Se abre una semana clave para la investidura del presidente del gobierno español y este mismo domingo el Partido Popular quiere mostrar músculo en favor de Alberto Núñez Feijóo, en un acto a desarrollarse en la Plaza de Felipe II de Madrid, convocado contra una supuesta amnistía que el socialista Pedro Sánchez estaría negociando con los independentistas catalanes, que de ese modo apoyarían su continuidad en La Moncloa.
El resultado de las elecciones del 23 de julio dejó una situación de bloqueo mutuo: la derecha (PP, con 137 escaños, más los ultras de Vox, con 33, y dos votos más de UPN y Coalición Canaria) araña los 172 apoyos. Para ser ungido titular del Ejecutivo se necesitan 176 votos. El PSOE, que gobierna desde 2018 en coalición con sectores progresistas de Podemos, logró 121 bancas propias más 31 la nueva agrupación de izquierda Sumar. En apariencia están lejos, pero los partidos autonomistas no levantarían su mano por el partido que combate las tendencias nacionalistas y que además arman coaliciones regionales con la ultraderecha de Vox.
Es así que los vascos (5 escaños de PNV y 6 de EH Bildú) y los gallegos (1 de BNG) irían con Sánchez. Los catalanes de ERC (7 asientos) y Junts (otros 7) orejean las cartas para lograr las mayores concesiones de Madrid en vista de las circunstancias. Es el caso del partido del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas, procesado por la declaración de independencia de octubre de 2017.
Pero al rey tampoco le disgustaría que el PSOE se vaya a casa. La forma de que Felipe VI evitó un enfrentamiento abierto fue ceñirse a la tradición y convocó a formar gobierno al candidato más votado, Feijóo. Este martes habrá una primera votación para la investidura. De no haber acuerdo, habrá otra el viernes. En caso de seguir sin fumata blanca quedan dos meses de “rosca” hasta que el rey vuelva a convocar a los dirigentes partidarios. Si la cosa sigue trabada deberá disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones, que serían el segundo domingo de 2024.
Por eso todos buscan alternativas políticas sin tener que volver a las urnas. Así, el PP organizó ese acto de tinte nacionalista, donde la propuesta es ir a la plaza que homenajea al segundo rey Habsburgo de España pero que para los conservadores tiene un sentido cabulero, ya que ese lugar le ha dado suerte en ocasiones anteriores. La propuesta es que quienes acudan lo hagan con las banderas españolas o de las comunidades, sin identificación partidaria. La esperanza es que muchos simpatizantes del PSOE vayan a expresar su oposición a cualquier acuerdo con los independentistas catalanes.
También tentaron a diputados del socialismo a que apoyen a Feijóo o miren para otro lado. El presidente de la comunidad andaluza, Juan Manuel Moreno, no tuvo empacho en llamar a la rebelión de los socialistas. Desde el PSOE los acusan de intentar un nuevo “tamayazo” (“borocotización”, sería de este lado del Atlántico) por una votación de 2003 en que el socialista Eduardo Tamayo se abstuvo y permitió el ascenso de un presidente autonómico del PP en Madrid.
Pero el gobierno tampoco se quedó de brazos cruzados y apuró el uso de las lenguas regionales -vasco, gallego, catalán- en las sesiones del Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo, el Partido Socialista de Cataluña presentó una iniciativa en el Parlament para crear una “hacienda federal”. Se trataría de una puerta abierta para que los catalanes recauden los impuestos y luego giren al gobierno central su parte correspondiente, como hace el País Vasco. Junts calculó que Madrid acumula una deuda histórica con Cataluña de unos 450 mil millones de euros.
Los monarcas Borbones, mientras, tanto, estarán estos días en Galicia a pocos kilómetros de distancia. Juan Carlos I, el emérito, exiliado en Abu Dabi tras los escandaletes de toda índole que lo hicieron abdicar en 2014, volverá a participar en la regata de Sanxenxo con su velero Bribón (a confesión de parte…) y su hijo en funciones, Felipe VI, inaugurará un foro en la isla de la Toja. A menos de media hora de auto. No se informó si se verán las caras o se mostrarán en público.
En un cierre de campaña bastante ácido entre los dos principales contendientes, el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, apeló a una metáfora ciclística en Getafe para reclamar el voto de la ciudadanía que le permita mantenerse en La Moncloa y su challenger, Alberto Núñez Feijóo, desde La Coruña, insistió en su propuesta de “derogar al sanchismo” para destronar a la coalición que está en el poder desde hace cinco años. En estos comicios claves para España y también para esta parte del mundo dada la influencia de cada sector representa en los partidos locales, como nunca antes los porotos se cuentan al igual que en una mesa de mus, en una final entre dos parejas perfectamente determinadas: PSOE y Sumar contra el PP y Vox. Y todos apuestan a la grande,
Sucede que en un sistema legislativo como el español, lo que se juega este domingo es cuántos diputados consigue cada partido y luego ver con qué aliados se cuenta para llegar al número mágico de 176 escaños a favor, ya que no hay modo de que el PP o el PSOE los consigan por si solos. El detalle es que por primera vez la cosa es de a cuatro y que entre ellos hay uno, Vox, que a modo de mancha venenosa, puede ser útil para formar un gobierno de derecha pero del que ahora el PP buscó tomar distancia estratégica en una última movida por conseguir lo máximo posible en las urnas antes de negociar.
«Quedan unos metros para el sprint final», dijo Sánchez. “Nos caímos y nos levantamos, pedaleamos contra reloj y cruzamos todas las metas volantes”, sostuvo el líder socialista, con un guiño al Tour de Francia, donde el español Carlos Rodríguez se mantenía en el cuarto puesto recuperando viejos laureles del ciclismo hispánico antes de la final de este mismo domingo. Tras el cierre, Sánchez se mostró montado en su bicicleta recorriendo junto a su esposa la Sierra de Madrid.
Feijóo, por su parte, salió de paseo por La Coruña, de donde es oriundo, y pasó por una juguetería para comprar un regalo para su hijo menor. El líder del Partido Popular presidió por 13 años la Xunta de Galicia y en su discurso final resaltó que los gallegos lo conocen muy bien y “saben que soy de fiar”.
Alberto Núñez Feijóo del PP.
A diferencia del 2019, cuando hubo dos elecciones, en abril y en noviembre, porque no se pudo formar gobierno en el tiempo estipulado, ahora hay dos marcas que no figuran en las papeletas, Ciudadanos y Podemos. El partido de Pablo Iglesias, que fue vicepresidente de Sánchez al inicio de la coalición, se fue diluyendo y la estocada final se produjo en las autonómicas de mayo pasado, cuando la derecha avanzó de manera rotunda ante la pérdida de asientos legislativos de las agrupaciones de izquierda –que fueron divididas- y PP-Vox terminaron unidos en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Extremadura y Aragón.
La actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ya había roto con Unidas Podemos, la última sigla de ese sector, había registrado la marca Sumar y pudo al fin convencer a todos los grupos afines dispersos de la necesidad de ir juntos para no perder lo logrado en estos años. Entre ellos su reforma laboral, pero también los derechos civiles conquistados en este lapso (ver aparte). Ir unidos implica que por el sistema D’Hont ganen más bancas con resultados no muy diferentes.
Ciudadanos, a su vez, fue una fórmula política que apareció cuando Podemos amenazaba al establishment posfranquista, en 2014. Si desde la izquierda se cuestionaban las gestiones de uno de los partidos de Estado como el PSOE, por derecha se intentó mostrar que no todos los conservadores querían resultar enchastrados por los escándalos de corrupción que salpicaron al PP con Mariano Rajoy. Pero el discurso de Santiago Abascal, de Vox, fue creciendo al par que las ultraderechas en todo el mundo y Cs ya no cubría esa vertiente neofascista. Ahora todos están cara a cara: un centroizquierda, PSOE-Sumar, y una derecha-ultraderecha, PP-Vox, que en las encuestas corre con ventaja.
De allí que el mensaje de Sánchez y Díaz haya sido desde el inicio de la campaña que es necesario defender las conquistas progresistas y mirar que Vox ya no solo aporta votos para formar gobierno sino que ahora obtuvo lugares en los distritos en los que se alió con PP. A cambio de voltear conquistas en cuestiones de género, familia y derechos laborales.
En una campaña tan agria como esta, era de esperarse que se tiraran con todo. Y desde el oficialismo reflotaron viejas relaciones de líderes del PP como Rajoy y el propio Feijóo con capos del narcotráfico de la talla del gallego Marcial Dorado. La respuesta de Feijóo resultó casi grotesca: “cuando le conocí había sido contrabandista”.
Claro que si es por casos de corrupción, con estos comicios hasta el rey emérito cae en la volteada y la causa contra Juan Carlos de Borbón que le sustancia su examante, la danesa Corinna Larsen por presunto acoso, volvió a estar bajo los focos en el tribunal londinense donde se tramita un reclamo unos 165 millones de dólares.
Abascal, monárquico si los hay, acusó por su parte al PP de pactar con el PSOE para que Vox no gane, mientras que Feijóo dice que no se siente cómodo con la ultraderecha y por eso pide que lo voten para no tener que hacer acuerdos que le crearían “tensiones innecesarias”. Pero en el último debate televisado, que estaba anunciado para ser de a cuatro, faltó a la cita. Un poco porque se sentía ganador tras el primero con Sánchez y no quería perder puntos, y otro para que no le endilgaran en vivo y en directo su cercanía con el neofranquismo. “Le da vergüenza comparecer junto a su socio, el señor Abascal”, dijo el actual mandatario ante la silla vacía.
Récord en el correo
Según los datos recogidos al cierre de esta edición, la participación en estas elecciones de ciudadanos españoles en el exterior se estima en un 14% de los empadronados, lo que representa un incremento sustancial con respecto al 2019, que había sido del 5,9%, aunque aquella vez todavía existía el llamado “voto rogado”, que fue eliminado en 2022. En Argentina, donde hay casi medio millón de españoles con derecho a voto, la participación ronda el 7% aunque faltaría computar votos enviados por correo.
En España, en tanto, el voto postal fue la vedette en esta ocasión. Habida cuenta de que todo el hemisferio norte y especialmente España están bajo una ola de calor extrema –más de 43 grados en Murcia, Málaga, Cádiz y Cataluña- y en medio de las vacaciones, hubo un récord de electores que enviaron la papeleta por el correo.
Según la empresa pública hispana, a este viernes habían votado el 98% de las más de 2,6 millones de personas que habían solicitado votar a distancia.
Trabajadores de los principales medios gráficos de España realizaron manifestaciones frente a cada una de las redacciones en reclamo de un aumento salarial para compensar la alta inflación que se registra en el país, lo que socavó brutalmente los ingresos ya bastante mermados al cabo de diez años sin ningún tipo de incremento. Las movilizaciones se realizaron este 1 de marzo en las sedes de Prisa (El País), Unidad Editorial (El Mundo) Vocento (ABC) y Promecal (con medios en Castilla, León, Navarra y La Rioja). Se trata de los grupos que concentran en conjunto centenares de diarios nacionales y locales, periódicos digitales y radios en todo el país.
Según denuncian los representantes gremiales, entre la precarización del trabajo de prensa y hasta en algunos casos rebajas en el marco de situaciones críticas de las empresas, hay periodistas que perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La realidad en los periódicos locales es aún peor y desde el 2008, señalan, han perdido hasta un 25% del poder adquisitivo.
Las movilizaciones contaron con el apoyo de las centrales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). De la movida, inédita en cerca de dos décadas, participan fundamentalmente los comités de trabajadores (comisiones internas) de las principales empresas.
El reclamo se centra en la negativa de la Asociación de Medios de Información (AMI) a negociar un nuevo Convenio Estatal de Prensa Diario superior al 1% de aumento y sin carácter retroactivo ofrecido por la patronal, considerado como “ridículo y ofensivo”,
“Las empresas están bloqueando la mejora laboral del teletrabajo, práctica que permite conciliar la vida laboral y privada de las personas trabajadoras sin bajar la productividad, como ya se demostró durante la pandemia por Covid-19”, dice un comunicado de CCOO, UGT y FeSP.
El reclamo se hizo extensivo también contra la creciente precarización del trabajo de prensa. Así lo indicó el titular de la FeSP, Francesc Ràfols, quien destacó que ”la situación de los freelance en Europa es muy precaria, y en el Estado español, insostenible. Es un sector completamente desregulado, y no pedimos nada que otros colectivos no tengan”.
El comité del diario El País, quizás el más conocido en el exterior y el más influyente de España, publicó en su cuenta de Twitter que “esta plantilla demostró que está unida y dispuesta a reclamar la actualización salarial que merece desde hace años y la negociación del #teletrabajo a la que la empresa se comprometió”. La del diario El Mundo, en tanto, anotó que “salimos todos a la calle para exigir la actualización de nuestros salarios después de 10 AÑOS congelados”.
Las manifestaciones se repitieron en todos los medios. «Promecal nos quiere arruinar», gritaban trabajadores de La Tribuna de Toledo en un video que difundieron en las redes. «La dirección de Vocento se reparte nuestro aumento», replicaban desde una punta de Madrid. “Todas las plantillas de Unidad Editorial han salido a la calle a pedir una subida salarial necesaria y justa. No se puede hacer periodismo de calidad sin profesionales con condiciones laborales dignas”, señalaban desde otro costado.
Cierto es que la ultraderecha corre los límites de las democracias en los países occidentales hacia lugares oscuros y peligrosos. También se debe decir que cuenta con la tolerancia y el beneplácito de los poderes fácticos y hasta una no despreciable complicidad judicial y mediática. La gente de la revista humorística española Mongolia probó en carne propia, en cambio, que cuando se trata de la sátira, correr límites tiene otro precio. Sobre todo en sociedades que conservan ese toque de afectada dignidad de las aristocracias decadentes.
Mongolia, una publicación que guarda alguna reminiscencia de nuestra mítica Humor o la más actual, Barcelona, no tiene detrás una gran editorial. Se trata más bien de un grupo de entusiastas que la pueden mantener a flote mediante el aporte de los suscriptores y la venta de la publicación en papel. Entre los que la hacen hay algún argentino, como Darío Adanti, y periodistas de larga experiencia en los diarios más importantes de la península, como Pere Rusiñol.
En noviembre de 2016, un fotomontaje del extorero José Ortega Cano los puso contra las cuerdas. El que fuera marido de la cantante Rocío Jurado, que había salido recientemente de prisión tras haber provocado un accidente fatal de tránsito, era presentado en tapa como un extraterrestre. El exmatador consideró que ese dibujo vulneraba su honor y los demandó.
Luego de varias instancias judiciales, el Tribunal Constitucional rechazó todos los recursos de amparo y ordenó pagar 40 mil euros de multa al señor José Ortega Cano. Con las accesorias y costas, el “chiste” costó 70 mil euros, una cifra suficiente como para poner en riesgo la continuidad de la revista. ¿De dónde salió el dinero para cumplir con el dictamen? De los propios lectores, a esta altura una comunidad muy identificada con ese proyecto, que también se muestra en espectáculos teatrales.
Por esa razón abrieron otra convocatoria para ir a tribunales internacionales con su reclamo. “Mongolia considera que se trata de un precedente gravísimo, que supone un retroceso enorme para el ejercicio de la sátira en España y una invitación a la autocensura de los creadores”, se explican. Si difundir un fotomontaje puede costar 70 mil euros, alegan, eso se convierte en un lujo que los medios independientes no se pueden permitir.
Mediante una campaña de micromecenazgo a través de Verkami, una plataforma de crowfounding europea, buscaban recaudar 15 mil euros. Pero ya juntaron 18.500 euros con los que, además de cubrir los costes jurídicos, editarán un libro sobre la libertad de información y expresión de los humoristas en España. El abogado José Luis Mazón presentará el tema en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Comentarios recientes