, Joe Biden, actual candidato a la presidencia, visitó Brasil para hablar de petróleo. Fue sospechosa su reunión en privado con Michel Temer, quien tres años más tarde reemplazaría a Dilma en un golpe blanco, reformularía la ley de Presal en favor del “mercado” y comenzaría el descuartizamiento que ahora quiere culminar Bolsonaro.
Biden no iba con las manos vacías, es de creer que traía una carpeta con información secreta sobre manejos presuntamente turbios en Petrobras. Es fácil deducirlo porque para las mismas semanas, en Hong Kong el analista de la CIA Edward Snowden denunciaba el fabuloso sistema de espionaje informático a través de la agencia NSA. Y entre los espiados, el ahora exiliado en Rusia apuntó a líderes mundiales pero especialmente a Petrobras y la presidenta Rousseff. El escándalo pegó lo suficiente como para que Dilma rehusara la visita que ya tenía programada a Washington y dejara pagando al presidente Barack Obama.
El golpe contra Dilma, destituida el 31 de agosto de 2016, tenía olor a petróleo, como el suicidio de Getúlio Vargas, el 24 de agosto de 1954 “Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza esta a funcionar cuando la ola de agitación crece. Eletrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente”, escribió en su carta póstuma el fundador de las dos estatales. La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90 La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90.
Tiempo Argentino, 4 de Octubre de 2020
por Alberto López Girondo | Sep 27, 2020 | Sin categoría
En estos tiempos, el discurso ultraconservador se esparce sin ningún prurito en todo el mundo. Los gestos y las palabras muestran el revés de la trama de un modo transparente. Hubo en estos días una gran proliferación de estos ejemplos en las intervenciones de los jefes de Estado en la 75ª Asamblea de la ONU. Y si se habla de la región, también los hubo en las últimas movidas en los organismos latinoamericanos, donde se expresa sin pudor la fuerte alianza entre los gobiernos de Jair Bolsonaro y Donald Trump.
El que abrió la ronda de discursos en Nueva York -esta vez de forma virtual- fue el presidente brasileño. Una tradición que se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que Brasil fue el único país sudamericano en enviar tropas contra las fuerzas del nazismo.
Fue muy evidente el deseo del excapitán del Ejército brasileño de congraciarse con el empresario inmobiliario estadounidense, que está a días de una elección presidencial. Esa actitud era el reconocimiento público de una asociación que intenta marcar el rumbo de América Latina a la medida de la Casa Blanca. Y que seguramente excederá a quien sea el que ocupe el cargo de presidente en el futuro. Después de todo, el que reflotó el término “patio trasero” para definir a las naciones que están al sur del Río Bravo fue el secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry.
Los ejemplos del eje Washington-Brasilia en esta era abundan. Luis Almagro, el sumiso secretario general de la OEA, anunció hace un mes que no le iba a renovar el contrato al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrao. Argumentó que había decenas de denuncias por malos tratos al personal en su contra. Olvidó decir que Abrao había sido votado según las reglas de la CIDH en febrero pasado para un nuevo período.
Resultaría difícil negar ahora que el uruguayo ex frenteamplista negoció un nuevo período propio, a fines de marzo pasado, a cambio de sacarse de encima a un funcionario que Bolsonaro desprecia. Tras algunas semanas de alboroto, Abrao tiró la toalla y este viernes la CIDH abrió una convocatoria para elegir al reemplazante, de acuerdo a los reglamentos internos -violados por Almagro- durante un período que culmina el 8 de noviembre. El nuevo titular del organismo, de acuerdo al anuncio, será seleccionado entre los postulantes el 3 de diciembre.
La misma CIDH anunció estos días la designación del colombiano Pedro José Vaca Villarreal como relator especial para la Libertad de Expresión, en lugar del uruguayo Édison Lanza. Vaca Villarreal es abogado y dirige actualmente la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia, integra el Consejo Directivo Global del International Freedom of Expression Exchange (IFEX) y es relator en otra ONG, Freedom House (FH).
IFEX nuclea a un centenar de asociaciones mundiales y en el caso de Argentina figuran el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y las Asociación por los Derechos Civiles. FH, a su vez, es financiada en un 80% por el gobierno de EE UU.
Almagro, tras deshacerse de Abrao y mientras espera que la CIDH le ofrezca un candidato potable para el régimen imperante en la OEA, completó la devolución de gentilezas a Bolsonaro y nombró a Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub en la secretaría de Acceso a los Derechos y la Equidad de la entidad. Conocido ultraconservador, racista y misógino, Weintraub argumenta en contra del uso de barbijo porque dice, textualmente, que es “un pin del partido comunista”.
Levantó mucha espuma la polémica elección de Mauricio Claver-Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Faltando a la tradición, Trump forzó la nominación de un estadounidense, cuando siempre ese cargo había sido para un latinoamericano. El sillón de vice, en cambio, siempre había sido para un nativo del norte del continente. El último en ocupar la vicepresidencia fue Brian O´Neill, pero murió en diciembre pasado. En su lugar está como interino John Scott. Pero el sucesor será el brasileño Carlos da Costa, hasta ahora secretario de Productividad, Empleo y Competitividad del Ministerio de Economía brasileño.
Esta sociedad de derecha se viene gestando desde que Bolsonaro, con ayuda de asesores de campaña de Trump, ganó la presidencia de Brasil. La gira del secretario de Estado Mike Pompeo por Brasil, Colombia y Guyana de la semana pasada buscó consolidar esos lazos en torno al objetivo de terminar con el gobierno venezolano, la obsesión de la gestión Trump.
En la Asamblea de ONU, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, apuntó contra la Casa Rosada denunciando el “acoso sistemático” contra su gobierno y pidió acabar con el “populismo caudillista y autoritario” y las “castas populistas” como catalogó a las autoridades nacionales argentinas.
No tardó Bolsonaro, en una entrevista con OGlobo, en sumarse al mensaje (¿de Washington?) al afirmar que el gobierno de Alberto Fernández está «yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela».
Tiempo Argentino, 27 de Septiembre de 2020
por Alberto López Girondo | May 17, 2020 | Sin categoría
La cara de estupor de Nelson Teich cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con que volvieran a funcionar gimnasios y peluquerías fue el mejor dato de que Jair Bolsonaro lo había convocado para hacer de segunda voz en su estrategia para la pandemia. Y era claro que esa relación no podía durar mucho. Oncólogo, aunque ligado al negocio de la salud privada, Teich tampoco dio carta blanca a la cloroquina para tratar el Covid-19 sin el aval de la OMS. El portazo de este viernes tiene que ver con ambas cuestiones: su reemplazante, el número 2 del Ministerio de Salud, el general Eduardo Pazuello, interino al cierre de esta nota, comparte criterios con el presidente brasileño.
Se entiende que la urgencia por mantener la actividad económica haya llevado tanto a Donald Trump como a Bolsonaro a abrazarse a cualquier medicamento que prometa la salvación. Y por ahora ese remedio contra la malaria aparece como única opción. Es cierto que se la autorizó para casos desesperantes ante la falta de alternativas, pero de ahí a considerarlo una cura hay un abismo.
Luiz Henrique Mandetta, el anterior ministro de Salud, pretendía mantener una cuarentena estricta para evitar la explosión de contagios que hoy vive Brasil. Tuvo que irse a mediados de abril. Teich, aunque algo más laxo, cayó en la misma lógica que su antecesor. Pero la gota que rebasó el vaso fue la autorización para el medicamento sin escuchar sus razones.
El jefe de gabinete de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, también salió en defensa de la estrategia de dejar que el virus avance para que -brutalmente dicho- caigan los más débiles y se inmunice el resto de la población. Su argumento es que no hay que tener en cuenta la cifra total de muertes en ese país sino la proporción sobre el total de población.
A Braga Netto le pareció razonable destacar que Brasil tiene un total de 58,6 fallecidos por millón de habitantes contra 691 de Bélgica, 242 de España y 422 de Alemania. Cuando a Bolsonaro le comentaron que de este lado de la frontera hay 7 casos por millón, respondió: “Argentina va al socialismo”.
MUERTOS
287
Los registrados hasta la tarde de ayer en un día, en Brasil. Los contagiados ya son 223 mil y los fallecidos pasaron los 4600.
Tiempo Argentino, 17 de Mayo de 2020
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