Luis Almagro sigue demostrando su capacidad para generar rechazos en la comunidad latinoamericana y en su derrotero provocó una crisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de difícil pronóstico. De manera fuertemente cuestionada desde el interior de ese organismo, el secretario de la OEA rechazó la designación de Paulo Abrao apelando a denuncias secretas de maltrato al personal del organismo que el brasileño ocupa desde agosto de 2016.
Con esa medida que anunció cuando vencía el primer mandato de Abrao, Almagro logró encolumnar en su contra a gobiernos actuales, como el argentino, expresidentes, ex cancilleres, a la propia CIDH y hasta la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet.
En su defensa, el uruguayo dijo que había una campaña de desinformación en su contra, que no iba a aceptar la continuidad de una persona con más de 60 denuncias -que no mostró- y que no pensaba dar el brazo a torcer.
En esta pulseada, Almagro desconoce el mandato de Abrao y la CIDH desconoce el desconocimiento de Almagro con un simple dato: Abrao fue reelecto en enero pasado con el voto unánime de la CIDH como es de uso y práctica desde hace décadas. O sea, Abrao para la CIDH sigue siendo el secretario General del organismo.
El rechazo a la intromisión irregular de Almagro se fue generalizando y a lo largo de los días se sumaron los expresidentes Lula da Silva, Ernesto Samper, Rafael Correa, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, más el resto del Grupo de Puebla.
Ese grupo de líderes latinoamericanos señaló que “no descarta que la intromisión del Secretario sea una respuesta a las recientes decisiones adoptadas por la CIDH en relación con la persecución de dirigentes políticos progresistas por parte de los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia”. Y agrega que Abrao tiene “una distinguida hoja de servicios en la defensa de los derechos humanos”. Destaca luego que formó parte de organizaciones de DDHH en su país y también en Mercosur y otras entidades regionales.
Ya se habían mostrado críticos contra Almagro los ex cancilleres Jorge Taiana, el boliviano David Choquehuanca, el brasileño Celso Amorín, los ecuatorianos Guillaume Long y Ricardo Patiño, el salvadoreño Hugo Martínez, el guatemalteco Fernando Carrera, la hondureña Patricia Rodas, el paraguayo Jorge Lara Castro y el uruguayo Rodolfo Nin Novoa.
Los exministros de Relaciones Exteriores abominan de los “informes privados, reservados y confidenciales para atacar la integridad moral, independencia y autonomía de la CIDH” y le exigen a Almagro que “se abstenga de intervenir en el proceso de selección de su Secretario Ejecutivo, respete las normas interamericanas en su conjunto y, en lo fundamental, respete la decisión unánime que adoptó la CIDH el 9 de enero del 2020 de prorrogar el mandato de su Secretario Ejecutivo”.
A la numerosa lista de personalidades que objetan a Almagro se sumaron decenas de organizaciones de todo el mundo y ex titulares y directivos de la CIDH, que consideran que la intervención de Almagro, a la que califican de sin precedentes, “desconoce y vacía de contenido la autonomía e independencia de la Comisión”.
La situación en la OEA es de franco deterioro desde hace años y se potenció a partir del triunfo electoral de mandatarios de derecha como Mauricio Macri en Argentina, en 2015; el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016; y el giro copernicano de Lenin Moreno en Ecuador en 2017, tras haber sucedido a su antiguo compañero de gestión Rafael Correa.
Almagro acompañó este retroceso contradiciendo sus orígenes. Había llegado a su cargo con el apoyo de los gobiernos progresistas de principio de siglo, siendo el miembro del Frente Amplio de Uruguay y tras su paso como jefe de la cartera de exteriores durante gran parte de la presidencia de José Pepe Mujica.
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Almagro se convirtió en un ladero acrítico de cada una de las embestidas del departamento de Estado contra gobiernos progresistas. El caso de Venezuela es sintomático, ya que desde su despacho en Washington no hizo sino torpedear cualquier posibilidad de negociaciones para una salida democrática a la crisis en ese país.
La frutilla del postre fue el golpe contra Evo Morales en noviembre del año pasado. No se podría haber justificado si no fuera por un informe sesgado que presentó sobre las elecciones de octubre, en el que dejaba traslucir que había fraude. Algo que sucesivos estudios de instituciones privadas y públicas desmintieron con pruebas contundentes. Pero el daño ya estaba hecho.
Abrao había sido elegido en 2016, 15 días antes de la destitución de Rousseff, y había instaurado cambios en la CIDH que le generaron respeto en colectivos de Derechos Humanos de todo el mundo. Pero a medida que fue cambiando el panorama regional, sus informes resultaron irritativos para gobiernos obedientes con la Casa Blanca.
El brasileño emitió documentos críticos sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y mantuvo un enfrentamiento con Nicolás Maduro, que rechazó una visita a Venezuela para analizar denuncias sobre violaciones a los DDHH.
Pero al mismo tiempo, la postura de la CIDH sobre la brutal represión del gobierno de Sebastián Piñera en Chile, Moreno en Ecuador y la presidenta de facto Jeanine Añez en Bolivia no fueron del agrado de Almagro y sus sponsors en la OEA.
Para colmo, en mayo pasado se le vencía el mandato a Almagro y no tenía la menor intención de volver a su “paisito”. Un poco quizás porque la alianza de centroizquierda lo expulsó de sus filas luego de lo que hizo desde la OEA, y otro porque para la derecha siempre será un traidor. Conveniente en determinados momentos, pero alguien en el que no se puede confiar. No son pocos los que afirman que negoció votos a su favor a cambio de sacarse de encima a Abrao. Las fechas dan para esta interpretación.
El 9 de enero los miembros del organismo de Derechos Humanos prorrogaron el mandato del Secretario Ejecutivo, a pesar de que la gestión culminaba el 15 de agosto. El 10 de agosto, Almagro sacó a relucir un informe sobre unas 60 denuncias por maltrato laboral que hasta ese momento no se había dado a conocer.
Se trata de quejas presuntamente planteadas por personal de la CIDH a la que no se identificó -Almagro dijo que para resguardarlos- de 2019. Las denuncias se canalizaron a través de la Ombudsperson del organismo, Neida Pérez,
Sucede que la CIDH es un órgano autónomo y Almagro no tiene -o no debería- tener ningún tipo de injerencia para denegar la nominación de la persona que le organismo designe. Más allá de que toda denuncia debe ser investigada como corresponde, también llama la atención la oportuna aparición de denunciantes no identificados contra un personaje que no se adecuó a los cánones de Washington.
Es así que la CIDH mostró su rechazo a “la caracterización pública que se ha dado al contenido del informe confidencial de la Ombudsperson, respecto de la información y las denuncias sobre supuestos hechos ocurridos en el año 2019. Asimismo, la CIDH rechaza la caracterización que el Secretario General hace de la actuación de la Comisión, dando a entender que fue omisa en asumir su responsabilidad”.
Y puntualiza que “seleccionó a Paulo Abrao para el cargo de Secretario Ejecutivo el 27 de julio de 2016, luego de un largo proceso de selección. En el desempeño de las mismas funciones, la CIDH decidió por unanimidad en reunión celebrada en México los días 8 y 9 de enero de 2020 renovar el mandato del actual Secretario Ejecutivo para el período 2020-2024”.
Las cartas están echadas y es difícil pronosticar como sigue esta historia, cuando además los gobiernos regionales menos sometidos a los designios de la Casa Blanca rechazan la designación de un estadounidense al frente del Bando Interamericano de Desarrollo (BID) cargo para el que Donald Trump quiere poner a Mauricio Claver-Carone.
Tras la nominación de los dos candidatos, la campaña electoral entra en su fase decisiva. Solo falta que Donald Trump confirme a su compañero de fórmula, que nada indica que no sea el actual vicepresidente, Mike Pence. El lanzamiento de Trump, sirvió para que el actual inquilino de la Casa Blanca desplegara toda su violencia contra Joe Biden y Kamala Harris, los postulantes del Partido Demócrata. Si algo puede decirse es que será una campaña no solo violenta, sino teñida de azul. Por el color de las fuerzas policiales.
Así, mientras en Illinois se confirmaba la detención del chico que mató a dos manifestantes en Kenosha, en la Convención Republicana, el presidente de un sindicato de policías, Michael McHale, criticaba a Harris argumentando que siendo fiscal de California tomó decisiones que restringieron el funcionamiento de esa fuerza.
En este contexto, es clave la actuación de milicias armadas que se mostraron muy activas en las marchas antirracistas en apoyo de los uniformados. Alexander Reid Ross, docente de la Universidad de Portland, en un trabajo de investigación encontró que estos grupos parapoliciales fueron responsables de al menos 497 ataques este año contra manifestantes de Black Lives Matter.
De acuerdo a lo que publicó en el portal Huffington Post, esta cifra incluye 38 incidentes en los que Vigilantes Blancos conducen sus vehículos contra la multitud y otros actos de intimidación. En el periódico israelí Haaretz, Ross revela que esos grupos están integrados en muchos casos por veteranos de guerra o exonerados de la policía. Y advierte señales no solo de racismo contra la población negra, sino rasgos fuertemente antisemitas.
Otra polémica que ocupa las redes es sobre el accionar de Kyle Rittenhouse. Y lo novedoso es que muchos lo definen como un justiciero. No solo en EEUU sino en España, por parte de miembros de Vos.
Sin embargo, los actos cometidos por su deliberado amor por los uniformes azules deberían encuadrarse como “terrorismo doméstico”, al decir de la congresista demócrata Ayanna Pressley, quien apela a la definición del FBI sobre estas acciones para el “uso ilegal, o amenaza de uso, de violencia por parte de un grupo o individuo que opera completamente dentro de los Estados Unidos sin dirección extranjera, cometida contra personas o propiedad para intimidar o coaccionar a un el gobierno, la población civil, o cualquier segmento de la misma, con objetivos políticos o sociales”.
Cuando las grandes ligas de los deportes más difundidos de Estados Unidos pensaban que la maquinaria comenzaría a generar dinero nuevamente tras al parate por la pandemia (ver La huelga de deportistas en EE UU…), el racismo y la violencia policial volvieron a mostrar su peor rostro. Las imágenes de la celebración del 57 aniversario del famoso discurso de Martin Luther King en Washington y las del adolescente de 17 años que mató a dos manifestantes con un fusil de combate AR-15 probaron que lejos de haberse cumplido el sueño del pastor protestante asesinado en 1968, la xenofobia es una característica esencial de esa nación.
Poca credibilidad despertó el show montado por el Partido Republicano para la nominación al actual presidente para la reelección de noviembre en la que el mandatario se calificó, sin rubores, como el que más hizo por la comunidad afrodescendiente desde Abraham Lincoln, “el primer presidente republicano en la historia de nuestro país”. Quizás el único dato cierto de toda su alocución.
Podría decirse que el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, hizo de partenaire de un acto en que Trump se mostró como no racista porque tiene un amigo negro. Esa comunidad, a la que espera seducir con gestos como ese, normalmente es clave para el triunfo de los demócratas. En esa misma estrategia, Trump indultó a Jon Ponder, un ex presidiario también negro que al recuperar la libertad creo una ONG para ayudar a la reinserción social de los ex detenidos.
La misma estrategia usó al conceder la nacionalidad estadounidense a personas de diversos orígenes que, dijo, “cumplieron las reglas” de ingreso legal a EEUU. La otra homenajeada fue Nikky Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, exembajadora ante la ONU y fundamentalmente, hija de inmigrantes de la India.
En las calles de todo el país, mientras tanto, el ánimo de protesta se cruzaba con al temor por el crecimiento de los grupos supremacistas violentos que, arma en mano, se toman la atribución de combatir las manifestaciones y hacer el trabajo sucio que la policía le resulta cada día más difícil.
La balacera en Kenosha, Wisconsin, que dejó a Jacob Blake quizás cuadripléjico, es el reflejo de esta realidad. En otras circunstancias, al igual de lo que ocurrió con George Floyd en mayo pasado, hechos de brutalidad policial terminaban como declaraciones cruzadas entre la versión oficial y la de las víctimas o testigos ocasionales. Pero el grito desesperado de Floyd diciendo que no podía respirar y la imagen de un policía disparando siete veces contra un hombre que estaba ingresando en su vehículo, despertaron el horror en grandes sectores de la sociedad.
Las manifestaciones que se vienen desarrollando desde el asesinato de Floyd en Minneapolis fueron al mismo tiempo revelando la participación de civiles armados en actitud amenazante contra los que reclaman bajo la consigna La vida de los negros importa (Black Lives Matter). Estos grupos, que reciben la denominación de Vigilantes Blancos (White Vigilantes, sic), son milicias que salen a patrullar en las marchas antirracistas. No se pudo determinar aún qué relación con esos grupos tiene Kyle Rittenhouse, el jovencito de 17 años oriundo de Antioch, en Illinois, que el miércoles mató a dos manifestantes e hirió a otra en una marcha en Kenosha, a 25 kilómetros de su vivienda. Pero las consignas que defendía en su página de Facebook son las mismas: Blue Lives Matter (la vida de los azules -por la policía- importa).
(Foto: AFP)
Lo interesante es que las cámaras de todos los sitios que recorrió muestran cada uno de sus movimientos antes y después de los hechos. Comenzó limpiando pintadas en las paredes de una marcha anterior y entrevistado por el Daily Caller, un portal ultraconservador que apoya y recauda fondos para la campaña de Trump, declaró que “parte de mi trabajo es ayudar a la gente. Si hay alguien herido, corro hacia el peligro, por esos tengo mi rifle, porque así puedo protegerme. Pero también tengo mi botiquín médico”.
Los videos muestran cuando dispara sobre Joseph Rosenbaum, luego contra Anthony Huber, quien había intentado reducirlo golpeándolo con su patineta. Ambos murieron. Tras herir a otro manifestante se fue tranquilamente sin que la policía hiciera nada para detenerlo. Cuando se difundieron estas escenas, recién ahí, ordenaron su captura. Pero ya había cruzado de estado.
Si algo revela la profundidad de la crisis que atraviesa EEUU, son los comentarios sobre la actitud de Rittenhouse. Hubo mucho apoyo explícito a su fervor patriótico e incluso desde las redes se desempolvaron supuestos prontuarios de las víctimas de su ataque.
Las dos caras de esa moneda está representada por los presentadores de televisión, Ticker Carlson de Fox News y Trevor Noah en el canal Comedy Central. Dijo Carlson, «¿Cuán sorprendidos estamos de que jóvenes de 17 años con rifles decidieran que tenían que mantener el orden cuando nadie más lo haría?»
“Cuando una persona va a una ciudad con armas espera disparar contra alguien. Esa es la única razón por la que la gente como él se une a estas pandillas (…) Esta no es la batalla de Yorktown, es un grupo de tipos que amenazan a la gente con armas», replicó Noah.
497 ACCIONES VIOLENTAS
realizadas por grupos de milicias armadas contra manifestaciones antirracistas este año, según el especialista Alexander Reid Ross.
SUEÑO
El viernes se cumplió el 57 aniversario del célebre discurso «Yo tengo un sueño», de Martin Luther King, en favor de los derechos de los negros. “No son manifestantes, son anarquistas, son agitadores, son alborotadores, son saqueadores», chicaneó Donald Trump.
Cuando habla Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos enseguida se le saca la ficha de argentina, por el fuerte acento porteño. Sin embargo la marquesa de Casa Fuerte nació en Madrid. Eso sí, vivió entre los 7 y los 18 años en Buenos Aires, donde estudió en el exclusivo Northlands School, de Olivos. Egresada luego de Oxford con el título de historiadora, se casó con un descendiente del mecenas del mítico arquitecto catalán Antonio Gaudí, Joaquín Güell Ampuero, con quien tuvo dos hijas. Como se percibe por sus copiosos apellidos, ella misma es heredera del fundador de Mar del Plata. Si se piensa en alcurnia, no hay tantos políticos en España con estirpe semejante. Pero la sangre que le fluye por las venas no solo es azul, sino vehemente, y esta semana fue despedida sin miramiento del cargo de portavoz parlamentaria del Partido Popular. Su crítica a Juan Carlos I lo explica.
Cayetana, por lo demás, es una de las mentes más lucidas de la derecha española y una de las más encarnizadas enemigas políticas de Podemos. Diputada por Barcelona, desde que fue designada como la jefa de bancada del PP, hace un año, su voz tronó en las Cortes en debates con los representantes del partido de Pablo Iglesias, actual vicepresidente de gobierno.
Pablo Casado, el líder del PP, viene tratando de levantar la puntería del tradicional partido español tras la mala gestión de Mariano Rajoy, ante la aparición de Ciudadanos, en la centroderecha, y Vox, que arrea a los sectores franquistas.
La sorpresiva destitución fue anunciada en un tono diplomático: Casado agradeció los servicios prestados y deseó «que siga contribuyendo a este proyecto». Pero la marquesa no es de callarse la boca. Para ella, más allá de nimiedades, lo fundamental es que el PP “no parece entender la necesidad de desarrollar una batalla cultural” que reconstruya “los valores de la Ilustración”. En ese espacio, no entran los nacionalismos -sectores catalanistas, vascos o galleguistas- y mucho menos la izquierda populista de corte sudamericano de Unidas-Podemos, en La Moncloa desde que se conformó una alianza con Pedro Sánchez y el PSOE. “Se necesita un gobierno de concentración constitucionalista”, repite. “Pero el PSOE hizo una coalición ultra con un partido rabiosamente radical, otro que participó en un golpe de Estado y los herederos impenitentes de una organización terrorista”. Chicanea al partido catalán ERC y a los nacionalistas vascos que sustentan a Sánchez-Iglesias en el parlamento.Las diferencias entre Cayetana y Casado se ahondaban, en forma y contenido, pero la gota que rebalsó el vaso fue su declaración sobre la huida del emérito a raíz del escándalo Corina Larsen. “Su salida de España es un error y perjudicó al rey Felipe VI, que a lo largo de su reinado demostró siempre una actitud ejemplar, profesional y valiente”, dijo. Casado, en cambio, defendió al Borbón, y le atribuyó un rol determinante en la consolidación de la democracia española Las diferencias entre Cayetana y Casado se ahondaban, en forma y contenido, pero la gota que rebalsó el vaso fue su declaración sobre la huida del emérito a raíz del escándalo Corina Larsen. “Su salida de España es un error y perjudicó al rey Felipe VI, que a lo largo de su reinado demostró siempre una actitud ejemplar, profesional y valiente”, dijo. Casado, en cambio, defendió al Borbón, y le atribuyó un rol determinante en la consolidación de la democracia española.
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