España cumple este martes 40 años del intento de golpe de estado de un oscuro teniente coronel de la Guardia Civil contra la naciente democracia. El “Tejerazo”, por el oficial Antonio Tejero, significó el ingreso del reino al siglo XX, cuando se aunaron los intereses de una elite nacional con la monarquía del Borbón Juan Carlos I, designado a dedo por el dictador algunos años antes de su muerte. La intervención del monarca fue clave para desarmar la intentona golpista, aunque siempre se discutió si no fue una operación amañada para limpiar su figura, o terminó apostando a la dirigencia política y la Constitución de 1978 porque vio que no le quedaba otra.
A cuatro décadas de aquel 23 F, el rey sigue siendo una figura central de la política española, aunque por cuestiones diametralmente opuestas. Sus continuos escándalos sexuales, financieros y fiscales lo obligaron -para salvar la corona- a abdicar en favor de su hijo Felipe. Desde entonces sus desaguisados continuaron saliendo a la luz y a fines del año pasado se exilió por unos meses a un destino no revelado acosado por las denuncias sobre fraude fiscal.
Mientras tanto, el bipartidismo acordado entonces también estalló, por una crisis de las hipotecas que dejó a cientos de miles en las calles y con deudas impagables. Surgieron partidos que intentaron correr al sistema por izquierda (Podemos) o por derecha (Ciudadanos). Pero cuando la vaca del estado nacional dejó de dar la leche de los negocios armados en la década neoliberal de América Latina, otros aires soplaron sobre todo en Cataluña, con el renacimiento de viejos reclamos de independencia y, mala palabra, de república. En este clima enrarecido, crecen los sectores franquistas y directamente neonazis alineados en Vox.
La semana pasada, los independentistas obtuvieron una mayoría que les permitiría gobernar la rica región del noreste hispano. Pero sería una coalición entre la centro derecha de Junts per Catalunya y la centro izquierda de Esquerra Republicana de Catalunya. El socialismo catalán, ligado al PSOE nacional, obtuvo una mínima mayoría que si se armara una coalición con ERC, por izquierda, podría generar un gobierno “constitucional”.
En ese entuerto, detuvieron al rapero catalán Pablo Hasél, acusado de enaltecer al terrorismo y de injuriar a la monarquía. Por decir en sus canciones que la policía reprime y tortura a inmigrantes o que el rey anda de juergas y es corrupto. O sea, una que saben todos, pero que todavía parece que es mejor callar en España. Qué mejor regalo le podría hacer Madrid a la causa independentista. Qué mejor regalo le podría hacer Madrid a la causa independentista.
Cataluña se alió con territorios europeos que tienen algún tipo de disputa con los estados centrales para reclamar a la Unión Europea protagonismo en la toma de decisiones relacionadas con los fondos para la recuperación post pandemia. Así se lo hizo saber mediante una carta a los máximos dirigentes europeos que firman 24 comarcas díscolas de Europa. Entre ellas figuran las regiones alemanas de Baden-Württemberg, Hessen y Baviera; las francesas Nueva Aquitania y Occitania; las italianas Bolzano-Bozen / Tirol del Sur, Lacio y Emilia-Romaña; las islas Baleares, el país vasco y Valencia, de España; Flandes y Valonia de Bélgica.
“La UE en estos momentos responde a la voluntad de los estados que la componen -explica a Tiempo Argentino, Bernat Solé, consejero (ministro) de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del gobierno catalán- pero no da respuesta a las distintas realidades. Prueba de ello es que en estos momentos en que se están negociando los fondos de recuperación por la Covid, se tiene muy poco en cuenta la voz de los territorios. Por ello hemos impulsado una alianza de diferentes territorios a nivel europeo para hacer la presión suficiente y poder incidir en el diseño y la implementación de estos fondos. Si la UE quiere que sea este proyecto en el cual todos los ciudadanos se sientan identificados tiene que dar respuesta a estas realidades y Cataluña es una realidad política que debe recibir una respuesta”.
-Cataluña aparece como un leading case, porque cualquier decisión favorable a su reclamo independentista será base para las otras demandas. ¿Cómo se articularían esas cuestiones dentro de la UE?
-Es cierto que la posición más cómoda de la UE sea dar respuesta solo a los estados, pero la realidad es la que es y por eso queremos a través de esta alianza incidir en las altas instituciones europeas para que den respuesta a los territorios. Cada territorio tiene en el futuro voluntad política de ser lo que sea. Algunos quieren avanzar hacia una república; pero otros tienen una autonomía suficiente como para que no se planteen otro escenario. Impulsamos esta alianza como mensaje de que una Europa que solo mira a los estados no da respuesta a estas realidades.
¿Cuál es tu situación personal ante los procesos judiciales contra el independentismo?
-Nosotros siempre hemos defendido que el conflicto entre Cataluña y España se tiene que resolver por la vía política porque es político. La judicialización no nos lleva a ningún tipo de solución. Tenemos presos políticos, buena parte del gobierno de 2015 a 2017 en prisión o en el exilio y la judicialización de este conflicto continúa. Yo fui alcalde de un municipio (Agramunt) durante el 1-O (1 de octubre de 2017, cuando se hizo el referéndum ilegalizado por el gobierno de Mariano Rajoy) y por estar al lado de la gente, por preservar el orden la seguridad de los ciudadanos, estoy acusado de un acto de desobediencia esperando sentencia de un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
-¿Que condena pesa sobre ese delito?
-En mi caso sería un año y medio de inhabilitación y 24.000 euros de multa. Se me acusa de haber cedido espacios para celebrar el referéndum y por participar en un acto explicando el derecho a voto.
-¿Cómo cree que sigue esta historia?
-Con este gobierno que se hace llamar el más progresista de la historia hemos entablado una mesa de negociación que hace meses no se celebra. Nosotros insistimos en que solo a través del diálogo podrá resolverse este conflicto, en una mesa donde se ponga a consideración el derecho a decidir el futuro de Cataluña teniendo en cuenta que 7 de cada 10 catalanes quieren hacerlo a través de un referéndum. Por otro lado, también es necesario poner sobre la mesa la amnistía de los presos políticos y 2800 personas que están encausadas. Esta mesa no se celebra desde hace meses. Todos los conflictos de todo el mundo tarde o temprano siempre se han resuelto a través del diálogo, siempre, y esto es lo que ponemos en valor desde Cataluña. Tarde o temprano tendremos que hablar, negociar.
-Pero el estado nacional es una monarquía.
-La voluntad de la ciudadanía, expresada mayoritariamente a través del parlamento, es que quiere avanzar hacia un modelo de país como la república catalana, y esto no se puede cambiar. Tenemos que vehiculizar esta manera de entender el futuro de nuestro país por los cauces políticos.
-En todo este período fue creciendo un sector muy fuerte de la derecha franquista. Uno tiene la impresión de que hay otro choque de trenes en perspectiva.
-Precisamente cuando no se es capaz de negociar y llegar a acuerdos es cuando más se polarizan las posiciones y la aparición de extremismos responde a la incapacidad de resolver los conflictos por la vía política. Tenemos que reconducir esta situación.
-El escándalo de la familia real sigue a pleno, con la situación fiscal del rey emérito Juan Carlos sobre el tapete.
-Lo que esta claro es que la situación en que la monarquía deja al estado español es tal que no puede demostrar que es capaz poner a todos los ciudadanos, sean de la condición que sean, en la misma línea de salida ante la justicia. Han tenido que ser otros estados, otros países, otra prensa internacional, que haya puesto luz a esta situación tan desagradable, tan injusta, como es este presunto fraude de la monarquía. Nosotros denunciamos esta situación y en el Parlamento se celebró un pleno para hablar de corrupción y los partidos españolistas en ningún caso han puesto el tema de la casa real y esto demuestra que cuando se habla de corrupción allí, en la casa real, se mira para otro lado. Un país que se quiera autodenominar democrático esto nunca tendría que ser posible.
– ¿Imaginan una Cataluña en una relación con Bruselas dentro de la Unión Europea, sin intermediarios?
-Nosotros imaginamos lo que la mayoría de la gente quiera. Evidentemente los lazos comerciales, sociales, culturales, históricos con España, con Francia son los que son y no queremos renunciar a ellos. Estas relaciones tienen que mantenerse porque entendemos que son un valor. En un mundo globalizado no tiene ningún sentido plantear un modelo de país totalmente aislado. En todo caso la voluntad de ir a la república catalana pasa por fortalecer estos vínculos, pero por otro lado, poder decidir en todo aquellos que los catalanes consideren.
-¿Hay alguna posibilidad de que la solución pase por alguna posición intermedia?
-No me corresponde decirlo porque es la ciudadanía la que debe decidirlo a través de las urnas. Por otro lado, por este episodio ya hemos pasado. En su momento algunos de los partidos de Cataluña defendieron el Estatut como un elemento que permitía establecer unas relaciones para resolver este conflicto político. El estatuto fue aprobado mayoritariamente por el pueblo de Cataluña en referéndum, también fue aprobado por mayoría en el parlamento y que en el congreso fue ninguneado. Ya hemos pasado por esto.
Que el modelo de negocios de los medios de información está en crisis no es novedad. Y cuánto más grandes son, como se dice en las esquinas de barrio, más ruido pueden hacer al caer. El caso de el grupo español Prisa, editor del diario El País y dueño de la cadena radiofónica SER entre otros negocios, puede ser emblemático.
Surgido a gran velocidad y montado sobre el éxito del periódico, el primero nacido en la España posfranquista, El País fue un modelo de periodismo para varias generaciones de españoles y de latinoamericanos. Su crecimiento explosivo desde los años 90 en esta región consolidó ediciones en México, Buenos Aires y a través de la web en portugués para Brasil. La radio es la de mayor audiencia y Prisa tiene emisoras en varios países, como la conocida Caracol, de Colombia. Los medios del grupo tradicionalmente reflejaron las posiciones del PSOE y recibieron no pocos beneficios de esta mancomunidad.
Pero los tiempos cambian y no solo fueron apareciendo medios influyentes ligados a la derecha y otros sin ligazón partidaria, sino que en los últimos años las noticias circulan de otro modo en la sociedad y hay una fuerte competencia de medios digitales. Que para colmo, resultan más creíbles.
Porque los medios tradicionales, en su intención de no perder audiencia ni publicidad, terminaron bajando la calidad de sus productos a niveles que muchas audiencias no toleran. El caso es que Prisa tuvo que renegociar su deuda ya varias veces desde la crisis financiera de 2008, cuando debía 3800 millones de euros. En agosto pasado los accionistas reconocían acreencias de 1000 millones de euros, lo que se reflejó en un desplome de sus acciones del 70%.
El 5 de noviembre pasado vendió la Editorial Santillana a la finlandesa Sanoma en 465 millones y consiguió refinanciar su deuda hasta el 2025. Esta semana desestimaron una oferta hostil del empresario Blas Herrero por 200 millones de euros por El País y la cadena SER.
Prisa informó que rechazó la oferta por exigua y que “continuará operando de acuerdo con su hoja de ruta definida a comienzos del presente ejercicio, en el desarrollo y puesta en valor de sus proyectos de educación y medios de comunicación, según se ha venido comunicando consistentemente al mercado”.
Herrero es catalogado por algunos medios españoles como un aventurero que aprovechó su cercanía al gobierno de Felipe González para quedarse con varias frecuencias radiales en regiones autonómicas a precio de ganga. Asturiano de nacimiento, Herrero tiene también una licencia en la nueva Televisión Digital Terrestre.
¿De dónde sacaría el dinero para quedarse con el diario y las radios? El periodista Rodrigo Ponce de León desliza en el diario.es que Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que mantiene un 4% claves de acciones en Prisa, es el bolsillo detrás de Herrero, “para hacerse con el control de la línea editorial de El País y la Cadena Ser”.
Como ocurrió a fines de 2013, cuando policías de 20 provincias se levantaron contra las autoridades por reclamos salariales, el conflicto con la Policía Bonaerense potenció los debates por la sindicalización de los agentes de las fuerza de seguridad. En un artículo publicado en octubre pasado, Sabina Frederic recordaba que Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y los países de la Unión Europea cuentan con sindicatos policiales. “También Uruguay, el único en América Latina, pues Brasil solo lo reconoce a la Policía Federal. Ninguno cuenta con derecho a huelga”, resumía la actual Ministra de Seguridad de la Nación, para luego indicar que aquellas discusiones de hace casi 7 años se estrellaron contra un fallo de la Corte Suprema que denegó el derecho de agremiación de los uniformados.
La cuestión, en el mundo, sigue candente, sin embargo, al punto que diversos estudios académicos e incluso la experiencia de estos últimos meses en Estados Unidos señalan que los sindicatos policiales suelen servir más que para garantizar las negociaciones por salarios y condiciones laborales, para cubrir a agentes acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Lo que en Argentina podría ser catalogado como “gatillo fácil”, y que en América del Norte es más bien “gatillo racial”, con las consecuencias que se vieron desde el bárbaro asesinato de George Floyd en Minnesota el 25 de mayo pasado.
Esta defensa fue particularmente fuerte cuando desde legislaturas locales se intentó algún tipo de reformas policiales para evitar nuevas matanzas.
En un hilo de tuits muy oportunos, la periodista María Clara Albisu destaca un par de estudios de la Universidad de Oxford y de la de Chicago.
Un trabajo publicado por el Newyorker revela que según una investigación de Oxford de 2018, en las 100 ciudades más grandes de EEUU los gremios habían utilizado su poder de fuego -nunca mejor utilizada la metáfora- para impedir cambios en los contratos policiales con el objetivo de amparar a colegas acusados de violencia o abusos contra los ciudadanos.
Reconocer un sindicato implica admitir que el policía pasa a ser un trabajador. La Corte argentina no aceptó esa calificación –los considera funcionarios públicos- y por eso negó el reconocimiento a asociaciones gremiales. Dicho esto, si la tarea policial es un trabajo, debe haber contratos laborales que reglamenten ese ejercicio.
Un trabajo de 2017 de Reade Levinson determinó que esos contratos son aplicados para proteger a los agentes de anomalías y actos de indisciplina. Hay casos hasta de que las autoridades políticas pueden negociar salarios a cambio de borrar malos antecedentes de los registros policiales que impedirían ascensos o directamente deberían significar la expulsión del implicado.
El caso más sugestivo sucedió en 2014 en San Antonio, Texas, cuando la alcaldesa Sheryl Sculley intentó quitar la cláusula de eliminación de quejas de mala conducta de los registros y aumentar la participación ciudadana en el proceso de calificación de los agentes.
La respuesta de la Asociación de Oficiales de Policía de ese distrito costó dinero pero lograron el objetivo de voltear la medida. Con una campaña publicitaria de un millón de dólares a página entera en los periódicos locales instalaron que las tasas de criminalidad habían aumentado porque la alcaldesa rechazó cubrir las vacantes policiales.
Hace unos días, hubo un cruce entre el líder del gremio policial de Nueva York y el alcalde Bill Di Blasio. El mandatario demócrata había cuestionado al presidente Donald Trump por amenazar con recortes presupuestarios para ciudades donde “reine la anarquía”. Esto es, donde no haya policías reprimiendo manifestaciones contra la violencia policial.
“¿Qué necesitábamos escuchar esta semana? Planes para luchar contra COVID-19 y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar. ¿Qué escuchamos? Mentiras sobre la ciudad más grande del mundo y uno de los lugares más diversos de la Tierra. Porque @realDonaldTrump tiene miedo a la diversidad. Tiene miedo de la verdadera grandeza”, escribió Di Blasio en su cuenta de Twitter.
La brutal respuesta -destituyente en términos nacionales- vino de parte de la Asociación Mutual de Suboficiales Nueva York (SBA por sus siglas en inglés), una gremial creada en 1889.
“Necesitamos escuchar su RENUNCIA como alcalde de Nueva York. Estamos esperando. Solo quedan unas pocas horas para la puesta del sol. Dale un regalo a 8 millones de personas y renuncia. Arruinó la ciudad de Nueva York, salva la ciudad y dimita”, gritaron. Algo así como el “renuncie montonero Di Blasio” de Capusotto.
El sindicato más importante de Estados Unidos es la Orden Fraternal de la Policía (FOP, según sus siglas en ingles) En cifras es el gremio policial más grande del mundo, con más de 355.000 afiliados en más de 2100 regionales. “Somos la voz de quienes dedican sus vidas a proteger y servir a nuestras comunidades -dicen en su sitio web– Estamos comprometidos a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes del orden y la seguridad de aquellos a quienes servimos a través de la educación, la legislación, la información, la participación comunitaria y la representación de los empleados”. Hace unos días el sindicato apoyó explícitamente a Donald Trump para la reelección, informó a portavoz, Jessica Cahill.
Quien piense que esos enfrentamientos con el poder político son privativos de Estados Unidos, se equivoca. Este miércoles en España el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió un revés cuando la Justicia rechazó un castigo contra 9 agentes policiales que fueron a protestar, de civil, frente a la casa que ocupan el líder de Podemos y su esposa Irene Montero en Galapagar, en las afueras de Madrid. El sindicato Jupol, uno de los más activos entre el puñado de asociaciones gremiales españolas de fuerzas de seguridad, celebró la decisión judicial, en momentos en que allá también reclaman recomposición salarial.
Jupol también presentó una querella contra funcionarios de Madrid y del Estado español por “atentar contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al Covid-19 y haber permitido concentraciones como las del 8-M que pusieron en riesgo a los policías que debieron controlarlas”.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), a su turno, fue la fuente de información para un artículo del diario El Mundo en el que se aseguraba que el delito en Casa de Campo, un parque de la capital española, había crecido un 611% entre junio de 2019 y junio de 2020. El SUP atribuyó el crecimiento a la llegada a esa zona de los MENA. Así se llama en España a Menores Extranjeros No Acompañados. Niños y adolescentes de menos de 18 años sin la atención o cuidado de ningún adulto.
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