por Alberto López Girondo | Mar 3, 2018 | Sin categoría
Los militares vuelven a ser protagonistas de la vida política de Brasil, convocados por Michel Temer como socios en su proyecto de reformas neoliberales urgentes, antes de que las elecciones de octubre puedan cambiar el eje de los debates políticos, y logre algún consenso para ser candidato. Esta militarización viene de la mano de jugosos créditos para que los 27 estados que componen el país más grande de América del Sur se sumen a este plan de control social. Para que no queden dudas de que esta es la línea rectora del gobierno asumido tras la destitución de Dilma Rousseff, el general Walter Braga Netto, nombrado interventor de la seguridad pública en Río de Janeiro, dijo que ese distrito «es un laboratorio para Brasil».
El 16 de febrero, Temer anunció la intervención de todas las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro como forma de combatir el crimen organizado. Braga Netto ocupará ese cargo hasta el 31 de diciembre, un día antes de que asuma el presidente que surja del proceso eleccionario que comienza en octubre. Tiene a su cargo a todos los uniformes oficiales que circulan por la región, desde la policía y los bomberos al servicio penitenciario, pero también los agentes de inteligencia cariocas. No hay antecedentes de semejante intervención militar en la historia democrática de Brasil.
El jueves, el presidente reunió a gobernadores y ministros para presentar un plan destinado, según señaló, a «reducir los índices de criminalidad». Temer ofreció créditos por un total de 40 mil millones de reales, unos 12.500 millones de dólares.
El proyecto contempla inversión en infraestructura para los organismos policiales y una más aceitada coordinación entre los diferentes estados. Una de las propuestas es la construcción de 30 nuevas cárceles, cinco de ellas federales.
Para el mandatario de facto, el objetivo primordial de su gestión es atender la «seguridad pública» que, arguyó, «se agravó enormemente en los últimos tiempos».
A la hora de dar alguna explicación sobre este incremento, dijo que con las dificultades financieras de los gobiernos estaduales «disminuyó la inversión en equipos para los cuerpos policiales». De allí que desde Brasilia, al mismo tiempo que se recortan presupuestos en educación y salud, se decidió abrir una línea de crédito blando para la represión.
Los datos que fueron apareciendo en estos días, sin embargo, no reflejan exactamente la visión que emanan las autoridades desde el Palacio del Planalto. Estadísticas del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado del Ministerio Público del estado de Río de Janeiro (Gaeco/MPRJ) indican que el 20% de los individuos denunciados por integrar alguna banda criminal es o ha sido miembro de alguna fuerza de seguridad. Por otro lado, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), sólo en enero agentes de la Policía Militar de ese estado mataron a 154 personas, un 57% más que el año pasado y la mayor cantidad en un mes desde hace 15 años, cuando el ISP comenzó su recopilación de datos de violencia policial.
El mismo día que Temer hacía los anuncios, en Bogotá un grupo de integrantes de organizaciones sociales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el crecimiento desenfrenado de asesinatos extrajudiciales en las villas de todo el país. «Hay una pena de muerte de manera no asumida en las favelas de las comunidades de Brasil, porque no hay sanción a los responsables de los asesinatos, lo cual es una situación alarmante y que configura una gran violación a los derechos humanos», dijo a la agencia Sputnik Débora da Silva, fundadora de Madres de Mayo, una entidad que reclama por los casi 500 homicidios registrados en mayo de 2006 en San Pablo en el marco de un levantamiento organizado por el grupo Primer Comando Capital, que reclamaba mejoras en el tratamiento a los presos en las cárceles.
Entrevistada para Brasil de Fato por Mariana Pitasse, Gizele Martins, residente de la favela Maré, dio un preciso panorama de lo que implicará la presencia de uniformados en los barios populares cariocas. «Sabemos que cuando ocurre una intervención como esa, las interrupciones en nuestras vidas pasan a ser diarias. Perdemos el derecho de ir y venir, y la violencia continúa. En 2016 (en ocasión de las olimpiadas) tuvimos personas asesinadas, nuestras casas invadidas y hasta casos de estupro en Maré. Vamos a sufrir todo de nuevo».
El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, de paso por Brasil, dio sustento a estos temores. «Ningún ejército puede garantizar la paz. Todos los ejércitos, cuando actúan, llevan violencia y muerte. Son guerreros, van para matar, para someter, no para construir la paz».
En octubre pasado, ante un pedido de la cúpula militar, Temer promulgó una ley que quita de los estrados judiciales ordinarios todo tipo de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad interna y los lleva a tribunales castrenses. Hace diez días, el titular de esa fuerza, el general Eduardo Vilas Boas, fue un poco más lejos y reclamó que en el futuro no existan comisiones de la Verdad que investiguen crímenes cometidos en el contexto de la intervención.
Como parte de su alianza con los militares, Temer reformuló su Gabinete y por primera vez desde la recuperación de las instituciones democráticas, en 1985, nombró al frente de ministerio de Defensa a un uniformado, el general Joaquim Silva e Luna. Lo propio hizo en Río el interventor Braga Netto, al designar como secretario de Seguridad del estado gobernado por Luiz Fernando Pezao al general Richard Fernandes Nunes. Temer también creó el cargo de Ministro de Seguridad Pública, para el que fue nombrado Raúl Jungmann, extitular de Defensa.
Para completar el regreso de los muertos vivos, el general Antonio Hamilton Mourão, que ocupaba la Secretaría de Economía y Finanzas del Comando de Ejército, se despidió del cargo con una ceremonia en la que rindió homenaje al coronel Carlos Brilhante Ustra, que murió en 2015. Fue el primer militar condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Había torturado personalmente, entre muchos otros, a la expresidenta Dilma Rousseff cuando estuvo detenida por formar parte de una organización guerrillera, en 1970. En el juicio en su contra dijo que estaba orgulloso de haber combatido «al terrorismo».
Disparen sobre el PT
La figura de Lula da Silva crece en las encuestas, mientras la derecha no encuentra a un candidato potable para enfrentarlo en los comicios que se avecinan. En este contexto, el martes podría haber novedades sobre la posibilidad de que sea detenido en la causa por la presunta compra irregular en un departamento (ver aparte).
Michel Temer está preocupado, y lo dijo claramente: «El problema de no ser candidato es que se puede transformar en un mito y como una figura mítica tal vez pueda hasta influir en las elecciones».
El Poder Judicial, en tanto, muestra que tiene recursos para bloquear hasta un posible reemplazante y el lunes pasado ordenó allanar la vivienda de Jaques Wagner, exgobernador de Bahía y jefe de Gabinete de Dilma Rousseff, por supuesto fraude en la construcción del estadio mundialista de San Salvador por parte de la empresa Odebrecht.
El juez Edson Fachin dio lugar este viernes a incluir a Temer en la causa por sobornos de Odebrecht, pero a él no lo allanaron.
Tiempo Argentino, 3 de Marzo de 2018
por Alberto López Girondo | Feb 24, 2018 | Sin categoría
Podría decirse que la batalla por la sucesión presidencial en Brasil comenzó en mayo del año pasado, cuando Lula da Silva declaró por primera vez frente al juez Sergio Moro, en una causa por corrupción. Tras el golpe institucional contra Dilma Rousseff y las medidas neoliberales de Michel Temer, no hay encuesta que no dé ganador al expresidente en primera vuelta. Ante la falta de candidato potable del establishment, la única salida para impedir el regreso del «populismo» sería a través de una decisión judicial que impida la postulación del exdirigente metalúrgico.
Hasta que, desde el entorno presidencial, sacaron una carta inesperada debajo de la manga que puede cambiar el escenario de aquí a octubre. Con la justificación del combate al crimen organizado, Temer ordenó la militarización de Río de Janeiro y su vocero, Alexander Parola, envalentonado con el impacto en la población ¨que vive inmersa en un clima de temor por su inseguridad¨ y por el apoyo legislativo que logró articular un mandatario que hasta hace poco tenía un 95% de rechazo, se animó a adelantar que podría postularse para ser elegido.
Aunque Temer descartó el viernes ser candidato, se elogió a sí mismo y calificó como «una jugada maestra» la intervención militar. Temer incluso fue más allá y reveló que entre sus asesores se evaluó una intervención total en el gobierno de Río de Janeiro, es decir, reemplazar incluso al gobernador Luiz Fernando Pezao: «En un primer momento se pensó en una intervención total, pero alejé esa idea. Sería una cosa muy radical y la rechacé. Concluimos apenas en intervenir en la seguridad pública».
El envío de Fuerzas Armadas a la segunda ciudad más poblada de ese país tiene un doble sentido. Por un lado, allí viene prendiendo el discurso ultraderechista de Jair Bolsonaro, un exmilitar que reivindica la dictadura y reivindica regularmente a los expertos en tortura del régimen.
Pero también es una forma de adelantar que no piensa quedarse de brazos cruzados ante la caravana que Lula comenzará el próximo martes por los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Parana. Y que seguramente implicará un respaldo masivo frente a las decisiones que deberá asumir la Corte Federal que lleva adelante su caso. Si a algo tiene miedo la derecha es a la gente en las calles.
Desde el fin de semana pasado, unos 3200 soldados recorren las favelas Vila Kennedy, Vila Aliança y Corea, en el oeste de Río de Janeiro, tres de los sitios donde se registran más hechos de violencia.
Al mismo tiempo que se ponía en marcha la ocupación militar, el gobierno anunció que retiraba el proyecto de ley previsional. Parte de la ardua negociación para que el Congreso le autorizara a la intervención fue dejar de lado la polémica reforma del sistema jubilatorio, un tema que en un año electoral resulta «piantavotos». En otro gesto para la tribuna, Temer anuló el viernes la designación de la diputada Cristiane Brasil como ministra de Trabajo para no involucrarse en una batalla judicial con el Tribunal Supremo (Corte Suprema), que impidió la asunción de la legisladora condenada por infringir normas laborales. El nombramiento de Brasil desató de inmediato una fuerte polémica, pues la diputada había sido procesada en 2016 por haber tenido dos choferes a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que había sido condenada a indemnizar a uno de ellos. Cualquier semejanza con su par argentino, Jorge Triaca, no es casualidad. En medio de la polémica, también surgieron sospechas de que la diputada, en la campaña que la llevó a obtener su escaño, en 2014, habría incurrido en diversas irregularidades de naturaleza electoral, y también una investigación por supuesta asociación al narcotráfico. Según investigaciones de la Fiscalía, está sospechada de haber pagado a narcotraficantes que dominan favelas de Río de Janeiro para que facilitaran sus actividades proselitistas en esas zonas, durante la misma campaña electoral.
Pero el recurso de saturar calles y favelas de uniformes tiene sus bemoles. Los estados de San Pablo, Minas Gerais y Espíritu Santo, fronterizos con Río de Janeiro, mostraron su preocupación y anunciaron que tomarán medidas ante el previsible éxodo de marginales, perseguidos en la excapital brasileña.
«No creo que la migración sea de un criminal saliendo de Río con su mochila, pero es posible que haya una migración de las modalidades criminales como el robo de cargas», declaró el secretario de Seguridad de Espíritu Santo al diario Folha de Sao Paulo.
Los militares tampoco están tranquilos con la función que ahora les encomendaron. Hay que decir que no es la primera vez que los sacan de los cuarteles para vigilar calles. Ya había ocurrido en tiempos de Dilma, para el Mundial de 2014, y también las Olimpiadas de 2016 tras su destitución. Y que los resultados no fueron los deseados lo prueba este regreso sorpresivo.
En ese marco, Temer defendió que los militares puedan participar directamente de tiroteos contra grupos criminales, ya que cuentan con poder de policía. «Si tiene que tirar, si el militar es víctima de un bandido, claro que va a tirar. La idea es darles apoyo a las policías, pero si tienen que entrar en un enfrentamiento lo harán», dijo.
Otra prueba, tal vez, de que ahora los tiempos son otros y el futuro puede ser impredecible, sin embargo, es que el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas sugirió ante distintos medios de comunicación la necesidad de garantías para los efectivos que participen de las operaciones y de sus jefes. Dijo, con todas las letras, que deben tener la tranquilidad de actuar «sin riesgo de que aparezca una nueva Comisión de la Verdad». Lo que para los críticos implica que en los planes oficiales no descartan la violación de Derechos Humanos.
Lula: «Un pedacito de célula»
«La palabra huir no forma parte de mi vocabulario», dijo Lula cuando desde un estrado judicial le habían retirado el pasaporte como medida precautoria. A las pocas semanas otro juez, más sensato, se lo devolvió con un argumento incontrastable: «Sólo con una gran imaginación» se podría pensar que el fundador del Partido de los Trabajadores podía escaparse cuando ya es el candidato para las elecciones de octubre.
«Están lidiando con un ser humano diferente. Porque yo no soy yo, soy la encarnación de un pedacito de célula de cada uno de ustedes», detalló ante una multitud que se había congregado en el predio de Expominas, en Belo Horizonte, este jueves.
Viejo zorro de la política y uno de los líderes más importantes del país en toda su historia, señaló con precisión el porqué de la persecución de que es objeto: «El problema no es Lula, son los millones de Lulas» y prometió volver «para garantizarle a este pueblo el derecho de vivir mejor». Luego agregó que sea cual sea el fallo judicial en su contra, «lo que sé es que no respeto esa decisión, porque de lo contrario, cuando mi nieta crezca no me respetará».
Tiempo Argentino, 24 de Febrero de 2018
por Alberto López Girondo | Dic 2, 2017 | Sin categoría
La reforma laboral en Brasil resulta un avance brutal contra las conquistas obreras. El gigante sudamericano marcó la ruta para forzar similares retrocesos en toda la región.
Brasil fue el último país en el mundo en abolir oficialmente la esclavitud, en 1888. Y luego de la reforma laboral de Michel Temer, que con sutiles reformas entró en vigor a mediados de noviembre, es el primero en restaurarla. Así lo interpreta la Central Única de Trabajadores (CUT) pero también la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que emitió una nota de queja contra la normativa que elimina controles y licúa las regulaciones para combatir el trabajo esclavo.
La avanzada brutal contra conquistas obreras que forman parte del imaginario social brasileño de los ’40, durante uno de los gobiernos de Getulio Vargas, comenzó mucho antes de la destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva, el líder metalúrgico que llegó al gobierno en enero de 2003.
El Partido de los Trabajadores (PT), creado por Lula, solo pudo ganar la presidencial en alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y aceptando que, entre los integrantes de esa agrupación y del resto de los partidos menores del espectro político, llegaran al Congreso, terratenientes de todo el país. El parlamento que se unió para echar a Dilma está integrado por un 40% de agroindustriales.
Son magnates acostumbrados a enriquecerse mediante el “olvido” de las leyes. Pero el combate al esclavismo es previo al triunfo de Lula, quien por cierto continuó y perfeccionó el sistema de controles para evitar esas prácticas. Entre 1995 y 2016 fueron liberadas cerca de 50 mil personas sometidas a esclavitud. En 2003 al control existente se le sumó la “lista sucia” de empresarios denunciados por este tipo de explotación humana.
La Corte Suprema, sin embargo, ordenó suspender la publicación de esa lista en 2014. El toque final se lo daría Temer en octubre pasado, cuando mediante un decreto no solo limitó la divulgación de la “lista sucia”, sino que además modifica la definición de “trabajo esclavo” y burocratiza las denuncias.
Hay que tomar en cuenta que las plantaciones donde se efectúa el trabajo están alejadas de los centros urbanos, obligar ahora al trabajador a hacer ese largo camino hasta una sede policial y no ante un auditor, torna virtualmente imposible la presentación. Porque la policía es normalmente cómplice del terrateniente. Los datos son contundentes: en un cuarto de siglo fueron asesinados más de 1500 líderes campesinos.
En julio, el gobierno de Temer ya había presentado ante el Congreso un proyecto que retrotrae las condiciones para desarrollar trabajo registrado a la época previa a Vargas. El paquete incluye una reforma a la ley previsional que atenta contra los ingresos de los pasivos y quita beneficios a los que esperan jubilarse. Le costó un poco porque aún para representantes patronales como los que habitan ese espacio era mucho para digerir de un trago ante la opinión pública.
De todas maneras la ley fue aprobada. Pero las presiones fuera del palacio legislativo fueron tantas entre sindicalistas, organizaciones internacionales y opinólogos, que el 15 de noviembre Temer publicó otro decreto que reforma la ley que él mismo había promulgado y que entró en vigencia cinco días antes. Se titula Medida Provisoria y deberá ser aprobado en 120 días por el Congreso o en su defecto entrará en vigencia automáticamente. Entre las reformas a la reforma, ahora las mujeres embarazadas podrán trabajar en lugares insalubres pero solo si presentan un certificado médico que las autorice. Y los trabajadores que acepten trabajar 12 horas seguidas por 36 de descanso tendrán que hacerlo luego de una negociación colectiva y no a partir de un acuerdo directo con la empresa.
La ofensiva flexibilizadora había comenzado en abril con una ley que ampliaba la tercerización a todas las actividades de una compañía, incluso la principal. El objetivo no es otro que el de reducir el poder de los sindicatos, acorralar a los trabajadores a negociar en condiciones frágiles con las patronales, y además eliminar la responsabilidad de los grandes grupos económicos en todo lo que suceda puertas adentro de una factoría.
Y teniendo en cuenta la influencia de lo que ocurre en el gigante sudamericano en el resto del continente, forzar reformas similares en toda Latinoamérica. En Argentina el gobierno se mira en ese espejo, aunque no lo quiera reconocer. Aunque es justo reconocer que las leyes más avanzadas a favor de los trabajadores eran las de ambas naciones. «
Tiempo Argentino Sábado 2 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 15, 2016 | Sin categoría
Stella Calloni es una referente para toda la región por su tarea constante y persistente en busca de eso que los poderes reales ocultan debajo de la alfombra. Es, como se acostumbra a decir, una cronista de nuestra época. Y lo es desde hace mucho, como que su obra más profunda y determinante es la investigación sobre la Operación Cóndor, aquel plan criminal de las dictaduras del Cono Sur para el exterminio de miles de latinoamericanos en los años ’70. En un momento de reflujo luego de una década larga de gobiernos progresistas, era bueno conocer lo que pensaba de este momento histórico, con un presidente de derecha en Argentina, una Venezuela acosada por una asamblea antichavista y con un gobierno en Brasil bajo fuego, no solo contra la figura de Dilma Rousseff sino, ahora, fundamentalmente, en Lula da Silva.
–¿Podría hablarse de un Plan Cóndor II o es una exageración?
–La gente se agarra de estas cosas, pero no es lo mismo. En un sentido figurado, sí, hay un Plan Cóndor mediático, porque hay una unidad en el esquema de los medios, están unificados y bajan todos un mismo enfoque y un mismo objetivo, con diarios que actúan todos a la vez en toda la región y hasta en Europa, porque lo mismo repiten allá. En esta debilidad propia usaron un tema de la vida privada para desgastar la figura de Evo y en Brasil van contra la dirigencia del PT y ahora contra Lula.
–Pero los ataques se basan en denuncias de corrupción y del uso de dineros públicos de manera oscura. ¿Cómo se debería actuar en estos casos que involucran a los gobiernos populares?
–En países con una gran clase media, hay gente que se moviliza muy rápidamente, pero nadie dice de dónde vienen los fondos para la movilización, que es muy costosa. Sin embargo hay documentos suficientes tanto en Bolivia como en Venezuela y Brasil de que se han puesto millones para derrocar a los gobiernos pero también para destruir con un efecto demolición todo lo que puede quedar de esos gobiernos. Nosotros, por esas confusiones que tuvimos con el tema del peronismo, esa historia de la persecución la vivimos después del golpe de 1955. Hay que recordar que te podían llevar preso por decir Perón o Evita, que sacaron a miles de personas de sus trabajos, lo que les pasó a los sindicatos, todo fue muy fuerte. Ahora no hemos podido encontrar un camino para poder parar esta situación o por lo menos para que tuviéramos los medios nosotros. Ahora te das cuenta de que no tenés un medio para responder a esto. Tendríamos que tener canales de televisión, radios. El único que armó algo fue Venezuela a través de Telesur, que ha servido muchísimo en la toma de conciencia de lo que está sucediendo en el mundo, algo que esté silenciado en todas partes. Fijate en Europa, donde los diarios no dicen nada de lo que ocurre, viven en otro mundo.
–¿Qué hace falta decir en los medios de Europa?
–No tener información cierta les hizo pensar a los europeos que lo que tenían era para toda la vida. Creían que el Estado de bienestar era para siempre. Si hubieran estado conscientes Europa no hubiera tenido que participar en estas guerras coloniales que han producido los primeros grandes genocidios del siglo XXI. El resultado es los millones de desesperados que huyen de la guerra a estos países que fueron los culpables de esta situación. Pero en Europa no tienen idea de cuánto le costó esta guerra a su bienestar porque ellos ponen la plata y Estados Unidos les vende las armas.
–En Venezuela el gobierno también perdió elecciones en una derrota que puede ser determinante.
–Pero Venezuela tuvo una situación que ninguno sufrió, de golpe continuó, desde 2002. Desde entonces siempre hubo reacciones golpistas. Y cuando se dan cuenta de que Hugo Chávez va a morir empiezan a crear como 200 nuevas ONG. Creo que la debilidad nuestra estuvo en no precisar cuál era el enemigo verdadero contra el que estamos luchando los gobiernos populares de la región.
–¿Contra qué se lucha?
–Contra una decisión de Washington que ya estaba escrita desde el Plan Colombia y Plan Mérida de retomar el control de América Latina. En un proceso tan expansivo y global, la expansión iba a estar muy bien dirigida a Venezuela por el petróleo y ahora van por los recursos. Toda la movida en Medio Oriente y en nuestros países es para controlar recursos y territorios. Cuando John Kerry dice hace dos años lo de que somos el patio trasero, volvimos al mismo esquema directo. Ahí empieza el golpismo permanente. Hay toda una red de fundaciones que han manejado millones de dólares que están distribuidas en varios sectores de la sociedad. Cuando necesitan policías, usan policías; cuando necesitan del sistema judicial, lo usan. Esto es lo que se llama golpe suave, y significa mover multitudes. Lo pueden hacer mucho mejor en grandes países, con ciertos elementos de riqueza. En Brasil anda mucho mejor que en Bolivia. Porque puede mover millones de personas.
–Además de la influencia que tienen esos países sobre el resto de las naciones. Y ahí viene el tema de la corrupción, que se fue instalando desde hace mucho tiempo. Hubo espionaje a Petrobras y a Dilma Rousseff, como reveló Edward Snowden. Y tras el escándalo en la petrolera, ahora se lo implica a Lula en cosas muy fáciles de presentar mediáticamente.
–Pero que son difíciles de probar también.
–Es cierto, pero sucede que yo denuncio a alguien de corrupto y si necesito más de dos oraciones para defenderlo la batalla ya está perdida. Si alguien dice que Lula tiene un departamento que no pueden justificar, por más que muestre la escritura y sus cuentas ya quedó estigmatizado.
–Este es el problema de la debilidad que se tuvo porque hubo muchas advertencias. Hubo un momento en que se dieron pasos gigantescos pero faltó consolidar las bases. Como dice el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, este proceso fue totalmente nuevo. Tomaron el gobierno frente a situaciones que en detalle se desconocían y era lógico equivocarse. Pero nadie dice nada de la enorme corrupción que traía Petrobras desde hace mucho tiempo. Y son los mismos señores que supuestamente están peleando contra la corrupción.
–El PMDB es un socio incómodo para el PT, además, porque sólo lo mueve el dinero.
–Hubo debilidades que hay que admitir.
–La detención de José Dirceu fue un hecho grave.
–Haber dejado que se llevaran preso a Dirceu sin prueba alguna, solamente por la denuncia de los medios, ya constituye un flanco débil y por ahí fueron. Estuvieron equivocados contra quién peleaban, acá no hay derechas locales, ya no hay la vieja oligarquía, porque todavía manejamos esos términos, esta es una derecha que se suma a la derecha internacional, es la derecha que surge en las dictaduras, las que ganaron en la Argentina con la estatización de la deuda privada. En este gobierno la gente se preocupa por los gerentes, los CEO, pero es más que eso. No hay casi ninguno que no pertenezca a una ONG o una fundación de EE UU. En Venezuela primero esmerilaron al gobierno y luego aplicaron un sistema de paramilitarismo desde Colombia, donde hay siete bases militares. Venezuela es el país más castigado por la guerra económica, por la baja del petróleo.
–Con la baja también castigaron a Rusia y a Brasil. La pregunta es si es una crisis o es una enorme operación.
–Es una enorme operación, sí. Pasó con Richard Nixon en otro período histórico. Pero hay que decir que luego de semejante guerra de baja intensidad Venezuela ha resistido bastante. El mayor problema que tiene EE UU es que como esta derecha surge de la corrupción, es una derecha muy burda.
–Justamente por eso es que no se entiende por qué no causa indignación que quienes se dicen defensores de la honestidad tengan tales historiales de corrupción personal.
–Porque no se sabe.
–Pero se ha difundido, el ejemplo es Telesur y otros medios masivos.
–La ofensiva ha sido muy fuerte. Yo siempre hago la comparación de lo que la desinformación y los miedos pudieron hacer con un pueblo culto como el alemán, donde se hacían esas manifestaciones fabulosas detrás de Hitler. Si vos pensás eso te das cuenta de adónde se puede llegar. Nosotros creemos que mucha gente ve Telesur, pero son sectores. La población en general ve otra cosa. Además, falta Hugo Chávez y no hubo quién reemplazara ese motor de la integración.
Tiempo Argentino
Marzo 15 de 2016
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