por Alberto López Girondo | Abr 4, 2021 | Sin categoría
Se dijo varias veces en estos dramáticos dos años en la historia de Brasil. Pero cada día las señales de descomposición del gobierno de Jair Bolsonaro son más claras y nadie apostaría a que llegue a cumplir su mandato. A la nueva crisis de gobernabilidad de estos días, que culminó transitoriamente con un profundo cambio de gabinete y de la cúpula militar, se agregan las alarmas de todo el mundo por el desastre sanitario que amenaza no solo a los brasileños sino a la región y al resto del planeta. Dos contundentes editoriales de medios muy influyentes del Reino Unido y de Estados Unidos coincidieron en su prédica contra el mandatario de la potencia económica sudamericana con un ex vocero del Planalto que literalmente califica a Bolsonaro de “inmaduro intelectual”.
Las últimas movidas políticas podrían significar que están tratando de ver cómo sacarse de encima al personaje sin comprometer demasiado a las Fuerzas Armadas y, sobre todo, sin que regrese al poder el cuco de Lula da Silva, el protagonista del ascenso del excapitán del Ejército al más alto cargo electivo de ese país.
Si bien las élites brasileñas no se caracterizan por sus rasgos de humanidad, el crecimiento explosivo del Covid 19 les preocupa. Con más de 3000 muertos diarios a la fecha, los analistas estiman que el mes de abril cerrará con un promedio de 5000 fallecidos cada 24 horas. Si la justificación para no tomar medidas que daba Bolsonaro es que se debía privilegiar la economía, por ese lado tampoco puede mostrar un éxito. Es así que, al cierre de las plantas de la automotriz Ford en Bahía, el interior de San Pablo y en Ceará, ahora podría sumarse el retiro de Nissan-Renault.
La caída en la producción es asombrosa: pasó de 4 millones de vehículos anuales en tiempos de Lula a los 2 millones de ahora. “Para competir en Brasil es preciso tener una montadora fuerte, con voluntad de superar los ciclos específicos de la economía local y si la empresa no tiene esa voluntad, queda todo el tiempo saliendo y entrando en el país, echando y contratando personal, parando y volviendo a trabajar. Ese stop and go es peor para la marca que para los empleados”, declaró Carlos Ghosn, extitular de la firma franco japonesa a la revista Veja.
Estas señales repercuten en el escritorio del ministro de Economía, Paulo Guedes, discípulo de Milton Friedman en la Universidad de Chicago y responsable de un plan neoliberal a rajatabla. Pero a la vista de los resultados, entre los partidos que aún apoyan al gobierno -el llamado “centrón”- están pidiendo su cabeza. El propio Guedes no descartó tener que dejar el cargo, aunque culpa de los fracasos a que no le aprobaron el presupuesto y a que no pudo avanzar con las privatizaciones.
Para el The Economist, una publicación que refleja el pensamiento del mundo financiero internacional, “la mala gestión del Covid 19 en Brasil amenaza al mundo” y dice claramente que el presidente tiene mucho que responder sobre el avance de la variante de Manaos. “Bolsonaro promovió curas charlatanescas, protestó contra los cierres y trató de impedir la difusión de datos de la pandemia”, destaca.
El The Washington Post, a su vez, dice que “en lugar de luchar contra el coronavirus, Bolsonaro parece estar preparando las bases para otro desastre: un golpe político contra los legisladores que podrían removerlo del cargo”. Y pone el foco en “el expresidente Lula da Silva emergiendo como potente adversario en las elecciones del año que viene”.
Otro que tronó fuerte fue el general de división Otávio Santana do Rêgo Barros, que acompañó la gestión de Bolsonaro como vocero hasta que el año pasado se fue tras un cruce con el presidente. En un claro objetivo de despegar a la institución de las calamidades desplegadas por el excapitán, escribió en una columna que levantó el portal de Veja: “El mandatario ya no es un militar”, aclara.
“Detenta solamente un documento que indica haber obtenido en un determinado momento de su vida los requisitos para ejercer funciones intermediarias en la jerarquía de la oficialidad de las Fuerzas Armadas -dice do Rêgo Barros en el tramo más picante del texto– (pero) la madurez intelectual, característica destacada en la formación de los actuales jefes, no estuvo presente en su trayectoria”.
Y concluye: “Permaneció como alumno, cadete y oficial cerca de 15 años. Como político, más de 30. Los atributos que le fueron enseñados como militar, quedaron en el camino, sustituidos por conceptos no aplicados dentro de una institución como el Ejército Brasileño”.Las cartas están echadas para el remplazo de Bolsonaro y en su lugar, quedaría el vicepresidente, el general Hamilton Mourão. Tan defensor del golpe de 1964 y enemigo de Lula como Bolsonaro. Pero con la astucia de haberse mostrado más civilizado. Al punto que lució barbijo desde el primer día y se vacunó esta semana. En su tuit colgó la foto y anotó que se dio la primera dosis de Coronavac, la vacuna del laboratorio chino Sinovac. “Hoy puse de mi parte como ciudadano consciente (…) Espero que en breve el mayor número posible de vacunas llegue a la población brasileña”.
Tiempo Argentino, 4 de Abril de 2021
por Alberto López Girondo | Mar 14, 2021 | Sin categoría
El gran problema que enfrenta el Supremo Tribunal Federal de Brasil en las causas contra Lula da Silva es cómo recular en chancle-tas. La causa Lava Jato venía en falsa escuadra desde que las filtraciones de chat entre fiscales y el exjuez Sergio Moro revelaron la oscura trama judicial-mediática armada para sacar de carrera al dos veces presidente en 2018. Y terminó esta semana cuando el juez Edson Fachin concedió un hábeas corpus en favor de Lula y le restituyó sus derechos políticos. Pero las consecuencias de tirar por la borda el andamiaje en contra del líder “trabalhista” son tan graves para la institucionalidad que ahora el mismo magistrado envió el caso a la decisión del plenario de once jueces supremos luego de una presentación de la Procuradoría General de la República.
El revés de esta trama tiene ingredientes de novela de suspenso. Lula fue condenado por el entonces juez de Curitiba por, entre otras imputaciones, un apartamento triplex en el balneario de Guarujá y por reformas en una casa de campo de Atibaia, ambos en el estado de San Pablo.
Moro, abanderado de la lucha contra la corrupción en la causa Lava Jato y empoderado por medios y dirigentes de la derecha con-tinental, partió de una investigación por lavado de dinero para involucrar a empresarios de la talla del dueño de la constructora Ode-brecht, con gigantescas obras públicas en América Latina. A pesar de que en Argentina, Odebrecht hizo obras asociado con el grupo Macri, nunca hubo avances en estos casos, y eso que Moro fue invitado de lujo del extitular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Claudio Bonadio.
Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en 2018 con Lula detenido en una celda de la Policía Federal en Curitiba. Todos los intentos de mantener sus derechos mientras no hubiera sentencia firme chocaron con los medios hegemónicos como O’Globo y con los militares –principal sustento del excapitán Bolsonaro–, que llegaron a amenazar al STF si lo dejaban libre, por boca del general Eduardo Villas Boas, jefe del ejército por aquella fecha.
Pero como suele suceder, “pasaron cosas”. Una es que Bolsonaro designó a Moro ministro de Justicia, lo que terminó de demostrar connivencia del magistrado en una operación política. La otra es la publicación de chats en The Intercept donde Moro y el fiscal Deltan Dallagnol acordaban descarnadamente maniobras para avanzar contra Lula.
Esto causó un revuelo importante porque el portal tiene su prestigio y además compartió la información con Folha de São Paulo, un diario del establishment. No tardaron mucho los sabuesos en descubrir quién había sido el autor de las filtraciones. Y aquí entra en escena un joven que ahora tiene 31 años, en prisión domiciliaria por aquella hazaña y con amenazas de condenas a 300 años de cárcel.
Tiene prohibido tener una computadora cerca e incluso un celular, por eso en un reportaje al sitio Brasil247 respondió desde el equipo de su abogado y con las manos a la vista. Walter Delgatti Netto contó al periodista Joaquim de Carvalho (se lo puede ver en YouTube) que nunca pensó en meterse en el caso Lava Jato. Simplemente, desde adolescente, con un grupo de amigos tenían un emprendimiento para organizar fiestas y conciertos desde su base en Araquara, una pequeña ciudad paulista. “Como nos iba muy bien –relató–, la policía comenzó a sospechar que lavábamos dinero”. Los investigaron desde 2015 y en 2017 allanaron su casa. Encontraron tres cajas de Clonazepam que usaba con prescripción médica. Estuvo seis meses preso. Mientras tanto, había quedado escrachado, perdió amistades y hasta la novia lo dejó, alegando que no quería salir con narcotraficantes.
Pero en una audiencia vio que uno de los fiscales conversaba por Telegram y memorizó el número telefónico. Esa punta en busca de pruebas de que habían construido una causa en su contra lo fue llevando increíblemente a los fiscales del caso Lava Jato. “Vi que le estaban haciendo a Lula lo mismo que me habían hecho a mí”, dijo, y llegó a la excandidata a la vicepresidenta Manuela Davila, que le sugirió enviar el material a The Intercept. Lo demás es historia reciente.
Tras el escándalo, Moro dejó su cargo en abril del año pasado y en diciembre se fue a Estados Unidos a trabajar en la consultora Al-varez & Marsal, encargada de reestructurar las cuentas de Odebrecht. En Brasil avanzan causas en su contra por sus artimañas en la causa Lava Jato. El proceso, en tanto, puede caer en cualquier momento por los vicios investigativos, como apriete a testigos para que involucren a dirigentes y empresarios convirtiéndose en arrepentidos, entre otros detalles. La decisión de Fachin, coinciden muchos, lo salva a Lula, pero fundamentalmente a Moro y al fiscal Dallagnol. Quizás por eso se apuraron a defender la integridad del cortesano, vituperado por el bolsonarismo, que teme el regreso de Lula para 2022. Tiene razones el líder obrero para decir, como dijo desde la sede de los metalúrgicos, que fue víctima “de la mentira jurídica más grande en 500 años de historia de Brasil”.
Tiempo Argentino, 14 de Marzo de 2021
por Alberto López Girondo | Ene 31, 2021 | Sin categoría
Activistas y militantes de diversas organizaciones de Derechos Humanos y movimientos sociales y hasta hinchadas de clubes internacionales preparan para este domingo una nueva versión del Stop Bolsonaro Mundial, una manifestación que tiene como objetivo denunciar al gobierno brasileño de genocidio por la falta de política sanitaria para combatir el coronavirus. Al mismo tiempo, agrupaciones políticas presentaron un nuevo pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, el número 64, por crímenes de responsabilidad en torno a la escasez de oxígeno en hospitales de Manaos, atestados de pacientes de Covid19.
Todo esto ocurre mientras Bolsonaro enfrenta el escándalo por sobreprecios en leche condensada que dejaron al descubierto que para gobiernos neoliberales como el suyo, ese insumo básico es primordialmente una fuente de ingresos privados con base en recursos públicos.
El gobierno de Carlos Menem resultó implicado en 1991 en una maniobra por la compra de leche en polvo en mal estado. En los papeles, era un producto destinado al Plan Materno Infantil, pero se encontró que estaba contaminada con Escherichia coli. La firma que había ganado la provisión pertenecía al empresario Carlos Spadone y la partida cuestionada había sido elaborada en una planta de Miguel Angel Vicco, secretario privado del presidente.
En el caso de Bolsonaro, la leche estaba destinada a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el Ministerio de Defensa. Pero no hubo modo de explicar razonablemente por qué se habían gastado 15 millones de reales en ese producto. La respuesta que ensayaron los hijos presidenciales es que debía trasladarse a zonas de Brasil donde no es posible enviar leche fresca.
La explicación de Bolsonaro fue más estrepitosa. En una reunión con partidarios y algunos funcionarios íntimos en una churrasquería de Brasilia mandó a los periodistas a la PQLP y dijo que los tarros eran “para metérselos en el trasero”. El ministro de Turismo, Gilson Machado, bautizó al mandatario como “Jair Condensado” porque dijo que “condensa la voluntad de trabajar, el patriotismo y la fe en Dios”.
Las risas de sus acompañantes no alcanzaron para acallar el escándalo que, incluso, llevó a algunos de sus ex adláteres a tomar distancia. Es el caso del general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que fue ministro jefe de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República hasta junio de 2019. “Bolsonaro no tiene noción institucional del cargo que ocupa, es una vergüenza nacional e internacional” tuiteó el otrora austero militar.
El presupuesto de 2020 de gastos en alimentos muestra un 20% más de erogación que el de 2019. Entre ellos destaca un incremento en alfalfa de más de un millón de reales, y el de la leche condensada, de 15.641.777,49 de reales.
Otros gastos cuestionados son los 3000 millones que repartió en el Congreso para lograr la elección de Arthur Lira para la presidencia de Diputados y Rodrigo Pacheco para el Senado. Una forma de frenar los intentos de impeachment.
Tiempo Argentino, 31 de Enero de 2021
por Alberto López Girondo | Oct 4, 2020 | Sin categoría
Con una fuerte señal favorable a las políticas neoliberales del gobierno de Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal de Federal de Brasil (STF) avaló la venta de ocho de las once refinerías de Petrobrás sin autorización del Congreso. La decisión de permitir la enajenación de las joyas más valiosas de la abuela sin ningún control parlamentario ocurre en coincidencia con los 67 años de la fundación de la petrolera estatal, el 3 de octubre de 1953, lo que generó el rechazo de sindicatos y dirigentes que llamaron a un abrazo a la sede de la empresa en el Día Nacional de la Lucha en Defensa del Pueblo Brasileño. Los expresidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff y diputados federales de las bancadas del PT, del partido PSol y del PC do Brasil junto con el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos (CNNBB) Walmor Oliveira de Azevedo, se hicieron presentes de manera virtual.
El Plenario del STF falló este jueves en un reclamo de legisladores que cuestionaron la creación de subsidiarias de Petrobras encaradas por el Ministerio de Economía, a cargo del Chicago Boy Paulo Guedes, como un subterfugio para ir desmembrando a la empresa que supo estar entre las “top five” del mundo en exploración y explotación de crudo hace menos de diez años. Fue en aquellos tiempos en que había invertido miles de millones de dólares hasta encontrar petróleo debajo de una gruesa capa de sal en el Océano Atlántico.
El yacimiento conocido como Presal, una prospección que abandonó Shell porque se necesitaban ingentes recursos para llegar al núcleo de donde mana el oro negro, colocó a Brasil en el selecto club de países productores, algo impensado hasta ese momento. El hallazgo se confirmó en 2003, justo cuando Lula da Silva inauguraba su primer mandato. El mandatario dijo entonces que ese filón podía pavimentar el camino hacia la “segunda independencia de Brasil”.
El Presal es un enorme yacimiento debajo de una capa de 2000 metros de sal, frente a las costas de Rio de Janeiro, Espíritu Santo, San Pablo, Paraná y Santa Catarina, con un estimado de reservas de 273 mil millones de barriles. Equivalentes al consumo total del planeta durante cinco años.
Una fortuna semejante despertó la codicia de las principales multinacionales y de los estrategas del departamento de Estado. El primer paso fue cuando en abril de 2008 se anunció la reactivación de la Cuarta Flota Naval de EE UU. Creada en 1943 para controlar el tráfico marítimo en el Caribe y los mares adyacentes a América central y Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial, había sido disuelta en 1950.
No era solo por el petróleo brasileño que se esparcía la amenaza naval, por cierto. El caso es que el gobierno de Lula sancionó en 2010 la llamada Ley de Partilha (de Reparto), que obligaba a que Petrobras tuviera una participación mínima del 30% en cada área de explotación del Presal. El 70% restante podría contratarse directamente con la empresa estatal o licitar por empresas nacionales o extranjeras.
Lo interesante era que las regalías aumentaban al 15% del valor del petróleo extraído, la obligación de utilizar en las plataformas y maquinaria utilizada productos hechos en Brasil y a que parte de las ganancias conformaran un Fondo Social para programas de educación y salud, con preeminencia en los estados costeros al yacimiento.
La sucesora de Lula, Dilma Rousseff, había sido ministra de Minas y Energía y, por lo tanto, integraba el directorio de Petrobras. En 2013, la codicia de la Casa Blanca era tal que el entonces vicepresidente, Joe Biden, actual candidato a la presidencia, visitó Brasil para hablar de petróleo. Fue sospechosa su reunión en privado con Michel Temer, quien tres años más tarde reemplazaría a Dilma en un golpe blanco, reformularía la ley de Presal en favor del “mercado” y comenzaría el descuartizamiento que ahora quiere culminar Bolsonaro.
Biden no iba con las manos vacías, es de creer que traía una carpeta con información secreta sobre manejos presuntamente turbios en Petrobras. Es fácil deducirlo porque para las mismas semanas, en Hong Kong el analista de la CIA Edward Snowden denunciaba el fabuloso sistema de espionaje informático a través de la agencia NSA. Y entre los espiados, el ahora exiliado en Rusia apuntó a líderes mundiales pero especialmente a Petrobras y la presidenta Rousseff. El escándalo pegó lo suficiente como para que Dilma rehusara la visita que ya tenía programada a Washington y dejara pagando al presidente Barack Obama.
El golpe contra Dilma, destituida el 31 de agosto de 2016, tenía olor a petróleo, como el suicidio de Getúlio Vargas, el 24 de agosto de 1954 “Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza esta a funcionar cuando la ola de agitación crece. Eletrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente”, escribió en su carta póstuma el fundador de las dos estatales. La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90 La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90.
Tiempo Argentino, 4 de Octubre de 2020
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