Estados Unidos se despide de Afganistán con el ataque a un objetivo del grupo yihadista ISIS-K a días de terminar la evacuación desde el aeropuerto de Kabul, de lo que queda del personal que colaboró con la ocupación. Mientras tanto, en Bagdad. el presidente Emmmanuel Macron sellaba una alianza con el primer ministro iraquí, Mistafa al Kazimi, para lo que aspira sea un renacimiento del sueño imperial francés en esa región del mundo tras la huida estadounidense.
Un mensaje en Telegram se adjudicó a nombre de Estado Islámico de Khorasan (ISIS-K) el atentado del jueves en las inmediaciones del aeropuerto de la capital afgana que causó alrededor de 90 de muertos y más de 160 heridos. Desde entonces, ese movimiento fanático aparece como el gran competidor y enemigo interno de los talibanes en ese país. Con lo cual, para medios y dirigentes occidentales, la caída de Kabul se convierte en el regreso de un horror que los biempensantes deberían combatir.
Según un conocedor de los grupos yihadistas como el italiano Antonio Giustozzi, investigador del King’s College de Londres y autor de Estado Islámico en Khorasan, publicado en 2018, ISIS-K nace en esa región de Afganistán, Pakistán, Irán e India cerca de 2014. Giustozzi, habitual fuente de consulta de medios europeos a estas horas, dice que la “sucursal” de ISIS es aun más extremista que los talibanes en cuanto a la imposición de las leyes islámicas. Que recibieron financiamiento y recursos externos, y que en el camino fueron sumando talibanes descontentos con las cúpulas locales.
Otro que sabe, el francés Thierry Meyssan, creador de la Red Voltaire, sostiene que ISIS, al igual que Al-Qaeda, “son engendros de la CIA” y recibieron no solo dinero sino armas y entrenamiento de británicos y estadounidenses. La tesis ISIS=CIA se puede fundamentar en que tras la llegada de Donald Trump al poder, en 2017, cesaron milagrosamente los demenciales asesinatos yihadistas a que nos tenían acostumbrados y desapareció su amenaza en el llamado Medio Oriente Extendido. Trump fue el primero en negociar esta salida con los talibanes, además.
Cómo no interpretar que el ataque del jueves, a pesar de que murieron también 18 efectivos militares de EE UU –¿daños colaterales?–, es una buena noticia para la Casa Blanca de cara al futuro regional. Qué mejor que marcar la cancha a los talibanes con un grupo tanto o más fanatizado que ellos, con similar poder de fuego y capacidad destructiva, que alcanza visibilidad con los demócratas de nuevo en el Salón Oval.
Otra forma de disciplinamiento interno –esboza el brasileño Pepe Escobar desde las páginas de Asia Times– consiste en el ahogo financiero, algo en lo que la Casa Blanca tiene mucha experiencia. Los casos más conocidos son el bloqueo a Cuba desde hace 60 años y más recientemente a Venezuela. Así, mientras no queda claro quién estará al frente del Poder Ejecutivo en Afganistán, Washington congeló 9500 millones de dólares en reservas del Banco Central afgano y el FMI hizo lo propio con 460 millones del programa de ayuda Covid-19. Otro símil: Fulgencio Batista huyó de Cuba en 1959 con valijas cargadas con varios cientos de millones de dólares; el presidente Ashraf Ghani se escapó con 169 millones.
El escenario, para los talibanes, no pinta fácil, como se ve. A la falta de efectivo tendrán que agregarle que los países con los que necesitan arreglar para poder ejercer el liderazgo necesitan garantías y van a intentar imponer condiciones. Tanto para Pakistán como India y China, de que no buscarán extender una revolución islámica a las poblaciones de fe musulmana dentro de sus propios territorios. A Rusia, de que hará lo posible para olvidar viejos rencores de la invasión de 1979. Con Irán e Irak también tendrán que establecer acuerdos que no aviven las diferencias entre sunníes y chiítas.
Pero lo más complicado será puertas adentro. Afganistán, es un territorio diseñado en tiempos del Imperio Británico con el propósito de separar a pueblos afines bajo distintas administraciones con el principio romano de “divide y reinarás”. Dentro de los límites fronterizos afganos conviven 25 etnias –la más numerosa es la pastún, a la que pertenecen los talibanes– que, a su vez, tienen más fidelidad y sentido de pertenencia con la familia o los clanes que con la idea de una nación.
Si la invasión pretendía establecer las bases para crear un país al que los habitantes sientan como propio, ahí radicó el gran error de la Otan y el Pentágono. Confiaron en estrenar y armar a un ejército y una clase dominante con ciertas líneas de democracia occidental. Pero crearon un monstruo político corrupto y en cuanto todos notaron que se querían sacar la papa caliente de encima, todo volvió a la “normalidad”.
Los talibanes regresaron sin disparar un tiro. Si su avance era indetenible es porque nadie quiso detenerlos. Una anécdota que cuenta David Zucchino en The New York Times resulta ilustrativa: a principios de mayo un comandante talibán llamó a Muhammad Jallal, líder de la provincia norteña de Baglán. “Si no se rinden los vamos a matar”, dice que le dijeron. Todos dejaron las armas bien acomodadas al costado del camino. Joe Biden se dio cuenta, tardíamente. “Los estadounidenses no pueden ni deben luchar o morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar”. «
El negocio del escape
Erik Prince sabe ganar dinero en cualquier circunstancia. Creador de una empresa “contratista” del Pentágono que se hizo famosa como Blackwater y ahora se llama Academi –proveedora de mercenarios, básicamente– este exteniente de navío retirado tiene un ejército privado de unos 40 mil efectivos desperdigados en varios países.
Hacen normalmente el trabajo sucio que las tropas regulares no pueden y además tienen la ventaja de que si mueren, la sociedad no va a llorar ante las bolsas negras con sus restos como si fueran reclutas.
Sus esbirros resultaron acusados de crímenes de guerra en Irak pero él sigue elucubrando la manera de acrecentar su fortuna sin medir consecuencias.
El último negocio que se le ocurrió fue ofrecer una salida segura para todos los que quieren huir de los talibanes. Por la módica suma de 6500 dólares, el asiento en un avión privado. Nadie apostaría que cuando se vaya el último soldado invasor también se vayan sus mercenarios. Siempre pueden resultar útiles en tiempos caóticos.
Los únicos héroes en este lio de la invasión a Afganistán pagaron el precio más caro por sacar a la luz quiénes cometían los crímenes más horrendos en esa parte del mundo. Émulos de Daniel Ellsberg, Julian Assange y Chelsea Manning padecieron en carne propia el castigo que los poderes reservan para quienes desafían al sistema con el arma que más temen: las pruebas de la infamia.
Ellsberg, analista de la Rand Corporation, fue el que en 1971 entregó unos 7000 archivos fotocopiados a mano en la clandestinidad -los Pentagon Papers- a los diarios The New York Times y Washington Post que mostraban que la guerra de Vietnam se había construido sobre mentiras y, además, que los líderes políticos sabían que no podía ser ganada. Fue el principio del fin de una aventura militar que costó la vida de no menos de 5 millones de personas, entre ellos quizás 60 mil soldados estadounidenses, pero sobre todo civiles masacrados de la manera más espantosa.
En 2001, el gobierno de George W. Bush, montado en otras mentiras, decidió la invasión de Afganistán y dos años más tarde, Irak. Y acá entra en juego el experto informático australiano que creó WikiLeaks, sitio donde se puede enviar información veraz sobre actos de los gobiernos a espaldas de la ciudadanía mediante una plataforma encriptada que resguarda la identidad del “whistleblower”, como se denomina en inglés al “filtrador”.
Su bautismo de fuego fue en abril de 2010, con el video de un ataque con helicópteros en Bagdad de julio de 2007 que muestra a los tripulantes disparando sobre un grupo de personas que huían despavoridas por unas callejuelas. Pero no era un juego online, entre las víctimas había diez seres humanos, entre ellos un colaborador de la agencia de noticias Reuters.
En julio de ese mismo año, tras un acuerdo con los periódicos The Guardian, del Reino Unido, Der Spiegel de Alemania y The New York Times, aparecieron 92.000 archivos de la invasión de Afganistán que databan del quinquenio 2004-2009. El impacto fue mayúsculo, porque recordaba al caso de Ellsberg y auspiciaba una respuesta trascendente de Barack Obama, que había ganado la presidencia y el premio Nobel de la Paz meses antes por su promesa de terminar con las ocupaciones de Irak y Afganistán.
Sin embargo, la Casa Blanca se comportó de un modo bien diferente. El secretario de Defensa, Robert Gates, ordenó una investigación para encontrar al responsable de la filtración. Y no tardaron en llegar a una analista de inteligencia trans destinada en Irak, ahora Chelsea Manning. Fue detenida e incomunicada en las condiciones más ásperas por el gobierno y Obama afrontó críticas y cuestionamientos de los sectores progresistas que habían hecho campaña por él.
Condenada a 35 años de prisión por violar la Ley de Espionaje, siempre dijo que lo había hecho porque el material que pasaba por sus manos mostraba atrocidades inaceptables para su conciencia cometidas por soldados de su nación. Y que además, confió en que con Obama otros tiempos soplarían en Estados Unidos.
Assange, en tanto, fue sacado de circulación primero con una denuncia de violación presentada por dos jóvenes en Suecia y con campañas de desprestigio. Asilado en la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012 por el gobierno de Rafael Correa, Lenin Moreno -violando toda la tradición diplomática internacional- dejó que la policía británica se lo llevara detenido en abril de 2019. Desde entonces permanece alojado en condiciones inhumanas en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh a la espera de que la justicia rechace el pedido de extradición de Washington, donde no le espera un juicio justo.
El año pasado Mannig se negó a declarar en contra de Assange en una audiencia sobre la que sobrevolaba la amenaza de regresarla a la cárcel. Ahora desarrolló un programa de criptografía, contratada por el matemático Harry Halpin. La startup Nym utiliza la tecnología blockchain de las criptomonedas y protege el envío de datos en la red de redes. Como pretende Manning, da garantías a los whistlebolwers de no ser detectados por los organismos de seguridad oficiales. Los diarios que publicaron los archivos de Afganistán siguen su vida sin preocuparse de persecuciones ni amenazas de castigos.
Baltasar Garzón promete volver al ruedo luego del aval que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas a su actuación en la justicia española. El magistrado tuvo su hora de fama en los medios hegemónicos, allá por los últimos años del siglo XX, cuando ordenó la detención de Augusto Pinochet por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura chilena entre 1973 y 1990 y por abrir cargos contra genocidas argentinos por aquello de la jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad.
Era un adalid de los derechos humanos venerado por sus connacionales hasta que tuvo el “mal tino” de pretender juzgar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Ya venía incomodando con su pretensión de procesar a líderes políticos inmersos en escandalosos casos de corrupción dentro en la península. Pero lo de remover el pasado español fue la gota que rebasó el vaso. Y en mayo de 2010 el “pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial”, algo así como el Consejo de la Magistratura, lo suspendió cautelarmente de sus funciones en el Juzgado Nº5 de la Audiencia Nacional que ocupaba desde 1988.
En febrero de 2012, cuando ya no ocupaba cargo alguno y le iban sumando “justificaciones” para su expulsión del poder judicial español, Garzón fue condenado por el delito de prevaricación en la instrucción de la causa “Gürtel”, una trama de coimas que involucró a los máximos dirigentes del Partido Popular. La sentencia incluyó la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 11 años. Desde entonces, Garzón tomó -si se quiere con más libertad- la defensa de causas que incomodaron a varios gobiernos.
Fue asesor del Tribunal Penal Internacional, abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y también fue consejero en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Cristina Fernández. Renunció en enero de 2016.
Su caso despertó adhesiones internacionales y finalmente ese organismo de la ONU, que por lo que se ve, se tomó su tiempo, dictaminó este jueves que los procesos abiertos en su contra” por los casos Franquismo y Gürtel fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial”. En documento de la ONU agrega que “España tiene ahora la obligación de hacer una reparación integral por los derechos que me han sido violentados”. Eso incluye “reponerlo en su cargo y en su categoría de magistrado, borrar sus antecedentes penales y proporcionarle una compensación adecuada al daño sufrido”. La pelota ahora está en el Poder judicial de la Madre Patria.
La fallida frase de Alberto Fernández acerca de que los indios brasileños vienen de la selva, que causó un repudio generalizado y hasta las burlas del presidente Jair Bolsonaro, podría sin embargo resultar un buen argumento en la causa que el Supremo Tribunal Federal debe resolver en las próximas horas sobre la propiedad de territorios ancestrales de las comunidades originarias.
La cuestión de fondo que tiene entre manos la corte brasileña trata de los derechos de los indígenas a ocupar y preservar sus tierras, tal como les asegura la Constitución de 1988. La Carta Magna buscaba, en los albores de la democracia, ponerle un límite a la ambición de los grandes capitales por desplazar a poblaciones que, como descendientes de pueblos que estaban asentados en esos lugares por infinidad de generaciones, no tienen documentación que acredite la propiedad. El argumento que los popes del agronegocio pusieron en discusión es que solo tienen derecho a las tierras que estaban ocupadas cuando se puso en vigencia esa Constitución.
Los defensores legales de los aborígenes sostienen que la normativa no prevé eso que denominan “marco temporal” y que muchas de esas comunidades habían sido desplazadas a lo largo de la historia de Brasil y, sobre todo, durante la dictadura militar (1964-1985).
“Todo Brasil es tierra indígena. Nunca salimos de esta tierra, siempre estuvimos aquí”, dijo a la agencia AFP Tai Kariri, líder de 28 años del pueblo que tiene ese nombre del estado de Paraiba, al noroeste del país.
Bolsonaro, que se llegó a fotografiar para las redes con algunos representantes indígenas para hacer pullas a Fernández, es un firme partidario de no reconocer territorios previos y alertó que si el STF rechaza la interpretación del marco temporal favorable a los habitantes originarios, “se puede desatar un caos”. Incluso a través de la Abogacía General de la Unión presentó un petitorioi ante el STF para que prohíba los actos que se desarrollan en Brasilia.
Miles de miembros de unas 170 comunidades originarias marcharon hacia la capital del país y se asentaron en la explanada de la Plaza de los Tres Poderes, una extensa superficie que da a los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte.
El Grupo Prerrogativas, un colectivo que lleva adelante las demandas indígenas, explicó que la tesis del “marco temporal” pretende que no puedan reclamar tierras que ocupaban antes de ese punto límite del 5 de octubre de 1988. “Esa tesis simplemente ignora que los pueblos fueron despojados de sus tierras por medio de la violencia o como consecuencia de la expansión rural o urbana”. Y hace un planteo que apunta señalar una interpretación maliciosa del texto aprobado hace 33 años. “¿Quedarían esos pueblos carentes de derechos en el contexto de una Constitución que reconoce igual dignidad a las personas de los diversos grupos formadores de la sociedad nacional?”.
Este razonamiento aduce que el artículo 231 de la Carta Magna elaborada luego de la dictadura, “reconoció a los indígenas los derechos originarios a las tierras que tradicionalmente ocupan. O sea que aseguró derechos que se remontan al período de la conquista, pero las tierras son las tradicionalmente ocupadas, esenciales para la conservación de la propia cultura”.
Todo este incidente nace del llamado Caso Raposa Serra do Sol, una reserva establecida como hogar de los makuxí, wapixana, ingarikó, taurepang y patamona, ubicada al norte del estado de Roraima, la más grande del país y con una superficie de 1.743.089 hectáreas.
EL proyecto se comenzó a implementar en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1993, pero no fue sino hasta 2005 que Lula la reconoció oficialmente.
Los productores arroceros, con el apoyo de las autoridades políticas locales, desataron una ola de violencia que provocó una treintena de muertos. El caso llegó al STF en 2009 y el fallo estableció que en ese lugar solamente podían vivir miembros de los pueblos originarios. El resto -mayormente arroceros- tuvo que irse. En 2013 otro dictamen de la corte validó los criterios de demarcación utilizados en el Territorio Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS).
Pero en diciembre de 2018 Bolsonaro promovió la explotación agroindustrial a la manera occidental y cristiana. “Es el área más rica del mundo. Usted tiene cómo explotarla de forma racional. Y del lado del indio, dando royalties e integrando al indio a la sociedad”, planteó esa vez a la salida de la inauguración de un colegio militar en Rio de Janeiro.
Con argumentos que por estas pampas también sonaban bastante en tiempos de Mauricio Macri pero solapadamente persisten, el general Augusto Heleno, un archienemigo de Lula, actualmente a cargo de la jefatura de Gabinete de Seguridad del presidente, se opuso a la legalización de 2005 y ahora está detrás de la expulsión de los indígenas. Alega que la famosa demarcación del TIRSS es un “primer paso para la creación de un estado autónomo” en la frontera norte de Brasil.
El STF tiene una papa caliente entre las manos pero el caso ya tiene antecedentes favorables a los pueblos originarios y además, los magistrados mantienen un enfrentamiento con el gobierno de Bolsonaro.
Comentarios recientes