El Gobierno terminó una semana que pintaba como de clima nuboso con éxitos legislativos que le permitieron morigerar, o por lo menos correr debajo de la alfombra, algunos datos de la realidad que no son tan auspiciosos. En efecto, la media sanción en el Senado de la regresiva reforma laboral y en Diputados de la baja en la edad de punibilidad y el acuerdo Mercosur-UE le dieron un impulso clave al inicio de un año definitorio para consolidar su proyecto político de cara a su sueño de reelección en 2027.
Todo esto mientras la cifra de la inflación de enero –desprestigiada por la intervención al Indec para insistir con un esquema de medición antediluviano– volvió a crecer. A la vez que saltó a las noticias el caso de Nucleoeléctrica, la empresa estatal que gestiona las centrales nucleares, por el escándalo que envuelve a su ahora expresidente, Demian Reidel, quien debió renunciar antes de que la cosa pasara a mayores. También queda pendiente la cuestión del exabogado del presidente, Diego Spagnuolo, procesado por otro episodio de presunta corrupción, en la ya eliminada Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Medición obsoleta A modo de recuento, veamos los temas centrales de los medios más visitados durante esta semana. Lo primero sería el anuncio de que la inflación de CABA para el primer mes de 2026 había trepado a 3,1%. Mal augurio luego del portazo de Marco Lavagna por el rechazo del Ministerio de Economía a implementar el nuevo índice de medición, que incluiría los cambios en los hábitos de consumo de los argentinos registrados hasta 2017, y que se venía demorando desde el año pasado a pedido de las autoridades nacionales. Con la medición vieja –consumos de 2002– el martes se anunció que a nivel nacional el IPC (irónicamente bautizado como Índice de Precios Caputo) dio 2,9%. Es decir, nueve meses de trepada de los precios, con un alarmante 4,7% en alimentos y bebidas. Casi en paralelo, se informó que los salarios registrados perdieron desde 2023 un 2,5% de su poder adquisitivo, incluso con la fórmula que el Gobierno pretende mantener in aeternum y que no toma en cuenta el impacto actual, y el que se avizora, de los servicios públicos –agua, electricidad y gas– y el transporte. Para dar esta «batalla cultural», que la Casa Rosada sabe perdida en términos de información verificable, nada mejor que copiar al amigo del norte y lanzar una Oficina de Respuesta Oficial, que, a la manera de la cuenta de X de Donald Trump, salga a la cancha con su versión de los hechos a cargo de un trol libertario que firma en las redes como Juan Doe.
Lo único que se vio hasta el momento es la caratulación de «FALSO» a artículos de @chequeado, el canal TN, el portal de Perfil, pero no se menciona la réplica de los medios con la correspondiente respuesta. Es que no va por allí el juego que plantea Javier Milei, que se complementa con la derogación del Estatuto del Periodista en el proyecto de reforma laboral aprobado en la Cámara Alta. La verdad, sería la lectura, no debe arruinar un plan económico.
Normativa regresiva La ley laboral, que hizo traspirar la gota gorda a los negociadores del oficialismo ‒el ministro de Interior Diego Santilli y la senadora Patricia Bullrich‒, salió del Senado con 42 votos a favor y 30 en contra y con medio centenar de modificaciones sobre el proyecto original.
Pese a todo, los votos positivos no invalidan que se trata de una normativa regresiva, que va contra derechos consagrados en la Constitución y en las leyes internacionales. Así lo marca el constitucionalista Andrés Gil Domínguez: «La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible. La media sanción del Senado no respetó los mínimos estándares exigibles en términos de deliberación democrática, liberando de esta manera a sus defensores de la carga de argumentar la regresividad votada –escribe el jurista en su cuenta de X–. La progresividad es la idea de que una sociedad camina hacia más dignidad: la no regresividad es la garantía de que no se vuelve atrás sin una razón extraordinaria».
REFORMA LABORAL Y NO REGRESIVIDAD El principio de progresividad y no regresividad es un estándar central del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En el sistema jurídico…
La regresividad se verificó, además, con la violenta represión a una masiva marcha en la que hubo gremios alineados con la CGT y las dos CTA, partidos políticos de izquierda y también miles de ciudadanos de a pie que se unieron a la habitual movilización de jubilados de los miércoles en la porteña Plaza del Congreso. Mientras en Buenos Aires y la mayoría de las ciudades del Interior se realizaban manifestaciones del mismo talante –también reprimieron en Córdoba–, en Santa Fe el Gobierno de Maximiliano Pullaro enfrentaba una rotunda protesta de la policía local que se laudó luego de que se otorgara a los uniformados un incremento salarial que parte de un mínimo de 1.350.000 pesos para un agente.
La represión en la Ciudad de Buenos Aires dejó un saldo de más de 100 detenidos que fueron liberados a las pocas horas y más de 300 heridos, entre ellos, claro, varios periodistas y fotógrafos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en redes que habían logrado identificar a manifestantes que se enfrentaron con las fuerzas federales. Pero la sucesora de Bullrich pareció más preocupada por implementar otras medidas copiadas del trumpismo, como es la persecución a los inmigrantes. «LOS CONTROLES MIGRATORIOS SE ENDURECIERON. Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país. En esta Argentina: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA», escribió en X, haciendo abuso de las mayúsculas.
LOS CONTROLES MIGRATORIOS SE ENDURECIERON
Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país.
La baja en la edad punible también se enmarca en una Argentina de fuerte cuño conservador que el actual mandatario busca amplificar y que en el caso de la «inseguridad» caló en amplios sectores de la sociedad. Se trataría del sencillo expediente de considerar que el castigo desde más temprana edad puede evitar una violencia que se incentiva, desde otro lugar, mediante políticas económicas perjudiciales para las mayorías. Podría decirse, con sorna, que es el sueño neoliberal de destruir lo que queda del Estado de Bienestar para consagrar el estado de malestar general.
Se decía arriba que estos «éxitos» legislativos sirvieron para tapar otros agujeros en el discurso oficial. Por ejemplo, la marcha atrás en la política para las universidades es para destacar. Tras dos masivas movilizaciones en las que no hubo incidentes, el Congreso, por mayoría especial, rechazó el veto al presupuesto universitario. Este viernes se supo que se extenderá el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero y se tratará un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, más acorde con el reclamo de la comunidad educativa. Un hecho para tener en cuenta cuando se trate la ley laboral en Diputados.
Controles. A la par de EE.UU., el Gobierno libertario empezó a perseguir a presuntos inmigrantes ilegales. Según la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, «el que las hace, las paga».
Decir que además de viajar al exterior, el deporte más atrapante para Javier Milei es escribir y repostear textos en la red X es toda una definición sobre el presidente de los argentinos. Y en la previa a la firma del Pacto de Mayo –en julio– no solo tuvo una actividad frenética en su principal canal de difusión, sino que ejerció otro de sus entretenimientos favoritos: la denigración de quienes le resultan desagradables. Todo en el mismo acto, a saber: en la semana en que se reveló su cercana relación con comunicadores que celebran sus medidas de Gobierno en los medios más afines, tuvo nuevos cruces con el primer mandatario de Brasil mientras, en una provocación peligrosa para los intereses del país, programó su participación en un encuentro de la ultraderecha convocado por la familia Bolsonaro en Camboriú y canceló su viaje a la cumbre del Mercosur en Paraguay programada con meses de antelación, según el vocero Manuel Adorni, por «cuestiones de agenda».
La cronología detalla que el 28 de junio el periodista Ariel Lijalad informó en el canal El Destape que había pedido el informe de los visitantes en la Quinta de Olivos y descubrió la presencia simultánea de algunos de los conductores televisivos estrella en los canales más cercanos al Gobierno.
Cena familiar de @JMilei y @JonatanViale un sábado a la noche en Olivos. Viale (Goldfarb es su apellido real) fue con su esposa e hijos. Tachamos los nombres porque son menores.
Es una reunión social, no periodística. Viale luego dice que informa, pero no es más que un… pic.twitter.com/tyTYkpb42f
Entre los visitantes, además de Jonatan Viale y su esposa, aparecen Claudio Trebucq, Horacio Cabak y Marina Calabró. Milei respondió el día 30, «con mucho respeto», hubo de reconocer Lijalad, que con «un grupo de amigos nos juntamos a ver en el cine de Olivos óperas de distintos compositores (en especial Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini)».
Ya que están, ¿nos explican estos encuentros hasta altas horas un domingo en la quinta de Olivos? pic.twitter.com/61C0Dfk7pA
La cuestión que puso en debate Lijalad es un asunto de suma importancia para el trabajo periodístico y que por estos días aparece ignorado: el de la credibilidad. El argumento, de uso en los códigos de ética de la prensa anglosajona, es que si alguien es amigo de una personalidad política, le resultará inapropiado cubrir la información acerca de su gestión. En resumen, «una cosa son los amigos y otra el periodismo honesto».
Milei, en cuanto a este incidente puntual, no dijo más nada. Pero el 1º de julio de alguna manera acusó recibo, descargando su ira sobre otro grupo de periodistas que se fotografiaron en un estadio donde se desarrolla la Copa América, en Estados Unidos
Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen.
Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena. pic.twitter.com/nUpf9Y3e1M
— Milton Friedom5 ✈️ (@MiltonFriedom5) July 1, 2024
«Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo…», dijo al repostear un tuit de alguno de los troll que acompañan su Gobierno, con la imagen de Sofia Martínez, María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff y Matías Martin. Una foto, salieron a contar los aludidos, que ese alguien tomó del sitio de Urbana Play, el medio que los contrató para que fueran a cubrir el certamen y que pagó el viaje y la estadía, como corresponde a una tarea periodística.
Entre esas explicaciones, O’ Donnell, que tiene postgrado en la Universidad John Hopkins de EE.UU. y conoce los estándares tanto en la prensa como en el sistema judicial y político de esos lares, dijo que lo de Milei sería «character assassination», asesinato de la reputación. Cuando no se puede contrarrestar un testimonio, se desacredita al emisor. En un tribunal, en un Parlamento o fundamentalmente, en los medios de comunicación.
El batallón Ese es el estilo habitual de Milei y de su batallón de trolls y seguidores en las redes sociales. El presidente explica su particular encono contra el presidente Lula da Silva, por ejemplo, en que él lo atacó antes y que apoyó la candidatura de Sergio Massa. Una respuesta similar, de alma de cristal a punto de romperse ante cualquier rechazo, es la que les dio a los jefes de Gobierno de España, Colombia y México.
Del mandatario brasileño dijo que era corrupto y comunista y que eso no es mentira, porque Da Silva fue condenado por la Justicia, y que no debería molestarse en que lo tilde de comunista porque «es la verdad». Se podrían responder de dos formas a este brulote. Por un lado, en los espacios de la ultraderecha existe la convicción de que cualquier propuesta de solidaridad social o en defensa de la justicia social es el primer paso hacia el marxismo. Como si tomar un vermouth llevara inevitablemente al alcoholismo. De la misma manera se podría afirmar que quien abomina de los derechos sociales inevitablemente va camino del autoritarismo y el racismo, con lo cual estaría autorizado a decir que el presidente es nazi.
En cuanto a los expedientes que llevaron a Lula a la prisión, si fuera por limpieza de antecedentes, Jair Bolsonaro, además del proceso por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 –que se desató mientras se había refugiado en Estados Unidos– tiene en su contra causas por abuso de poder y por la apropiación de valiosos regalos de Arabia Saudita incautados en la aduana brasileña, como un collar, pendientes, anillos y un reloj Chopard, valuados en unos tres millones de euros. Además, la Corte brasileña determinó la irregularidad de las causas contra Lula motorizadas por el exjuez Sergio Moro, quien luego de sacarlo de la carrera electoral, fue ministro de Bolsonaro.
El caso es que entre el 4 y el 7 de julio se desarrolla en Puerto Asunción una nueva Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y, en esta ocasión, Paraguay entrega la presidencia pro tempore a Uruguay. Países ambos gobernados por espacios políticos más bien afines a La Libertad Avanza. Además, con la aprobación de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se completó el proceso de admisión de Bolivia como quinto miembro de esa organización regional. Pero claro, Milei se metió en la interna del movimiento gobernante en el país del altiplano en relación con el intento de golpe que denunció Luis Arce Catacora.
EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA 1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato; 2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista; 3. Luego de las…
Se entiende entonces que en su primer viaje a un país limítrofe luego de 15 salidas a destinos en Europa, Medio Oriente, América del Norte y Centroamérica, eligiera el balneario brasileño de Camboriú. Allí no tendrá que verse cara a cara con Lula ni con Arce. Aunque desaire a Luis Lacalle Pou y al anfitrión, Santiago Peña.
No es novedad que la región está en disputa entre una derecha que no se resigna a perder sus privilegios y cada vez tiene menos pruritos democráticos, y las fuerzas populares que defienden la participación política como la única forma de convivencia civilizada. Al malestar con que las élites chilenas deben tolerar la dilución del régimen pinochetista en una Convención Constituyente presidida por una mujer mapuche, se suman las chicanas para impedir o condicionar la presidencia de Pedro Castillo en Perú. El Mercosur vivió estos días un nuevo capítulo de esta disputa, cuando el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, confirmó la voluntad de negociar acuerdos comerciales sin esperar el consenso del resto de los países, una tesitura que encontró el beneplácito fervoroso del gobierno de Jair Bolsonaro, que asumió la presidencia pro témpore del organismo.
Un dato no menor es que, mientras tanto, en Italia la Corte de Casación ratificaba la sentencia definitiva a cadena perpetua contra 14 militares sudamericanos por los crímenes cometidos en el Plan Cóndor de los años ’70, al tiempo que el expresidente Evo Morales catalogaba como una reedición de aquel plan de exterminio la ayuda de gobernantes de derecha regionales al golpe de noviembre de 2019, entre ellos Lenín Moreno y Mauricio Macri.
El Mercosur nació oficialmente en 1991, con las firmas de Carlos Menem, Fernando Collor de Mello, Andrés Rodríguez y Luis Alberto Lacalle, el padre del actual mandatario oriental. Pero la piedra basal la habían instituido Raúl Alfonsín y el brasileño José Sarney al inaugurar el Puente de la Fraternidad en 1985.
La propuesta era crear un organismo de integración que, a la manera del primer tratado de Hierro y el Carbón de 1950, llegara a una entidad supranacional como la Unión Europea. Por aquello de que unidos hay más peso específico para jugar en las grandes ligas.
En este siglo, el Mercosur se consolidó como algo más que una unión aduanera y fue creciendo hasta incorporar a Venezuela, aceptar el ingreso de Bolivia y auspiciar gobiernos progresistas en el continente. De hecho, el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay fue un golpe al corazón en la ciudad donde tiene su sede.
La suspensión del Estado Bolivariano fue la segunda señal de que soplaban otros vientos. El castigo a Caracas era también a quienes habían osado desafiar los cánones impuestos desde Washington.
Las derechas políticas y las élites económicas saben que su único modelo de supervivencia es el neoliberal. El Mercosur del siglo XXI sentaba las bases para un proyecto alejado de aquel que Menem y el padre del presidente uruguayo habían plantado en los años del Consenso de Washington.
Por eso Lacalle Pou apunta al centro neurálgico del Mercosur que potenciaron Lula da Silva y Néstor Kirchner: la decisión 32/00, del año 2000, que reafirma “el compromiso de los Estados de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias” y establece que a partir del 30 de junio de 2001, “los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales (…) que no hayan sido negociados por el Mercosur”.
Ya lo había adelantado Lacalle Pou en la celebración de los 30 años del organismo, cuando dijo que esa disposición era un corset que va contra los intereses de Uruguay y que representa un lastre.
Bolsonaro fue crítico con el gobierno de Alberto Fernández esta semana. Dijo que la presidencia temporaria de Argentina “dejó de corresponder a las expectativas y necesidades”, como por ejemplo “la revisión del Arancel Externo Común y la adopción de flexibilización de negociaciones comerciales con socios extrabloque”.
El ministro de Economía de Brasil es un adalid de la Escuela de Chicago. Si fuera por Paulo Guedes, ya habrían privatizado todas las joyas de la abuela brasileña y ya habrían sepultado al Mercosur.
A la mayor apertura aduanera se oponen las autoridades nacionales porque saben del desastre que puede causar a una industria ya golpeada por el macrismo y la pandemia. Pero los industriales brasileños también saben que su suerte pende de ese textito que la dupla Bolsonaro-Lacalle Pou pretende eliminar.
Con unos 13 millones de kilómetros cuadrados de superficie, cerca de 300 millones de habitantes y un PBI de 4600 billones de dólares, el Mercosur es la quinta economía mundial. Si a eso se le agregan los recursos naturales y humanos de que dispone, es difícil no admitir que es una potencia de primer orden. Pero los sectores del establishment no hacen la misma lectura. Si a nivel político deben entregar el poder, al menos en lo económico, piensan, pueden mantener las riendas, y a eso apunta la dilución del Mercosur. Jugar en mitad de la tabla para mantener el kiosquito.
La celebración de los 30 años del Mercosur dejó el sabor amargo de un choque que compromete seriamente un proyecto que apelaba a la esperanza de construir una organización regional para potenciar a sus miembros en la disputa en un mundo donde los débiles no prosperan. Un proyecto que convidaba a unir en las diferencias y que desde el puntapié inicial de Raúl Alfonsín y José Sarney en 1985, avanzó a los tumbos, pero se fue quedando a mitad de camino.
En el tramo inicial, desde aquel 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, las críticas de sectores de la izquierda eran que era un acuerdo a la medida de las multinacionales afincadas fundamentalmente en Brasil y Argentina. Carlos Menem y su reciente plan de Convertibilidad, Fernando Collor de Mello del otro lado de la frontera, eran las caras más visibles de ese acontecimiento, cuando la caída del bloque socialista era un hecho y el neoliberalismo aparecía como la única opción en vigencia.
Con la llegada al poder de Lula da Silva, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, se consolidó un bloque decidido a una integración política más profunda y a otra mirada sobre el desarrollo de los países sudamericanos. De ese eje nació, junto con Hugo Chávez, el No al ALCA de 2005 en Mar del Plata y un impulso para reunir a América del Sur en intereses comunes, cosa de hablar más fuerte y más alto en las grandes ligas. La incorporación de Venezuela, en 2012 y pese al rechazo del Senado paraguayo, buscaba ser desde lo económico una buena alianza entre el poderío industrial argentino-brasileño con la energía que podría proveer la nación caribeña.
El golpe contra Fernando Lugo fue como un cross a la mandíbula, en la ciudad donde se gestó ese esbozo de unidad regional, mientras se demoraba el ingreso de Bolivia y Chile.
La llegada de Mauricio Macri, el derrocamiento de Dilma Rousseff y el cambio de paradigma en Brasilia y Buenos Aires, más la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con sus planes de desarticular todos los organismos supranacionales -comenzando por los que integraba Estados Unidos- fue acicate para, por ejemplo, el Brexit en Europa. Cómo no lo iba a ser para una integración latinoamericana siempre dificultosa por los intereses de las oligarquías locales tan ligados a los de los centros financieros internacionales.
Las ideas de libre mercado y baja de aranceles externos, siempre latentes en las elites empresarias, tuvieron más aire desde el 2016. Venezuela fue mala palabra y terminó expulsada del Mercosur, y Paraguay y Uruguay, los socios menores del club, tuvieron más eco con Jair Bolsonaro y el gobierno macrista en su interés por dejar el barco.
Había caldo de cultivo. Porque ese ímpetu inicial del Mercosur y su reconversión de los primeros años del siglo XXI fueron perdiendo fuerza a medida que se profundizaron las crisis particulares en cada uno de sus integrantes por la hecatombe internacional del 2008.
No fueron estos últimos cinco años. No fue con el fallido anuncio de un acuerdo Mercosur-UE. Venía desde las iniciativas internas para proteger la competitividad regional de las industrias argentina y brasileña en los albores del 2010, que terminaron perjudicando a la economía de los socios menores. Ya en tiempos de José Mujica hubo planteos en Uruguay para negociar acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur. Para saltar de ese corset que el actual mandatario, Luis Lacalle Pou, trajo de vuelta a la mesa de discusiones.
Las palabras del presidente oriental fueron duras. Más ásperas fueron las frases con que Alberto Fernández clausuró el encuentro virtual por el trigésimo aniversario de la alicaída organización regional. “No queremos ser una carga para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie”.
Como desde aquel primer encuentro entre Alfonsín y Sarney, el gran dilema del Mercosur es el de cómo defender los propios intereses ante el resto del mundo. Y como entonces, la cuestión de fondo pasa por los aranceles comunes externos. Para Fernández, “la inserción del Mercosur en el mundo global debe darse en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra”. Pero no todos ven el momento del mismo modo.
Una verdadera integración es una alianza en la que todos ganen. No todos parecen estar satisfechos con el Mercosur que supimos construir en tres décadas. Tal vez no sea solo una cuestión ideológica lo que está en danza. Tal vez no es solo la patente de un automóvil lo que nos identifique, o el Estatuto de Ciudadanía que debe implementarse. Tal vez, la mudanza de magnates argentinos a la otra orilla no sea solo un acto de rebeldía fiscal. Tal vez es la certificación de que lo que falta construir es más complejo que un enfrentamiento por zoom entre mandatarios circunstanciales.
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