Que el presidente viaje al Festival de Doma y Folklore de Jesús María luego de haber denostado en campaña y en sus primeros meses de gestión ese tipo de manifestaciones populares porque cuentan con aportes estatales puede ser apenas una contradicción más, solo para la estadística. Pero que vaya a la ciudad cordobesa con ánimo celebratorio cuando para fijar posición sobre los incendios forestales en la Patagonia se limitó a postear una imagen hecha con Inteligencia Artificial en la que saluda a un brigadista, es toda una declaración de principios. Y en el fondo se entiende: en la provincia mediterránea no debe rendir cuentas sobre la responsabilidad en ese drama que se repite a esta altura del año y que el Estado nacional esquiva, algo que en el sur argentino resultaría inevitable enfrentar.
Después de su gira provincial, Javier Milei viajó a Paraguay para la firma del acuerdo Unasur-UE y de allí al Foro Económico de Davos, en Suiza. Todo lo que transcurre en esos ámbitos tan distantes tiñe un fin de semana en el que el equipo político del Gobierno negocia a todo vapor con gobernadores y legisladores de «palos amigos» para conseguir los votos que le permitan su ansiada reforma laboral. Esa sería también otra contradicción: la realidad le demostró al oficialismo que sin «rosca» no hay paraíso, y que esa bienaventuranza solo se consigue haciendo política, y con la hasta no hace tanto denigrada «casta».
Mal que le pese al mandatario libertario, el camino de estas jornadas dramáticas para gran parte del país comienza en Chubut, donde los incendios arrasaron con unas 20.000 hectáreas desde el 5 de enero y solo aminoraron tras arduas jornadas de trabajo denodado de brigadistas y la llegada de intensas lluvias. La ahora jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, recurrió a un viejo ardid de su paso por el Ministerio de Seguridad en el período Macri: culpar a los pueblos originarios, a los que además, intenta degradar con un peligroso toque racista. «Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas».
Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas.
La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas. pic.twitter.com/EyIzuPuQJR
Escenario Dentro de este sencillo esquema, el Estado no tiene nada que ver con haber subejecutado el presupuesto para manejo del fuego en 2025 y haber reducido el del año en curso un 75%. En ambos casos, la cartera a cargo de esa área es la que hasta el 9 de diciembre dirigía Bullrich. Es en este escenario que la foto de Milei creada artificialmente resultaba chocante, cuando al mismo tiempo, los brigadistas reclamaban por los salarios de miseria que reciben en una tarea en la que ponen en riesgo su vida a cada instante.
La investigación judicial determinó que algunos focos de los incendios fueron intencionales, pero la fiscalía fue clara: nadie de las comunidades mapuches está en la mira. Y si se abre un poco la perspectiva, detrás de esos incidentes bien pudiera haber negocios inmobiliarios no ligados a pueblos que tienen otra visión cultural del medio ambiente. ¿Cuánto tendría que ver esa intencionalidad con la iniciativa del Consejo de Mayo –un órgano colegiado consultivo creado en 2024 para consolidar a largo plazo las políticas del Gobierno– de modificar la Ley de Manejo del Fuego, que facilitaría la realización de proyectos agropecuarios en tierras incendiadas?
Al mismo tiempo, se conocieron datos de un trabajo de Matías Oberlin y Julieta Caggiano, becarios del Conicet y miembros del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que demuestra que 13 millones de hectáreas de Argentina están en manos extranjeras, un 5% de la superficie del país. La Ley de Tierras sancionada en 2011 establece topes para la adquisición y prohíbe la posesión en zonas estratégicas o de frontera. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, repitió varias veces que esa ley «del diputado Máximo Kirchner, atenta contra la producción».
Seguidismo y algo más A todo esto, la denominación de «terrorista» para una agrupación mapuche inexistente es una operación mediático-política que se integra a estrategias muy afines a las que vienen del norte. Es así que el Gobierno incorporó al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) a la Hermandad Musulmana, una organización fundada en Egipto en 1928 y que había sido declarada como grupo terrorista unos días antes por la Casa Blanca. Más allá de posibles debates sobre la peligrosidad en Argentina de esa agrupación que está por cumplir un siglo de existencia, sería una demostración más de que ser funcionario del mileísmo es sencillo. Basta con hacer copy paste (copiar y pegar) a lo que se decida en Washington y ya. Y si no, es cuestión de ver la resolución de Federico Sturzenegger de «dejar de pedir visas a los ciudadanos chinos, indios y dominicanos que tengan green card americana». Acotación al margen: se está haciendo costumbre llamar «americanos» a los estadounidenses, y no solo en sectores conservadores o ultraderechistas, sino también algunos que se autoproclaman peronistas.
Una manera de desarrollar el turismo y los negocios en Argentina es facilitando la llegada de los mismos sin que la planificación del viaje en sí ya sea una valla infranqueable. Por eso @Migraciones_AR va a dejar de pedir visas a los ciudadanos chinos, indios y dominicanos que…
En cuanto a «los viajes de Milei», habrá de decirse que a último momento el presidente brasileño le devolvió sucesivos desaires de su par argentino: el último fue tras el secuestro de Nicolás Maduro, cuando publicó un video de diciembre pasado en el que adhería con fervor a las presiones de Donald Trump sobre Venezuela. El video termina con una foto de Lula da Silva saludando al mandatario venezolano.
No pasó mucho para que la cancillería brasileña anunciara el fin de la representación argentina en Venezuela. Desde la ruptura de relaciones con el Gobierno bolivariano, Brasil estaba a cargo de las relaciones entre Buenos Aires y Caracas. Otro gesto del presidente brasileño fue anunciar que no iría a Asunción para la firma del documento con la Unión Europea, lo que le dejaba a Milei todos los focos de la atención, pero limitaría su rol ante el previsible choque entre ambos jefes de Estado. La última jugada fue reunirse con la titular de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen en Río de Janeiro, antes del encuentro en Asunción. «Arma una cumbre paralela un día antes. Es una falta de respeto a sus socios», confió una fuente del Gobierno al diario La Nación. Para colmo, en la capital paraguaya, el presidente local Santiago Peña destacó el rol de su par brasileño como «uno de los impulsores fundamentales de este proceso». La actitud de Milei de no aplaudir tras la mención a Da Silva no hizo más que dejarlo expuesto como un líder sin capacidad diplomática y lejos del rol de un estadista. Lula, desde Brasil, podría recordar aquella frase de Bullrich: «El que las hace las paga».
Bien dicen que es mucho más fácil destruir que construir. Ese dicho popular se vuelve a constatar tras la reunión cumbre de presidentes en Brasilia en el intento de reflotar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Ese espacio, trabajosamente elaborado a principios del siglo para la integración regional durante el primer ciclo progresista en el subcontinente, fue puesto en marcha en 2011, pero fue detonado por los gobiernos derechistas a partir de 2016. Con el regreso de Lula da Silva al Planalto, el proyecto vuelve a plantearse como una necesidad, pero en este primer encuentro se perciben las huellas del retroceso registrado en estos años y lo dificultoso que será reconstruir una cofradía que se saltee la grieta continental. El primer obstáculo fue comprobar que no todos los países que se alejaron de la UNASUR a instancias de mandatarios conservadores en la «Era Trump» están dispuestos a volver así como así. El escollo que apareció fue el regreso de Venezuela y especialmente del presidente Nicolás Maduro a los foros regionales, que ya había sido el argumento para vaciar de contenido a la entidad y crear en su lugar artilugios como los fugaces y ya olvidados Grupo de Lima y Prosur. Del encuentro en el Palacio de Itamaraty participaron, junto con Lula Da Silva, el presidente argentino Alberto Fernández y los jefes de Estado de Bolivia, Luis Arce; de Colombia, Gustavo Petro; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; de Ecuador, Guillermo Lasso; de Guyana, Irfaan Ali; y de Surinam, Chan Santokhi. Perú envió al jefe de Gabinete, Alberto Otálora, ya que el Congreso no autorizó el viaje de la presidenta de facto, Dina Boluarte. El eje de los debates –para algunos la excusa que demoraría el renacimiento de Unasur o algún proyecto similar– estuvo en el rechazo a Maduro expresado por el uruguayo Luis Lacalle Pou y la crítica del chileno Gabriel Boric. El disparador fue la caracterización de Lula sobre Venezuela. «Siempre defendí la idea de que cada país es soberano para decidir su régimen político, qué tipo de elecciones tendrá y para debatir cosas internas», sostuvo el líder brasileño, para agregar luego: «Maduro sabe la narrativa que construyeron contra Venezuela durante tanto tiempo». Según Da Silva, una narrativa similar fue la que se construyó a su alrededor para llevarlo a prisión en 2018.
Cuestión de palabras Sobre esa mágica palabrita se montaron Lacalle Pou y Boric. «Quedé sorprendido cuando se habló de que lo que sucede en Venezuela es una narrativa», dijo el uruguayo. «Lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos», completó. Desde otro sector del espectro político, Boric expresó que «hay una discrepancia en las declaraciones del presidente Lula: no es una construcción de una narrativa, es una realidad seria y la vi en los ojos de venezolanos que llegaron a nuestro país». El chileno mostró matices en el cuestionamiento, ya que no tuvo problemas en cruzarse con el heredero de Hugo Chávez, y tras aclarar que «como presidente de izquierda era importante enfrentarlo de frente a Maduro por primera vez en un foro internacional» se sumó al pedido a Estados Unidos y la Unión Europea para que terminen «con las sanciones, que debilitan a los pueblos y no a los gobiernos». Alberto Fernández había mantenido un encuentro con su par venezolano y también reclamó el fin de las sanciones. El canciller Santiago Cafiero fue más efusivo en declaraciones radiales ante las críticas que lanzaron desde la oposición sobre el Gobierno argentino. «Yo no sé qué mundo están viendo, se quedaron con el mundo de (Juan) Guaidó y (Donald) Trump, pero ese mundo se acabó. Ese fue un abordaje sobre la situación venezolana, que es compleja, que fue un abordaje de exclusión y de sanciones unilaterales», dijo. Lula también se había referido al exdiputado venezolano y a una recomendación para resolver la crisis política que sufre el país caribeño. «Le dije a Maduro que él debería construir una narrativa, le dije que necesita hacer un documento con todos los partidos de oposición, movimientos sociales, sindicatos, Parlamento y gobernadores para pedir respeto a la soberanía de Venezuela, porque el mundo llegó a elegir a un presidente que era una persona que no existía y sufre un bloqueo económico». El líder metalúrgico también apuntó contra la doble vara de los discursos críticos contra el Gobierno chavista. «La misma exigencia que el mundo democrático hace para Venezuela no la hace para Arabia Saudita», con lo que se ganó una inminente respuesta del régimen de la casa de Saúd.
Unidad y divergencias Fiel a su estilo componedor, pero que no se guarda nada, el brasileño recordó que en la primera década del siglo XXI pudieron convivir en el mismo espacio regional Hugo Chávez con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, y expresó que espera poder reconstruir un foro de las mismas características, pero de mayor amplitud. «Ningún país por sí solo tendrá fortaleza para enfrentar los retos de la geopolítica y la economía mundial actual», indicó en su discurso inaugural. «Debemos profundizar nuestra identidad sudamericana también en el ámbito monetario a través de mecanismos de compensación más eficientes y la creación de una unidad de referencia común para el comercio, reduciendo la dependencia de monedas extrarregionales», agregó, dando un paso más allá de lo que fuera el organismo que tuvo como primer secretario general a Néstor Kirchner. A falta de mayores compromisos en esta instancia, los presidentes acordaron un documento final, el Consenso de Brasilia, que en sus 9 puntos determina los valores y los pasos necesarios para construir un espacio de integración regional. Menciona el respeto a la democracia y la no injerencia en los asuntos internos de los otros países, pero no habla de volver a la Unasur. El actual presidente colombiano, Gustavo Petro, tras anunciar que su país se reincorporaba a la Unión de Naciones Suramericanas, «ratificando el tratado del Congreso a través de una ley», consideró oportuno pedir una modificación al nombre de la institución. «He solicitado que se llame Asociación de Naciones Suramericanas, para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo», propuso. Iván Duque, el presidente que le entregó el bastón de mando a Petro en 2022, publicó en un tuit que «para reingresar (a Unasur) hay que hacer todo el trámite de ley en el Congreso y de control en la Corte Constitucional». El mecanismo de adhesión había sido legitimado en su momento por cada uno de los Parlamentos regionales, pero el retiro de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú fue una suspensión por decretos presidenciales anunciada en abril de 2018 a Bolivia, que con Evo Morales había asumido la presidencia pro-témpore del bloque. La excusa, entonces, fue que había vencido el mandato de Ernesto Samper, quien también había sido presidente de Colombia, y que no había consenso para elegir un sucesor. Responsabilidad que era de los jefes de Estado, por cierto. Samper, en una columna en el diario español El País pidió este miércoles «retomar sin mayores dilaciones la regionalización desde el Sur con el mismo espíritu y dinamismo que dio nacimiento al proceso más complejo de integración alcanzado en esta parte del mundo que fue y debe volver al bloque sudamericano».
La elección como sede de la Unasur de Ecuador, y más concretamente de Quito, tenía un interesante sentido simbólico. Por allí pasa el círculo máximo del eje de rotación de la Tierra. Es la Mitad del Mundo, el paralelo 0º, donde el planeta se divide por una línea equidistante de los polos. A ambos lados de esa traza imaginaria cambia el sentido del giro de una corriente de agua que fluye al sacar el tapón de una pileta en función del llamado Efecto Coriolis, bautizado así por el científico que lo describió en 1836, el francés Gaspard-Gustave Coriolis.
Como una maldición del destino, la suerte de Ecuador y de la región fluctúa según algún efecto aún no descripto pero que tiene todas las características del Coriolis. O sea, apenas uno se mueve un poquito al norte o al sur, cambia el sentido de los gobiernos, de las políticas económicas, de las alianzas exteriores.
Lo padeció Rafael Correa, cuando en 2017 dejó el poder en manos de su elegido, Lenin Moreno, quien había sido su vicepresidente y al que pidió votar como una continuidad del proyecto que encabezaba desde que en 2007 asumió el gobierno y modificó las reglas de juego, entre ellas la Constitución. Fue Correa uno de los impulsores de la Unasur, junto con ese “seleccionado de estrellas” que gobernó el subcontinente desde el 2003 hasta el 2015.
La llegada de Mauricio Macri en diciembre de ese año cambió el sentido de giro. Si bien ya en Paraguay se había producido el derrocamiento legislativo de Fernando Lugo, no sería hasta la destitución de Dilma Rousseff, en 2016, que ese efecto se hizo más evidente. Luego vendría otra catástrofe con la llegada de Jair Bolsonaro al Palacio del Planalto, en 2018.
A esa altura, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú dejaban la Unasur, siguiendo a Lenin Moreno, que reclamó la devolución del soberbio edificio diseñado por Diego Guasayamin y a punto estuvo de mandar al horno la estatua de Néstor Kirchner, ahora en el hall del CCK en Buenos Aires.
Correa, Lula, Cristina Fernández resistían entonces los embates del sistema judicial contramayoritario diseñado para bloquear a líderes y políticas populares. Correa fue condenado por delitos de corrupción a ocho años e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Exiliado en Bélgica, si pisa suelo ecuatoriano puede terminar entre rejas.
Entre los puntos destacables de la Constitución correista figura el artículo 148, que establece la muerte cruzada. Guillermo Lasso alegó “grave crisis política y conmoción interna”, una de las causales. Él es uno de los banqueros beneficiados por la dolarización que en 2000 salvó al sistema financiero y aumentó la pobreza y la dependencia, y estaba sometido a juicio político acusado de delitos contra la administración pública. En febrero, el correísmo había ganado en las elecciones distritales y se había impuesto en las alcaldías de Quito y Guayaquil.
Se cumplía aquel viejo apotegma de Juan Perón. Volvían quizás no por haber sido demasiado buenos, “sino porque los que nos sucedieron fueron muy malos”. Pero Correa también está proscripto y exiliado. En los meses que le quedan a Lasso tiene tiempo para terminar por decreto el plan neoliberal comenzado con Moreno. O cargar la pileta de modo que al sacar el tapón el agua siga girando en el mismo sentido y no vuelva a dispararse un tiro para el lado del progresismo.
Si había un lugar donde realizar el III Foro Mundial de Derechos Humanos sin duda ese debía ser Argentina, en ocasión de celebrarse el 40 aniversario de la recuperación de la democracia y en vísperas de la fecha que conmemora el último golpe cívico-militar. Y efectivamente, entre el lunes 20 y el viernes 24 de marzo, se realizaron un millar de actividades en las que se presentaron más de 5.000 trabajos y propuestas de 98 países en un encuentro organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos-UNESCO (CIPDH UNESCO) del que participaron exmandatarios, dirigentes políticos y sindicales y magistrados comprometidos con los valores democráticos de los países iberoamericanos. Hubo algunos gestos que por su simbolismo reflejan el espíritu con que se llevó a cabo el evento. Por lo pronto, las distintas actividades se desarrollaron en el edificio de la ex-Esma, escenario de los horrores que vivieron miles de víctimas de la represión estatal. Otras sedes fueron la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU) y el Centro Cultural Kirchner (CCK). Precisamente en el Salón Ballena, en el CCK, fue donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, flanqueada por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el ecuatoriano Rafael Correa, entre otros y otras, desmenuzó las razones detrás de las persecuciones judiciales que se extendieron en la región, curiosamente desde el primer Foro de Derechos Humanos realizado en Brasilia en 2013, y que entre sus perjudicados cuentan al presidente Lula da Silva, a ella misma y a Correa. Fernández destacó que el llamado «lawfare» consiste en «la criminalización de la política, pero no de toda, sino de la que tiene que ver con la redistribución del ingreso y la movilidad social ascendente». Y allí puntualizó que con la dictadura genocida iniciada en 1976 «se interrumpió un modelo de acumulación que había nacido con el peronismo (…) cuando el hijo de un trabajador accedía a la universidad o a la presidencia. Somos hijos de ese modelo. Había otros golpes que habían derrocado al peronismo, pero fue el del 76 el que cambió esa matriz». Luego de comparar a los golpes militares de antaño con la institucionalización del lawfare en la actualidad, la vicepresidenta analizó de qué modo entonces se instauró en la Argentina el bimonetarismo y cómo las deudas con el FMI condicionan a la democracia. También, la manera en que la reforma financiera de José Martínez de Hoz ahora sirve de instrumento para el lavado de dinero del narcotráfico. Pero siempre haciendo hincapié en que los modelos progresistas son el objetivo real. «No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen».
Del otro lado Entre los dirigentes invitados estuvieron, además, los exmandatarios Evo Morales y Ernesto Samper, el jurista español Baltasar Garzón y una delegación del partido Podemos, integrante de la coalición de Gobierno de España. Samper, el último secretario general de la Unasur, celebró el lunes, durante la inauguración del encuentro, que Alberto Fernández anunciara la vuelta del país a esa organización regional. Es significativo que el viernes pasado, en la previa al III Foro, se inaugurara en Santiago de Chile el Grupo Libertad y Democracia, que integran exmandatarios de derecha iberoamericanos como contrapartida al Grupo Puebla y al Foro de San Pablo. Por Argentina forma parte Mauricio Macri y por Chile, Sebastián Piñera. Con Macri en la Casa Rosada y Piñera en el Palacio de la Moneda se produjo el vaciamiento de Unasur y la creación del Grupo de Lima, destinado a bloquear al Gobierno de Venezuela. Por España participan de ese flamante «contraforo» José María Aznar y Mariano Rajoy, exjefes de estado por el Partido Popular. El caso del exzjuez Garzón tiene también un condimento simbólico importante en este encuentro en Buenos Aires. Saltó a la fama internacional cuando dictó en 1998 la orden de detención contra el exdictador Augusto Pinochet en Londres por violaciones a los derechos humanos, inaugurando el principio de jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad. Garzón fue un paradigma tanto en el mundo como dentro de su país por sus investigaciones sobre los crímenes cometidos por la junta militar argentina y procesó en 1999 al aviador naval Adolfo Scilingo junto a otros 97 militares argentinos. Pero pronto pasó a villano en su tierra, cuando se declaró competente para abrir procesos por crímenes del franquismo. Fue destituido en 2010 tras denuncias de grupos de abogados derechistas en su contra. Desde entonces defiende como abogado a dirigentes que sufren el acoso judicial en todo el mundo.
Comentarios recientes