por Alberto López Girondo | May 26, 2018 | Sin categoría
Brasil quedó paralizado por un lockout de patronales de camioneros y autónomos. Son los mismos grupos que en 2015 bloquearon rutas contra el gobierno de Dilma Rousseff encabezados por un personaje que entonces reclamaba la dimisión de la presidenta constitucional y ahora pedía una intervención militar. El deseo de Ivar Schimdt encontró eco en el Planalto, que emitió una orden para que efectivos de las Fuerzas Armadas liberen los más de 500 cortes de rutas mediante la figura de la Garantía de Ley y Orden (GLO), que en la práctica oficia de estado de sitio. El conflicto no es ajeno al vaciamiento de Petrobras, la petrolera estatal, y la dolarización de los precios de los combustibles, que golpea de lleno en los bolsillos de muchos que celebraron la destitución de Dilma y ahora descubren que ellos no estaban invitados a la fiesta.
Desde el golpe institucional de 2016, Temer fue entregando el manejo de la economía a los sectores más identificados con el neoliberalismo. En Petrobras (en el centro de las críticas por la causa Lava Jato) fue nombrado Pedro Parente, jefe de Gabinete de Fernando Henrique Cardoso entre 1999 y 2003. Parente era CEO de Bunge Brasil, la multinacional exportadora de granos, pero tiene una sociedad, según reveló Jornal do Brasil, con José Berenger, titular de JP Morgan de Brasil.
Hasta no hace tanto, Brasil era neto importador de petróleo, aunque tenía refinadoras como para abastecer el país. En los años de Lula, Petrobras, con tecnología y personal propios, halló uno de los mayores reservorios de crudo del mundo en la plataforma submarina del Presal, lo que cambió radicalmente la ecuación.
A eso apuntaron las multinacionales y según denuncia la Central Única de Trabajadores (CUT), así se explica la entrega de grandes áreas de explotación reservadas por ley de la era Lula; a la petrolera nacional se sumó que lentamente la empresa fue dejando de refinar a toda su capacidad.
Por lo tanto, ahora se exporta petróleo y se importa gas oil y naftas. Y mediante ese artilugio, se justificó la dolarización de las tarifas. Los incrementos se hicieron de acuerdo a la cotización internacional, y en los 17 días previos al estallido de la crisis, sufrió 11 incrementos. El precio en pocos meses se elevó un 50 por ciento.
Los camioneros venían reclamando ponerles techo a los precios y rebajas en los peajes. El gobierno de Temer eligió mirar para el costado y la huelga le estalló en las manos. En cinco días de cortes, las principales ciudades quedaron paralizadas por falta de combustibles y de mercaderías. Sin transporte, sin alimento y sin insumos básicos, millones de brasileños estuvieron bajo asedio.
Hasta que el ministro de Seguridad Institucional, el general Sergio Etchegoyen, propuso despejar los bloqueos con personal de Ejército, Aeronáutica y Marina, y procesar a los responsables de la movida. Etchegoyen es nieto de otro militar que en su momento fue duro opositor de Getulio Vargas.
Pero no hay un líder concreto a quien llevar al cadalso. Los camioneros fueron convocándose mediante mensajes de WhatsApp. Uno de los personajes más visibles es Ivar Schmidt, quien saltó a la fama en 2015, cuando los transportistas pararon contra Dilma. Schmidt, entonces, pidió su renuncia. Los camioneros lograron esa vez una rebaja en los combustibles y una ley que regula condiciones de trabajo para los empleados.
Al frente de un Comando Nacional dos Transportes (CNT), Schimdt dice: «Nuestro movimiento abomina de sindicatos, asociaciones, federaciones y confederaciones. Esos sectores intentaron representarnos en las últimas décadas y nunca resolvieron nuestros problemas». Otras organizaciones inmersas en este conflicto, como la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam) y la Unión Nacional de los Camioneros de Brasil (Unicam), acordaron un impasse, con un congelamiento de tarifas mientras negociaban. El gobierno buscaba reducir algunos impuestos, sobre todo estaduales y municipales, lo que generó la protesta de los mandatarios de esas regiones.
La CUT se mostró solidaria con las demandas, hizo suyos los reclamos y se ofreció a mediar con el gobierno. Algunas imágenes de camioneros quemando banderas de la central sindical en la página de Facebook de la CNT indicaban la poca aceptación del convite.
Tiempo Argentino, 26 de Mayo de 2018
por Alberto López Girondo | May 12, 2018 | Sin categoría
La presión nada indirecta de otro general brasileño terminó por «convencer» a los jueces del Supremo Tribunal de Justicia brasileño de que no había que concederle la libertad al expresidente Lula da Silva. Esta decisión se produce justo cuando se conocieron documentos del Departamento de Estado que prueban que el exdictador Ernesto Geisel no sólo conocía las violaciones a los Derechos Humanos que cometió el régimen instaurado en 1964 (dato siempre minimizado) sino que personalmente ordenó el asesinato de varios militantes opositores.
El STJ tenía que dictaminar sobre un recurso planteado por los abogados del exmetalúrgico, arrestado desde el 7 de abril en Curitiba por orden del juez Sergio Moro en una causa por la presunta coima de una empresa constructora. El fallo inicial fue confirmado en segunda instancia por una Cámara, pero el planteo de la defensa de Lula es que no cabe constitucionalmente una detención antes de que haya sentencia firme en la Corte.
Curiosamente, el alegato se basó en un reclamo de una agrupación de derecha, el Partido Ecológico Nacional (PEN) para que espere la ejecución de la pena hasta que no existan más recursos judiciales, cosa de respetar el derecho a una amplia defensa. Pero los propios dirigentes del PEN se mostraron arrepentidos de semejante presentación, muy previa a la prisión de Lula, ya que, dijeron, lo que menos querían era ayudar a la izquierda. De todos modos, había una demanda en términos similares de la Orden de Abogados de Brasil que también fue rechazada.
Uno de los jueces que tenían que decidir (la votación fue 5 a 0), Celso de Mello, rechazó el encarcelamiento de encausados en segunda instancia, pero votó en contra del exmandatario para este caso. Y tal vez su ambigua explicación tenga que ver con un tuit del general de Brigada Paulo Chagas, candidato al gobierno de Brasilia. «Cuidado con la cólera de las multitudes», alertaba desde un título en letras mayúsculas, para advertir luego: «Hasta el día 10 de mayo sabremos si Gilmar, Lewandoswski y Toffoli tomarán el partido de Brasil o el del crimen. Quieren boicotear el Lava Jato o hacer justicia?», decía.
Esos eran los magistrados que todavía no habían decidido su voto ¨es electrónico y adelantado¨, lo que implicaba que no estaba seguro de que Lula siguiera en prisión. Chagas, un militar retirado del arma de Caballería, ya venía lanzando consignas desde su blog personal, con un profundo desprecio por Lula, «el criminal y comparsa de tantos que lo adoptaron como modelo». Ese tuit fue la última señal que necesitaban los jueces para depositar su voto, parece.
Este viernes, en tanto, salió a la luz un archivo desclasificado del Departamento de Estado donde aparece un informe de la CIA del 1 de abril de 1974 en el que el general Ernesto Geisel ¨quien gobernó entre ese año y 1979, y que había pasado a la historia como un apaciguador de los más sangrientos uniformados¨ «le dijo al general Figueiredo que la política de ejecuciones debería continuar, pero que se debían tomar reparos para asegurar que sólo subversivos peligrosos fueran ejecutados», según detalla el telegrama enviado por un agente a sus jefes en Langley.
El general João Baptista Figueiredo era en ese momento jefe de la agencia de inteligencia brasileña y sería sucesor de Geisel. La orden, puntualiza el documento, surge luego de que Figueiredo le informa a Geisel que en el anterior gobierno militar, a cargo de Emilio Garrastazú Médici, habían sido ejecutados 104 opositores.
La primera que dijo algo sobre esto fue Dilma Rousseff, expresidenta y en los ’70 detenida política. Señaló que ahora queda más claro aun que sus camaradas de lucha habían sido «ejecutados (y que) los asesinatos políticos fueron decididos o refrendados por el Palacio». Y a continuación llamó a repudiar a los defensores de la vuelta de la dictadura.
Desde esa vereda, el también exmilitar Jair Bolsonaro, que aspira a la presidencia del país, primero analizó en una entrevista con Folha de Pernambuco en qué contexto se escribió el informe. «Yo creo que sé lo que le pasó a este agente de la CIA. Cuántas veces uno dice ‘te voy a matar, te voy a reventar a patadas’. Seguramente escuchó esta conversación e hizo el informe». Por si esto no bastara, trató de justificar el golpe con estas palabras. «¿Quién nunca le dio una palmada en el culo a un hijo y luego se arrepintió?». «
Paramilitares detrás del crimen de Marielle
Un concejal, un policía militar y un expolicía están siendo investigados como sospechosos del asesinato de Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro que fue acribillada a balazos el 14 de marzo pasado. Al menos esto se desprende de la información que dio el ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann.
De acuerdo con esta versión, la activista social (que salía de un encuentro donde se cuestionaba la policía de intervención militar en la ciudad de Río de Janeiro) fue baleada desde un Chevrolet que se le cruzó al auto en que viajaba junto con un acompañante y el chofer, Anderson Gomes, que también falleció en el ataque.
Para el ministro, los atacantes fueron un agente de la Policía Militar y un expolicía que integra una milicia paramilitar que opera en el barrio de Ramos, al norte de Río de Janeiro. El autor intelectual sería el concejal del conservador Partido Humanista de la Solidaridad, Marcello Siciliano.
Los paramilitares, mayoritariamente exagentes policiales, extorsionan a vecinos y comerciantes a cambio seguridad en sus barrios. También se encargan de ejecuciones por dinero. Marielle había combatido estas prácticas y también contra los abusos policiales en las favelas cariocas.
Tiempo Argentino, 12 de Mayo de 2018
por Alberto López Girondo | Abr 14, 2018 | Sin categoría
En Curitiba no lo quieren a Lula. O más bien, incomodan los cientos de Lula que están acampando en cercanías de la sede policial donde el expresidente quedó alojado el 7 de abril para cumplir la condena de 12 años y un mes de prisión. La prefectura, lo que en Argentina se conoce como municipio, pidió a la Justicia Federal que trasladen al exdirigente metalúrgico a otro lugar, que no indicaron, porque alegan que están sobrepasados por todo lo que genera la presencia del exmandatario.
Desde que Luiz Inácio da Silva se entregó a las autoridades, no sólo se levantó un campamento, que recibe el nombre de Lula Libre, en un cruce del barrio Santa Candida, a unos 200 metros del cuartel de la Policía Federal donde el juez Sergio Moro ordenó acondicionar una celda especial para alojarlo.
«En este país todo funciona a presión y por eso estamos acá», dijo a la prensa Roberto Baggio, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del estado de Paraná.
El desfile de militantes, activistas y dirigentes es desde entonces incesante, aunque Moro no dio luz verde para que todos los que van a Curitiba puedan visitar al insigne preso. Así, negó el ingreso a nueve gobernadores que lo fueron a visitar y sólo pudo ver a su familia el jueves.
El caso rompe con la monotonía de una ciudad no acostumbrada a esos avatares, lo que llevó a las autoridades comunales a sumarse a un reclamo del Sindicato de Comisarios de la Policía Federal de Paraná. En un comunicado, los agentes se excusaban de que con Lula allí adentro no pueden atender al público «con la seguridad y agilidad necesarias». El edificio está acordonado con policías que impiden el ingreso y además, dejan de cumplir otras funciones burocráticas. Ellos, sin embargo, sí sugieren dónde llevarlo: a un recinto especial de las Fuerzas Armadas.
Con todo el proceso judicial y la posterior detención de Lula salieron a la luz las graves diferencias que atraviesa la sociedad, la «grieta brasileña». Algo de eso se vio en el audio de los efectivos que llevaron a Lula desde San Pablo a Curitiba el sábado pasado donde se escucha que alguien le dice al piloto del helicóptero «tira esa basura por la ventana» y «no lo traigas nunca más». La pregunta ahí no es tanto quién dijo qué, ya que podría haber pasado por una broma interna, sino quién lo difundió y con qué objetivo.
Ese clima de rencor fue analizado por el portal Brasil de Fato <www.brasildefato.com.br> en un artículo donde la psicoanalista Maria Rita Kehl señala que si bien el odio es un sentimiento común al género humano, lo que se ve en este Brasil «engrietado» es que «no existe confianza en las instituciones democráticas como para que haya un destino político para ese odio». El riesgo, teme, es terminar como la Alemania de los ’30, donde «una parte de la clase media-baja que sufría con la hiperinflación encontró un salvador de la patria autoritario que resolvería el problema».
Hoy ese salvador se percibe en Jair Bolsonaro, el exmilitar que homenajea al golpe de 1964 y celebra al torturador que se ensañó con Dilma Rousseff. En estos días se conoció una nueva encuesta de Data Folha, la consultora ligada al diario paulista, en la que hay dos opciones. En una Lula encabeza las voluntades con un 34% de los votos y Bolsonaro está segundo con el 16%. Pero cuando entre los aspirantes no figura el expresidente, Bolsonaro trepa al 18%, seguido por la exministro de Medio Ambiente de Lula, Marina Silva.
La lucha en el Parlamento, mientras tanto, va por otros carriles. Los legisladores de izquierda pidieron que se agregue el nombre de Lula al suyo propio. Así, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, pretende que la llamen «Gleisi Lula Hoffman». Otros congresistas pidieron lo mismo bajo la consigna del detenido creador del PT, quien instó ante la multitud reunida frente al Sindicato Metalúrgico de San Bernardo do Campo que «todos ustedes deberán ser Lula».
Desde ese oficialismo tenue que respalda a Michel Temer, el que blandió la espada fue José Medeiros, quien dijo que «si hay que dividirse en dos lados, entre el preso y el juez, yo prefiero estar del lado del juez». Se le sumó el diputado Sóstenes Cavalcante, que quiere incluir a Moro como su segundo nombre.
La batalla en ese terreno incluirá, según se supo, que el PT y los otros partidos afines de la izquierda como el comunista de Brasil (PSdoB), el Socialismo y Libertad (PSOL) y el Democrático Laborista (PDL) bloqueen todas las iniciativas que lleguen a las cámaras hasta que Lula recupere su libertad.
La derecha, al decir de esa coalición «lulista», abrió un proceso de criminalización que resulta inadmisible en democracia. Señalan que sufrieron denuncias insólitas de la bancada del Partido de la República y de Consejo de Ética del recinto por «atentado al decoro parlamentario». Ivan Valente (PSOL) y Erika Kokay (PT), por ejemplo, fueron acusados de injuria y difamación contra el presidente Temer en discursos sobre tablas.
«Hay una lógica fascista de eliminar al otro porque discrepa en la forma de ver el mundo o políticamente que crece de forma mucho más nítida y desenvuelta ahora porque estamos en una ruptura democrática», señaló Kokay.
Jean Wyllys (PSOL), en cambio, fue acusado de apología de los narcóticos y de perversión porque en un reportaje dijo, irónicamente, que si el mundo se estuviera terminando, aprovecharía para consumir todas las drogas ilícitas y tendría sexo con quien le diese en gana.
Desde el punto de vista leguleyo, en tanto, los abogados de Lula presentaron un nuevo recurso ante el Supremo Tribunal Federal para la inmediata libertad del expresidente. El argumento es que Moro no podía decretar la prisión de Lula antes de que se agotaran todos los recursos ante el Tribunal Regional de Paraná.
La titular de la Corte, Carmen Lucia Antunes, cuyo voto fue decisivo para denegar el hábeas corpus del líder del PT la semana pasada, y a la que se le atribuyen veleidades políticas, tendrá ocasión de ejercer el cargo de presidenta por unos días. Es que con el viaje de Temer para la alicaída cumbre de Lima, es la sucesora constitucional tras el desbarajuste en que están las instituciones luego del golpe parlamentario del 31 de agosto de 2016. Difícilmente cambie su voto contrario a Lula.
Tiempo Argentino, 14 de Abril de 2018
por Alberto López Girondo | Abr 7, 2018 | Sin categoría
Lula salió en andas de la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de San Pablo para presentarse ante la Policía Federal y cumplir con la orden de detención dictada por el juez Sergio Moro ni bien el Supremo Tribunal de Justicia denegó el pedido de hábeas corpus. Ni Luiz Inácio Lula da Silva, ni la plana mayor del Partido de los Trabajadores (PT) que fundó en 1980, ni la mayoría de los analistas políticos dudan de que el proceso y el apuro judicial pretenden sacarlo de la pelea para los comicios de octubre, donde es el candidato cantado para volver al Palacio del Planalto, que ocupó entre 2003 y 2011. Es una incógnita lo que puede ocurrir de aquí en más, pero en todo el país hubo manifestaciones en favor del expresidente brasileño y el PT anunció una vigilia frente al edificio de Curitiba donde debería cumplir la sentencia. Todo esto en un clima enrarecido por un larvado golpismo militar (ver aparte).
Ante una multitud que le reclamaba no entregarse, y que le impidió hacerlo un par de veces durante la tarde del sábado, el expresidente había desafiado horas antes a que el juez le presentara las pruebas para la sentencia de 12 años y un mes en que quedó su causa luego de pasar por un tribunal de segunda instancia. «Mi crimen -señaló, con la voz cascada por una noche en vela- fue llevar a los pobres a la universidad, que puedan comer carne, comprarse un auto, ir en avión… Si ese es el crimen que cometí, voy a continuar siendo un criminal en este país, porque voy a hacer mucho más.»
Se refería, claro, al caso del departamento que le atribuyen en Guarujá, por el que Moro, un magistrado mediático entrenado en Estados Unidos en investigación de lavado de dinero, lo había sentenciado siguiendo el dictamen del fiscal del caso Lava Jato (DeltanDallagnol, un evangelista fanático) quien basó su acusación en el relato de un imputado bajo el sistema de delación premiada y en «la convicción íntima» de que el tríplex paulista había sido entregado a Lula como parte de una coima por la empresa constructora OAS.
Lula se había dirigido el jueves a la sede del sindicato metalúrgico ¨en el cordón industrial de San Pablo¨ del que es uno de los fundadores y poco a poco el edificio terminó rodeado de militantes y simpatizantes del dos veces presidente brasileño. Según la orden de Moro, el exdelegado obrero debía haberse entregado en Curitiba, al sur del país, el viernes a las 17 horas. Como no lo hizo, los medios hegemónicos comenzaron a desplegar su artillería diciendo que se había «atrincherado» para evadir una sentencia judicial.
La secuencia de los hechos destaca la inquina con que la prensa lo viene tratando desde el derrocamiento parlamentario de Dilma Rousseff, el 31 de agosto de 2016. Porque precisamente ayer su compañera de casi toda la vida, Marisa Leticia Rocco, hubiera cumplido 68 años. La mujer murió en febrero del año pasado luego de los primeros embates por condenar a Lula y él siempre atribuyó su deceso, por un derrame cerebral, al dolor de verse sospechada por delitos que, afirma, no había cometido. Hacía poco le habían allanado aparatosamente la vivienda en busca de documentos que nunca aparecieron.
De modo que la masiva manifestación acompañó una misa celebrada desde un escenario montado frente al edificio de São Bernardo do Campo. Rodeado de dirigentes del Partido de los Trabadores (PT) que creó en 1980, y de partidos de izquierda afines a la gestión petista, más exfuncionarios, diputados y sacerdotes católicos y evangelistas, recordaron a la mujer de Lula y madre de tres de sus hijos sin olvidar el momento histórico que vive no sólo el exmandatario sino al democracia de Brasil en particular.
Luego Lula habló por más de 50 minutos y, más allá de frases que merecen ser recordadas por su profundidad (ver aparte), es bueno resaltar el mensaje ensalzado en dos jóvenes candidatos a la presidencia, Manuela D’Ávila, del Partido Comunista do Brasil, y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (Psol). «Ellos son la esperanza del futuro y enfrentan la negación de la política», los presentó. Tanto el PCdoB como el Psol son aliados naturales del PT y eventualmente podrían formar una coalición antes del comicio, en caso de que Lula pueda presentarse, como después en una segunda vuelta.
No fue la única referencia a este concepto y marca a las claras a qué se enfrenta el propio Lula y también el desafío para la democracia brasileña. Se lo dijo también a los funcionarios judiciales en un tramo bien picante de su discurso en el que señaló que una cosa es hacer justicia y otra hacer política. Y reclamando que la lucha democrática es a través de la política. «Si quieren hacer política dejen la toga y escojan un partido político», insistió.
Esta aseveración no es anecdótica. Lula marcha primero en cualquier encuesta para los comicios de octubre próximo. Para el plan neoliberal puesto en marcha desde agosto de 2016 con Michel Temer en el gobierno, un retorno de Lula sería catastrófico. Ni qué decir para los mandatarios de derecha de la región, que miran en el espejo de Brasil lo que puede ocurrir en sus propias barbas.
Por eso también, Lula homenajeó a continuación a Celso Amorim, quien fuera su canciller. «Él llevó a Brasil a ser un protagonista mundial», exageró. Porque es cierto que este hombre formado en Itamaraty discutió de igual a igual con los pesos pesados en todos los foros internacionales. Pero si lo hizo fue porque representaba a un gobierno que se planteó jugar un rol de mayor autonomía en el concierto de las naciones.
Así fue que durante esos años Brasil lideró un proceso de integración regional y formó el BRICS con China, Rusia, India y Sudáfrica. En ese contexto, Petrobras descubrió un yacimiento fabuloso frente a las costas cariocas y Embraer se lanzó a competir en el mercado de la producción de aviones comerciales. La petrolera está en el centro de las denuncias por corrupción, y la mayoría accionaria de la aeronáutica pasó a Boeing. Y esto no se le pasó por alto a Lula cuando ayer prometió que volverá.
Lula quería evitar la foto de su detención y lo dijo claramente. Habló de que O Globo y Veja, sus más enconados enemigos mediáticos, esperan «orgasmos múltiples» con esa imagen. Y aprovechó para asegurar que se propone, si vuelve al gobierno, una ley para regular a los medios de comunicación.
Tiempo Argentino, 7 de Abril de 2018
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