Lo menos que puede decirse del momento que viven las instituciones brasileñas es que están a las puertas de un choque de trenes, con una escalada sin límite a la vista entre Jair Bolsonaro y el Poder Judicial. El presidente, en su intento por modificar el sistema de votación ante la certeza de que no podrá lograr la reelección, no duda en amenazar sin rodeos y hasta reclamar a la población que se arme “para evitar un fraude”. Bolsonaro sobrepasó todo límite en la convivencia dentro de un sistema democrático que a pesar de las diferencias, siempre trató de mantenerse dentro de cauces civilizados en un país acostumbrado a lo largo de su historia a la negociación más que a la confrontación directa.
Según todos los sondeos, la popularidad de Bolsonaro cae continuamente mientras aumenta la de Lula da Silva, pero eso no significa que el excapitán del Ejército vaya a tirar la toalla. Más bien lo contrario: el proyecto de reforma del sistema electoral forma parte de una estrategia destinada a deslegitimar el triunfo del candidato que marcha primero en las encuestas. Pero también podría abrir las puertas precisamente a la manipulación del resultado en un esquema de votación para el que el país no está acostumbrado, ya que el voto electrónico data de 1996.
El enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal, (STF) -la corte de justicia brasileña- se viene profundizando a partir de denuncias de corrupción contra los hijos presidenciales. Pero desde lo simbólico, desde que las causas contra Lula fueron cayendo por la endeblez jurídica con que fueron construidas y además, quedaron expuestos los ejecutores de la estrategia para desplazarlo de las elecciones de 2018, el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol.
Las denuncias del bolsonarismo contra el sistema electoral generaron el repudio no solo de la dirigencia política tradicional -no vinculada a la extrema derecha- sino también de todos los estamentos judiciales encargados de controlar los comicios. El rechazo fue compartido en un fuerte documento firmado por el presidente del Superior Tribunal Electoral, Luiz Barroso, ocho miembros STF y todos los extitulares de la justicia electoral de los últimos 33 años de historia democrática del país sudamericano. El único que no se plegó fue Nunes Marques, nombrado por Bolsonaro en 2020. “Desde que se implementó el sistema de voto electrónico, jamás se documentó ningún episodio de fraude en las elecciones”, dice el documento emitido luego de las protestas organizadas por el oficialismo en 10 ciudades a favor de modificar el sistema electoral.
En este escenario, la corte le abrió una causa a Bolsonaro en la que le pide explicaciones sobre las irregularidades que denunció. El presidente admitió que no tiene pruebas aunque insiste en que el voto electrónico es susceptible de fraude.
Y para doblar la puesta, pidió a sus seguidores que sigan el ejemplo de los trumpistas. “Quiero decirles que toda dictadura fue precedida por una campaña de desarme. Para mí es diferente: el pueblo de bien debe estar armado a ejemplo del pueblo estadounidense. Para que exactamente prototipos de dictadores no quieran hacer valer su voluntad en nuestra patria amada llamada Brasil”, agregó en un discurso transmitido por sus redes sociales.
Bolsonaro, en este ida y vuelta, fue incluido en una investigación sobre la maquinaria de fake news como la que le sirvió para llegar a ser el candidato mas votado en el balotaje de 2018 y asentar un discurso medieval desde que llegó al Palacio del Planalto, el 1 de enero de 2019. La causa está centrada en “crímenes de calumnia e incitación al crimen”.
Esa maquinaria se basa en granjas de trolls y medios alternativos de ultraderecha con sustento ideológico en las extremas derechas y el neorracismo europeos y norteamericanos alentados por estrategas neofascistas como Steve Banno. La investigación está a cargo del magistrado Alexandre de Moraes a instancias del presidente del STE.
Bolsonaro, lejos de bajar un cambio, dijo, amenazante, que a Moraes “ya le va a llegar la hora” y que Barroso “debería hacer política y presentarse como vicepresidente de Lula”. En una visita a Joinville, Santa Catarina, para un encuentro de empresarios, dobló la puesta y catalogó a Barroso de “hijo de puta”, aunque el video luego fue borrado de las redes.
Y para terminar de demostrar que no está en sus planes recular, el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, del partido Progresistas, de centro derecha y aliado de hierro de Bolsonaro, se disponía a llevar a plenario el proyecto de reforma electoral, a pesar de que la iniciativa que presentó la diputada Bia Kicis -que compite con el presidente para ver quién está más a la derecha- fue rechazada en comisión por amplia mayoría de 23 votos a 11. Para Lira, “las comisiones no son determinativas, sino opinativas. Sugieren el texto pero cualquier recurso del plenario puede ser llevado a cabo”.
El mandatario también es investigado por una comisión del Senado por la gestión gubernamental de la pandemia y presuntos casos de corrupción en la compra de vacunas. En este caso, el crimen por el que debe responder es “prevaricación”, es decir, no haber denunciado un supuesto pedido de coimas para la compra de dosis de Cvaxin. «
La privatización del correo
La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción a un proyecto de ley para privatizar la Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), una joya de la abuela que en tiempos de pandemia resulta clave para las entregas en todo el extenso país. La iniciativa permite la venta de la mayor operadora logística de Brasil, actualmente estatal, a capitales privados y se trata de un proyecto largamente acariciado por el neoliberal ministro de Economía Paulo Guedes. Entre los postulantes a quedarse con esa empresa estratégica figura Amazon, pero también están en la gatera Fedex, el correo de España y hasta la argentina Mercado Libre.
La oposición se abroquela en el Senado, donde los legisladores del PT esperan convencer a sus pares de que esta venta no es más que “la continuidad de la quema de activos del Estado por parte del gobierno de Bolsonaro”. Y destacan que “es una empresa estructural de servicios públicos que funciona bien y que da ganancias”.
De hecho, según datos oficiales del Tesoro de Brasil, el año pasado cerró el balance con ganancias por cerca de 300 millones de dólares, y no registra quebrantos en lo que va del siglo. Lo que desmiente el argumento de la derecha de que se necesita sanear un activo que produce déficit que deben solventar los contribuyentes.
De conseguir la aprobación en la cámara Alta, el Gobierno espera realizar la subasta de la empresa Correios en el primer semestre de 2022. No queda claro, de llegar a ese camino, el futuro de los casi 100.000 empleados de planta con que cuenta el servicio.
En ese sentido, el personal nucleado en la Asociación de los Profesionales de los Correos (Adcap) sostuvo que la normativa que se debate en el Congreso ignora cuestiones fundamentales “como el hecho de que la propia Fiscalía ya ha reconocido que una eventual privatización de los Correos no podría ser hecha sin un cambio constitucional”, señaló en un comunicado.
Es otro punto de conflicto del gobierno de Jair Bolsonaro contra el poder judicial ya que el Supremo Tribunal Federal tiene en análisis una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI, una suerte de amparo judicial) de la Adcap que cuenta con el aval del procurador general de la República, Augusto Aras, en contra de la privatización.
Pero también el Senado podría trabar la venta desde la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa, que tiene en sus manos una Sugestión, que no es más que una propuesta de un particular presentada a través del Portal e-Ciudadanía, que busca impedir la privatización y que cuenta con el apoyo de más de 20 mil internautas.
“No es exagerado decir que los Correos representan un factor de integración nacional que da a los brasileños en los rincones más remotos del país la oportunidad de ampliar sus horizontes por los servicios de envío y recepción de correspondencia encomiendas y valores”, justificó el presentador del proyecto, Afonso Henrique Muniz Nascimento, según indica la Agencia Senado.
En 2018, Jair Bolsonaro logró triunfar en las presidenciales con una “pequeña ayuda” del entonces juez Sergio Moro, del Supremo Tribunal Federal (STF), los medios concentrados, el establishment y las cúpulas de las Fuer-zas Armadas. Pero la conjunción de dos desastres, el sanitario y el económico, fueron minando los apoyos y luego de que el ex presidente Lula da Silva fuera liberado y recuperara su derecho a ser elegido, ahora hay un contendiente de peso en el ring y el actual mandatario comienza a mostrar preocupación por su futuro.
Conocedor de su destino en el mundo, el ex delegado metalúrgico volvió este sábado a la sede del sindicato que supo conducir, en las afueras de San Pablo, para participar de una campaña de recolección de alimentos para paliar la hambruna que se vive en muchos rincones de Brasil. “Este país tiene tierra, tiene producción. No hay otra explicación para el hambre que la irresponsabilidad de quien gobierno. Brasil podría tener cualquier otro problema menos el hambre”, lamentó Lula frente al edificio donde alumbró su sueño de presidir la nación, a mediados de los 80, y se despidió de su pueblo antes de presentarse detenido por orden de Moro, el 7 de abril de 2018.
Lula fue liberado 580 días más tarde. Bolsonaro pudo llegar al Palacio del Planalto sin haber disputado en las urnas contra el líder más influyente en la historia de Brasil. Ahora el escenario es otro. Y el manejo de la pandemia fue clave para que quienes preferían cualquier cosa a un nuevo período de Lula se lo hayan pensado.
Las encuestas le dan una amplia base electoral para el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), que adelantó que piensa volver al combate. Pero las elecciones son recién el año que viene. Mientras tanto, Lula -un experto negociador, habilidad curtida en cruces con empresarios desde su juventud en pos de beneficios para los trabajadores mayoritariamente de automotrices del cordón industrial paulista- viene conversando con todos los sectores para recomponer la alianza que lo llevó al poder en 2003. Una alianza democrática, en el fondo.
Es así que estrecha vínculos con Josué Gomes da Silva, el CEO de Coteminas, la empresa textil que en Argentina se hizo de algunas de las plantas y las marcas de la antigua Grafa, hijo a su vez de José Alencar, que fuera vicepresidente de Lula. Alencar -que murió en 2010- pertenecía al Partido Liberal (PL) y a la Iglesia Universal del Reino de Dios. La preocupación de Bolsonaro no es solo porque Alencar Junior representa a un sector influyente del empresariado -es la mayor textil brasileña- sino entre los evangélicos.
Bolsonaro dejó trascender su inquietud y la respuesta que piensa dar cuando declaró que “si Lula volviera por el voto directo auditable, todo bien. Pero vean cuál va a ser el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer dentro de la Presidencia”. O sea, amenaza de embarrar la cancha y denunciar fraude antes de que se realicen elecciones, bien a lo Trump. Por las dudas, iniciará en un par de semanas visitas a templos pentecostales para renovar la promesa de colocar a un ministro “terriblemente evangélico” en el STF.
El STF, por ahora, le manifiesta el cambio de viento político en su país. Si en 2018 aceptó la presión abierta y desbocada de jefes militares para que no permitieran la candidatura de Lula, ahora libera al dos veces presidente, le permite candidatearse, abre la posibilidad de juzgar a Moro por manipular a la justicia y confirma la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para determinar si el inquilino del Planalto cometió “omisiones” ante la emergencia por el Covid-19.
Por su esto no bastara, la jueza del STF Carmen Lucia dio un plazo de cinco días al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, para que explique por qué no abrió un pedido de juicio político contra el presidente, denunciado por cometer un genocidio indígena por su gestión de la pandemia en las comunidades originarias. Irónico y burlón, Bolsonaro publicó en las redes sociales un video en que responde a la magistrada. “Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto”.
Confía en que, hace algunas semanas, cuando veía que se le venia la noche, articuló con el llama-do “Centrón” para poner en los puestos claves para abrir el impeachment -presidencia de ambas cámaras- a aliados. Y dentro de todo, la comisión ordenada por el STF no parece estar en manos de enemigos declarados. Al menos, el relator -el que arma el argumento de la acusación- será el senador Renan Calheiros, del MDB. Que fue el que en 2016 permitió abrir el juicio destituyente contra Dilma Rousseff.
Se dijo varias veces en estos dramáticos dos años en la historia de Brasil. Pero cada día las señales de descomposición del gobierno de Jair Bolsonaro son más claras y nadie apostaría a que llegue a cumplir su mandato. A la nueva crisis de gobernabilidad de estos días, que culminó transitoriamente con un profundo cambio de gabinete y de la cúpula militar, se agregan las alarmas de todo el mundo por el desastre sanitario que amenaza no solo a los brasileños sino a la región y al resto del planeta. Dos contundentes editoriales de medios muy influyentes del Reino Unido y de Estados Unidos coincidieron en su prédica contra el mandatario de la potencia económica sudamericana con un ex vocero del Planalto que literalmente califica a Bolsonaro de “inmaduro intelectual”.
Las últimas movidas políticas podrían significar que están tratando de ver cómo sacarse de encima al personaje sin comprometer demasiado a las Fuerzas Armadas y, sobre todo, sin que regrese al poder el cuco de Lula da Silva, el protagonista del ascenso del excapitán del Ejército al más alto cargo electivo de ese país.
Si bien las élites brasileñas no se caracterizan por sus rasgos de humanidad, el crecimiento explosivo del Covid 19 les preocupa. Con más de 3000 muertos diarios a la fecha, los analistas estiman que el mes de abril cerrará con un promedio de 5000 fallecidos cada 24 horas. Si la justificación para no tomar medidas que daba Bolsonaro es que se debía privilegiar la economía, por ese lado tampoco puede mostrar un éxito. Es así que, al cierre de las plantas de la automotriz Ford en Bahía, el interior de San Pablo y en Ceará, ahora podría sumarse el retiro de Nissan-Renault.
La caída en la producción es asombrosa: pasó de 4 millones de vehículos anuales en tiempos de Lula a los 2 millones de ahora. “Para competir en Brasil es preciso tener una montadora fuerte, con voluntad de superar los ciclos específicos de la economía local y si la empresa no tiene esa voluntad, queda todo el tiempo saliendo y entrando en el país, echando y contratando personal, parando y volviendo a trabajar. Ese stop and go es peor para la marca que para los empleados”, declaró Carlos Ghosn, extitular de la firma franco japonesa a la revista Veja.
Estas señales repercuten en el escritorio del ministro de Economía, Paulo Guedes, discípulo de Milton Friedman en la Universidad de Chicago y responsable de un plan neoliberal a rajatabla. Pero a la vista de los resultados, entre los partidos que aún apoyan al gobierno -el llamado “centrón”- están pidiendo su cabeza. El propio Guedes no descartó tener que dejar el cargo, aunque culpa de los fracasos a que no le aprobaron el presupuesto y a que no pudo avanzar con las privatizaciones.
Para el The Economist, una publicación que refleja el pensamiento del mundo financiero internacional, “la mala gestión del Covid 19 en Brasil amenaza al mundo” y dice claramente que el presidente tiene mucho que responder sobre el avance de la variante de Manaos. “Bolsonaro promovió curas charlatanescas, protestó contra los cierres y trató de impedir la difusión de datos de la pandemia”, destaca.
El The Washington Post, a su vez, dice que “en lugar de luchar contra el coronavirus, Bolsonaro parece estar preparando las bases para otro desastre: un golpe político contra los legisladores que podrían removerlo del cargo”. Y pone el foco en “el expresidente Lula da Silva emergiendo como potente adversario en las elecciones del año que viene”.
Otro que tronó fuerte fue el general de división Otávio Santana do Rêgo Barros, que acompañó la gestión de Bolsonaro como vocero hasta que el año pasado se fue tras un cruce con el presidente. En un claro objetivo de despegar a la institución de las calamidades desplegadas por el excapitán, escribió en una columna que levantó el portal de Veja: “El mandatario ya no es un militar”, aclara.
“Detenta solamente un documento que indica haber obtenido en un determinado momento de su vida los requisitos para ejercer funciones intermediarias en la jerarquía de la oficialidad de las Fuerzas Armadas -dice do Rêgo Barros en el tramo más picante del texto– (pero) la madurez intelectual, característica destacada en la formación de los actuales jefes, no estuvo presente en su trayectoria”.
Y concluye: “Permaneció como alumno, cadete y oficial cerca de 15 años. Como político, más de 30. Los atributos que le fueron enseñados como militar, quedaron en el camino, sustituidos por conceptos no aplicados dentro de una institución como el Ejército Brasileño”.Las cartas están echadas para el remplazo de Bolsonaro y en su lugar, quedaría el vicepresidente, el general Hamilton Mourão. Tan defensor del golpe de 1964 y enemigo de Lula como Bolsonaro. Pero con la astucia de haberse mostrado más civilizado. Al punto que lució barbijo desde el primer día y se vacunó esta semana. En su tuit colgó la foto y anotó que se dio la primera dosis de Coronavac, la vacuna del laboratorio chino Sinovac. “Hoy puse de mi parte como ciudadano consciente (…) Espero que en breve el mayor número posible de vacunas llegue a la población brasileña”.
El gran problema que enfrenta el Supremo Tribunal Federal de Brasil en las causas contra Lula da Silva es cómo recular en chancle-tas. La causa Lava Jato venía en falsa escuadra desde que las filtraciones de chat entre fiscales y el exjuez Sergio Moro revelaron la oscura trama judicial-mediática armada para sacar de carrera al dos veces presidente en 2018. Y terminó esta semana cuando el juez Edson Fachin concedió un hábeas corpus en favor de Lula y le restituyó sus derechos políticos. Pero las consecuencias de tirar por la borda el andamiaje en contra del líder “trabalhista” son tan graves para la institucionalidad que ahora el mismo magistrado envió el caso a la decisión del plenario de once jueces supremos luego de una presentación de la Procuradoría General de la República.
El revés de esta trama tiene ingredientes de novela de suspenso. Lula fue condenado por el entonces juez de Curitiba por, entre otras imputaciones, un apartamento triplex en el balneario de Guarujá y por reformas en una casa de campo de Atibaia, ambos en el estado de San Pablo.
Moro, abanderado de la lucha contra la corrupción en la causa Lava Jato y empoderado por medios y dirigentes de la derecha con-tinental, partió de una investigación por lavado de dinero para involucrar a empresarios de la talla del dueño de la constructora Ode-brecht, con gigantescas obras públicas en América Latina. A pesar de que en Argentina, Odebrecht hizo obras asociado con el grupo Macri, nunca hubo avances en estos casos, y eso que Moro fue invitado de lujo del extitular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Claudio Bonadio.
Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en 2018 con Lula detenido en una celda de la Policía Federal en Curitiba. Todos los intentos de mantener sus derechos mientras no hubiera sentencia firme chocaron con los medios hegemónicos como O’Globo y con los militares –principal sustento del excapitán Bolsonaro–, que llegaron a amenazar al STF si lo dejaban libre, por boca del general Eduardo Villas Boas, jefe del ejército por aquella fecha.
Pero como suele suceder, “pasaron cosas”. Una es que Bolsonaro designó a Moro ministro de Justicia, lo que terminó de demostrar connivencia del magistrado en una operación política. La otra es la publicación de chats en The Intercept donde Moro y el fiscal Deltan Dallagnol acordaban descarnadamente maniobras para avanzar contra Lula.
Esto causó un revuelo importante porque el portal tiene su prestigio y además compartió la información con Folha de São Paulo, un diario del establishment. No tardaron mucho los sabuesos en descubrir quién había sido el autor de las filtraciones. Y aquí entra en escena un joven que ahora tiene 31 años, en prisión domiciliaria por aquella hazaña y con amenazas de condenas a 300 años de cárcel.
Tiene prohibido tener una computadora cerca e incluso un celular, por eso en un reportaje al sitio Brasil247 respondió desde el equipo de su abogado y con las manos a la vista. Walter Delgatti Netto contó al periodista Joaquim de Carvalho (se lo puede ver en YouTube) que nunca pensó en meterse en el caso Lava Jato. Simplemente, desde adolescente, con un grupo de amigos tenían un emprendimiento para organizar fiestas y conciertos desde su base en Araquara, una pequeña ciudad paulista. “Como nos iba muy bien –relató–, la policía comenzó a sospechar que lavábamos dinero”. Los investigaron desde 2015 y en 2017 allanaron su casa. Encontraron tres cajas de Clonazepam que usaba con prescripción médica. Estuvo seis meses preso. Mientras tanto, había quedado escrachado, perdió amistades y hasta la novia lo dejó, alegando que no quería salir con narcotraficantes.
Pero en una audiencia vio que uno de los fiscales conversaba por Telegram y memorizó el número telefónico. Esa punta en busca de pruebas de que habían construido una causa en su contra lo fue llevando increíblemente a los fiscales del caso Lava Jato. “Vi que le estaban haciendo a Lula lo mismo que me habían hecho a mí”, dijo, y llegó a la excandidata a la vicepresidenta Manuela Davila, que le sugirió enviar el material a The Intercept. Lo demás es historia reciente.
Tras el escándalo, Moro dejó su cargo en abril del año pasado y en diciembre se fue a Estados Unidos a trabajar en la consultora Al-varez & Marsal, encargada de reestructurar las cuentas de Odebrecht. En Brasil avanzan causas en su contra por sus artimañas en la causa Lava Jato. El proceso, en tanto, puede caer en cualquier momento por los vicios investigativos, como apriete a testigos para que involucren a dirigentes y empresarios convirtiéndose en arrepentidos, entre otros detalles. La decisión de Fachin, coinciden muchos, lo salva a Lula, pero fundamentalmente a Moro y al fiscal Dallagnol. Quizás por eso se apuraron a defender la integridad del cortesano, vituperado por el bolsonarismo, que teme el regreso de Lula para 2022. Tiene razones el líder obrero para decir, como dijo desde la sede de los metalúrgicos, que fue víctima “de la mentira jurídica más grande en 500 años de historia de Brasil”.
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