Tanto Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, habían prometido que los argentinos iban a transitar los mejores 18 meses de sus vidas y que en agosto la inflación comenzaría en «cero coma algo». Pero en el medio, como decía un expresidente, «pasaron cosas». Dado que los astros no se alinearon con el Gobierno, ante una seguidilla de traspiés parlamentarios y la caída de su imagen, el presidente intentó una «jugada maestra» manoteando el reclamo soberano por las Islas Malvinas de la caja de herramientas de las causas nacionales, montado –como debe recordarse– en la famosa sábana en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el 15 de julio pasado.
El INDEC, con su medición controvertida y todo, dio para el mes que pasó un 1,7% de índice inflacionario, lo que elevó la autoestima presidencial al punto de pedir confianza porque «ahora hay con qué». Pero no pudo ocultar que las canastas que miden pobreza e indigencia, la Básica Alimentaria (CBA) y la Total (CBT), que afectan a los más perjudicados por el ajuste perpetuo y el cierre de empresas, treparon un 2,6%.
El mismo día que se conoció ese dato se confirmó que el presidente suspendió el viaje a Londres que había programado para fines de octubre. La intención de Milei era visitar Inglaterra para encabezar un encuentro con empresarios y ejecutivos en lo que se bautizó como «Londres Week». Era la ocasión para mostrar en uno de los centros financieros clave de occidente los beneficios de invertir en la Argentina libertaria. Pero las ínfulas nacionalistas descolocaron todo el escenario.
Para colmo, el anuncio de sanciones y el nuevo traje soberanista del primer mandatario no resultaron creíbles para la sociedad y el tema se fue esfumando muy pronto de los medios y las redes sociales. Por otro lado, se vio que las posibilidades de éxito en el reclamo dependían de Donald Trump y que en cuanto él arreglara las cuitas con el Gobierno británico cambiaría de tema.
Además, el apoyo explícito de controvertidos ministros del Gobierno israelí y del hijo de Benjamin Netanyahu tampoco es que ayuden mucho a la causa. Por si fuera poco, la amenaza de endurecer sanciones contra empresas que hagan negocios en las islas desnudó el entramado de firmas que, en algunos casos, ya habían sido sancionadas y de todas maneras fueron beneficiadas con el RIGI y, en otros casos, implicaban a capitales israelíes. Es decir, Malvinas es un nudo de intereses económicos y geopolíticos que poco y nada involucra a los argentinos de a pie, con lo que el discurso en cadena nacional del 3 de septiembre dejó en claro su impostura en menos de lo que canta un gallo.
Blindaje para todos En paralelo con Malvinas, otras causas recibieron un espaldarazo en estos frenéticos días. Se trata de procesos judiciales que desnudan los intereses que se mueven detrás del sistema de justicia argentino. Vayamos a la cronología, que por su precisión dice mucho de este mecanismo indecoroso.
El 28 de agosto, con votos de la bancada peronista en el Senado nacional, fue aprobado el pliego para completar la Sala I de la Cámara Federal porteña de Pablo Yadarola, uno de los jueces de aquel viaje subrepticio a la residencia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, en octubre de 2022. En esa excursión, fueron de la partida, junto con gente de la antigua Agencia Federal de Investigaciones, funcionarios porteños y directivos del grupo Clarín, Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y el entonces jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, que ahora es ministro de Justicia del Gobierno nacional.
Ushuaia. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, visitaron Tierra del Fuego, donde se reunieron con el gobernador Gustavo Melella, y la vice, Mónica Urquiza.
Foto: @gustavomelella
En su último día como juez en lo penal económico, Yadarola archivó el 2 de septiembre la causa abierta por el ingreso sin controles aduaneros de diez bultos en un avión privado del empresario Leonardo Scatturice, hombre ligado a los servicios y al trumpismo. Al otro día, juró el cargo junto con Pablo Bertuzzi, quien logró quedarse con el despacho al que había sido destinado «a dedo» durante la gestión de Mauricio Macri. Ese viernes, aunque sin la firma de Yadarola, el tribunal apartó de la investigación por la criptoestafa $Libra a los inversores afectados. Mucho trabajo tuvo ese día la Cámara, que confirmó el cierre del expediente por el préstamo irregular de 57.000 millones de dólares que otorgó el FMI a la Argentina en 2018. El dictamen tiene la firma de Bertuzzi y del otro magistrado, Mariano Llorens, este último un visitante frecuente de Macri en Olivos durante su presidencia. Con ese fallo salvaron su responsabilidad penal Luis Caputo y el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El lunes siguiente, Caputo zafaría de la causa por la emisión de un bono a 100 años y que en parte adquirió una firma con la que había tenido vínculos. El martes, la laboriosa Sala I sobreseyó a Mauricio Macri, al exjefe de la AFI Gustavo Arribas y a su segunda, Silvia Majdalani, de una denuncia por espionaje ilegal a políticos, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad en la previa a la cumbre del G20 de noviembre de 2018 en Buenos Aires.
¿Qué estará ocurriendo que la sociedad no percibe para que se cierren a las apuradas las causas que tienen entre sus imputados a personeros de las derechas más recalcitrantes?
Por otro lado, qué difícil resulta remar contra la corriente. Es lo que le ocurrió a la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de Lomas de Zamora. La mujer suspendió el lunes 7 la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil por 60 días. «No romantizo con los chicos que salen con un arma, lo que creo pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad», tuvo que salir a explicar Pascual ante el embate mediático que desató su decisión y las amenazas de juicio político. Lo que llama la atención es que entre las acusaciones contra la magistrada figuran que es una «jueza K». Delito imperdonable para algunos, que ella misma tuvo que salir a desmentir.
"Nunca fui, soy, ni seré kuka"
La jueza Marta Pascual aclaró que no tuvo "ningún sesgo ideológico" para suspender la Ley Penal Juvenil por 60 días en PBA y se definió como "garantista de la Constitución". pic.twitter.com/9dcVrEgShd
Hubo quienes, en sorna, señalaron que quizás el delito de Marta Pascual es no haber ido a jugar al fútbol a la quinta Los Abrojos o no haber viajado al paradisíaco lago del millonario empresario nacido en Londres hace 89 años y que, en 2024, se declaró culpable en Nueva York de haber utilizado información privilegiada para beneficiar a amigos en movimientos bursátiles y aceptó pagar 50 millones de dólares de multa.
Como sea, hasta podría argüirse que el apuro judicial puede tener relación con las perspectivas electorales que se avizoran para el modelo en curso en 2027, cuando es probable que ya no sea posible contar con la ayuda de Trump, si es derrotado en las elecciones de este año.
Por lo pronto, el peronismo dio una señal de unidad en un homenaje al fallecido líder cordobés José Manuel de la Sota en el que su hija Candelaria logró reunir a representantes de casi todos los espacios panperonistas en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema «Tomar la posta», incluidos los «cordobesistas» Martín Llaryora y Juan Schiaretti. ¿Será que todo tiene que ver con todo?
La Ciudad de Buenos Aires amaneció este 19 de marzo como tomada por fuerzas de ocupación. Las estaciones de trenes y subtes emitían mensajes intimidatorios del Gobierno nacional contra la marcha de los jubilados y las requisas en los accesos a la capital argentina y las amenazas de la ministra de Seguridad mostraron un operativo de represión más receloso que una semana antes. A tal punto que fueron colocados vallados en torno al Congreso, desplegados inhibidores de señal en puntos de encuentro de manifestantes y se prohibió la circulación de drones en los alrededores del palacio legislativo y la Casa Rosada. El Gobierno no quería que imágenes como las del ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco resultaran los íconos de una nueva jornada de protesta en la que, además, se jugaba la aprobación en la Cámara Baja del DNU que representa una carta blanca para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del que se desconocen los detalles, pero se descuenta que será oneroso para varias generaciones de argentinos.
El operativo tuvo tanto gusto a ofensiva represiva contra un creciente rechazo a las políticas oficiales que hasta un exfuncionario del PRO como Pablo Avelluto, exministro de Cultura de Mauricio Macri, se vio en la obligación de advertir sobre el rumbo de la Argentina de Javier Milei.
Un día antes, una cumbre de capitostes del Gobierno se llevó a cabo para delinear los pormenores del operativo. Fueron de la partida Patricia Bullrich, lo que revela que lo ocurrido la semana anterior tuvo consecuencias pese a la reivindicación oficial, el ministro sin cartera Santiago Caputo, los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –Sergio Neiffert y su segundo, Diego Kravetz– junto con los titulares de las Secretarías de Justicia y Transporte. Caputo, el hombre gris del Gobierno, había posteado en su cuenta de X personal –se sabe que tiene varias con nombres ficticios, además de manejar un batallón de trols para «difundir» el apoyo a Milei– mensajes preocupantes para los que creen en los valores de la democracia y el respeto por los derechos civiles.
«El socialismo no se discute, se erradica. La casta no se reforma, se destruye. Los enemigos del progreso no se convencen, se eliminan. Y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca», anotó, desafiante.
El socialismo no se discute, se erradica. La casta no se reforma, se destruye. Los enemigos del progreso no se convencen, se eliminan. Y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca.
Pueden entenderse como bravuconadas para atemorizar ante lo que se avizoraba como una marcha multitudinaria tras el rechazo que provocó la brutal represión del 12-M. En esa línea se mostró la presencia de miembros de la SIDE en tareas para las que la ley no los autoriza. La propia Bullrich se encargó de postear sus mensajes pretendidamente intimidatorios al tiempo que ofreció una recompensa para quienes denuncien a supuestos «violentos». Cómo sería el clima que los medios de comunicación proveyeron de cascos y máscaras antigases a los periodistas que cubrían la protesta.
Marcha o violencia: no es lo mismo.
Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán. pic.twitter.com/GpUNe2RvJp
Adentro del Congreso, mientras tanto, se expresaba otra imagen del deterioro en que las instituciones fueron cayendo y que legisladores de este Gobierno no hicieron sino profundizar. Comenzó la votación para la aprobación del DNU 179/25 con recriminaciones por un audio que se filtró del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, llamando a los diputados libertarios a tener una sesión «nada pacífica» con tal de lograr la aprobación del misterioso texto.
Miércoles. La manifestación de cada semana de los jubilados frente al Congreso.
Foto: NA
Hoy como ayer Las diferencias que se traslucen entre el puñado de legisladores oficialistas son tan marcadas que se repitieron escenas de comedia vergonzantes como las de los diputados que la semana pasada se habían enfrentado a trompis ahora amigados y hasta con la oferta de un «pico» de Lisandro Almirón a Oscar Zago y su voto para la presidencia de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Hubo otro choque de la diputada de LLA Marcela Pagano contra el titular de la Cámara, Martín Menem, quien habrá que reconocer que aprendió muy rápido las peores bribonadas de la «casta» parlamentaria. Pagano, de paso, confirmó que los famosos audios eran reales y culpó a Menem por ignorar su nombramiento como presidenta de la Comisión de Juicio Político.
La sesión trató la autorización al Ejecutivo para contraer nuevo endeudamiento con el FMI, en consonancia con el crédito de 2018 que «consiguieron» los mismos personajes ahora estrellas de esta gestión, Luis «Toto» Caputo a la cabeza, con los mismos condimentos de tantas crisis anteriores en el país: fin abrupto de la bicicleta financiera, evaporación de las reservas y riesgo de una crisis terminal de régimen.
Por lo pronto, los senadores de Unión por la Patria avisaron que «firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina (por la Ley Guzmán), no solo acarreará su absoluta nulidad, sino que como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado Argentino».
Un primer análisis podría decir que al igual que hace siete años, el Gobierno acude al Fondo para ir a las próximas elecciones legislativas en mejores condiciones. Como se dijo entonces, que el organismo financie en cierto modo la campaña electoral del oficialismo a costillas de toda la sociedad. La cuestión es si el FMI aceptaría un nuevo crédito fuera de las reglamentaciones internas que pusieron en el candelero al staff en aquella ocasión y con tanta flojedad de papeles en el deudor.
El Gobierno, a todo esto, logró un triunfo pírrico: el enigmático acuerdo recibió el apoyo de 129 «defensores de la República», entre ellos el bloque de la Coalición Cívica –referenciado en Elisa Carrió–, los «radicales con peluca», el «apoyo crítico» de Miguel Pichetto y los suyos y, por supuesto, el PRO en pleno. Se opusieron Unión por la Patria y la izquierda y hubo 13 ausencias. Luego, la sesión quedó sin quorum para tratar la prórroga de la moratoria previsional.
El colofón de una jornada de tensión extrema fue que la marcha se registró sin mayores incidentes, aunque con las limitaciones que impuso el desmesurado operativo que, en aras de aplicar el protocolo que impide el corte de calles… cortó buena parte del macrocentro porteño, y quedó flotando la pregunta de quién realmente organizó este operativo y cómo quedará parada la ministra de Seguridad. Hubo, sí, varias escamaruzas cuando los manifestantes detectaron a infiltrados, que fueron corridos oportunamente, y alguna que otra provocación de parte de efectivos policiales. Pero nadie osó tocar las piedras que sospechosamente colmaban los volquetes dispuestos al azar en la zona.
Quedó, a todo esto, una imagen simbólica de esta jornada tan particular, cuando un policía quitó por arriba de un vallado la bandera argentina que portaba un manifestante y la arrojó despectivamente al piso. Una flagrante violación al artículo 222 del Código Penal, que castiga con prisión de uno a cuatro años a quien «públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina». Quizás, a su modo, fue la expresión de lo que 129 diputados habían hecho dentro del recinto.
Vallas donde vayas. Un megaoperativo intimidatorio rodeó la plaza y las calles adyacentes.
El gobernador bonaerense es como la contracara del presidente de la nación: es también economista, de la misma generación, con gestión en el territorio más poblado y que aporta la mayor porción provincial al PBI del país, pero está ubicado exactamente en la vereda de enfrente ideológicamente. Eso podría explicar las continuas arremetidas de Javier Milei contra Axel Kicillof. Los ataques más recientes centrados en la inseguridad, que lo llevaron a amenazar con una intervención federal, sin embargo, indican una estrategia que intenta desviar la atención sobre el escándalo de la criptomoneda.
Pero este y otros atajos para cambiar de tema en la agenda pública, lejos de haber logrado ese objetivo, siguieron profundizando un lento pero persistente abismo entre grandes sectores de la sociedad que lo apoyaron en el balotaje de noviembre de 2023 –quizás con un broche en la nariz–, pero ahora perciben el riesgo que corren las instituciones y, de arrastre, el futuro del país, según indican varias encuestas. En un escenario en que la situación del ciudadano común se deteriora de modo sostenido por una baja inflacionaria que resulta ilusoria ante el desempleo y los escuálidos incrementos salariales, al tiempo que desde la Casa Rosada se sigue tensando la cuerda, pretendiendo gobernar por decreto, algunas de las últimas medidas –que bien parecen desesperadas– conducen a una deriva impredecible.
Una de las urgencias del plan económico vigente es cómo conseguir fondos frescos para sostener el tipo de cambio, pilar de las cifras que registra el INDEC. El FMI, según traslucen medios de toda laya, se muestra remiso a abrir sus faltriqueras sin una devaluación, palabra prohibida en el vademécum oficial. Por eso el Gobierno no piensa debatir en el Congreso Nacional un nuevo acuerdo y se apuró a presentar un DNU para la aprobación de un acuerdo que no existe ni se conoce.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 6, 2025
El relato mileísta original sostenía que había inversores privados que estaban dispuestos hacer del país una nueva Roma. Pero nada quedó de aquella promesa electoral de 30.000 millones de dólares de financistas internacionales para dolarizar la economía nacional de un plumazo. Ni qué decir de levantar las restricciones cambiarias. Tampoco muestran mucho dinamismo quienes se podrían beneficiar con la ley RIGI. Porque básicamente se trata de inversiones en sectores de la economía real, que necesitan reglas claras y a largo plazo. Eso que llaman seguridad y previsibilidad jurídica. La ley 27.742 garantiza «intocabilidad» de 30 años, pero un Gobierno que designa jueces en la Corte por decreto habilita a que un sucesor haga lo mismo en el futuro, cambie las reglas y deje a todos pedaleando en el aire. Por otro lado, la experiencia de $LIBRA es demoledora.
¿La nominación in extremis de Manuel García-Mansilla fue solo otra forma de desviar la atención o un modo de querer correr con la vaina a una oposición que no mostraba su acuerdo legislativo con la propuesta del Gobierno? Porque aquí se plantea un problema. Ariel Lijo también había sido designado por DNU, pero no quiso renunciar al juzgado federal que tiene a su cargo desde 2004. ¿No quería quedarse sin el pan y sin la torta? La Corte rechazó la jugarreta por 3 votos a 1, pero el dato sería que si ni siquiera un peso pesado de Comodoro Py cree que lo suyo puede durar, ¿qué pueden esperar los que quieran concretar emprendimientos de alto vuelo?
Enemigos en fila Hubo un reciente cruce del presidente con uno de los periodistas más seguidos por el establishment, Carlos Pagni, quien en su programa Odisea Argentina deslizó que la luna de miel con la ciudadanía se terminó para Milei luego de dos errores no provocados, uno su discurso en el Foro de Davos, el otro el Criptogate.
Dado que Pagni también mencionó la palabra prohibida (devaluación), el titular del Ejecutivo se creyó obligado a responder con su habitual tosquedad.
OPERADORES DE LA DEVA Sinceramente me repugnan de modo superlativo todos esos periodistas operadores que se quejan de los salarios en dólares diciendo que eso golpea negativamente sobre la competitividad. A esas basuras les pregunto ¿cómo hacen países como EEUU, Alemania,… https://t.co/TqiMJH6jX5
Con Kicillof los encontronazos continuaron luego de que el gobernador bonaerense diera su propio discurso de apertura de sesiones en la legislatura bonaerense. «Parece irreal, pero el presidente de la nación amenazó con intervenir la provincia y pretendió echar al gobernador por redes sociales. Tal como ocurrió con la criptomoneda, ahora dice que no quiso decir eso», señaló Kicillof, que gracias a Milei se posiciona para liderar el espacio de la oposición y recibió en esta ocasión el apoyo de espacios alineados con Cristina Fernández y hasta del propio Sergio Massa, que se mostró en las redes luego de meses de ostracismo.
Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarla para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística.
La embestida contra el columnista de La Nación, en cambio, ocurrió unos días después de la fallida entrevista de Milei con Jonathan Viale, en donde quedó en evidencia el modo en que algunos comunicadores se adecuan a las necesidades presidenciales. Ese día también fue palpable el rol que cumple el ministro sin cartera Santiago Caputo. El funcionario ad hoc se volvió a destacar el 1º de marzo cuando amenazó al diputado radical Facundo Manes. El hecho fue viralizado rápidamente y pronto desplazó del ranking al propio discurso. Otra señal de que las mieles no duran para siempre, en un lugar en que los libertarios habían tenido preminencia desde mucho antes de las elecciones de 2023.
La respuesta del jefe de Estado, realizada en una entrevista con otro de sus comunicadores cercanos, Luis Majul, fue fustigar a la periodista que estaba reporteando al legislador cuando Santiago Caputo lo agredió, como se vio en grabaciones desde todos los ángulos. «(Manes) dijo que fueron dos trompadas, pero fueron dos palmaditas en el pecho. No me sorprende porque lo impulsó una periodista del Grupo Clarín, que me la tiene jurada». Habrá que decir que la cronista Jazmín Bullorini hizo su trabajo profesional, estaba en el lugar correcto en el momento indicado, algo para destacar.
No menos cierto es que el multimedios es un problema para la democracia argentina, algo que debieron reconocer a su turno Raúl Alfonsín, Carlos Menem y los Gobiernos kirchneristas. Ahora es Milei el que se enfrenta al grupo que a través de una de sus empresas compró el paquete accionario de Telefónica de Argentina, convirtiéndose de hecho en un cuasi monopolio.
CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA
Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo…
Insólito cruce de caminos entre un presidente que ya desbordó los límites institucionales y un grupo empresario que está acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo. Entre un presidente que hasta no hace tanto destacaba el valor de los monopolios como muestra de eficiencia empresarial y un holding que ya no tiene el núcleo de sus negocios en el periodismo, aunque le pueda ser útil como ariete.
La idea de que la disolución de la Unión Soviética fue una catástrofe para el espacio socialista pero también para Estados Unidos no es nueva. Analistas de fuste como el francés Tierry Meissan sostienen que incluso la falta de un enemigo enfrente, como era el bloque comunista, dejó a Occidente sin un incentivo para sostener su unidad. Y en el caso estadounidense, dejó –entienden– a la principal potencia planetaria en riesgo de una guerra civil porque su cohesión interna estaba amalgamada en torno a un objetivo al que finalmente llegó sin la guerra con la que soñaban sus estrategas. La realidad de EE.UU. de estos últimos años da ejemplos en favor de esa tesis, lo que explicaría el rol que intenta cumplir Donald Trump en esta particular trama.
No es novedoso tampoco sostener que el presidente argentino adhirió a esas estrategias extremas para cimentar su imagen política en un contexto como el de la crisis económica que asolaba al país. Y desde el 10-D de 2023 busca consolidarla para aplicar sus políticas regresivas en modo «aturdimiento colectivo». En ese período, tanto él como funcionarios y adherentes del oficialismo, descargaron en forma recurrente agravios y descalificaciones hacia opositores políticos, sectores sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, entre muchos otros. Las agresiones manifestadas en la ciudad suiza el 23 de enero, sin embargo, generaron las masivas marchas del 1 de febrero en todo el país. No siempre es gratis agraviar.
El fuego y sus circunstancias Todo el debate generado en torno a esa alta dosis de ira del jefe de Estado fue en paralelo al avance de las llamas en la cordillera patagónica. En esta instancia, el Gobierno nacional –con el inestimable aporte de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Alberto Weretilnek, de Río Negro– tiraron la pelota afuera para no hurgar en las responsabilidades del desastre ambiental, social y económico que se extiende desde San Carlos de Bariloche hasta El Bolsón y Epuyén. Al igual que el «seguidismo» característico de Milei sobre Trump –como el anuncio de retiro de organizaciones internacionales como la OMS o la Comisión de Derechos Humanos la ONU–, la Casa Rosada buscó culpables antes que soluciones. Así había hecho días antes el magnate inmobiliario, culpando a los demócratas por los incendios en Los Angeles.
En esta parte del continente se apunta a los mismos que en su anterior paso por el Ministerio de Seguridad había designado Patricia Bullrich: las comunidades mapuche. Un enemigo más fácil de reconocer y un pueblo que desde la recuperación de la democracia venía logrando mínimas, aunque importantes, reivindicaciones territoriales y culturales. Como se recordará, en enero de 2016 Bullrich comenzó a hablar de una organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y los medios nacionales señalaron a Facundo Jones Huala como su «violento» líder.
Desde entonces la RAM estuvo a mano para caratular cualquier incidente en esas regiones, donde el que aparece como dueño y señor de voluntades y fuerzas de choque es el inglés Joe Lewis, quien en abril pasado fue condenado en Nueva York a tres años de libertad condicional y el pago de 5 millones de dólares de multa tras haberse declarado culpable del uso de información confidencial para hacer negocios bursátiles. La RAM y Jones Huala volvieron a la escena en esta nueva etapa, con una detención del lonko mapuche de menos de 24 horas, el 19 de enero, tras haber sido acusado de intento de robo de un auto, que no pudo probarse ante la fiscalía.
A medida que los incendios se extendían, ni Torres ni Weretilnek hablaban de cómo frenar el infierno, ni de si se debía a cuestiones climáticas, falta de previsión o la necedad de algún turista o, como finalmente se demostró, a un hecho intencional.
EL BOLSÓN: ESTAMOS ANTE UN HECHO INTENCIONAL Y DELICTIVO
La Policía de Río Negro, el Fiscal de Turno y peritos accedieron a los puntos donde comenzó el fuego. En uno de ellos se encontró una botella de vidrio, que será peritada para determinar su vinculación con el incendio.… pic.twitter.com/yBExy5qaDR
LOS DELINCUENTES QUE INCENDIAN NUESTRA CORDILLERA VAN A TERMINAR TODOS PRESOS
Hoy, después de estar en Epuyén acompañando a las familias damnificadas por el incendio, estuvimos presentes en un nuevo foco ígneo que estaba siendo rápidamente apagado por los Bomberos, luego de que,… pic.twitter.com/xAej0wstT2
No le pusieron nombre a los supuestos autores, pero a los pocos días se registraron incidentes en la comisaría de El Bolsón cuando un grupo de pobladores fueron a reclamar por la detención de tres brigadistas y fueron apaleados por parapoliciales a caballo. El intendente de esa ciudad de la Comarca Andina, Bruno Pogliano, dio la vuelta de tuerca que faltaba al hablar de terrorismo.
Bullrich, a todo esto, anunciaba que el Gobierno nacional declarará a RAM como organización terrorista. Fue el mismo día que la cartera a su cargo pasó de ser Ministerio de Seguridad de la Nación a Ministerio de Seguridad Nacional. «No es solo un cambio de nombre, es una transformación profunda en la forma de entender la seguridad en nuestro país». Posteó en sus redes la funcionaria, para afirmar luego que la prioridad «será la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo».
EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN AHORA ES EL MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL: UNA NUEVA ERA CONTRA EL CRIMEN
Argentina tiene, por primera vez, un Ministerio de Seguridad Nacional. No es solo un cambio de nombre, es una transformación profunda en la forma de entender la…
Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de George W. Bush desplegó una guerra global contra el terrorismo, amparado en la llamada ley USA Patriot (rebuscado acrónimo en inglés por «Ley para Unir y Fortalecer a Estados Unidos Proveyendo las Herramientas Apropiadas Requeridas para Impedir y Obstaculizar el Terrorismo»), muy criticada porque otorga poderes especiales al Gobierno federal para realizar escuchas telefónicas y vigilar las comunicaciones electrónicas, entre otras cuestiones.
Nunca hubo consenso sobre qué debe entenderse como terrorismo porque algunas de las definiciones les cabrían a acciones que suelen cometer las grandes potencias. El proyecto de Milei-Bullrich también recurre a un enemigo al que acusar de promover el terror. Puede ser el kirchnerismo, el radicalismo, la comunidad LGTBQI+, el socialismo-comunismo… o los mapuches por los incendios en el sur.
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